PGN - DERECHO DE DEFENSA En el contexto de las garantías procesales

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE REPETICION-Por los perjuicios económicos causados al municipio con ocasión a la desvinculación del inspector de policía PRUEBAS-Requisitos exigidos para la valoración de los elementos de configuración de la acción de repetición CONDUCTA-Debe demostrarse que actuó con dolo o culpa al momento de expedir el acto administrativo ACCION DE REPETICION-Requisitos para la prosperidad según el consejo de estado/ACCION DE REPETICION-Régimen aplicable/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Es autónoma, de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria Al efectuar el estudio de la acción de repetición, se debe identificar si los hechos que dieron origen a la acción, ocurrieron antes de que entrara en vigencia la última disposición legal en materia de acción de repetición, esto es la Ley 678 del 2001; de ser así, el caso debe ser estudiado en aplicación de los artículos 90 de la Constitución Política y 77,78 y 86 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo. Dentro del aludido contexto jurisprudencial se tiene que la acción de repetición es autónoma, de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria, lo que lleva a considerar que su ejercicio tiene como finalidad la persecución del patrimonio del funcionario o exfuncionarios que por su obrar doloso o gravemente culposo dio lugar a la condena en contra de la administración. CULPA GRAVE O DOLO-Fundamento jurisprudencial del consejo de estado/CULPA GRAVE O DOLO-La ley distingue tres especies de culpa o descuido. ACCION DE REPETICION-Carga probatoria

DERECHO DE DEFENSA-Componentes/DERECHO DE DEFENSA-En el contexto de las garantías procesales El Consejo de Estado ha manifestado reiteradamente que: (…) “el derecho de defensa es un componente del debido proceso, en otras palabras, es una garantía de su núcleo esencial. El derecho de defensa es la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier actuación administrativa o proceso judicial, de ser oída, de controvertir las pretensiones, pruebas y argumentos de la contraparte o del Estado, según sea el caso, de solicitar y allegar pruebas, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga, entre otras actuaciones. Los componentes del derecho de defensa, por su parte, son: la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia jurídica de un abogado en el proceso penal, el principio de publicidad, que Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co SCPK

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Expediente No.59482 850012331000200300194 01 se materializa principalmente con la notificación en debida forma, el derecho a ser oído, el derecho a presentar y controvertir pruebas, entre otros. La Corte Constitucional ha destacado la importancia del derecho de defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca “impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa

participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado”. Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico. Igualmente, el Consejo de Estado ha expresado que el debido proceso contiene como parte sustancial el derecho de defensa y, éste a su vez, está compuesto por el derecho a una audiencia previa a la decisión; de tal forma, que el derecho de defensa resulta quebrantado, si al afectado con una decisión administrativa no se le permite ser oído, ni contradecir las pruebas aducidas en su contra, y ha sido enfático en señalar que los recursos que proceden contra el acto administrativo, de ninguna manera sustituyen el cumplimiento de las garantías previas (…)” PRUEBAS-Documentales ACCIÓN DE REPETICIÓN-Trámite procesal Estudiadas las pruebas allegadas al plenario y de conformidad con las normas vigentes para la época en que se presentaron los hechos, es claro que el trámite del proceso debe regirse en cumplimiento a lo establecido en la Ley 678 de 2001, de la siguiente manera:

1. Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago.

2. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública.

3. Que efectivamente se haya realizado el pago.

CARGA DE LA PRUEBA-Corresponde al demandante probar los hechos en

que se funda su acción, Lo anterior obliga a resaltar coherentemente con lo señalado en el apartado 2.2.4, del marco teórico, esta Delegada pone de presente lo establecido respecto de la carga de la prueba, que conforme al principio procesal del, “onus probandi incumbit actori” señala que le corresponde al demandante probar los hechos en que se funda su acción, principio que está recogido en la legislación sustancial, en el artículo 1757 C.C. y en el artículo 167 del CGP. Por consiguiente, la carga de acreditar los hechos favorables a sus pretensiones le corresponde al demandante, de modo que si no cumple con tal labor, la consecuencia prevista para el efecto es la denegación de las pretensiones invocadas. Así las cosas, cabe resaltar que este tipo de acción, recae exclusivamente en las entidades públicas y para en caso en estudio el municipio de Orocué, y es quien tiene el deber de aportar y probar cada uno de los elementos objetivos y subjetivos para la 2 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.59482 850012331000200300194 01 prosperidad de la acción incoada, por lo tanto el no cumplimiento de estos, genera un resultado adverso a las pretensiones. PRUEBAS-Carecen de entidad suficiente para establecer claramente, que la conducta del exfuncionario hubiese sido dolosa o gravemente culposa

