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Señores

H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente:

Dr. MAURO SOLARTE PORTILLA

E. S. D.

Ref: Rad. 22.150

Casación de Fernando Páez Sepúlveda Delito: secuestro agravado Señores Magistrados: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en sentencia del 22 de enero de 2003, confirmó el fallo de primera emitido el 25 de octubre de 2000 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, mediante el cual condenó a Emiro del Carmen Ropero Suárez, alias Rubén Zamora a la pena principal de 40 años de prisión como responsable de los delitos de homicidio y lesiones personales con fines terroristas, secuestro agravado, rebelión y hurto calificado y agravado. Condenó igualmente a Luis Fernando Páez Sepúlveda, alias Libardo, a la pena principal de 23 años de prisión como coautor de los delitos de secuestro agravado y rebelión. Les impuso además, la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 10 años. La segunda instancia precisó que Páez Sepúlveda era cómplice y no autor del delito de secuestro agravado, razón por la cual le impuso como pena principal once años de prisión. En la misma decisión declaró prescrita la acción penal en favor del antes mencionado por el delito de rebelión. Inconforme con el fallo, el abogado de Páez Sepúlveda, presentó demanda de casación que por haber sido declarada ajustada a las prescripciones legales, corresponde a la Procuraduría emitir concepto sobre su viabilidad.

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

Reseñada por el Tribunal en los siguientes términos: “1º Proceso 012/99: Tuvieron ocurrencia el nueve de julio de 1992, aproximadamente a las ocho y media de la mañana, sobre la vía que de Hacarí conduce a Ocaña, donde fue emboscada una patrulla de la Policía Nacional, por guerrilleros pertenecientes al XXXIII frente de las FARC, resultando muertos el Capitán Germán Virguez Gómez y los agentes José Ignacio Sua y Fernando Alzate Marín, y heridos los agentes Alirio Bustamante, Luis Vergara, Luis Carlos Marín, Libardo Nieto, Nahun Rodríguez Contreras y Luis Carlos Africano. En el sitio igualmente fueron hechos rehenes los agentes Henry Sánchez Bueno, José Manuel Pérez Veleño, Juan José Castro, Ramiro Castaño Ciza, Agapito Fonseca Parra y William Badillo Urrea, quines permanecieron en poder de la guerrilla por espacio de veinte días, hasta que fueron liberados en presencia de una comisión integrada entre otros por el Obispo de Tibú Madrid Merlano, también se denunció que los rebeldes se 2 apoderaron de armas y municiones que portaban quienes conformaban la patrulla policial.” “2º Proceso 124/99 Esta investigación se inicial el 21 de noviembre de 1994, ante la Fiscalía Regional de ese entonces, Unidad previa de esta ciudad, por un declarante bajo reserva de identidad denominado con Clave “El Mono” quien manifiesta su deseo de denunciar a Leonidas Peñaranda Tamara y Donaldo Ortega Corredor, el primero exalcalde y el segundo quien fuera para la época de los hechos alcalde electo del

Municipio de Bucarasica, N. de S., sindicando a Leonidas Peñaranda de ayudar permanentemente a los grupos subversivos en los años 1990 a 1992, período en el que estuvo al frente de la administración Municipal, cuando Donaldo Ortega Corredor era tesorero del municipio. A esta investigación igualmente se vincularon a FERNANDO PAEZ SEPÚLVEDA, ALEXANDER BOTELLO y JULIO FLÓREZ, a quienes se les endilga el hecho de haber ingresado a las filas de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que opera en esa región.”

2.- SINOPSISIS PROCESAL.

En consideración a que la segunda instancia declaró prescrita la conducta por el delito de Rebelión, se estima innecesaria la relación de la actuación adelantada dentro del radicado 124/99, razón por la cual la delegada se limitará a hacer la reseña procesal de la causa radicada bajo el No. 012/99. El 17 de julio de 1992 la Unidad seccional de Fiscalías de Ocaña, abrió investigación preliminar, por los hechos originados en la muerte del capitán 3 Germán Virgues Gómez y los agentes Fernando Alzate Marín y José Ignacio Sua (fol. 38 C.1). Las citadas diligencias fueron remitidas por competencia a la secretaría de la Unidad seccional de Fiscalías Regionales de Cúcuta, el 2 de febrero de 1993 (fol. 77 C.1). El fiscal regional avocó el conocimiento el 19 de febrero del mismo año, bajo la radicación 4376 (fol. 80 C.1).

