PGN - DERECHO DE DEFENSA TECNICA No es aplicable en la etapa preliminar antes de que sea o

Señores MAGISTRADOS DE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala de Casación PenalMagistrado Ponente: Dr. JORGE ENRIQUE CORDOBA POVEDA

E. S. D.

Ref.: Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz, por el delito de Violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.

Rad. No. 16.408

Señores Magistrados: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en sentencia de marzo veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y nueve (1999), revocó la decisión absolutoria de primera instancia proferida en junio 17 de 1998 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barrancabermeja, y en su lugar, profirió sentencia condenatoria contra Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz, al hallarlos penalmente responsables del delito de Violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades en calidad de autores; razón por la cual les impuso la pena cuatro (4) años de prisión, multa de 10 salarios mínimos legales mensuales, las accesorias de pérdida del empleo público u oficial que desempeñaron, interdicción de derechos y funciones públicas por tiempo igual al de la pena principal, y les negó el subrogado de la condena de ejecución condicional.

Los defensores de confianza de los intereses de los condenados presentaron demandas de casación, que fueron declaradas ajustadas a las prescripciones legales por parte de la Corte Suprema, y en ese orden, resulta pertinente que la Procuraduría Delegada emita concepto sobre su viabilidad.

Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408

1. HECHOS El Tribunal da cuenta de ellos, de la siguiente manera: "En el mes de marzo de 1995, el Hospital San Rafael de Barrancabermeja, cuyo gerente era por aquella época el doctor Armando Adolfo Segura Evan, adelantó proceso licitatorio número 001 con el objeto de aplicar caudales provenientes del Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Fonsat, a la adquisición de equipos médicos para atender servicios de urgencia, en desarrollo del convenio administrativo de fideicomiso número 1195-81-94 celebrado con la Fiduciaria La Previsora S.A., licitación que culminó con la adjudicación del 62% del contrato da la Comercializadora Técnica de Barrancabermeja, 'Colteba Ltda.', cuyo copropietario y gerente, por tanto su representante legal, era el ingeniero Jorge Antonio Moncada Ruiz, quien también ostentaba la calidad de servidor público por su vinculación con Ecopetrol, como Coordinador de Seguridad Industrial (fl. 23).

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades (fls. 1 / 1 y 25), y una Unidad Especial de Fiscales conformada para el caso, adelantó el respectivo proceso, a raíz de la resolución de apertura de instrucción (fl. 27) contra los mencionados profesionales, por violación al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades descrito en el art. 144 del C.P., modificado por el art. 57 de la Ley 80/93, Capítulo IV, de la

Celebración indebida de contratos, Título III, Delitos contra la Administración pública" (Páginas 10 y 11 del fallo).

2. SINOPSIS PROCESAL Con base en la denuncia penal formulada el 24 de mayo de 1996 por la ciudadana Elizabeth Dávila Marconi (fls. 1 - 3), la Fiscalía Séptima de la Unidad Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja, dispuso iniciar la investigación previa el 29 de mayo siguiente, tendente a verificar la

2 Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408 procedencia de iniciar formalmente el proceso, como lo estipula el artículo 319 del C. de P.P.; para ello ordenó verificar con la empresa Ecopetrol si Jorge Moncada Ruiz tenía vínculo laboral, y con el Hospital San Rafael, la celebración del contrato materia de denuncia (fl. 5); el 29 de julio de 1996 la Fiscalía Séptima delegada ante los Jueces del Circuito dispuso abrir la investigación penal (art. 334), escuchó en indagatoria a Armando Adolfo Segura Evan (fls. 1 / 74 - 82), y a Jorge Antonio Moncada (fls. 1 / 92 - 95; ampliaciones 2 / 117122; 4 / 235, 236). El 20 de diciembre de 1996 les definió situación jurídica en el sentido de decretar medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, que sustituyó por detención domiciliaria a favor de Segura Evan, mientras que a Jorge Moncada le fue concedida la libertad provisional (fl 1 / 311 - 327).

