PGN - DERECHO DE DEFENSA Valoración en conjunto del material probatorio

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA SALA DISCIPLINARIA Proceso No. : 021-17084/98 (161-01219) Disciplinado : José Vicente Lozano Fernández Cargos y Entidad : Gobernador del Departamento de Arauca.

Quejoso : Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Autonomía, la Descentralización y los Derechos de las Entidades Territoriales.

Fecha Queja : Julio 24 de 1998

Fecha Hechos : Julio 04 de 1997

Asunto : Posibles irregularidades en la celebración de contratos con las Cooperativas Públicas Coinco y

Codeter.

P.D. Ponente : Doctor Dario Alfonso Botero Arango

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2002 En virtud del recurso de apelación interpuesto por el doctor LUIS NORBERTO CERMEÑO en calidad de apoderado del señor JOSE VICENTE LOZANO FERNANDEZ, revisa la Sala Disciplinaria la providencia del 16 de noviembre de 2001 mediante la cual la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal negó la práctica de algunas de las pruebas solicitadas por el mismo. ANTECEDENTES La presente investigación disciplinaria se originó con fundamento en el informe rendido por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Autonomía, la Descentralización y los Derechos de las Entidades Territoriales, relacionado con posibles irregularidades en la celebración de contratos con las mencionadas cooperativas, de que trata un informe elaborado por la Oficina de Control Interno de la Entidad (fls. 19 a 62). CARGOS FORMULADOS La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación estatal, mediante Auto

de Cargos del 14 de agosto de 2001 (fls. 233 a 245), solicitó explicaciones al prenombrado disciplinado, por cuanto, en la calidad anotada, “adquirió compromisos y celebró contratos de manera directa con las Cooperativas Públicas COINCO Y CODETER, hasta julio 4 de 1997, utilizando la figura de ‘Convenios Interadministrativos’ por un valor total de $25.465’837.864, entregando elevadas sumas de dinero a estas cooperativas para que se subcontrataran los objetos de los Convenios, sin tener en cuenta los principios de transparencia, selección objetiva, planeación y responsabilidad que debe regir esta clase de contrataciones, colocando en grave peligro los recursos públicos al ceder la administración de recursos públicos (sic) en forma reiterada dichas entidades ...”. 2 Se le endilgó igualmente haber entregado el manejo de recursos públicos del departamento a las referidas cooperativas, por el traspaso de elevadas sumas de dinero, “poniendo en peligro los intereses de la administración, al contratar con entidades que no se encontraban en capacidad directa de cumplir con el desarrollo del objeto contractual sino que a la vez debían subcontratar, quedando a su arbitrio la escogencia del contratista, omitiendo como Gobernador, su obligación constitucional de dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con el numeral 2º, artículo 304 de la Constitución”. PROVIDENCIA RECURRIDA El prenombrado apoderado, mediante memorial obrante a folios 251 a 256,

rindió los correspondientes descargos, solicitando la práctica de pruebas, y aportando otras, ante lo cual, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal por proveído del 16 de noviembre de 2001 (fls.280 a 284), al decidir sobre aquellas, determinó no tener como prueba los documentos aportados con el escrito de descargos, relacionados con los “conceptos jurídicos sobre la contratación con administradores públicos cooperativos”, obrantes a folios 257 a 265, al considerarlos inconducentes, por estimar que “con un concepto no se pueden desvirtuar los cargos formulados, los cuales se encuentran sustentados en los respectivos contratos que suscribió el disciplinado y en normas de carácter Constitucional y Legal”. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACION La defensa, mediante memorial obrante a folios 233 a 237, fundamentó el recurso de apelación interpuesto contra el referido Auto de Pruebas, señalando que la prueba denegada sí resulta importante para la defensa de su poderdante, toda vez que se dirige a demostrar las circunstancias que rodearon la conducta que se investiga en el proceso. Agrega que en la mencionada decisión de pruebas pudo incurrirse en un lapsus calami, por cuanto, en el párrafo que sustenta la denegación de la prueba se indicó que con un concepto no se pueden desvirtuar los cargos formulados, cuando, en su sentir, quiso decirse “los hechos”, dado que el cargo no se limita a relacionar la celebración de los contratos cuestionados, sino que incluye la valoración inicial del investigador, al tener que dicha celebración fue “para que

se subcontratara ... sin tener en cuenta los principios ... colocando en grave peligro los recursos públicos”. Expresa, igualmente, que si se pretendió afirmar que con un concepto no podía desvirtuarse el hecho de la existencia de tales contratos, ello es cierto, pero no constituía el objeto de la prueba, como sí lo era demostrar las circunstancias 3 que condujeron al Departamento a dicha contratación y la discusión jurídica sobre el particular. Señala asimismo, de una parte, que la sola presencia de un presunto hecho disciplinario no conduce inexorablemente a la sanción, y de otra parte, que la Procuraduría no está prejuzgando en este caso, como lo haría si se da por sentado al indicar que no se pueden “desvirtuar los cargos formulados, los cuales se encuentran sustentados en los respectivos contratos...”. CONSIDERACIONES DE LA SALA Examinados los fundamentos de los recursos de apelación interpuestos por el prenombrado apoderado del mencionado investigado, contra el Auto de Pruebas del 16 de noviembre de 2001, proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, advierte la SALA:

1. El cuestionamiento hace referencia a haber adquirido compromisos y celebrado contratos en forma directa con las mencionadas cooperativas, utilizando la figura de “Convenios Interadministrativos”, en los términos antes reseñados, las cuales, a su vez, subcontrataron los objetos de dichos convenios, sin tener en cuenta los principios de transparencia, selección objetiva, planeación y responsabilidad que debe regir esa clase de

contrataciones.