Con resolución del 16 de septiembre de 1993, la Fiscalía Regional de Cúcuta abrió investigación y dispuso vincular mediante indagatoria a Robinson Jiménez, alias Martín, Emiro Ropero Suárez,, alias Rubén Zamora y Luis Fernando Paéz Sepúlveda, alias Libardo (fol. 98 C.1). El 20 de septiembre del 93 se dejó constancia de las ordenes de captura libradas en contra de los antes mencionados ante la SIJIN de Ocaña, DAS y seccional de Fiscalías de Cúcuta (fol.101 C.1). El 24 de enero de 1994 el Fiscal regional dispuso solicitar información sobre los resultados de las órdenes de captura libradas (fol. 172 C.1) y el 18 de marzo del mismo año, ordenó el emplazamiento, entre otros, de Luis Fernando Páez Sepúlveda, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto 2790, razón por la cual el 29 de marzo del 94 se fijó edicto emplazatorio en la sede de la Fiscalía regional de Cúcuta. (fol. 180 C.1). Adicionalmente, mediante oficio 5622 del 28 de marzo de 1994, se remitió copia de los edictos a la alcaldía Municipal de Ocaña (Norte de Santander) a fin de que fueran fijados en lugar público y visible por el término legal (fol. 181 C.1). El mencionado Despacho municipal retornó los mismos el 9 de abril del citado año, con las respectivas constancias de fijación y desfijación (fol. 182 C.1). El 18 de mayo de 1994, el Fiscal regional dispuso que estas diligencias (rad. 4376)

hicieran parte del radicado 3502 que se adelantaba en la misma Fiscalía Regional 4 por el atentado a la patrulla de la policía realizado el 9 de julio de 1992, en la que murieron los uniformados ya mencionados (fol. 220/221 C.1). Dentro del radicado 3502 se advierten las siguientes actuaciones: El 24 de septiembre de 1992 la Fiscalía Regional dispuso la apertura de investigación previa (fol. 52 C. 2) y el 4 de febrero de 1993 abrió investigación por el delito de rebelión y dispuso la captura de Rene Figueroa Melgarejo (fol. 100 C.2). Con resolución del 27 de septiembre de 1993 fueron declarados personas ausentes René Figueroa Melgarejo y Alberto Forero Escobar (fol. 140 C.2) y el 18 de mayo del 94 se les resolvió la situación jurídica absteniéndose de proferir medida de aseguramiento (fol. 217 C.2). En el folio 283 (C.2), obra constancia secretarial del 29 de junio de 1994, sobre la remisión del expediente radicado bajo el número 4736 (sic), debe entenderse 4376, para que haga parte de la actuación 3502, conforme a lo dispuesto en resolución del 18 de mayo del 94. El 21 de noviembre de 1994 fue vinculado mediante declaratoria de persona ausente Emiro del Carmen Ropero por los delitos de rebelión en concurso con el de secuestro (fol. 235 C.3). En enero 17 de 1995 la Fiscalía Regional declaró personas ausentes a Emiro del Carmen Ropero Suárez y a Luis Fernando Páez Sepúlveda (fol. 246 C.3) y en la

misma fecha, la jefe de la secretaría común de dicha regional, les designó defensor de oficio, quien tomó posesión ante la misma servidora (fols. 257/ 258 C .3). 5 Con providencia del 17 de febrero del mismo, se resolvió la situación jurídica de Emiro del Carmen Ropero Suárez y Luis Fernando Páez Sepúlveda, a este último se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de secuestro y rebelión (fols. 301/308 C.3). El 20 de febrero DEL 95 fue notificada personalmente la decisión al Procurador Judicial (fol. 347 C .3) y el 24 del mismo mes y año se notificó por estado (fol. 348 C.3). El 24 de mayo de 1995, la Fiscalía Regional declaró cerrada la fase instructiva, decisión que fue notificada personalmente al representante del ministerio público, quien presentó alegatos de conclusión. El 19 de julio del mismo año, profirió resolución de acusación en contra de Emiro del Carmen Ropero Suárez, alias “Rubén Zamora” como autor intelectual del concurso de delitos de rebelión, secuestro, homicidio con fines terroristas, lesiones personales con fines terroristas y hurto agravado y calificado. Igualmente acusó a Luis Fernando Páez Sepúlveda como coautor de los delitos de secuestro y rebelión. En la misma decisión se precluyó investigación a favor de René Figueroa Melgarejo y Alberto Forero Escobar (fols. 432/443 C.3). De la providencia se notificó personalmente el representante del ministerio público (fol. 450 C.3) y los defensores de los procesados (fols. 445 y 457 C.3).