La investigación fue cerrada el 19 de marzo de 1997 (fl 3 / 242), y el 25 de abril siguiente se calificó su mérito con resolución acusatoria contra ambos implicados, por el delito de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades descrito en el art. 144 del Código Penal, modificado por la Ley 80 de 1993 (fls. 4 / 3 - 26). La fase del juicio correspondió adelantarla al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barrancabermeja (fl. 4 / 48), Despacho que profirió sentencia absolutoria el 17 de junio de 1998 (fls. 45 - 70), apelada tanto el Fiscal Delegado, como el Representante del Ministerio Público (fls. (5 / 76 - 89); como consecuencia de los recursos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 24 de marzo de 1999 revocó la absolución y en su lugar condenó (fls. 6 / 15 - 45).

3. DEMANDA 3.1. A favor de Jorge Antonio Moncada Ruiz El Defensor contractual de sus intereses presenta tres reparos contra la

sentencia:

3 Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408 3.1.1. Nulidad por violación del derecho de defensa (art. 220 núm. 3 del C. de P.P.) El tema que presenta en el desarrollo de esta censura, se centra en afirmar que la Fiscalía desconoció el derecho de defensa del sentenciado, porque omitió dar cumplimiento al mandato previsto en el artículo 81 de la Ley 190 de 1995,

que obliga al funcionario de instrucción a comunicar el inicio de cualquier actuación penal al imputado, para garantizar la defensa desde la fase previa de la investigación penal. Sostiene el Censor que, desde la misma denuncia de los hechos se individualizó a sus presuntos responsables, entre ellos a Jorge Moncada Ruiz, de manera tal que, cuando se abrió la investigación previa y se dispuso la práctica de algunas pruebas (fl. 1 / 5), no se comunicó tal como lo ordena el art. 81 de la Ley 190 de 1995, omisión que perdura durante los dos meses de investigación previa, donde se practicaron múltiples pruebas testimoniales, hasta el 29 de julio de 1996, cuando abrió investigación formal y se cumplió el requisito de la comunicación que, hasta ese momento se hecha de menos. Es decir que, a pesar de estar individualizado el imputado Moncada Ruiz como posible autor del delito, la fase previa de la investigación se adelantó sin permitírsele el derecho de controversia, cuando era evidente que se tenía conocimiento de su lugar de trabajo y su localización era fácil. De manera que, en la fase previa de la instrucción se violaron garantías defensivas intangibles, permanentes, irrenunciables y no convalidables, como lo es el derecho de defensa del imputado -asimilable a los derechos de la personalidad-, consagrado principalmente en el artículo 29 de la Constitución Política, y en los Tratados internacionales, como lo es el derecho de contradicción; esa inobservancia de la comunicación al procesado, deslegitima la potestad punitiva del Estado. El demandante, para respaldar el cargo se apoya en la Jurisprudencia de la

Corte constitucional - sentencia C-475 de 1997, donde sostiene entre otras cosas: 4 Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408 "…El derecho a la presunción de inocencia, que acompaña a toda persona hasta el momento en que se le condene en virtud de una sentencia en firme, se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que esta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa conociendo y presentando las pruebas respectivas. En suma, resulta violatorio del debido proceso convocar a un sujeto para que rinda versión preliminar o declaración indagatoria cuando la actividad inquisitiva del Estado se ha postergado hasta conseguir un cúmulo tal de elementos probatorios que hagan imposible o particularmente ardua la defensa. En estas condiciones puede afirmarse que el Estado debe permitir que el sujeto investigado rinda versión libre o indagatoria, tan pronto resulte posible formular en su contra una imputación penal". En conclusión, la no-comunicación de la existencia de la investigación previa al imputado conocido Jorge Moncada Ruiz, quien estaba plenamente individualizado desde la denuncia, es omisión que, en criterio del recurrente, constituye clara violación al derecho de defensa, no es convalidable, y por ello la

