PGN - DERECHO DE DEFENSA Grados de imperatividad según la jurisprudencia

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicado: 076-3066-2006

Disciplinado: JAIME ENRIQUE CLARO ARÉVALO Y CLAUDIA CAROLINA

BALLESTEROS.

Cargo y Entidad: Presidente y Secretaria del Consejo Profesional Seccional de

Ingeniería de Norte de Santander.

Quejoso: MARTHA JANETH MENESES ACEVEDO Fecha de la Queja: Noviembre 20 de 2006

Fecha de los Hechos: Octubre 3 de 2005

Asunto: Apelación fallo de Archivo.

Bogotá, D.C., 13 de Febrero de 2007 Este Despacho con fundamento en la competencia otorgada por el artículo 25 numeral 4º del Decreto Ley 262 de 2000 y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 734 de 2002 en el artículo 115, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor Germán Augusto Cornejo Blanco en su condición de apoderado de la señora Martha Janeth Meneses Acevedo, contra la Resolución de julio 7 de 2006, mediante la cual la Procuraduría Regional de Norte de Santander ordenó el archivo del expediente radicado bajo el número 076-3066 de 2006. (fls.154 a 158). HECHOS El señor Germán Augusto Cornejo Blanco en su condición de apoderado de la señora Martha Janeth Meneses Acevedo, en escrito de 9 de Noviembre de 2005, denunció la ocurrencia de presuntas irregularidades cometidas por los señores

JAIME ENRIQUE CLARO ARÉVALO Y CLAUDIA CAROLINA BALLESTEROS,

Presidente y Secretaria del Consejo Profesional Seccional de Ingeniería de Norte de Santander, consistentes en posible violación al derecho de defensa y al debido proceso en el trámite dado al proceso 004-04 adelantado contra aquella. (fol 3 a 11). La Procuraduría Regional de Norte de Santander, por auto de 20 de Febrero de 2006, ordenó adelantar Investigación Disciplinaria contra el Presidente y Secretaria del Consejo Profesional Seccional de Ingeniería de Norte de Santander por los hechos denunciados (fol 75 y 76), allegando pruebas, entre otras el proceso N° 00404, la decisión de la Fiscalía precluyendo el expediente contra la quejosa y la resolución 348 de 20 de octubre de 2005 expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, que confirmó la decisión contra la misma. Por Auto de 7 de Julio de 2006, la Procuraduría Regional de Norte de Santander, profirió auto de archivo (fol 47 a 57). Providencia que fue apelada dentro del término legal, correspondiéndole por reparto a esta Delegada. CONSIDERACIONES DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de Norte de Santander mediante providencia de 7 de Julio de 2006, dispuso Archivar las presentes diligencias contra los señores JAIME ENRIQUE CLARO ARÉVALO Y CLAUDIA CAROLINA BALLESTEROS, en su condición de Presidente y Secretaria del Consejo Profesional Seccional de Ingeniería de Norte de Santander, investigados por la presunta violación al debido proceso y al derecho de defensa , en el trámite que le dieron al proceso disciplinario

N°004-04 adelantado contra la señora MARTHA JANETH MENESES ACEVEDO. Para tal efecto consideró la instancia, luego de la revisión de cada una de las piezas procesales y medios de prueba obrantes en tal investigativo, que relacionó en el proveído, que no se evidenciaba que los disciplinados hubieran incurrido en la conducta reclamada como infringida, por omisión o extralimitación de sus funciones dentro del proceso disciplinario referido, pues era claro que se habían ceñido en su actuación al cumplimiento de la Ley 842 de 2003, que consagraba el procedimiento disciplinario en el capítulo II, por lo que debía darse aplicación a lo dispuesto por el art. 73 de la Ley 734 de 2002 y disponer el precitado archivo. RECURSO DE APELACIÓN La quejosa por escrito radicado el 18 de Julio de 2006, mediante apoderado interpuso recurso de apelación contra el auto de 7 de Julio de 2006 que decidió el archivo definitivo de la investigación “por abuso de autoridad, violación al debido proceso y al derecho a la legítima defensa”, contra los señores JAIME ENRIQUE CLARO ARÉVALO Y CLAUDIA CAROLINA BALLESTEROS, para que se ordene revocar la decisión y en su lugar se disponga auto de apertura formal de investigación en su contra, por encontrarse demostrado que cometieron las 2 conductas denunciadas, por incumplir la aplicación de la Ley 842 de 2003, al no designarle un Abogado titulado e inscrito como lo preveía la misma, ni contestar el “recurso de nulidad y no aparece acervo probatorio para decidir, los hechos son