El 6 de septiembre del 95 la unidad regional de policía Judicial del DAS, seccional Norte de Santander, informó, en cuanto a la captura de Fernando Páez Sepúlveda, que había enviado circular al país y a los puestos operativos con el objeto de lograr la captura del antes mencionado y que se habían realizado indagaciones en diferentes sectores de la ciudad con resultados negativos (fol. 454 C.3). 6 Le correspondió conocer de la causa radicada bajo el No. 1421 al Juzgado Regional de Cúcuta, despacho que el 3 de octubre de 1995 abrió juicio a pruebas por el término de 20 días, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Decreto 2790 de 1990, adoptado como legislación permanente por el decreto 2271 de 1991, etapa en la que ningún sujeto procesal hizo petición alguna (fol. 463 C.3). El 6 de marzo de 1996 se citó para sentencia y en consecuencia se dejó el expediente a disposición de las partes por el término común de 8 días para presentar alegaciones finales (fol. 471 C.3). Como quiera que vencido el mismo el defensor de los procesados no presentó alegatos, el 18 de abril del 96, el Juez Regional lo relevó del cargo y en su lugar designó abogado de oficio, a quien una vez posesionado le corrió el traslado del artículo 46 del citado decreto, término durante el cual presentó escrito de alegación (fol. 490, 492, 493 C.3). El 6 de julio del 99 el Juzgado Único Especializado de Cúcuta remitió la causa

1421 al Juez del Circuito Especializado de Cúcuta, de conformidad con lo previsto en la ley 504 del 99 (fol. 508 C.3), éste despacho judicial, el 18 de agosto de 1999, decretó la acumulación de la causa 124-99 adelantada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad, contra Fernando Páez Sepúlveda por el delito de Rebelión con la seguida por ese juzgado contra el antes mencionado, por los delitos de rebelión y secuestro de agentes de la policía Nacional (fols. 7 y 8 C.4). El 13 de agosto del 99 el procesado Páez Sepúlveda, quien fue privado de la libertad en la sala de detenidos del DAS, le otorgó poder al doctor Juvenal Valero Bencardino (fol. 10 C .4), quien el 30 de agosto interpuso reposición y en subsidio apelación en contra de la resolución que dispuso la acumulación de causas (fol. 20 C.4). Negada la reposición, el Tribunal del Distrito Judicial de Cúcuta al conocer de la apelación, confirmó la decisión (fols. 7 al 15 C. 11 Tribunal). 7 Con resolución de octubre 12 del 99 el Juzgado único Penal del Circuito Especializado de Cúcuta se pronunció sobre la solicitud realizada por la defensa de Luis Fernando Páez Sepúlveda en el sentido de escucharlo en indagatoria (fols. 57/59 C.4) El 15 de agosto de 2000 el defensor solicitó la libertad provisional de Páez Sepúlveda, de conformidad con lo previsto en la causal 5ª del artículo 415 del

C.P.P., la misma fue negada por el Juez el 16 de agosto del mismo año (fol. 173 C.4), razón por la que se interpuso recurso de apelación (fol. 210 C.4). La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Cúcuta el 19 de abril de 2001 (fol. 47 C. Tribunal). El 22 de agosto de 2000 el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cúcuta avocó el conocimiento de la actuación procedente del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cúcuta (fol. 175 C.4). En sentencia del 25 de octubre de 2000 el mencionado Juzgado condenó a Emiro del Carmen Ropero Suárez, alias Rubén Zamora a la pena principal de 40 años de prisión como responsable de los delitos de homicidio y lesiones personales con fines terroristas, secuestro agravado, rebelión y hurto calificado y agravado. Condenó igualmente a Luis Fernando Páez Sepúlveda, alias Libardo, a la pena principal de 23 años de prisión como responsable de secuestro agravado y rebelión. Los condenó además, a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 10 años (fols. 213/229 C.4). El 7 de mayo de 2001 el Tribunal Superior de Cúcuta, dispuso requerir al procesado Páez Sepúlveda para efectos de que designara defensor (fol. 69 C. Tribunal). 8 En el folio 112 obra poder otorgado por el procesado Páez Sepúlveda a la doctora Melba Nury López Rodríguez, quien fue reconocida como tal el 27 de septiembre

