PGN - DERECHO DE DEFENSA TECNICA Violación

Señores Magistrados:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Ponente: Dr. CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR

E. S. D.

Referencia: Radicación No. 17.232. Concepto sobre la demanda de casación presentada contra la sentencia del Tribunal de Cundinamarca en la cual se confirmó con modificaciones, la condena impuesta a HUGO MARTÍN SALINAS LEÓN y MARIO ALIRIO SÁNCHEZ ANTONIO por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y tentativa de hurto calificado y agravado.

En sentencia del 14 de mayo de 1999 el Juez Penal del Circuito de Ubaté (Cundinamarca) condenó a HUGO MARTÍN SALINAS LEÓN y a MARIO ALIRIO SÁNCHEZ ANTONIO a la pena principal de 45 años de prisión, al hallarlos coautores responsables de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y tentativa de hurto calificado agravado e igualmente, les impuso como sanción accesoria la de interdicción de derechos y funciones públicas por el máximo permitido legalmente. Asimismo, ordenó que los procesados pagaran 500 gramos oro por concepto de perjuicios morales y $1.000.000.oo para compensar los daños materiales. Finalmente, les negó la condena de ejecución condicional y a su vez dispuso la compulsación de copias para que se investigara a un tercero (JORGE CASTRO) en razón de su presunta participación en los hechos que concitan la

atención de esta Procuraduría Delegada. Apelada la sentencia, el 17 de noviembre de 1999 fue confirmada parcialmente por el Tribunal de Cundinamarca, toda vez que estimó que no resultaba procedente la condena por el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, pues esta conducta ya había sido objeto de juzgamiento. En 2 razón de lo anterior ajustó la pena a 44 años y 6 meses para ambos procesados. Cumplido lo anterior los defensores de los acusados presentaron sendas demandas de casación que fueron admitidas por la Sala Penal de la Corte, correspondiendo en consecuencia, a la Delegada emitir el concepto de rigor de conformidad con lo previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal (antes art. 226 ibídem).

1. HECHOS El 10 de septiembre de 1997 a eso de las 9:00 p.m., en el barrio San Francisco del municipio de Ubaté (Cundinamarca), JUAN MANUEL RODRÍGUEZ CASTILLO chocó el taxi de placa SND 310 contra un vehículo que estaba

estacionado en la calle 6ª frente al número 8-37, debido a que momentos antes había sido baleado por desconocidos que intentaron despojarlo de aquel rodante, luego de lo cual fue trasladado a un centro asistencial a donde llegó sin vida. Con ocasión de información recopilada por un miembro del Cuerpo Técnico de Investigación de la citada localidad, se conoció que al día siguiente del suceso antes mencionado fueron capturados HUGO MARTÍN SALINAS LEÓN y

MARIO ALIRIO SÁNCHEZ ANTONIO en el municipio de Zipaquirá, puesto que se habían apropiado del taxi de placa SEG 589, admitiendo el primero de ellos en su interrogatorio haber participado en los hechos donde perdiera la vida JUAN MANUEL RODRÍGUEZ CASTILLO, decomisándoseles igualmente un par de armas de fuego que cotejadas con los proyectiles extraídos del cuerpo de la víctima y del automotor de placa SND 310, permitieron establecer su univocidad.

2. ACTUACIÓN PROCESAL Por un informe del 5 de septiembre de 1997 proveniente del Cuerpo Técnico de Investigación apostado en Ubaté, se conoció de la muerte de JUAN MANUEL RODRÍGUEZ CASTILLO, señalándose en el documento a HUGO MARTÍN SALINAS LEÓN y a MARIO ALIRIO SÁNCHEZ ANTONIO como responsables de este ilícito, por lo tanto, al día siguiente se declaró la apertura de la instrucción en la Unidad de Fiscalías de esa población, providencia en la cual igualmente se dispuso la vinculación de los anteriormente mencionados, quienes fueron escuchados en indagatoria el 23 de septiembre siguiente (fls. 25 a 28 y 55 a 70 c. o.).