H. Corte debe casar el fallo, y declarar la nulidad a partir de la apertura de la investigación previa, en procura de que se respeten los derechos constitucionales del sentenciado. 3.1.2. Violación directa de la ley sustantiva por aplicación indebida de los

artículos 56 de la Ley 80 de 1993, 23 y 144 del Código Penal de 1980, y falta de aplicación de los artículos 1,2,3 y 7 del mismo código En consideración del recurrente, encontró demostrado el sentenciador, que el servidor público de Ecopetrol violó el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, al contratar el suministro de implementos médicos con una entidad estatal, a través de la empresa 'Colteba Ltda.', de la que era su representante legal; sin embargo, para poder aplicar a Moncada Ruiz el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, la Sala le atribuye simultáneamente la calidad de particular. Es decir, mediante una 'sutil argumentación' el Tribunal le hace 5 Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408 detentar, a un mimo tiempo, la doble calidad de particular y de servidor público, que son excluyentes; sostiene el Tribunal que 'al contratar con el Estado a través de una persona jurídica, incurre en inhabilidad por ser servidor público', y al mismo tiempo sostiene del sentenciado, que debe considerase 'no como servidor público propiamente dicho, sino como particular que cumple funciones públicas para efecto de la contratación'. El artículo 56 de la Ley 80 de 1993, esta referido solamente a particulares, y no a servidores públicos, mientras que, el fallo demuestra que Moncada Ruiz, al momento de la contratación, era servidor público, y por ese motivo se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado, por sí mismo o a través de otra persona. También da por demostrado el Tribunal que el sentenciado actuó

como representante legal del contratista 'Colteba Ltda.', que es una persona jurídica; de manera que, en él concurre inhabilidad. A juicio del demandante, el fallo adolece de una contradicción argumentativa, en tanto que algo no puede ser, y no ser, simultáneamente. O Jorge Moncada Ruiz era servidor público, o no lo era. Si era servidor público, como lo admite el Tribunal -cuestión que es indiscutible-, era necesario determinar si su intervención en el contrato se realizó en ejercicio de sus funciones. Sólo en el caso de no ser servidor público podría entrar a evaluarse la viabilidad de aplicar el artículo 56 de la Ley 80 de 1993. La doble condición de servidor público y de particular, atribuida al sentenciado en un mismo contexto de acción, surge porque, se asimiló indebidamente a la persona jurídica contratante, con su representante legal, pero en este caso, la persona jurídica contratante 'Colteba Ltda.', actúa como persona jurídica particular, al margen de las calidades personales de su representante; de manera pues que, el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, no es predicable, ni de Moncada Ruiz, ni de Colteba: El primero, porque era servidor público al momento de ocurrencia de los hechos, la segunda, porque las personas jurídicas no son destinatarias de los tipos penales (Salvo las hipótesis de responsabilidad y cancelación de personerías jurídicas que preside la nueva reglamentación penal en Colombia). 6 Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408 Entonces, el fallo confunde la persona jurídica, con la persona natural, para