Desde aquí empieza a advertir este Despacho, el problema probatorio que surge del hecho de no haberse podido constituir de manera debida el contradictorio, pues tratándose de una responsabilidad eminentemente subjetiva, la única manera de tener certeza sobre el actuar gravemente culposo o doloso del funcionario, es en la medida en que se haya podido ejercer en debida forma el derecho de defensa y el de contradicción como lo sustentamos en el marco teórico de este concepto en el numeral 2.2.5., cosa que ciertamente no sucede en el caso sub lite, pues de haberse dado el contradictorio, podría haberse explicado si efectivamente se trató de una inducción al error por parte del Consejo Municipal de Orocué, aspecto sobre el que solo quedan dudas. ACCION DE REPETICION-No prospera no se cumplen la totalidad de los requisitos exigidos por la anterior a la Ley 678 del 2001, Con base en lo señalado, esta Delegada encuentra que no es viable declarar la responsable administrativamente a los demandados, puesto que no se logró demostrar la conducta dolosa o gravemente culposa del exfuncionario, y mucho menos el entonces funcionario pudo hacer uso del derecho de defensa y contradicción, por lo cual resulta inviable la procedencia de la acción incoada; razón por la cual, esta Delegada encuentra razón suficiente para solicitar al H. Consejo de Estado, que sea revocada la sentencia de 23 de febrero de 2017, objeto de estudio.

CONCEPTO No.016 /2018

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Expediente No.59482 850012331000200300194 01 Bogotá D.C, 12 de febrero de 2018

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente

Doctora: Maria Adriana Marín.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 850012331000200300194 01 (59482)

Acción: Repetición

Actor: Municipio de Orocué Demandado: Luz Marina Granados, Justiniana González Vda de Wilches y otros.

Sentido del concepto: solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida. No se cumplió con cada uno de los elementos de la acción de repetición bajo la normatividad anterior a la Ley 678 de 2001 en contra del demandado / No se encuentra debidamente probada que se configuró la conducta a título de dolo o culpa gravemente del ex funcionario / El ex funcionario actuó bajo el amparo de las normas constitucionales y legales / La irregularidad fue de carácter objetivo / Las acciones de repetición son de carácter patrimonial y estima la responsabilidad del servidor público, por lo anterior la responsabilidad es netamente personal, salvo se demuestre el dolo o culpa grave del causante, lo que afectaría la masa sucesoral.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los

derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

4 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.59482 850012331000200300194 01 El municipio de Orocué, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en los artículos 77, 78 e inciso segundo del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entabló demanda, contra de las señoras Justiniana González y Luz marina Granados Oros, en calidad de madre y compañera permanente del señor Luis Alejandro Wilches González y herederos por los perjuicios económicos causados a dicha entidad, con ocasión a la desvinculación del señor Jorge Eliecer Lombana Ángel, quien se desempeñaba como inspector de policía.

Narra resumidamente que: El señor Luis Alejandro Wilches González (q.e.p.d) se desempeñó como alcalde popular del municipio de Orocué en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 1998 hasta el mes de abril de 2000, fecha en la que sufrió un derrame cerebral que a la postre lo condujo a la muerte el 9 de marzo de 2002.