de 2001 (fol. 114 C. Tribunal). Ante nuevo poder otorgado por el procesado el Tribunal reconoció personería a defensora pública el 19 de octubre del mismo año (fol. 125 C. Tribunal). El 19 de noviembre del 2001 el Tribunal reconoció como defensor del procesado al doctor Juvenal Valero Bencardino (fol. 146 C. Tribunal). El fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Cúcuta el 22 de enero de 2003, con la precisión de no ser autor sino cómplice del delito de secuestro agravado, modificándole la pena principal en virtud de lo cual le impuso trece años de prisión. En la misma decisión declaró prescrita la acción penal en favor de Luis Fernando Páez Sepúlveda por el delito de rebelión (fols. 184/197 C. Tribunal). El 7 de octubre de 2003 el Tribunal de Cúcuta se pronunció sobre la solicitud realizada por el defensor de Páez Sepúlveda y corrigió el error aritmético en el sentido de imponerle 11 años de prisión como pena principal, en cambio de los 13 años inicialmente deducidos (fol. 269 C. Tribunal). 3.- DEMANDA. 3.1.- Primer cargo. Nulidad. 9 El censor demanda la nulidad de la actuación por considerar vulnerado el derecho de defensa de Paez Sepúlveda, al haberse dispuesto su vinculación sin antes buscarlo a fin de que ejerciera el mencionado derecho, con lo que resulta ineficaz el edicto emplazatorio ante la falta de diligencia de las autoridades para enterar al procesado de la investigación adelantada en su contra, razón por la cual solicita se

decrete nulidad del proceso desde la resolución que declaró persona ausente a Luis Fernando Páez Sepúlveda, por haber sido proferida por funcionario inidóneo de la Fiscalía Regional, al igual que la que designó el defensor de oficio y la que lo posesionó. Como consecuencia de ello solicita se anule parcialmente la actuación en lo relacionado con la providencia que resolvió la situación jurídica, la de cierre de investigación, la resolución de acusación y los fallos de primera y segunda instancia. Que por lo anterior el edicto no cumple con los requerimientos legales toda vez que no se dictó la resolución de dicha declaratoria por parte del Fiscal, ni se le designó defensor de oficio, ni se le posesionó para que cumpliera con su función, adicionalmente a que no se le envió edicto al lugar de residencia o domicilio. Afirma que se intentó fijar edicto de Emiro del Carmen Ropero Suárez en las alcaldías de Ocaña y Hacarí, pero no el relacionado con su defendido, pues en Bucarasica, lugar de su domicilio, no se fijó el edicto, ni se envió orden de captura, para que al menos su familia conociera de este requerimiento Sostiene que el 17 de enero de 1995 fueron declarados ausentes Ropero y Páez y en virtud de ello se procedió a emplazarlos sin advertir la ineficacia de las diligencias adelantadas, adicionalmente a que el secretario común de la Fiscalía Regional asumió la función de fiscal al designar defensor de oficio. Por esta razón considera que todas las actuaciones anteriores a la definición de situación jurídica 10 son nulas, si se tiene en cuenta que para la época en que se le vinculó existía