poder afirmar la calidad de autor en cabeza del sentenciado. En la legislación penal Colombiana existe un vacío, consistente en que no se puede asimilar la condición de persona jurídica, a la condición de las personas naturales que actúan por ella, como es el caso del representante legal, por expresa prohibición del artículo 7 del Código Penal. El artículo 144 del Código Penal, tampoco es aplicable, en la modalidad de autoría, a los servidores públicos que no intervienen en los contratos en ejercicio de sus funciones públicas; pues, la prohibición penal no consiste en intervenir en la aprobación, tramitación o celebración de un contrato estatal 'por fuera del ejercicio de sus funciones'; de forma tal que, las únicas dos hipótesis de autoría de esta conducta se presentan, cuando el servidor en ejercicio de sus funciones contrata, o bien, cuando el contratista, persona natural, es asimilado, para efectos penales, por razón de la contratación, a un servidor público en ejercicio de sus funciones. Como en el caso de Jorge Moncada Ruiz, no concurre ninguna de tales condiciones, no puede predicarse en él la autoría, porque no resulta expresamente destinatario del tipo. El Tribunal le atribuyó calidades de sujeto activo que no podía tener, por vía del artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que también fue aplicada de forma indebida; por tanto, si alguna responsabilidad penal ha de atribuírsele, no podría ser en calidad de autor, sino otra diferente forma de participación, que de todas maneras no le fue imputada en la acusación. En esas condiciones, como no se ha formulado acusación en ninguna otra forma de participación, el fallo debe ser casado por la H. Corte, y en su lugar,

absolver de responsabilidad penal al sentenciado. 3.2.3. Violación indirecta de la Ley sustantiva por errores de hecho por falso juicio de identidad y falsos juicios de existencia por omisión, que llevaron al fallador a no aplicar los artículos 40 y 5 del Código Penal, y el art. 247 del C. de P.P., y a aplicar en forma indebida el art. 144 del C.P. 7 Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408 Para fundamentar este reparo, se refiere el censor, en primer lugar, a la forma como el sentenciador 'dio por demostrado el dolo' en la conducta de Jorge Moncada Ruiz, y transcribe el siguiente aparte del fallo: "…sin causal de justificación y con culpabilidad a título de dolo, en el entendimiento, por una parte, de que los dos procesados son personas capaces de entender y comprender la licitud o la ilicitud de sus comportamientos y son capaces de determinarse de acuerdo a esa comprensión, el informativo no revela la presencia de elementos que interfieran en la formación de los procesos cognoscitivos, intelectivos o volitivos, y que generen trastorno mental o inmadurez psicológica, razón por la que como imputables deben responder al juicio de reproche formulado, y por otra, que con conocimiento y voluntad libre se propusieron el resultado ilícito y hacia el dirigieron su voluntad cuando hubieran podido tomar otras opciones". Con base en la indagatoria del procesado, en las constancias de vinculación con la empresa Ecopetrol, y los documentos pertenecientes al proceso licitatorio, el fallador fundamenta el actuar doloso, en la medida que, Moncada

Ruiz conocía de su condición de servidor público, de su impedimento para contratar, y, no obstante, constituyó una persona jurídica para que contratara con una entidad estatal, para ejecutar, de esa manera, la contratación en condición de particular, y como representante de una persona jurídica de derecho privado, como si con ello -argumenta la sentencia-, desapareciera la inhabilidad o incompatibilidad en la que se encontraba incurso. El fallador, en criterio del demandante, fundamenta el dolo en la conducta del sentenciado, a partir de varias consideraciones como fueron: ser licitante en el proceso abierto por el Hospital San Rafael, presentar documentos como oferente, suscribir el contrato con la manifestación expresada de no encontrarse incurso en incompatibilidad o inhabilidad; además del indicio de responsabilidad, que se construye a partir de la manifestación del procesado de 'desconocer que se encontraba incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar… ya que su condición de ingeniero y jefe de seguridad industrial de Ecopetrol, no le permitía tener un conocimiento preciso 8 Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408 de estos temas', que para el fallador no pasó de ser una estrategia defensiva desvirtuada. El juzgador construye la certeza de responsabilidad de Jorge Moncada, con base en el conocimiento que tenía de la legislación penal y administrativa que regula el tema de inhabilidades e incompatibilidades, pues, al contratar a través de una persona jurídica de derecho privado, evidencia que sí tenía conocimiento de la imposibilidad para hacerlo, dada su condición de servidor público.

