PGN - DERECHO DE DEFENSA TECNICA En materia disciplinaria no es necesaria siempre y cuando

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PUBLICA

Radicación Nº: 58-3718-05

Disciplinable: Jorge López y Uriel Fernando Abril Pinilla Cargo y Entidad: Alcalde y secretario de obras Públicas de Tauramena Quejoso: anónimo Fecha hechos: 1–02–05

Asunto: Nulidad de fallo de primera instancia

Bogotá, D.C., 28 de abril de 2008

I. ASUNTO Procede la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia del 19 de diciembre de 2007, dictado por la Procuraduría Regional del Casanare.

Procedería el examen de fondo de los hechos y de la decisión impugnada, si no advirtiera esta instancia la existencia de vicios sustanciales insubsanables que afectan la estructura del debido proceso y que no tienen otra vía para ser remediados que la declaración de nulidad de lo actuado, con miras a lograr el reencauzamiento de la investigación dentro de los parámetros legalmente establecidos.

II. HECHOS Se investigan en este proceso las irregularidades en que hayan podido incurrir los señores JORGE LÓPEZ Y URIEL FERNANDO ABRIL PINILLA alcalde y secretario de obras públicas de Tauramena, (Casanare) en su orden, con sus actuaciones dentro del convenio interadministrativo No. 007/04, celebrado con la cooperativa de

Proyectos Técnicos Gerenciales Proteger A.C.

III. ANTECEDENTES PROCESALES Por tales hechos, con auto del 28 de febrero de 2005, la Procuraduría Regional del

Casanare, abrió indagación preliminar contra JORGE LÓPEZ, alcalde municipal de Tauramena. fl. 3 CO 1. El anterior auto se notificó por edicto publicado del 1 al 5 de abril de 2005 como consta a fl. 7 CO 1. Con auto del 1 agosto de 2006, la Regional inició investigación disciplinaria en contra de JORGE LÓPEZ Y URIEL FERNANDO ABRIL PINILLA, en condición de alcalde y secretario de obras públicas, respectivamente, por las posibles irregularidades consistentes en convocar a participar solamente a cooperativas, por la injustificada adición de recursos al convenio, la utilización irregular de maquinaria del ente territorial y la vulneración del principio de selección objetiva del contratista. (fls. 35 a 40 CO 1). Auto que fue notificado el 5 de septiembre de 2006 en forma personal al señor Jorge Eliécer López Barreto. fl. 47 CO 1; y al señor Uriel Fernando Abril Pinilla, el 20 de octubre del mismo año, fl. 62 CO 1. 1 En desarrollo de esta etapa procesal se recibió versión libre a los disciplinables como consta a folios 72, 73, y 76, 78 en su orden, en las que se le informó de conformidad con la ley disciplinaria que podían estar asistidos por un abogado, a lo que manifestó el primero de ellos que oportunamente determinaría la necesidad de su designación. El 14 de febrero de 2007 se elevó auto de cargos contra los dos disciplinables mencionados. Fls 84 a 97 CO 1. Para la notificación en legal forma se comisionó al personero Municipal de

Tauramena, por auto del 16 de febrero de 2007, fl. 98 CO 1, quien el 26 de marzo del citado año notificó en forma personal a los disciplinables la anterior providencia. Fls 102 y 103 CO 1. Los dos encartados presentaron escrito de descargos y solicitaron pruebas. Folios 104 a 124 y 125 a 151 CO 1. Por auto del 24 de mayo de 2007 se decidió sobre lo anterior y se decretaron todas las pedidas. Auto que fue notificado por estado el 5 de junio del referido año. Fl 160 CO 1. Por auto del 11 de octubre de 2007 se corrió traslado para alegatos de conclusión. fl. 223 CO 2. Auto notificado por estado el 25 de octubre de 2007 como consta a folio 239 CO 2. El señor Jorge Eliécer López Barreto, a través de apoderado presentó alegatos de conclusión. Folio 228 del CO 2. La Procuraduría Regional profirió fallo de primera instancia el 19 de diciembre de 2007, en el que sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a los dos funcionarios. Folio 242 a 260 del CO 2. Los disciplinables presentaron escritos independientes en los que solicitaron la nulidad del fallo, en el siguiente orden:

1. El apoderado del señor JORGE ELIÉCER LÓPEZ BARRETO, solicitó la nulidad del fallo, argumentando que (i) existe indebida representación de las partes, (ii) omisión de los términos y oportunidades para pedir o practicar pruebas.