Oídos los descargos de los procesados, el 24 de octubre de 1997 se resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva por los 3 delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y tentativa de hurto calificado y agravado.

Practicadas algunas pruebas, el 12 de diciembre se clausuró la investigación, sobreviniendo la resolución de acusación el 19 de enero de 1998 proferida por las mismas infracciones que sirvieron para decretar la cautela (fls. 100 a 108, 152 y 158 a 167 c. o.). Asumido el conocimiento del proceso por el Juez Penal del Circuito de Ubaté, se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 446 del Decreto 2700 de 1991, y una vez concluido el término de traslado allí establecido, el 24 de marzo del mismo año se ordenaron algunas pruebas, luego de lo cual se evacuó la vista pública y se dictaron los fallos de primera y segunda instancia con las conclusiones que se reseñaron inicialmente (fls. 170 a 172, 241 a 245, 257 a 259, 302 a 350 c. o. y 66 a 83 c. ad quem).

3. RESUMEN DE LAS DEMANDAS Animada la defensa por la idea de que la sentencia se había proferido en un juicio viciado de nulidad, presentó sendas demandas de casación, conteniendo cada una un cargo que obviamente se perfiló al amparo de la causal tercera, cuyo contexto es el que seguidamente se destaca: 3.1. Demanda a nombre de HUGO MARTÍN SALINAS LEÓN 3.1.1. Cargo Único Invocando la causal tercera de casación la recurrente acusó la sentencia al entenderla proferida en un juicio viciado de nulidad, por violación del derecho de defensa del procesado ya que los abogados que lo asistieron escasamente se

limitaron a notificarse de algunas decisiones dentro del proceso, pero sin preocuparse por solicitar pruebas en su favor, tales como las declaraciones de las personas que citara el acusado SALINAS LEON en su indagatoria (ABRAHAN SALINAS, BERTHA INÉS LEÓN, MILTON LEÓN BENÍTEZ, JORGE ALBEIRO SALINAS y demás vecinos del encartado), con las cuales se habría demostrado que el enjuiciado estuvo en Chiquinquirá y no en Ubaté - lugar donde ocurrieron los hechos-; o sin que propiciaran el acogimiento del inculpado a los beneficios que concede la ley por confesión, colaboración eficaz o sentencia anticipada. Posteriormente la demandante invocó una definición sobre "abogado defensor" y a su vez evocó una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema para respaldar su postura respecto a la absoluta indefensión de su cliente en etapas fundamentales de la actuación (Sentencia del 23 de noviembre de 1995, M. P. Dr. RICARDO CALVETE RANGEL, Radicación No. 9.968), luego de lo cual sostuvo que los funcionarios judiciales encargados de la investigación, 4 desatendieron el principio de investigación integral previsto en el artículo 333 del Decreto 2700 de 1991. Igualmente adujo que uno de sus antecesores dejó vencer el término de traslado previsto para solicitar pruebas en la etapa de la causa, doliéndose a su vez de la inactividad del agente del Ministerio Público, de quien dijo, ignoró los deberes que le impone el artículo 277-1 de la Constitución Política.