Sin embargo, a juicio de la defensa, tal interpretación de la conducta dolosa es equivocada, toda vez que con esas pruebas se ha pretendido evidenciar el conocimiento y voluntad de Moncada Ruiz en la estructuración del punible, cuando, con un estudio más detenido de los elementos de la culpabilidad, y particularmente del dolo, ligados al material probatorio recaudado, se llega a una conclusión diferente: Para demostrar el error de hecho en la apreciación de la prueba del dolo, dice el censor, es necesario establecer el tratamiento que se debe dar a los casos de error de prohibición, como falta de conocimiento de la antijuridicidad, que determina la exclusión del dolo en la conducta del agente. La culpabilidad es entendida como la posibilidad de reprochar el hecho antijurídico a su autor, que puede darse a título de dolo, de culpa o de preterintención; a su turno, el dolo es sinónimo de intención o voluntad para realizar un comportamiento; jurídicamente es claro que la configuración del dolo exige conocimiento de los hechos y conocimiento, al menos potencial, de la antijuridicidad de la conducta, así como voluntad acorde con esa comprensión; de suerte que la prueba del dolo supone demostrar esos tres aspectos. La doctrina y la jurisprudencia reconocen que, el desconocimiento demostrado de los hechos, da lugar al error de tipo, y, de la antijuridicidad de la conducta, a error de prohibición. El recurrente cita al profesor Fernando Velázquez, quien sostiene que el error de prohibición puede ser directo, cuando el autor no conoce la norma 9 Casación de Armando Adolfo Segura Evan

y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408 prohibitiva, cuando la conoce pero la considera no aplicable al caso, o cuando interpreta equivocadamente la norma y la reputa no aplicable; e indirecto, cuando recae sobre una causal de justificación, y que también puede ser de tres clases: El agente se equivoca acerca de la existencia de una justificante, sobre los límites de la causal de justificación, o error sobre la concurrencia de circunstancias que, de darse, justificarían el hecho. De manera que, para actuar dolosamente, no basta con conocer objetivamente el contexto fáctico, sino que hace falta, además, saber o poder saber que su actuación se halla prohibida, es preciso conocer la antijuridicidad del hecho para configurar el dolo. "La falta de conocimiento de la antijuridicidad puede acaecer porque, el autor interpreta equivocadamente la norma y la reputa como no aplicable, es decir, que pese a conocer la situación o supuesto de hecho del injusto, no sabe que su actuación en concreto no esta permitida, por cuanto interpreta equivocadamente un elemento típico, y de esa manera, concluye que el delito no se realizará mediante su conducta". Error de prohibición en el caso concreto: Jorge Moncada Ruiz no interpretó los elementos de la descripción típica consagrados en el artículo 144 del Código Penal, a pesar de que era consciente de su calidad de servidor público y sabía que esa condición no le permitía contratar con entidades estatales, pues, creyó equivocadamente que podía contratar lícitamente con el Estado, siempre y cuando actuara como representante legal de una persona jurídica. En efecto,

en la indagatoria manifestó claramente que no contrató con el Hospital San Rafael como funcionario público de Ecopetrol, sino que lo hizo en condición de representante legal de la firma 'Colteba Ltda'. Esta argumentación permite sostener que el sentenciado 'no conocía con precisión la regulación referente al tema de inhabilidades e incompatibilidades y particularmente su alcance', por cuanto actuó convencido de la licitud de su actuación porque creyó que esa conducta no se enmarca en el ejercicio de sus funciones como servidor público. 10 Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408 Si el fallador ha pretendido endilgar responsabilidad penal, con fundamento en el conocimiento que el sindicado tenía de su condición de servidor público, y de su imposibilidad de contratar, por esta circunstancia, con el Estado, ese conocimiento ha sido mal interpretado, ya que la prueba no es demostrativa de que el sentenciado tenía conciencia de la antijuridicidad de su actuar; al contrario, una apreciación en 'sano sentido' de las pruebas, indica que Moncada Ruiz estaba convencido de que el ordenamiento jurídico aprobaba la conducta de contratar a través de 'Colteba Ltda'. El error de prohibición radica en que interpretó equivocadamente el artículo 144, por cuanto llegó a la conclusión de que, contratando en condición de representante legal de una persona jurídica, no realizaba la conducta descrita en el tipo. El fallador distorsionó el sentido de la prueba del dolo, por cuanto entendió la explicación del imputado en su indagatoria, como prueba de una actuación