2. El señor URIEL FERNANDO ABRIL PINILLA, no la solicitó de una manera clara

y directa pero de su escrito se colige el planteamiento de las mismas, al establecer que existió vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa, en diferentes puntos del fallo recurrido.

IV. CONSIDERACIONES Con el fin de establecer si existen o no irregularidades que afecten el debido proceso y el derecho a la defensa, esta Instancia (I) analizará las nulidades desde el punto de vista legal y jurisprudencial; (II) examinará las peticiones realizadas por los disciplinables, (III) analizará de oficio el pliego de cargos y el fallo para determinar si contienen vicios que afecten el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados, (IV) tomará la decisión que en derecho corresponda.

De la nulidad 2 Con el fin de dar respuesta a la solicitud de nulidad, el Despacho presentará el marco normativo, jurisprudencial y doctrinario sobre la materia, con el fin de establecer si en el presente asunto se han desconocido las garantías sustanciales de los disciplinables. Alcance y principios que rigen el instituto de las nulidades El debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 6º del Código Disciplinario, es el conjunto de garantías de que gozan los sujetos disciplinables, debido proceso que no puede ser escindido del derecho de defensa, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional1: “Con base en lo ya visto, parte este análisis de dos presupuestos: el primero, que es debido todo proceso que se realiza ajustado a las formas propias establecidas por el legislador para el respectivo juicio, permitiendo un trato en igualdad para quienes allí

participan, así como el ejercicio de la defensa en debida forma para la protección de sus derechos e intereses; y, el segundo, que las reglas procesales establecidas para un proceso debe ser conducentes a la finalidad que con ellas se pretende y para la cual fueron concebidas, dentro del cumplimiento del cometido estatal de administrar justicia y de la salvaguarda de los derechos materiales controvertidos.” El ordenamiento disciplinario vigente, en el parágrafo del artículo 143, hace remisión expresa a los principios previstos en el artículo. 310 del Código de Procedimiento Penal, que consagra: “Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.

1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa. (Instrumentalidad de las formas).

2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. (Trascendencia).

3. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica. (Protección).

4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales. (Convalidación).

5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial. (Residualidad).

6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta a las señaladas en este

capítulo. (Taxatividad). Lo anterior conduce a que la solicitud de nulidad no es de libre petición, sino que está sometida al cumplimiento de los principios que orientan su declaratoria. Sólo procede 1 ? Sentencia C-383 del 5 de abril del 2000, Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis 3 por las causales taxativamente previstas, siendo obligación del interesado determinar el motivo y las razones fácticas y jurídicas en que se funda. De la petición de nulidad de los implicados (I). Este Despacho considera necesario estudiar, antes de establecer si le asiste o no razón a los disciplinables sobre las nulidades formuladas, el significado del Debido Proceso, dentro del cual se encuentra inmerso el derecho a la defensa. La jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso, como una garantía fundamental de todos los coasociados, dentro de los procesos administrativos y jurisdiccionales, en virtud del cual el sujeto investigado, debe tener la oportunidad de ser procesado conforme a las leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta que se le está atribuyendo, ante un funcionario competente, a conocer las acusaciones que se le efectúan y contestarlas; controvertir las pruebas que se aduzcan en su contra y pedir o aportar las que le favorezcan; así como la de tener acceso permanente al expediente o sumario por sí o por intermedio de apoderado, a tener un proceso sin dilaciones injustificadas, a impugnar las decisiones que le afecten si legalmente son susceptibles de recursos, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho non bis in ídem.