Anotado lo anterior, la demandante solicitó la nulidad de lo actuado a partir de la resolución que decretó el cierre de la investigación, con el propósito de que en la Fiscalía se practicaran las pruebas que demostraran la inocencia del procesado, concluyendo su discurso con la mención de los artículos que estimó violados (29 y 277 de la Constitución Política y; 304-3, 305 y 333 del Decreto 2700 de 1991). 3.2. Demanda a nombre de MARIO ALIRIO SÁNCHEZ ANTONIO 3.2.1. Cargo Único Con sutiles diferencias frente a la demanda de casación anteriormente destacada, el apoderado de MARIO ALIRIO SÁNCHEZ ANTONIO, también acudió a la causal tercera, para denunciar que la sentencia que puso fin al proceso había sido proferida en un juicio viciado de nulidad, por vulneración del derecho fundamental a la defensa, en cuanto los abogados que asumieron su representación judicial se limitaron únicamente a notificarse de algunas providencias, sin desplegar actividad alguna en favor de su cliente. En idéntica postura a la asumida por su colega, adujo que los apoderados no patrocinaron el que el procesado se acogiera a los beneficios que por confesión, colaboración eficaz o sentencia anticipada establece la ley procesal penal, como tampoco propugnaron por la práctica de los testimonios de las personas que citara el encartado en sus distintas salidas procesales, elementos de juicio con los cuales se habría demostrado que su defendido se encontraba en el municipio de Chiquinquirá para el momento de los hechos.

En esta demanda al igual que en la anterior, se consignaron idénticas referencias etimológicas y jurisprudenciales en cuanto tiene que ver con la filosofía y la naturaleza de la figura del defensor, e igualmente se dolió el censor de que sus antecesores dejaron vencer el término que prevenía el artículo 446 del Decreto 2700 de 1991 sin solicitar la nulidad de lo actuado o la práctica de pruebas, tales como la declaración de MARITZA N. y LUZ VILLEGAS, o se hubieran ocupado de pedir los testimonios de las personas que referirían que el inculpado se encontraba observando un encuentro de fútbol transmitido por televisión en el momento del ilícito, esto es, el de su esposa ANA YANITH ARÉVALO ARÉVALO, el de un sobrino de aquel, y el de una inquilina que moraba en el segundo piso de la residencia del mismo. 5 También fueron comunes las críticas frente al desconocimiento del principio de investigación integral y la actuación del agente del Ministerio Público dentro del proceso. Por lo anterior, el demandante deprecó la nulidad de lo actuado desde el cierre de la investigación para que se practicaran las pruebas que demostraban la inocencia de su representado, señalando como normas violadas los artículos 29 y 277 de la Constitución Política y; 304-3, 305 y 333 del Decreto 2700 de 1991.

4. CONCEPTO DE LA DELEGADA 4.1. Demanda a nombre de HUGO MARTÍN SALINAS LEÓN 4.1.1. Cargo Único Siendo claro que la recurrente pretendió la nulidad de la actuación a partir del

cierre de la instrucción, basándose indistintamente para el efecto en el desconocimiento de la garantía del derecho de defensa en razón de la inactividad de sus colegas durante la etapa de la investigación y buena parte del juicio e igualmente, en la violación del principio de investigación integral, es preciso advertir desde ya que una alegación de este talante no se corresponde con los requerimientos técnicos en sede de recurso extraordinario pues contraría el principio de autonomía de los cargos, de conformidad con el cual cada hecho o circunstancia generadora de nulidad debe presentarse en forma independiente o autónoma, inconsistencia que se traduce en la falta de prosperidad del reproche, conclusión que por lo demás, viene a robustecerse con la ausencia de fundamento en relación con cada una de las críticas formuladas, como seguidamente se verá. En efecto, en cuanto hace a la censura fundada en la ausencia de actividad defensiva, corresponde señalar al actor con claridad y precisión, el momento mismo a partir del cual se ha menoscabado sustancialmente la garantía en cuestión -el que a decir por los argumentos de la demandante, se extendería a una porción procesal mayor a la sugerida (desde el cierre de la instrucción), pues anotó que el enjuiciado no contó con un apoderado efectivo durante la etapa de la investigacióny además, también debe indicar con la misma precisión cuales actuaciones o medios de prueba son los que se han dejado de realizar y que obligan a la inevitable repetición del proceso, pues sólo de ese modo se remediaría el perjuicio causado al derecho en mención, siendo del caso advertir igualmente, que en este punto (derecho de defensa), el vicio nace