dolosa, bajo el supuesto de que Moncada Ruiz conocía que, en su condición de servidor público, era ilícito contratar con entidades públicas, y por ello ejecutó esa conducta a través de una persona jurídica. Y argumenta que, por el mero hecho de que el representante legal haya '…manifestado que no tenía inhabilidades, porque así lo creyera, tampoco es cuestión que desvirtúe la violación '; sin embargo, a partir de la indagatoria de Moncada Ruiz, lo que se demuestra es que, él interpretó equivocadamente la norma, y la reputó no aplicable al caso concreto; es indiscutible que conocía la situación típica, conocía los hechos, pero le faltaba el conocimiento de la antijuridicidad, pues, creyó que su conducta no era delictiva. No basta que quien actúa típicamente, conozca la situación típica, sino que hace falta además, saber o poder saber, que su actuación esta prohibida. El mismo Tribunal de Bucaramanga en fallo de dic. 11 de 1997, entendió que no es suficiente que el sujeto activo tenga la calidad de servidor público, pues, es necesario que intervenga en ejercicio de sus funciones. En aquella ocasión sostuvo el Tribunal que, 'si falta la capacidad funcional para intervenir en el contrato, puede incurrir en cualquier otro delito o falta, mas no en violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades'. Ello significa que, la 11 Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408 interpretación judicial ha sido oscilante entre los mismos operadores de la

justicia, y permite afirmar que el ingeniero, no familiarizado con temas jurídicos, tampoco tiene herramientas jurídicas para comprender la ilicitud del hecho. De ahí que, no podía haber siquiera, conciencia potencial de la antijuridicidad, pues, la misma jurisprudencia citada le habría indicado que la interpretación que hizo al contratar como representante de una persona jurídica, era correcta. De suerte que el error de prohibición, en ese contexto, era insalvable, invencible; más aun, cuando, la lectura de la norma sugiere que el delito de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, sólo se configura con la concurrencia del elemento normativo 'en ejercicio de sus funciones'. Así, entonces, Jorge Moncada entendió que, 'solo en ejercicio de sus funciones como servidor público le estaba penalmente reprochado contratar con entidades estatales', y en ese convencimiento errado, de que, en condición de representante legal de una persona jurídica de derecho privado, si podía válidamente contratar con el Hospital San Rafael, fue como contrató, convencido de que no incurría en causal de inhabilidad e incompatibilidad censurable penalmente. Concluye el casacionista, que el fallador dio un alcance equivocado a diferentes medios de prueba, y concluyó erradamente que, estaba probado el dolo en el comportamiento del sentenciado, cuando, es evidente que Moncada Ruiz actuó en un error de prohibición que excluye la culpabilidad.

Errores de hecho:  En la apreciación de la indagatoria de Jorge Moncada Ruiz incurrió en error de hecho por falso juicio de identidad porque a partir de esa versión sólo se