1. El apoderado del señor JORGE ELIÉCER LÓPEZ BARRETO, solicitó la nulidad del

fallo, argumentando que (i) existe indebida representación de las partes, (ii) omisión de los términos y oportunidades para pedir o practicar pruebas. (i) En cuanto al primer punto, indebida representación de las partes, expone el apoderado que su protegido actuó desprovisto de defensa de apoderado y sin representación a lo largo de la instrucción, no tuvo apoderado de oficio, que supliera la defensa del encartado, con lo que se violó el debido proceso pues se deben respetar los mínimas reglas de defensa, con ello se está en contravía de un derecho fundamental. Este Despacho no está de acuerdo con lo anterior, toda vez que el señor JORGE ELIÉCER LÓPEZ BARRETO, tuvo la oportunidad de nombrar defensor y no lo hizo, cuando al inicio de la versión libre se le advirtió que podía estar asistido por un apoderado a lo que manifestó que “…oportunamente determinaría la necesidad de su designación;…” , además en materia disciplinaria no es necesaria la defensa técnica. Igualmente la Corte Constitucional ha sentado la posición que en materia disciplinaria no se requiere la defensa técnica, siempre y cuando sus actuaciones sean conocidas por las partes, lo cual está demostrado dentro del proceso, por cuanto el implicado tuvo conocimiento del mismo y pudo controvertir las pruebas allegadas, rendir versión libre, pedir practica de pruebas, etc. . Al respecto la Corte Constitucional dijo lo siguiente: “4. Análisis del inciso 1º del artículo 165 de la Ley 734 de 2002. El derecho fundamental a la defensa técnica en el campo del derecho disciplinario no exige

que el procesado siempre deba estar representado por un apoderado. 4 Pasa la Corte a estudiar la constitucionalidad de la expresión “si lo tuviere” contenida en el inciso 1º del artículo 165 del Código Disciplinario Único, a la luz del siguiente problema jurídico: ¿Es contrario al debido proceso, específicamente al derecho a la defensa técnica, que la ley prevea situaciones en las cuales un servidor público procesado disciplinariamente no sea representado por un abogado?” Para resolver esta cuestión es necesario determinar si cuando el artículo 29 de la Constitución dijo que “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio” estableció una garantía que se ha de extender obligatoriamente a ámbitos diferentes al penal. La jurisprudencia constitucional ya se ha pronunciado acerca del problema planteado. La exigencia constitucional de la defensa técnica ha sido circunscrita al proceso penal y no se tiene siempre que extender a otro tipo de procesos, aunque el legislador puede en ejercicio de su potestad de configuración extenderla. Es así como en la sentencia C-131 de 20022 la Corte resolvió declarar exequible una expresión del artículo 42 de la Ley 610 de 2000 que establecía que la defensa técnica del implicado en un proceso de responsabilidad fiscal era facultativa.3 En esta sentencia, la Corporación consideró que el artículo 29 de la Constitución no ordena la defensa técnica en procesos que no son de naturaleza penal. En palabras de la Corte, “A diferencia del alcance ilimitado de la cláusula general contenida en el inciso

primero, el constituyente circunscribió el alcance de algunos de los principios que integran el debido proceso. Lo hizo, por ejemplo, en el inciso segundo al referir expresamente que lo allí indicado rige en materia penal. Lo expuesto es relevante porque entre los contenidos del derecho al debido proceso cuya cobertura ha sido circunscrita a la materia penal se encuentra precisamente el derecho a la defensa técnica, esto es, aquella que se dinamiza con el concurso de un apoderado que concurre al proceso para defender los intereses del investigado. Así, el artículo 29 del Texto Fundamental, después de consagrar para la materia penal el principio de favorabilidad, aborda varios principios y, tras la alusión al principio de presunción de inocencia, afirma que “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él durante la investigación y el juzgamiento”. Nótese cómo la asistencia de abogado durante la investigación y el juzgamiento se presta al sindicado, esto es, al sujeto pasivo de la acción penal. De igual manera, al indicar que esa asistencia debe prestarse durante la investigación y el juzgamiento, el constituyente tiene en cuenta la estructura básica del proceso penal mixto con tendencia acusatoria por él consagrado. También se advierte que la referencia constitucional al derecho de defensa técnica le imprime a la defensa el carácter de una pretensión contraria a la acusación, pretensiones éstas promovidas por partes opuestas y sujetas a la decisión de un juez superior e imparcial. De lo dicho se infiere que la exigencia de la defensa técnica como derecho fundamental ha sido circunscrita por el constituyente al proceso penal y ello es