de la incuria de los apoderados en tanto que en la violación del principio de investigación integral se reprocha la omisión del funcionario judicial. 6 En cuanto hace a la violación del principio de investigación integral indebidamente involucrado dentro del mismo cargo, corresponde también al interesado, indicar el momento a partir del cual se debe reponer la actuación para permitir la práctica de las pruebas trascendentales que se echan de menos y que restablecerían el equilibrio en la actuación, resultando del caso mencionar, que no sería perentorio retrotraer el trámite a la clausura de la investigación como lo pretende la defensa, pues los fines que pretende podrían lograrse satisfactoriamente durante la etapa del juicio concretamente con el aprovechamiento del traslado para la solicitud de práctica de pruebas. De otra parte, en este tipo de críticas relativas a la afectación del principio de investigación integral, lo que le corresponde demostrar al impugnante es la omisión o inactividad de los funcionarios judiciales frente a este imperativo y no la de los defensores. También conviene precisar que la violación del principio de investigación integral afecta directa y preponderantemente la noción de debido proceso, pues se está frente a la ausencia de una actividad propia de los funcionarios, esto es frente al incumplimiento de un presupuesto legal para la legitimidad del ejercicio del poder punitivo del Estado, al paso que la inactividad de los apoderados causa por excelencia un perjuicio al derecho de defensa, desde luego íntimamente vinculado con el debido proceso. No sobra advertir igualmente, que la objeción orientada a criticar la actuación del agente del Ministerio Público conforme a las previsiones del artículo 277-1

de la Constitución Política, se realizó de manera lánguida o en extremo precaria, por cuanto a la libelista le correspondía señalar en cargo separado, la trascendencia concreta que el presunto desconocimiento de los parámetros constitucionales que debieron orientar la actuación del representante de la sociedad, tuvo en la decisión con la cual se puso fin al proceso en las instancias, ejercicio que en manera alguna se verificó, pues escasamente se dejó enunciada aquella circunstancia. No obstante, recuérdese en este punto que la intervención del agente del Ministerio Público es facultativa, en cuanto obedece a un criterio de necesidad previamente establecido en la Constitución Nacional (art. 277-7 de la C. P.) y que para el ejercicio de su función goza de todas las facultades o prerrogativas de cualquier sujeto procesal, estando por ello en capacidad de solicitar las pruebas que estime pertinentes y de tomar partido por la condena o absolución del encausado, previa verificación del cumplimiento de las normas que orientan el debido proceso y los derechos y garantías del procesado. Estando claro entonces, que no resulta posible involucrar en un mismo reparo tanto la violación del derecho de defensa por la inactividad de los representantes de los implicados, como el desconocimiento del principio de investigación integral, igualmente corresponde señalar a esta Procuraduría Delegada que al margen de ésta grave inconsistencia técnica, se observa, en punto de la violación del derecho de defensa, que efectivamente los motivos esgrimidos para avalar tal postura tuvieron ocurrencia dentro del proceso, pero los mismos no tienen la trascendencia que predicó la demandante, pues a

pesar de las evidentes deficiencias en el ejercicio de la defensa técnica preponderantemente en la etapa del sumario - los letrados se limitaron a 7 notificarse de algunas decisiones; no formularon peticiones ni solicitaron pruebas en defensa de su cliente, específicamente aquellos testimonios que demostrarían la presencia del enjuiciado en un sitio diferente al de la ocurrencia de los hechos objeto de investigación (como los testimonios de ABRAHAN SALINAS, BERTHA INÉS LEÓN, MILTON LEÓN BENÍTEZ, JORGE ALBEIRO SALINAS y demás vecinos del encartado) -, resulta indubitable que con la mencionada inactividad no se quebrantó el núcleo esencial que inspira este instituto en el proceso penal. En efecto, en el presente caso las instituciones encargadas de la prestación del servicio de administración de justicia, garantizaron a los procesados su derecho inalienable a la defensa técnica y material y en este sentido contaron con la designación de un apoderado desde el momento de la indagatoria. Igualmente resulta incuestionable que por voluntad propia el defensor decidió marginarse durante el sumario de la intervención inherente al cumplimiento de las funciones que le son propias, limitándose a la notificación de las decisiones mas importantes o trascendentes, en actitud que no puede catalogarse indubitablemente como correspondiente a una estrategia desplegada en orden a la preservación o materialización de los derechos que le fueron confiados. Sin embargo, luego del reconocimiento de la anterior situación que implica para la Procuraduría Delegada, la admisión de deficiencias en el ejercicio de la defensa técnica, dentro de etapas puntuales de la actuación (sumario), no