2. En el memorial de descargos presentados por la defensa del implicado, solicitó la práctica de unas pruebas, a la vez que aportó unos documentos, ante lo cual, el A-quo, al decidir sobre las mismas, determinó no tener como tal, los documentos aportados con el citado memorial, relacionados con los “conceptos jurídicos sobre la contratación con administradores públicos cooperativos”, obrantes a folios 257 a 265, al considerarlos inconducentes, por estimar que “con un concepto no se pueden desvirtuar los cargos formulados, los cuales se encuentran sustentados en los respectivos contratos que suscribió el disciplinado y en normas de carácter Constitucional y Legal”.

3. Sobre el particular, la SALA estima que si bien es cierto, con un concepto no podría, en un momento dado, desvirtuarse los cargos formulados, también lo es que eventualmente incidiría en la decisión respectiva a adoptar, al analizar las circunstancias que rodearon la comisión de los hechos endilgados frente a las que se presentaron con la expedición de dichos conceptos y/o el contenido de los mismos, por cuanto, se tiene que los aportados al proceso disciplinario por el apoderado del inculpado (fls. 257 a 265), se refieren precisamente a aspectos relacionados con las contrataciones que las entidades estatales efectúan con las denominadas Cooperativas Públicas, y concretamente con la exigencia del deber de selección objetiva, lo cual constituyó justamente el motivo de cuestionamiento en el presente proceso disciplinario.

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4. Ahora bien, la defensa en los descargos expresa que los conceptos jurídicos

de CODETER respaldaban la contratación directa con estas entidades, lo cual, en sentir de la SALA, para el caso del implicado, no pudo haber sido así, toda vez que, en aquellos manifiesta, igualmente, que su poderdante se retiró del cargo el 31 de diciembre de 1997, en tanto que los aludidos conceptos tienen fecha posterior –mayo 29 de 1998 y agosto 29 del mismo año-, luego se puede colegir que para las contrataciones reprochadas al disciplinado, no pudieron haberse tenido en cuenta los citados conceptos.

5. Sin embargo, la SALA, en aras del derecho de defensa que le asiste al implicado, considera procedente tener como prueba los conceptos aportados, a fin de que en la etapa procesal pertinente puedan ser valorados sus fundamentos jurídicos, para efectos de la determinación a adoptar.

6. No obstante lo anterior, se estima viable hacer algunas precisiones respecto de los argumentos de impugnación presentados. Cuando en el Auto de Pruebas se anotó que con un concepto no se podían desvirtuar los cargos formulados, no se incurrió en un “lapsus calami”, ni se estaría prejuzgando, tal como lo señala en la apelación, pues, contrario a ello, podría pensarse que por decretarse las otras pruebas solicitadas por la defensa, consistentes en los testimonios allí referidos, se iría a absolver de las imputaciones formuladas, lo cual, no es ajustado a la realidad probatoria, así como tampoco por el hecho de tener como elemento de prueba los mencionados conceptos jurídicos, ya que, en cualquiera de los dos eventos, para efectos de decidir de fondo sobre las

presentes diligencias, todas las pruebas allegadas serán valoradas en su conjunto. Con fundamento en las anteriores apreciaciones, La SALA, apartándose de la decisión del Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal, contenida en el aludido Auto de Pruebas, estima que debe revocarse la denegación de la prueba referida, solicitada por el prenombrado apoderado, y en su lugar, tener como tal, los conceptos jurídicos aportados por el mismo investigado, visibles a folios 257 a 265. En mérito de lo expuesto, la SALA DISCIPLINARIA de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR el numeral tercero del Auto de Pruebas del 16 de noviembre de 2001 -objeto de alzada-, mediante el cual el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal, al decidir sobre las pruebas solicitadas por la defensa del disciplinado JOSE VICENTE LOZANO FERNÁNDEZ identificado con C.C. No. 17’527.069 de Saravena (Arauca), en su condición de Gobernador del Departamento de Arauca, negó tener como 5 prueba los conceptos jurídicos señalados en el numeral 1º de la parte inicial del mencionado proveído. En su lugar, tenerlos como tal, de conformidad con lo reseñado en la parte motiva de la presente resolución. SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión al interesado, por intermedio de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno por

la vía gubernativa. TERCERO. REGISTRAR las constancias de rigor y devolver las diligencias a la citada Delegada, para lo de su cargo.

DESANOTESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

PEDRO A. PULIDO GUTIERREZ DARIO ALFONSO BOTERO ARANGO

Procurador Primero Delegado Procurador Segundo Delegado PAPG/DABA/NB/Myriam Exp. No. 021-17084/98 (161-01219)