puede establecer el conocimiento de los hechos, más no, el conocimiento de la antijuridicidad. El Tribunal estimó que por el hecho de que el procesado haya reconocido en su indagatoria, la condición de servidor público, y por haber expresado que contrató, no en esa condición, sino en calidad de representante legal de la firma Colteba Ltda., se demuestra que contrató a pesar del conocimiento de la 12 Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408 antijuridicidad de su conducta, de suerte que derivó el dolo de manera 'tajante'; pero la diligencia de indagatoria, concebida también como mecanismo de defensa, no implica que todo cuanto en ella diga el sindicado sea constitutivo de confesión, o del conocimiento de la antijuridicidad, como de manera equivocada, y dando un alcance distinto a la indagatoria, lo interpreta el Tribunal. Lo que se evidencia de la indagatoria es el hecho de la ignorancia o falta de conocimiento de la interpretación que posteriormente se le dio al artículo 144 del C. P., en concordancia con el art. 56 de la Ley 80 de 1993. Moncada Ruiz no pretendió reconocer su conocimiento de la ilicitud del comportamiento, de manera tal que no puede ser valorada su indagatoria como una confesión de su obrar ilícito, pues, lo que afirmó en la indagatoria fue la justificación del comportamiento que se le estaba atribuyendo; en ese orden, en ningún caso del tenor literal de la indagatoria se puede desprender el sentido que le ha otorgado el Tribunal.  Con relación a los documentos pertenecientes a la licitación y adjudicación

del contrato, también incurrió el Sentenciador en falso juicio de identidad, pues, si tales documentos se toman como hecho indicador de la conciencia de la antijuridicidad, entonces se tergiversa su sentido al construir una inferencia contraevidente. Para el fallador, la presentación de Jorge Moncada Ruiz como licitante dentro del contrato para el suministro de instrumental médico, la expresa manifestación de no encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades, y la adjudicación del contrato a la firma por él representada, constituyen prueba que permite demostrar el dolo en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La prueba revela inequívocamente que se celebró un contrato entre el Hospital San Rafael y la firma 'Colteba Ltda.', y que ese contrato se firmó con la participación de un servidor público como representante legal del contratista, sin embargo, es claro que de esa prueba documental no puede sostenerse que contiene una manifestación relativa a la conciencia de la antijuridicidad, porque ello se traduce en un falso juicio de identidad manifiesto. 13 Casación de Armando Adolfo Segura Evan y Jorge Antonio Moncada Ruiz. Rad. No. 16.408 Moncada Ruiz contrató 'bajo el erróneo convencimiento de que actuando como particular representante de una persona jurídica podía validamente contratar con la entidad estatal', y en ese entendimiento celebró el contrato; es decir, el imputado no tenía conocimiento de estar incurso en causal de impedimento, y a partir de tales presupuestos, el fallador no puede estructurar el conocimiento de la antijuridicidad.  La certificación que expide Ecopetrol también fue tergiversada en su

entendimiento por parte del fallador, pues, de ese medio probatorio se revela exclusivamente la condición de servidor público, más no, la conciencia de la antijuridicidad, ni por lo tanto el dolo. Allí se expresa únicamente que Jorge Antonio Moncada Ruiz es trabajador de la empresa desde enero de 1976, que tiene un vínculo laboral, más no que esa condición hace punible su intervención en la licitación pública, donde actuó como representante de una persona jurídica. De suerte que la interpretación es equivocada, al elaborar a partir de esa prueba que el imputado tenía conocimiento de la ilicitud de su conducta, pues, la mera vinculación laboral no es argumento suficiente para predicar que su conducta fue dolosa.  Sucede igual con la certificación de existencia y representación de 'Colteba Ltda.', donde el fallador incurrió en falso juicio de identidad, pues, de su tenor no se puede colegir la conciencia de la antijuridicidad del comportamiento, ni por tanto, el dolo. En efecto, lo que ese medio de convicción refleja, es que Colteba es una firma privada, cuyo representante legal es Jorge Moncada, quien tenía allí un porcentaje de capital, como socio, pero de ello no se evidencia un comportamiento doloso, es, simplemente, una certificación de existencia y representación expedida por la Cámara de Comercio, y nada más; se insiste, no puede predicarse a partir de ese medio de convicción, que el imputado conociera la antijuridicidad de su conducta, ni que conociera la inhabilidad en la que el representante se encontraba incurso, toda vez que, estaba plenamente

convencido de que al ser representante leg