palpables y notorios, solo que el funcionario de la procuraduría no los ha tenido en cuenta...se puede concluir que se continúa violando el debido proceso y un derecho legítimo a la defensa” (fol 163 a 195). Fundamenta su solicitud el apoderado en 16 puntos consignados en el capítulo de hechos en que recalca que la investigación contra la quejosa, realizada por la denuncia elevada por el señor Wilson Henry Gelvez Berbesi, por el ejercicio ilegal de la profesión de ingeniería, parecería que se ciñó a la Ley 842 de 2003, pero que se cometió una equivocación en la designación del DEFENSOR DE OFICIO, lo que le cercenó los derechos reclamados, puesto que nombraron como abogado a un “estudiante de derecho” el día 17 de junio de 2005, que de acuerdo con el artículo 66 de la misma norma, no estaba legitimado para ejercer la defensa técnica, pues disponía la designación de un “abogado inscrito ante el Consejo Seccional de la Judicatura correspondiente...”, y por no contar con un abogado titulado, se le había violado el debido proceso y el derecho de defensa. Recalcó que a pesar de haber presentado poder el 13 de Julio de 2005 y solicitado el 8 de agosto siguiente se decretara la nulidad de lo actuado, tanto de las investigaciones 04 como de la 05 de 2004, no fue resuelta su petición, en ninguno de ellos, impidiéndole el acceso a la administración de justicia, por impedirle el ejercicio de los recursos ordinarios, a pesar de considerar la falta de competencia del funcionario investigador, porque los cargos los había formulado con base en

conductas penales (estafa y falsedad personal) y civiles (incumplimiento de contrato), sin relacionar las pruebas y el valor dado a cada una, ni las investigaciones de la fiscalía; que con ello se daba la violación al debido proceso y las irregularidades sustanciales que lo afectaron, como el nombramiento del estudiante, a pesar de lo cual, el 3 de octubre de 2005 se profiere Sentencia de primera instancia sin tener en cuenta la nulidad invocada, suspendiendo a la quejosa en el ejercicio de la profesión por 2 años, la cual apeló ante el Consejo Nacional y esta la confirmó notificándolo el 9 de Diciembre siguiente, sin tener en cuenta que en el escrito del recurso le señaló lo expuesto en precedencia, respecto a la designación del abogado para la defensa de oficio y que contrariando lo dispuesto 3 en la Ley 842 de 2003, la segunda instancia había expuesto que no se le había vulnerado derecho alguno, pues se le había otorgado la oportunidad procesal de comparecer en su defensa, y por su renuencia se había suplido con las normas generales del estatuto de la abogacía contenidas en el decreto 196 de 1.971, modificada por la ley 583 de 2000 , la que en su artículo 30 señala que lo estudiantes mientras pertenezcan a dichos consultorios podrán litigar en causa ajena... actuando como abogados de pobres...9. De oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas...”. Afirmó que lo consignado era manifiestamente contrario a la ley 842 de 2003 que era

la vigente y la que se debía aplicar, ya que es posterior al Decreto 196 de 1.971 y a la ley 583 de 2000, además que tiene destinatario determinado, se trata de una ley especial; e igualmente que violaron el artículo 10 del C.C, cuando se refiere a la incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, concluyendo que con ello se violó el debido proceso y el derecho a la defensa, al no haberle tenido en cuenta el artículo 66 referido y pretender justificar su aplicación con el exabrupto transcrito; lo cual no lo tuvo en cuenta el Consejo Seccional ni el Nacional, tampoco el a-quo, quien a pesar de que los investigados confesaron que habían solicitado a la Universidad Libre la designación de un estudiante, en su providencia sólo hizo alusión a lo que era materia de investigación en el Consejo y no al yerro que se discute respecto a la defensa por un estudiante , no por un abogado, con lo cual concluye que la Procuraduría Regional no estudió de fondo el asunto. Sumado a lo anterior el mismo Consejo suspendió a la quejosa del ejercicio de la profesión de tecnóloga de obras civiles, por cinco años, por denuncia hecha por la representante de la comunidad religiosa Madre Teresa de Calcuta el 11 de enero de 2006, dentro del proceso 05 de 2004, cometiendo los yerros del proceso anterior, pues el 17 de junio de 2005 designó como defensor de oficio a la estudiante Sandra García miembro del consultorio Jurídico de la Universidad Libre, sin aplicar nuevamente el Estatuto de la Ingeniería precitado, que establece la obligación de