comprensible pues la responsabilidad penal involucra la afección directa de derechos 2 MP Jaime Córdoba Triviño. 3 Los enunciados acusados en dicha ocasión son los subrayados a continuación. “Artículo 42 de la Ley 610 de 2000. Garantía De Defensa Del Implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y así le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado.” 5 fundamentales - piénsese por ejemplo, en la privación de la libertad permitida para muchos delitos, ya como pena, ya como medida de aseguramiento -, circunstancia que conduce a que se intensifiquen al máximo las garantías contenidas en el debido proceso puesto que se trata de dotar al ciudadano de las herramientas que requiera para colocarse en una situación de equilibrio ante el ejercicio del poder más drástico de que es titular el Estado. De allí también por qué, aparte del derecho a la defensa técnica, muchas de las garantías que amparan al ciudadano ante el ejercicio del poder punitivo hayan sido configuradas directamente por el constituyente pues se alienta el propósito de limitar un poder que históricamente se ha prestado al desconocimiento de los atributos inherentes al ser humano. De lo expuesto se deduce, entonces, que la exigencia constitucional de defensa

técnica ha sido circunscrita por el constituyente al proceso penal y no se ha extendido a otro tipo de procesos como es el caso del proceso de responsabilidad fiscal. De allí que la sola invocación de la referencia constitucional al derecho a la defensa técnica contenida en el artículo 29 de la Carta no baste para acreditar la inexequibilidad de una norma que le ha asignado carácter facultativo al derecho a la defensa técnica en la diligencia de exposición libre y espontánea que se rinde en el proceso de responsabilidad fiscal.” En otra sentencia, la Corte Constitucional abordó indirectamente esta misma cuestión cuando declaró exequible una norma que decía que el procesado disciplinariamente podría designar un apoderado “si lo estima necesario”. De dicho fallo se deduce que el derecho a la defensa técnica no está constitucionalmente ordenado en el campo del derecho sancionatorio disciplinario4. Subraya la Corte que la ley vigente establece que el disciplinado tiene derecho a escoger un apoderado y si solicita su designación deberá hacerse. También prohíbe que el disciplinado sea investigado y juzgado en ausencia, sin la representación de un apoderado judicial o defensor de oficio. Dice el artículo 17: Artículo 17 de la Ley 734 de 2002: Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del Consultorio

Jurídico de las universidades reconocidas legalmente. Así mismo, en la sentencia C-948 de 20025 la Corte decidió “declarar EXEQUIBLE, la expresión “que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las Universidades reconocidas legalmente” contenida en el artículo 17 de la Ley 734 de 2002.” Dicha sentencia estableció lo siguiente: “Esta Corporación ha considerado que, salvo en el caso de los procesos penales en los que solamente de manera excepcional cabe acudir como defensores de oficio a 4 En el mismo sentido, la sentencia C-280 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero) declaró exequible la expresión "designar apoderado, si lo considera necesario"contenida en el literal e) del artículo 73 del anterior Código Disciplinario Único. En palabras de la Corte, “la asistencia de un apoderado escogido por el disciplinado es una expresión del derecho a la defensa técnica, que no podía ser ignorado por el régimen disciplinario, por cuanto hace parte del debido proceso en este campo, sin perjuicio de que el disciplinado también pueda ser asesorado, en forma extra procesal, por diversas organizaciones sociales.” 5 MP Alvaro Tafur Galvis. 6 los estudiantes de las universidades reconocidas legalmente, éstos pueden asumir la defensa en todo tipo de procesos, sin que ello signifique la vulneración del derecho de defensa señalado en el artículo 29 superior. No sobra precisar al respecto, por lo demás, que la exigencia constitucional de defensa técnica ha sido circunscrita por el Constituyente al proceso penal y no se ha extendido a otro tipo de procesos.