Durante el ejercicio de su cargo el señor Luis Alejandro Wilches González, expidió una

serie de actos administrativos desvinculando al señor Jorge Eliecer Lombana Ángel, quien a la sazón se desempeñaba como inspector urbano de policía, los cuales fueron declarados nulos mediante sentencia del 19 de julio de 2000, por el Tribunal Administrativo del Casanare, obrante en el proceso 1998-0195-00, donde se ordenó el reintegro y pagos de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta el día 2 de enero de 2001, en que se produjo su reincorporación. Por lo anterior, la administración municipal de Orocué, dando cumplimiento al fallo judicial por medio de las órdenes de pago No. 593 y 821 del 15 de abril y 16 de mayo del 2002, cancelando el actor la suma de $ 42.981.144.33, el cual incluia el capital y los intereses causados a la fecha del pago. Finalmente menciona que el doctor Luis Alejandro Wilches González, le sobreviven como herederos conocidos su señora madre Justiniana Gonzales viuda de Wilches y su compañera permanente Luz Marina Granados Oros y se desconocen si existen 5 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.59482 850012331000200300194 01 herederos indeterminados. 1.2. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia del veintitrés (23) de febrero de dos

mil diecisiete (2017), concedió las pretensiones de la demanda, manifestando a folios 405 a 413 del cuaderno principal del Consejo de Estado, en resumen lo siguiente:  Consideró el a quo, que el alcalde de Orocué en el año 1998, es decir el señor Luis Alejandro Wilches González, expidió actos de fecha 16 y 28 de abril de 1998, mediante los cuales se adoptó determinaciones para modificar el perfil del empleo de inspector de policía y al no acreditar los nuevos requisitos, terminó siendo desvinculado el señor Jorge Eliecer Lombana.  Expuso que el mandatario debía saber que tenía dos alternativas, una de ellas era revocarlos y enderezar el rumbo antes de que se introdujera demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por el perjudicado, o procurar su reubicación en otro empleo para que cumpliera con los requisitos fijados para la nueva planta de personal.  Manifestó que el reproche deriva no solo porque no consultó a los asesores, si no por ignorar abiertamente una sentencia de control abstracto de constitucionalidad, sumado a esto el pasar por alto la oportuna advertencia ex post que recibió el señor Luis Alejandro Wilches González, de la Comisión Nacional del Servicio Civil.  Por lo anterior, las demandadas determinadas, junto con los herederos indeterminados, responderán solidariamente por obligación indivisible toda vez que no se hizo valer beneficio de excusión, y mucho menos se conoce que proporciones de la masa de la sucesión que le correspondió a cada obligado. 1.2.1. Salvamento de Voto. 6 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No.59482 850012331000200300194 01 La Magistrada Miryam Esneda Salazar Ramírez, salvamento de voto en la presente providencia, manifestando que: “Está demostrado en el expediente que esta Corporación, mediante sentencia proferida el 19 de julio de 2000, declaró la nulidad de los actos administrativos que desvinculaban al señor Jorge Eliecer Lombana del cargo de inspector urbano de Policía de la planta de personal del municipio vigente para la época, ordenó el reintegro al cargo que desempeñaba y lo condenó a pagarle los salarios y demás emolumentos dejados de percibir (…)” “Lo que tiene que ver con las pruebas adelantadas en el proceso primigenio, es decir, los documentos que sirvieron como sustento de la decisión adoptada por la Corporación, estas no constituyen prueba de la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado, pues de modo alguno hacen referencia a su aspecto subjetivo, sino que solo evidencian la ocurrencia de unos hechos, además si se tiene en cuenta que el oficio enviado por la señora Maria Magdalena Peñuela Pinto, Secretaria técnica de la Comisión Departamental del Servicio Civil, este fue enviado con posterioridad a la expedición de los actos administrativos que declararon insubsistente al señor Lombana, nótese que los actos declarados nulos fueron del 16 y 28 de abril de 1998 y el oficio tiene fecha 8 de junio de 1998 ( a folio 49 del cuaderno de pruebas) y en él se

anexó la Circular núm. 03 la cual tiene fecha de 5 de mayo de 1998 (…)” Concluyó: “ si bien es cierto en el sub lite se acreditó por parte del ente accionante que hubo una condena en su contra y que el mismo asumió el pago de dicha condena, cumpliendo así con los requisitos objetivos de la acción de la referencia, no se logró acreditar que existió culpa personal del agente del Estado lo que es indispensable en este tipo de acción para poder acceder a las pretensiones , por lo que se puede señalar que no se configuró el aspecto subjetivo de la misma (…)” 1.3. Argumentos de la apelación. La apoderada de la parte demandada, presentó recurso de apelación, manifestando que la sentencia de 23 de febrero de 2017, objeto de impugnación, debe ser revocada, toda vez que el a quo condenó en dicha sentencia a las apelantes; fundamentó su escrito de apelación en lo siguiente: 7 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.59482 850012331000200300194 01  Explicó que en el presente caso, la acción de repetición se define como el medio judicial para que la Administración Pública obtengan de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares, como resultado de una condena de la jurisdicción de

lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos ocasionados.  Manifestó que por el hecho de haber declarado insubsistente en ese entonces al inspector de policía del municipio de Orocué, no puede constituirse e interpretarse como una prueba de responsabilidad personal del funcionario que lo profirió, por cuanto no basta con constatar que esta fue ilegal si no se debe acreditar que el funcionario obró con dolo o culpa grave.  Mencionó que para el caso en estudio, se accedió a las pretensiones de la demanda, tan solo con la prueba de la sentencia mediante la cual se declaró la nulidad y restablecimiento del derecho del acto administrativo, y el pago realizado por el municipio de Orocué, “brillando por su ausencia el análisis de uno de los requisitos de la procedencia de la acción de repetición”.  Recalcó que no se demostró que el exalcalde tuviera pleno conocimiento y convencimiento de que existían las disposiciones legales contrarias, toda vez que el oficio expedido por la doctora María Magdalena Peñuela Pinto, secretaria de la Comisión Departamental del servicio civil, fue enviado después de la expedición de los actos administrativos que declararon insubsistente al Sr. Lombana, por lo tanto el exalcalde no obró de mala fe.  Concluyó que “se debe tener en cuenta que en el régimen jurídico, el dolo y la mala fe deben probarse, es indispensable acreditar que el sujeto obró con dolo o culpa” siendo evidente que para el caso en estudio, no se logró probar esta conducta, por lo tanto no estaría llamada a prosperar la acción de repetición incoada, al no configurarse uno de los requisitos establecidos en la ley.

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Expediente No.59482 850012331000200300194 01

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos 2.1.1. Problemas jurídicos planteados por la parte demandada.  ¿Los documentos aportados como pruebas, cumplieron los requisitos procesales exigidos para la respectiva valoración de los elementos de configuración de la acción de repetición?  ¿La parte actora probó la conducta del ex servidor, es decir se demostró que el exfuncionario actuó con dolo o culpa al momento de expedir el acto administrativo que desvinculo al señor Lombana? 2.1.2. Problemas jurídicos planteados por el Ministerio Público.  ¿De conformidad con el material probatorio allegado al expediente, dentro del proceso de acción de repetición, se demostró que el señor Luis Alejandro Wilches González (q.e.p.d.) quién para la época de los hechos se desempeñaba como alcalde del municipio de Orocué, actuó con culpa grave en los hechos que dieron lugar a la condena del Municipio de Orocué?  ¿El municipio de Orocué, demostró que la conducta del ex servidor público fue gravemente culposa, de tal manera que éste debe responder por el dinero que tuvo que cancelar la mencionada entidad con ocasión de la orden

judicial? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 9 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.59482 850012331000200300194 01 2.2.1. Acción de repetición. Frente a este tema, el Consejo de Estado ha discurrido ampliamente, y ha enfatizado en los siguientes requisitos para la prosperidad de la acción de repetición, mencionándolos así: “a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico. b) Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima. c) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas.”1 2.2.2. Acción de repetición – Régimen aplicable Al efectuar el estudio de la acción de repetición, se debe identificar si los hechos que dieron origen a la acción, ocurrieron antes de que entrara en vigencia la última disposición legal en materia de acción de repetición, esto es la Ley 678 del 2001; de ser así, el caso debe ser estudiado en aplicación de los artículos 90 de la Constitución