procede de manera indefectible o automática el decreto de nulidad del proceso, en cuanto a pesar de convenirse con quienes señalan que en caso de conflicto entre dos derechos de estirpe constitucional, el primero relativo al interés general o de eficacia de la administración de justicia y, el segundo atinente a derechos individuales pero inalienables de la persona, tales como el debido proceso que involucra inequívocamente el derecho a la defensa, debe resolverse a favor del segundo; examinado el presente proceso, debe concluirse que en este caso el conflicto o la tensión entre los mencionados principios es solo aparente, por cuanto no se resquebrajó el núcleo esencial del derecho a la defensa técnica. Ciertamente, a pesar que en determinado evento el derecho a la defensa pueda acusar imperfecciones o falencias puntuales, como precisamente aconteció en el presente caso, tal situación debe armonizarse con el objetivo general que dentro de cada actuación este derecho está llamado a cumplir, con miras a determinar si su vulneración tuvo un efecto definitivo en la resolución del proceso, o si por el contrario este se vió satisfecho, al punto de no poder predicarse la desprotección o el desamparo de los procesados en materia de derechos fundamentales, independientemente de la responsabilidad disciplinaria que resulte del caso derivar para el defensor. Así las cosas, efectuado el anterior ejercicio surge como conclusión indubitable, la materialización del derecho a la defensa técnica dentro del presente proceso. Los implicados tuvieron oportunidad de oponerse al contenido de la prueba de cargo, fueron interrogados de manera exhaustiva durante la audiencia pública por parte de los sujetos procesales, y sus defensores intervinieron de manera

prolija durante el debate público, apelaron el fallo de primer grado y 8 posteriormente acudieron al recurso extraordinario, situación que de paso pone en evidencia el adecuado ejercicio de la relación adversarial, sin que en consecuencia pueda predicarse en el evento sub examine la concurrencia de los presupuestos que para el reconocimiento de la vulneración del núcleo esencial del derecho a la defensa ha puntualizado la Corte Constitucional en pronunciamientos como el siguiente: Para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción será necesario, adicionalmente demostrar.....que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso. (S. T. 654 de 1998). Finalmente resta mencionar que a pesar de la situación destacada en precedencia, no se advierte cómo una profusa actividad de la defensa hubiera podido desvirtuar la prueba de cargo obrante en contra de los procesados y consecuentemente obtener decisiones menos gravosas para sus intereses, si se tiene en cuenta que de conformidad con la declaración de JOAQUÍN SIERRA MONCADA, quien fuera víctima al día siguiente de ocurridos los hechos que ocupan nuestra atención, de un delito contra la propiedad perpetrado en idénticas circunstancias al que se intentó cometer sobre el vehículo de servicio público conducido por quien resultara fallecido, pudo establecerse que los aquí procesados, para intimidar a su víctima e impedir que