legislación especial al respecto. El recurrente, con apoyo en pronunciamiento hecho por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional, en el que se discurrió sobre la vinculación ilegal de una procesada, por desconocimiento de lo previsto en el artículo 3º del decreto extraordinario 2271, señaló que el expediente demuestra que no hubo actuación de los organismos del Estado para buscar a Páez Sepúlveda, ni tampoco aparece fijado edicto en Bucarasica, lugar de su residencia, como lo disponía la Ley, razón por la cual se vulneró el derecho de defensa, de consagración constitucional y legal. Que además la Fiscalía dictó medida de aseguramiento trascurrido más de un mes de la designación y posesión irregular del defensor. Señala que la actuación está viciada parcialmente de nulidad desde la resolución que declaró persona ausente a su defendido, que incluye la providencia que resolvió la situación jurídica, la clausura de investigación, la resolución de acusación y las sentencias de primera y segunda instancia. Considera desconocidos los artículos 352, 378, 385 y concordantes del decreto 2700 del 91, que regulaban lo relacionado con el edicto emplazatorio y la declaratoria de persona ausente, al igual que el artículo 3º del Decreto 2271 de 1991. Por lo anterior solicita se nulite la actuación desde la declaratoria de persona ausente de su defendido. 3.2.- Segundo cargo subsidiario. 11 Con fundamento en la causal tercera del artículo 207 del C. P.P., demanda la nulidad de la actuación por haberse vulnerado el derecho de defensa técnica del procesado Páez Sepúlveda, dada la absoluta inactividad del defensor de oficio

designado, tanto para él como para otro procesado. Sostiene que el defensor de oficio, irregularmente designado por la secretaría de las Fiscalías Regionales y posesionado por un técnico judicial, nada hizo a favor del procesado Luis Fernando Páez, pues no presentó escrito previo a la definición de situación jurídica, no se notificó de la providencia que dispuso el cierre de investigación, no presentó alegatos precalificatorios del sumario, no se notificó oportunamente de la resolución de acusación, no impugno dicha providencia. No solicitó pruebas, ni nulidades en la etapa de juicio. No presentó alegato previo a la sentencia de primera instancia. Que lo anterior fue tan evidente que el juez se vio en la necesidad de disponer investigación disciplinaria en su contra y relevarlo del cargo, lugar en el cual nombró a otro que presentó un corto e infundado alegato previo a la sentencia de primera instancia, el cual carece de relevancia jurídica, por no tener connotación defensiva. Por lo anterior solicita la nulidad del proceso desde el cierre de investigación a fin de que se realice una efectiva defensa técnica, petición que sustenta en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Insiste en que el defensor de oficio no hizo nada por establecer la inocencia de su defendido, pues no solicitó pruebas tendientes a demostrar su inocencia a probar su ingreso violento a la guerrilla, no solicitó nulidad del emplazamiento, no cuestionó la falta de comunicación de la apertura del sumario, no presentó ni un 12 solo alegato, lo que vulneró íntegramente el derecho de defensa, tal como lo ha

reconocido la Corte Constitucional en sentencia a que alude con la trascripción de algunos apartes. Que la actitud asumida por el defensor no puede considerarse como una táctica defensiva. Por lo anterior solicita se case la sentencia y se decrete la nulidad parcial de lo actuado desde la resolución que clausuró el ciclo investigativo. 3.3. Tercer cargo subsidiario. Demanda la nulidad de la actuación por estimar que se desconoció el derecho de contradicción en la etapa previa a la sentencia en razón a que el fiscal, que fungía como sujeto procesal, no presentó los alegatos de conclusión, con lo que impidió la confrontación adversarial, socavó el debido proceso, dejando el juicio viciado de nulidad. Por lo anterior solicita se case la sentencia y se anule parcialmente el proceso desde el auto de citación para sentencia emitido por el Juez Regional y se reponga la actuación con el fin de adelantar un verdadero debate adversarial. Sostiene que conforme a la ley vigente en ese entonces, se debía correr traslado inicialmente al fiscal instructor para que presentara los correspondientes alegatos previos a la sentencia y posteriormente al defensor para los mismos efectos, siendo obligatoria la presentación de dichos alegatos. 13 Que pese a lo anterior, el Fiscal no alegó dentro de dicho lapso en el expediente radicado bajo el No. 012/99, obligación que debía cumplir para el ejercicio del derecho de contradicción. Destaca el censor, que el 6 de marzo de 1996 el juez regional profirió auto citando para audiencia y corrió el respectivo traslado al Fiscal, decisión de la que fueron