nombrar un apoderado de oficio de la lista de abogados inscritos ante el Consejo de Judicatura, lo que afirma, constituye violación al debido proceso consagrado en el artículo 29 Constitucional, y a pesar de no resolverle la nulidad impetrada el 8 de 4 agosto, por violación a los derechos referidos, se falló el proceso a pesar de no obrar pruebas sobre las conductas endilgadas que analiza , quebrantándole los postulados de la sana crítica, por proferir decisiones arbitrarias y desfasadas, sin pruebas; y que presentó apelación el 23 de enero de 2006, en que solicitaba la nulidad de las actuaciones, sin que para el 17 de Julio se haya pronunciado, pero que al no hacerlo a pesar de conocer los hechos citados, su actitud genera una irregularidad sustancial. Finalmente solicita investigar al Presidente de la Regional disciplinado en este expediente por no cumplir con los requisitos del cargo y que se practiquen y tengan como pruebas las relacionadas en ese capítulo. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Observa esta Delegada que el Recurso de Apelación interpuesto por el quejoso, se refiere a la decisión adoptada por la Procuraduría Regional del Norte de Santander, que ordenó el Archivo de las diligencias disciplinarias en lo relativo a la irregularidad relacionada con el abuso de autoridad, violación al debido proceso y al derecho a la legítima defensa”, a favor de los señores JAIME ENRIQUE CLARO ARÉVALO Y CLAUDIA CAROLINA BALLESTEROS, solicitando revocar la decisión y disponer la

apertura formal de investigación en su contra, por encontrarse demostrado que cometieron las conductas denunciadas, ya que incumplieron aplicar la Ley 842 de 2003, al no designarle un Abogado titulado e inscrito como lo preveía esta, ni tramitar la nulidad planteada en los procesos 04 y 05 de 2004, puesto que no aparecía acervo probatorio para decidir, los hechos eran “palpables y notorios, solo que el funcionario de la Procuraduría no los ha tenido en cuenta...se puede concluir que se continúa violando el debido proceso y un derecho legítimo a la defensa” (fol 163 a 195). Encuentra este Despacho que, en efecto sobre el expediente anteriormente citado recayó la decisión de archivo que obra en el presente investigativo, en el cual la Procuraduría Regional de Norte de Santander la dispuso a favor de los señores JAIME ENRIQUE CLARO ARÉVALO Y CLAUDIA CAROLINA BALLESTEROS, en su condición de Presidente y Secretaria del Consejo Profesional Seccional de Ingeniería de Norte de Santander, por la presunta violación al debido proceso y al 5 derecho de defensa, en el trámite que le dieron al proceso disciplinario N°004-04 adelantado contra la señora MARTHA JANETH MENESES ACEVEDO, al considerar que de los medios de prueba que relacionó en el proveído, no evidenciaba que los disciplinados, hubieran incurrido en la conducta reclamada como infringida, por omisión o extralimitación de sus funciones dentro del proceso disciplinario referido, pues era claro que se habían ceñido en su actuación al cumplimiento de la Ley 842 de 2003, que consagraba el procedimiento disciplinario en el capítulo II, por lo que

debía darse aplicación a lo dispuesto por el art. 73 de la Ley 734 de 2002 y disponer el precitado archivo. Teniendo en cuenta entonces lo expuesto en el recurso, se verifica por el ad-quem inicialmente en la queja, encontrando que el mencionado quejoso la formuló contra los investigados, en un extenso escrito del cual se desprendía, que su pretensión era que se verificara la existencia de irregularidades en el trámite del proceso adelantado contra aquella por el Consejo Seccional de Ingeniería, específicamente porque no aplicó el artículo de la Ley 842 de 2003, sobre la designación de un Abogado titulado e inscrito para defenderla, que lo preveía, ni tramitó una nulidad que planteó el apoderado de la apelante en los procesos 04 y 05 de 2004, adelantados ante el mismo, por tal motivo. Con el fin de verificar los aspectos relacionados con los hechos irregulares, consignados en precedencia, es decir, la designación por el Consejo Seccional de ingeniería de un Abogado titulado e inscrito, para que asumiera la defensa de la investigada, y no tramitar las nulidades planteadas por el apoderado de la misma en los procesos 04 y 05 de 2004, que al decir del recurrente en su escrito consideraba, se configuraba irregularidad disciplinaria, por haber omitido darles el curso legal correspondiente, de acuerdo con la Ley 842 de 2003 y con las normas vigentes; se verificó de acuerdo con lo expuesto frente a las pruebas obrantes en el investigativo, que por auto del día 17 de junio de 2005, le designaron a un “estudiante de