Por lo tanto, no es contrario al artículo 29 de la Constitución que la ley deje a la libre determinación del sujeto disciplinado si desea o no ser representado por un abogado. Así, el enunciado acusado será declarado exequible. .” En estas circunstancias, es claro, que no existe en este punto razón para declarar la nulidad interpuesta por el apoderado apelante, por cuanto quedó estudiado que de una parte no se necesitaba defensa técnica a través de apoderado, y de otra al implicado le fueron notificadas las decisiones proferidas por la Procuraduría Regional del Casanare, y éste intervino en las diferentes etapas del proceso como quedó establecido en los antecedentes procesales analizados en la parte precedente. (ii) Omisión de los términos y oportunidades para pedir o practicar pruebas. El apoderado argumentó que la procuradora de instancia comisionó al personero de Tauramena para recibir versión a los inculpados, actuación que es de resorte exclusivo del instructor, igualmente delegó la practica de la inspección judicial fura de su sede a un empleado bajo su mando, dejando de lado la persuasión directa de los hechos y de las pruebas. Esta manifestación tampoco es admitida por el despacho, toda vez que la misma ley disciplinaria le da la facultad para comisionar la practica de pruebas en el artículo 133 que reza: “Práctica de pruebas por comisionado. El funcionario competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro servidor público de igual o inferior categoría de la misma entidad o de las personerías distritales o municipales. En la decisión que ordene la comisión se deben establecer las diligencias objeto de

la misma y el término para practicarlas. El comisionado practicará aquellas pruebas que surjan directamente de las que son objeto de la comisión, siempre y cuando no se le haya prohibido expresamente. Si el término de comisión se encuentra vencido se solicitará ampliación y se concederá y comunicará por cualquier medio eficaz, de lo cual se dejará constancia. Se remitirán al comisionado las copias de la actuación disciplinaria que sean necesarias para la práctica de las pruebas. El Procurador General de la Nación podrá comisionar a cualquier funcionario para la práctica de pruebas, los demás servidores públicos de la Procuraduría sólo podrán hacerlo cuando la prueba deba practicarse fuera de su sede, salvo que el comisionado pertenezca a su dependencia.” Por tanto, en coherencia con la norma trascrita, la Procuradora Regional del Casanare obró conforme a derecho, y por ende, no se produjo ni violación al debido proceso ni al derecho a la defensa, por lo que no se declara la nulidad en este punto. 7

2. El implicado URIEL FERNANDO ABRIL PINILLA, obrando directamente, como se dijo con antelación, de una forma velada escribió que el fallo adolecía de irregularidades que afectaban el debido proceso y el derecho a la defensa, a saber: “Así, en mi condición de Secretario de Obras del municipio de Tauramena y en cumplimiento de las estipulaciones contractuales tramité el adicional solicitado por el contratista con el debido concepto favorable del interventor, tal y como consta no solo en los anexos del presente expediente sino en los documentos allegados con

mis alegaciones exculpatorias del 11 de abril del 2007, que al parecer no se tuvieron en cuenta por cuanto no hubo una relación de las mismas, menos un pronunciamiento y una valoración de ellas en el fallo que se impugna , lo que conlleva por sí solo que el acto administrativo que nos ocupa adolezca de varios de los requisitos contemplados en el artículo 170 de la ley 734 de 2002, numeral 4…”. Folio 293. Al analizar el fallo de primera instancia efectivamente se observa que la integridad de los documentos allegados por el implicado no fue valorado, ni sopesado, e igual circunstancia ocurrió que los argumentos esgrimidos en los descargos, lo que atenta contra el derecho a la defensa y por ende el debido proceso. En este punto concreto debemos acudir a lo preceptuado por el texto del artículo 29 de la Carta Política, en cuanto éste garantiza la protección del derecho constitucional al debido proceso, al prever perentoriamente que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa, observando la plenitud de las formas propias de cada juicio, lo cual exige el cumplimiento, entre otros, del principio de la valoración de las pruebas aportadas oportunamente al proceso. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en el Código Único Disciplinario, artículo 129: “Artículo 129 Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su

inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio.” (negrilla fuera de texto) Así las cosas se acepta la petición de declaratoria de nulidad del fallo de primera instancia. De otra parte y teniendo en cuenta que los funcionarios de la Procuraduría son los supremos guardianes de la legalidad, y, en tal virtud, aun sin petición de parte tienen la facultad de declarar oficiosamente las nulidades que puedan viciar de manera insalvable la estructura del debido proceso y en casos como el sometido a estudio, al advertir esta Instancia que concurren en los cargos endilgados causales de invalidez cuya existencia es forzoso declarar, se impone abordar su examen, así: Los artículos 143 y siguientes de la ley 734 de 2002, señalan: Artículo 143. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes: (…)

2. La violación del derecho de defensa del investigado.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

8 Parágrafo. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento. Artículo 145. Efectos de la declaratoria de nulidad. La declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal. Así lo señalará el funcionario competente y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula. La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente.”

El auto de cargos es una pieza trascendental en el proceso disciplinario y solo con base en un acto que reúna las exigencias y presupuestos legales, es posible que la investigación cumpla con la finalidad y tenga éxito, ya que todo fallo esta fundamentado en ésta providencia, por lo que no es un acto ritual sino uno de los actos decisivos en el plenario, debiéndose hacer en él una síntesis completa de los hechos, de las normas supuestamente violadas, fundados en las pruebas recaudadas que identifiquen plenamente el origen y los hechos objeto de cuestionamiento; deben señalar al encartado el análisis de la culpabilidad. Requisito esencial del auto de cargos es el elemento subjetivo de la conducta. Es decir, se debe determinar si los servidores públicos actuaron con dolo o culpa gravísima, grave o leve, apreciación que debe fundamentarse en el material probatorio legalmente allegado al proceso, de tal manera que los disciplinables puedan ejercer sin limitaciones su derecho de defensa, cuya finalidad no es otra que asegurar la efectiva aplicación de los principios de igualdad y contradicción y posteriormente, permitirle al fallador determinar la proporcionalidad de la sanción a imponer. En este caso, se observa que la imputación subjetiva se hizo para los dos disciplinables a título de CULPA, sin estipular el grado de su realización, esto es, si fue gravísima, grave o leve, impidiendo de esta manera que los disciplinables tengan claridad sobre el reproche formulado y, en consecuencia, no puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

Al omitirse en el auto de cargos precisar la forma de culpabilidad, numeral 6 artículo 161 del C.D.U. se viola el derecho de defensa, que origina la causal de nulidad descrita en los numerales 2 y 3 del artículo 143 ibídem la cual puede declararse de oficio, en cualquier etapa del proceso, como lo establece el artículo 144 del mismo Código. En consecuencia, se dispondrá la nulidad de lo actuado a partir del auto de cargos proferido el 14 de febrero de 2007 por la Procuraduría Regional del Casanare. En mérito de lo expuesto, Procurador Delegado para la Moralidad Pública, RESUELVE PRIMERO: Decretar la NULIDAD de la actuación a partir de la providencia de fecha 14 de febrero de 2007 por medio de la cual se profirió auto de cargos, teniendo en cuenta que la actuación se encuentra viciada de conformidad con los numérales 2 y 3 del artículo 143 de la ley 734 de 2.002, según lo analizado en la parte motiva del presente proveído. Las pruebas allegadas y practicadas legalmente conservarán su validez y alcance. 9 Rehágase la actuación atendiendo los señalamientos anotados.

SEGUNDO : Notificar personalmente a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposición, que se deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los tres días siguientes a la última notificación. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.

En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará estado en los términos

previstos por el art. 321 del CPC.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FERNANDO ALBERTO RODRÍGUEZ CASTRO

Procurador Delegado para la Moralidad Pública SPJ CPTF 10