notificados tanto éste como el ministerio público, alegando solo el último de los mencionados. Sustenta su argumento tanto en jurisprudencia del Tribunal Nacional como de la Corte Suprema de Justicia y concluye solicitando la nulidad de la actuación desde el auto que citó para sentencia por considerar que se afectó el debido proceso al no haber presentado el fiscal alegatos de conclusión, lo que impidió la debida controversia, a lo que se suma la inactividad del inicial defensor de oficio y el infundado alegato que presentó el posteriormente designado. Sostiene que se debe reponer la actuación a fin de que se realice un efectivo juicio oral y se dicte una nueva sentencia, pues en su momento no se presentaron lo argumentos de acusación y defensa, lo que resulta trascendente dentro de un proceso que se reputa acusatorio como el nuestro. Asegura que no comparte lo afirmado por la segunda instancia cuando se refirió al presunto debate oral en razón a que este no existió. Estima vulnerado el decreto 2700 del 91, vigente para la época en que se adelantó la causa, especialmente en lo atinente a las normas que regulaban dicho juicio; el artículo 46 del decreto 2790 de 1990 modificado por el decreto 99 de 1991 artículo 1º. 14 3.4. Cuarto cargo subsidiario. Nulidad. Al amparo de la causal tercera del artículo 207 del C.P.P., demanda la nulidad de la sentencia de segunda instancia por considerar que el fallador incurrió en una motivación deficiente en torno a la dosimetría punitiva, a la no reducción de la multa y/o de la indemnización y a la falta de respuesta a motivos fundados de la

apelación, lo que constituye irregularidad sustancial que viola el debido proceso, razón por lo que solicita se disponga reponer la sentencia a fin de que se pronuncie debidamente sobre los aspectos señalados. Destaca que en el fallo se indica que: “… contra PAEZ SEPULVEDA, solo obran circunstancias de atenuación, por carecer de antecedentes y el haberse presentado voluntariamente a las autoridades, no debemos ubicar dentro del cuarto mínimo, es decir, que se le impondrá una pena de 132 meses de prisión, que equivale a trece (13) años” (sic). Afirma que no se indica por qué se le aumentan mas meses a la base de la dosimetría punitiva, que es de 120 meses, lo que constituye grave irregularidad que socava la debida redacción de la sentencia. Sostiene que al procesado se le imponen 132 meses de prisión que se indica corresponden a 13 años de prisión, pese a que matemáticamente equivalen en a 11 años de prisión, lo que constituye un error aritmético del Tribunal Superior de Cúcuta. Que adicionalmente no se fundamentó la razón por la cual se le aumentó a la base dosimétrica de 120 meses, otros 12 meses mas, pues no se refieren circunstancias de agravación que la motiven, por el contrario, en la página 11 del fallo solo se refieren circunstancias de menor punibilidad. 15 Luego de transcribir alguna jurisprudencia sobre el tema, señala que resultaba mejor aplicar el sistema de individualización de la pena vigente para la época de los hechos por cuanto ahí se indicaba que procedía el cuantun mínimo cuando

aparecieren a favor del encartado circunstancias de atenuación como ocurre en este caso. Destaca que si la primera instancia condenó a su defendido a 20 años de prisión como autor del delito de secuestro extorsivo y el Tribunal le redujo el grado de participación al de cómplice, se debía reducir la pena a la mitad, o sea, a 10 años de prisión. Que diciente de los argumentos del Tribunal cuando señaló que no entronizaba en el estudio de la multa por respeto a la no reformatio in pejes y opta por no rebajar la multa pese a que redujo la pena de prisión, pues se debió rebajar en la misma proporción la multa tal como lo dispone el artículo 204 del C. de P. Penal al definir la competencia del superior y señalar que “En la apelación ,la decisión del superior se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impungnación”. Por lo anterior considera que si uno de los fundamentos de la alzada era la admisión del grado de complicidad con la consecuente rebaja de pena, era inescindible la rebaja de la multa. Estima que como no se motivó adecuadamente la decisión de no modificar la multa, se debe anular la sentencia para que se sustente la dosimetría punitiva, que se debe hacer extensiva a la indemnización de perjuicios. 16 Señala finalmente que la segunda instancia no dio respuesta a varios de los argumentos de apelación como fue el relacionado con la vinculación por edicto y la declaratoria de persona ausente de Páez Sepúlveda, el de la falta de alegación del