ofreciera cualquier resistencia al momento en que lo despojaron del taxi que conducía, le recordaron la suerte que había corrido su colega en Ubaté el día anterior ( fl.149 cdno original), sindicación que vino a robustecerse con el dictamen de balística que determinó que los proyectiles alojados tanto en el cuerpo de la víctima como en el automotor que éste conducía, guardaron univocidad con los que se tomaron de las armas que les fueron decomisadas a aquellos en el momento de su captura, sin que por lo demás, los encausados realizaran el más mínimo esfuerzo por suministrar una indicación verificable de la existencia y paradero de quien supuestamente les entregó las armas (JORGE CASTRO) para cometer el segundo ilícito. Ahora bien, en cuanto hace a la objeción de la demandante relacionada con que su pupilo se vio privado de la posibilidad de acogerse a los beneficios que por colaboración consagra la ley procesal penal, en cuanto su defensor no propició esta situación, nótese cómo la anterior no dejó de ser otra frase suelta, que la recurrente escasamente dejó planteada, pero que no se detuvo a desarrollar. Sin embargo, no se entiende de qué manera hubiera procedido la aplicación de los anteriores institutos, si se tiene en cuenta que el procesado negó de manera enfática dentro de este proceso su participación en los hechos, como para que resultara viable el que se intentara por parte de la defensa una variación sustancial en su postura que permitiera hablar de confesión, e igualmente se negó a dar información concreta, completa y verificable acerca

de la persona de JORGE CASTRO, como para que pudiera pensarse en una colaboración eficaz, y a su turno, desde el momento de la indagatoria se le hizo saber al implicado la posibilidad de acogerse a las figuras de audiencia 9 especial o sentencia anticipada sin que se manifestara en este sentido, siendo oportuno señalar, que de esta última tenía perfecta noción como quiera que la utilizó en otro proceso para darlo por terminado anormalmente. Finalmente, y para referirnos a la presunta violación del principio de investigación integral, dígase que con el propósito de evitar la reiteración de los argumentos que, sobre la intrascendencia de las pruebas testimoniales se dejaron anotados al tratar la violación del derecho de defensa, se preferirá recordar lo que sostuvo el Tribunal para deducir responsabilidad a los procesados y después, se cotejarán éstas conclusiones con la crítica de la impugnante para demostrar su impertinencia. A este respecto se observa que el juez plural básicamente construyó cuatro indicios en contra de los procesados, los cuales se reducen a que: 1. los incriminados fueron capturados portando las armas con las que se causó la muerte a la víctima; 2. los procesados participaron en la comisión de otro ilícito utilizando idéntica modalidad; 3. con posterioridad a la consumación del ilícito los acusados hicieron alarde de la comisión del mismo para intimidar una nueva víctima y; 4. los inculpados fueron vistos por los alrededores poco después de cometido el delito, por cuanto no a otra conclusión puede llegarse luego de

comparar la descripción física que de los mismos realizaron los testigos, con sus señales particulares. En resumen, visto que no es posible alegar en un mismo cargo la violación del derecho de defensa y del principio de investigación integral y además, que la crítica realizada con el propósito de avalar la solicitud de nulidad, careció de fundamento, se sugiere a la Sala Penal de la Corte no casar la sentencia con base en este reproche. 4.2. Demanda a nombre de MARIO ALIRIO SÁNCHEZ ANTONIO 4.2.1. Cargo Único Como quiera que esta censura se apoyó en la misma causal de casación que utilizara la demandante anterior, y a su vez se fundamentó en las mismas críticas que esgrimiera su colega, al punto que el discurso aquí empleado es un calco del contenido en el libelo que se acaba de examinar, conviene afirmar desde ahora que este reproche tampoco tiene vocación de éxito. Con el propósito de evitar la repetición del punto de vista del Ministerio Público frente a los argumentos del recurrente, y que fuera consignado al responder el cargo anterior, pues es inocultable que en esta nueva demanda los mismos fueron objeto de reproducción, a él se remite en esta oportunidad la Procuraduría Delegada, advirtiendo que no obstante lo anterior, hará referencia a todo aquello que constituya una diferencia. 10 Se observa entonces, que lo consignado en precedencia respecto a la impertinencia de involucrar dentro de un mismo cargo, la nulidad del proceso por violación del principio de investigación integral y del derecho de defensa, cobra validez en este momento, pues el discurso se edificó sobre los mismos