Política y 77,78 y 86 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, los cuales me permito trascribir de la siguiente forma: La acción de repetición tiene su fundamento Constitucional en el inciso 2° de su artículo 90°, el cual indica: “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. “ARTÍCULO 77. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones. 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente Myriam Guerrero Escobar Radicación No. 25000-23-26-000-1999-02563-02 (36489). 10 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.59482 850012331000200300194 01 ARTÍCULO 78. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que

satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere. ARTÍCULO 86. (…) Las Entidades Públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex -servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de la otra Entidad Pública”. Dentro del aludido contexto jurisprudencial se tiene que la acción de repetición es autónoma, de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria, lo que lleva a considerar que su ejercicio tiene como finalidad la persecución del patrimonio del funcionario o exfuncionarios que por su obrar doloso o gravemente culposo dio lugar a la condena en contra de la administración. 2.2.3. De la culpa grave o dolo. Respecto a este tema, el Consejo de Estado se ha pronunciado con relación a las características que se deben estudiar para determinar la responsabilidad patrimonial por culpa grave o dolo del funcionario público, ex funcionario público o particular con funciones públicas en ejercicio de ellas y que estas hayan ocasionado un detrimento patrimonial al Estado, diciendo: “(…) para establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y, si respecto de ellas, se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es

decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas - actuación dolosa -, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aun así no lo hizo, o confió en poder evitarlo -actuación culposa (…)”2(Negrilla propia). 2 Sentencia del Consejo de Estado de fecha 28 de abril de 2010, Consejera Ponente Myriam Guerrero de Escobar, Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08809-01. 11 SCPK Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.59482 850012331000200300194 01 Al respecto en el Código Civil se dispuso: “ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone

a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.  Carga probatoria en acción de repetición. Con relación a la carga probatoria, y siendo este punto, crucial para el estudio del presente litigio, creemos que es importante traer a colación lo que el H. Consejo de Estado ha manifestado: “La acción de repetición, se estructura sobre una responsabilidad personal subjetiva, en la cual el Estado tiene la carga de probar que su agente obró con culpa grave o dolo. (…) Esta Corporación ha manifestado que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo el juez no debe limitarse a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que se debe tener en cuenta las características particulares del caso, las que deben ser armonizadas con lo dispuesto en los artículos 6 y 91 de la Constitución Política, sobre la responsabilidad de los servidores públicos, así como la asignación de funciones consignadas en los reglamentos o manuales respectivos. La Sala ha manifestado que la responsabilidad personal del agente, en juicios de repetición y llamamientos en garantía con fines de repetición, sólo puede predicarse en la medida en que se compruebe la actuación dolosa o gravemente culposa de éste, además la Administración siempre tiene la carga de probar la conducta irregular (dolosa o culposa) del agente que

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Expediente No.59482 850012331000200300194 01 ocasionó la condena y el agente público tiene la oportunidad de demostrar en el juicio de la acción de repetición o cuando es llamado en garantía, que su actuación no fue dolosa o gravemente culposa. (…) No puede tenerse como una responsabilidad patrimonial, sin previo juicio del servidor público, el hecho de que exista una sentencia condenatoria al Estado, ya que es obligación del juzgador analizar o calificar la conducta del agente público bajo las nociones de culpa grave o dolo para atribuirle responsabilidad, a través de un juicio de valor de su conducta”3. (negrilla propia). 2.2.4. Derecho de defensa y contradicción. El Consejo de Estado ha manifestado reiteradamente que: (…) “el derecho de defensa es un componente del debido proceso, en otras palabras, es una garantía de su núcleo esencial. El derecho de defensa es la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier actuación administrativa o proceso judicial, de ser oída, de controvertir las pretensiones, pruebas y argumentos de la contraparte o del Estado, según sea el caso, de solicitar y allegar pruebas, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga4, entre otras actuaciones.

Los componentes del derecho de defensa, por su parte, son: la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia jurídica de un abogado en el proceso penal5, el principio de publicidad6, que se materializa principalmente con la notificación en debida forma, el derecho a ser oído, el derecho a presentar y controvertir pruebas, entre otros. La Corte Constitucional ha destacado la importancia del derecho de defensa7 en el contexto 3 Consejo de Estado – Sección Tercera MP. Hernán Andrade Rincón, Exp. No 25000-23-26-000-2000-01543-01 27761 sentencia del 10 de julio de 2013. 4 Corte Constitucional, sentencia C-617 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 5 También conocido como defensa técnica. La Corte Constitucional en sentencia C-069/09, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, reite