fiscal, previa a la sentencia. Considera vulnerados los artículos 1707 del C.P.P. y normas concordantes del C. Penal como lo son los artículos 51 y 97, razón por la que reitera su solicitud de nulidad. 4.- CONCEPTO. 4.1. Primer cargo. Nulidad. El impugnante reclama la invalidación de lo actuado por considerar vulnerado el derecho de defensa de Paez Sepúlveda, al haberse dispuesto su vinculación sin antes buscarlo para permitirle que ejerciera ese derecho. Por lo anterior estima ineficaz el edicto emplazatorio ante la falta de diligencia de las autoridades para enterar al procesado de la investigación razón por la que solicita se decrete la nulidad del proceso desde la declaratoria de persona ausente de Luis Fernando Páez Sepúlveda, decisión que además fue emitida por funcionario inidóneo de la Fiscalía Regional, al igual que la designación y posesión del defensor de oficio. Que adicionalmente se anule de manera parcial la actuación en lo relacionado con la providencia que resolvió la situación jurídica, la de cierre de investigación, la resolución de acusación y los fallos de primera y segunda instancia. 17 Efectivamente como lo anota el censor entratándose de procesos adelantados por los jueces de orden público el procedimiento debía rituarse bajo los lineamientos del decreto 2790 de 1990, erigido como legislación permanente por el decreto 2271 del 91 en su artículo 3º, disposiciones entre las que adoptó el artículo 34 que en su inciso 2º definía los términos en que debía realizarse la vinculación de un

procesado como persona ausente que a la letra señalaba: “Cuando considere pertinente proceder a la vinculación, librará orden de captura, y si pasados ocho (8) días de su comunicación ésta no se ha logrado, emplazará por medio de edicto que permanecerá fijado por tres días en lugar visible de la sección jurisdiccional. Si la comisión de los hechos se hubiere llevado a cabo en otra localidad, se remitirá además un ejemplar del edicto para que sea colocado en lugar visible de la alcaldía por el mismo lapso. Copia del edicto con constancias de secretaría sobre fijación y desfijación, así como de su remisión si fuere el caso, se agregarán al expediente.” “Transcurridos tres (3) días después de la desfijación del edicto en la sección jurisdiccional, si el imputado no hubiere comparecido, el juez le declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio con quien continuará el proceso hasta su terminación, sin perjuicio de la facultad que tiene el procesado para nombrarlo”. Debe precisarse que de acuerdo a lo demostrado en el proceso el ataque a la patrulla de la policía se sucedió el día 9 de julio de 1992 en el sitio el Espejo, jurisdicción de Aspasica, municipio de Hacarí, Norte de Santander (fol. 91/92 C .1). Atendiendo a lo previsto en la normatividad trascrita se observa que el Técnico Judicial de la Fiscalía Regional el 20 de septiembre de 1993 dejó constancia de las ordenes de captura libradas, entre otros, en contra de Luis Fernando Páez Sepúlveda ante la SIJIN de Ocaña, DAS y seccional de Fiscalías de Cúcuta

18 (fol.101 C.1), por cuyos resultados indagó el Fiscal regional el 24 de enero de 1994 (fol. 172 C.1). Como no se logró la captura del antes mencionado, el 18 de marzo del mismo año, el Fiscal regional ordenó el emplazamiento, entre otros, de Páez Sepúlveda, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto 2790, razón por la cual el 29 de marzo del 94 se fijó edicto emplazatorio en la sede de la Fiscalía regional de Cúcuta. (fols. 177 y 180 C.1). y adicionalmente, mediante oficio 5622 del 28 de marzo de 1994, se remitió copia de los edictos a la alcaldía Municipal de Ocaña (Norte de Santander) a fin de que fueran fijados en lugar público y visible por el término legal (fol. 181 C.1). El mencionado Despacho municipal retornó los mismos el 9 de abril del citado año, con las respectivas constancias de fijación y desfijación (fol. 182 C.1). Como quiera que la norma demandaba la fijación del edicto en lugar visible de la sección jurisdiccional y si los hechos se habían realizado en otra localidad se debía remitir un ejemplar para que fuera fijado en la alcaldía del lugar, considera la Delegada, que el funcionario judicial dio cumplimiento a dicha normatividad y por ello no se advierte, en este trámite, vicio alguno que nulite la actuación en razón a que, en primer término, se libraron ordenes de captura con el fin de lograr la

aprehensión del procesado y en segundo lugar se fijó edicto emplazatorio tanto