presupuestos, resultando en consecuencia comunes los errores de técnica advertidos y la impertinencia de su invocación indiscriminada, en cuanto uno y otro apuntan a situaciones diferenciables y por lo mismo originan un vicio de naturaleza distinta aunque constitutivo de nulidad en caso de prosperar. Similar situación se presenta en punto a la precariedad del discurso empleado para destacar la trascendencia de la prueba dejada de practicar, por cuanto en este punto como en otros, las demandas son exactamente iguales y por lo tanto igual la respuesta. Se infringieron en este aspecto los deberes de sustentación, precisión, claridad y cabal demostración. En cuanto hace a la violación del principio de investigación integral, cabe señalar que con los medios de persuasión que se dejaron de practicar se perseguía demostrar que el procesado se encontraba en el municipio de Chiquinquirá para el momento en que ocurrieron los hechos en Ubaté, sin embargo, nótese que si como lo manifestó el propio inculpado en su indagatoria, MARITZA N. era la empleada de la esposa de él y ella se limitó a llevarle el almuerzo a ésta al sitio de trabajo al medio día (fl. 56 c. o.), su declaración no serviría para demostrar la supuesta presencia del incriminado en Chiquinquirá la noche de los hechos sucedidos en Ubaté. En cuanto a la necesidad de escuchar el testimonio de LUZ VILLEGAS, a quien el procesado cobró un dinero en horas de la tarde el día de los hechos (fl. 56 c. o.), es evidente que se presenta la misma situación; su narración tampoco

desvirtuaría la presencia del acusado en el municipio de Ubaté en las horas de la noche. Por último resta agregar, que si en gracia de discusión se escuchara la declaración de la cónyuge del procesado y de la esposa del señor CORTÉS, en nada cambiarían las cosas, pues como se recordará, ambos procesados fueron contestes en narrar una versión como la que se esperaría de estas testigos y sin embargo no resultó posible otorgarles crédito alguno, pues se contó con suficiente prueba indirecta para incriminarlos, de donde se sigue que la trascendencia que se predicó respecto de la falta de los elementos de juicio que se acaban de reseñar, así como de otros tales como la declaración del sobrino del enjuiciado, para nada alterarían las conclusiones a las que arribó el Sentenciador y de allí que resulte improcedente atender la queja del censor tanto en este como en el otro aspecto (violación derecho de defensa), examinado inicialmente. Como la crítica frente a la labor desplegada por el agente del Ministerio Público no involucra situación distinta a la destacada en la demanda anterior, debe darse paso a la conclusión respecto de la ausencia de fundamento para determinar por esta vía la nulidad de la actuación, solicitándose en consecuencia a la Corte Suprema la desestimación del reparo. 11

5. Cuestión Adicional Finalmente, se solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que en la sentencia mediante la cual decida el presente recurso extraordinario, imparta las instrucciones correspondientes al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad competente, para que en aplicación del

principio de favorabilidad, proceda, de oficio, a redosificar la pena impuesta a los procesados, toda vez que con la entrada en vigencia del nuevo estatuto punitivo (Ley 599 de 2000), la pena prevista para el delito de homicidio por el cual fueron condenados fue reducida significativamente, situación que necesariamente debe tener influencia positiva en la situación personal de los sentenciados.

6. PETICIÓN Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Procuradora Cuarta Delegada (E) conceptúa para ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, NO CASAR la sentencia con base en los cargos propuestos en las demandas y a su vez, se solicita que exhorte al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para que éste oficiosamente disponga la redosificación de la pena de los procesados en aplicación del principio de favorabilidad.

Atentamente, ELSA PATRICIA CARREÑO MARÍN Procuradora 4ª Delegada para la Casación Penal (E) Bogotá, D. C., 23 de agosto de 2002 Radicación No. 17.232

EPCM/FBT