derecho”, como DEFENSOR DE OFICIO de la quejosa que según sostiene el apelante, de conformidad con el artículo 66 de la misma norma, no estaba legitimado para ejercer la defensa técnica, pues la norma dispone la designación de un “abogado inscrito ante el Consejo Seccional de la Judicatura correspondiente...”, y por no contar con ese abogado titulado, se le violó el debido proceso y el derecho 6 de defensa y precisamente por ello le solicitó la declaratoria de nulidad de lo actuado, respecto de la cual se verificó que no existió pronunciamiento, puesto que se profirió Sentencia de primera instancia, consignando la manifestación de que existía tal escrito sin que expresamente se adoptara decisión sobre la misma. Respecto al Derecho de Defensa y al debido proceso, el Despacho trae a colación, apartes del concepto rendido por el señor Procurador dentro del expediente D-3674, en Sentencia de veintiséis (26) de febrero de dos mil dos (2002) de la Corte Constitucional, M.P. Dr.Jaime Córdoba Triviño, sostuvo: “1. La asistencia judicial forma parte de los derechos de defensa y debido proceso, en el doble sentido, tanto de protección legítima de los intereses del administrado, como de garantía para que las funciones públicas judiciales o administrativas sean cumplidas en debida forma pues la intervención profesional debe propender porque el Estado funcione correctamente en lo atinente a la resolución de conflictos o atención de peticiones….3. El derecho a la defensa es la garantía que tiene el administrado de intervenir en las actuaciones procesales para proteger sus intereses

y derechos y uno de sus contenidos es el derecho a la defensa técnica que consiste en el derecho a ser asistido por un abogado nombrado por el interesado. Este derecho tiene grados de imperatividad que dependen del contexto jurídico procesal en que se actúe - puede ser obligatorio o facultativoy de las calidades profesionales de quien interviene en tal contexto - abogados inscritos, graduados con licencia provisional, no graduados con licencia temporal y estudiantes de consultorio jurídico”. En el caso que nos ocupa, como se expuso anteriormente, la queja abarcaba los aspectos materia de impugnación referidos y no solamente la verificación del procedimiento investigativo adelantando a la quejosa, dentro de los radicados 04 y 05 del Consejo Seccional de Ingeniería, como lo entendió el a-quo, pero que tal y como se argumentó por el apelante y se verificó por la instancia, estos no fueron atendidos por el mismo. El artículo 153 de la Ley 734 de 2002, es muy claro al preceptuar que “La investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el 7 perjuicio causado a la administración pública con la falta y la responsabilidad disciplinaria del investigado; pero lo anterior no se estableció específicamente por la instancia. El operador disciplinario tampoco tuvo en cuenta al adelantar el investigativo, que la decisión de la Seccional era colegiada y que su pronunciamiento no era sólo contra el Presidente y su Secretaria sino contra los demás miembros que aprobaron el fallo

contra la investigada; además como lo consagra la norma transcrita en precedencia, las circunstancias modales y temporales que rodearon las conductas, la justificación o no de las mismas y en fin, darle cumplimiento al Código Disciplinario. Se hace hincapié en que sobre los fallos proferidos por los Consejos Seccional y Nacional no se efectúa ningún pronunciamiento, por cuanto el estudio de legalidad de los mismos no corresponde a la orbita administrativa, pues a quien le corresponde verificar la legalidad de tales actos es a la Jurisdicción Contencioso Administrativo, a la cual como lo expuso el apelante, ya acudió en demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En este orden de ideas, el despacho revocará la decisión contenida en auto de 7 de Julio de 2006 proferido por la Procuraduría Regional del Norte de Santander ,y en su lugar ordenará continuar con la actuación disciplinaria, para que se de claridad a los hechos materia de queja, puestos en conocimiento por el apoderado de la señora

MARTHA JANETH MENESES ACEVEDO.

En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR DELEGADO PRIMERO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de sus atribuciones jurídicas, RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en auto de 7 de Julio de 2006, mediante la cual la Procuraduría Regional del Norte de Santander dispuso el archivo del expediente radicado bajo el número 76-3066 de 2006, y en su lugar ordenar que se continúe la acción disciplinaria. 8

SEGUNDO: Por la Procuraduría Regional del Norte de Santander, Notificar esta

decisión a los implicados, indicándoles que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la correspondiente comunicación, señalando la fecha de la providencia y la decisión tomada. En caso de no ser posible notificar personalmente, notifíquese por estado, igualmente comuníquese a la quejosa.

TERCERO: Por Secretaría háganse las constancias y anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM/ecca Exp. 076-3066-06 mbm 9