PGN - DERECHO DE DEFENSA Violación por falta de motivación de la sentencia

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

-Sala de Casación PenalM. P. Dr. Mauro Solarte Portilla Ref. Casación Discrecional presentada por el defensor de LUIS DARIO SANTANA SALAZAR contra la sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Los Patios (Norte de Santander), que en segunda instancia lo condenó por el delito de lesiones personales culposas. Rad. 23.046.

Honorables Magistrados: En mi condición de Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, procedo a emitir concepto sobre la legalidad de la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de los Patios (Santander), el veinticinco de junio de dos mil cuatro, que confirmó la sentencia del Juzgado Penal Municipal de Los Patios, mediante la cual se condenó a Luis Darío Santana Salazar, a la pena principal de seis meses y doce días de prisión y multa por valor de $4.000, a las penas accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, y suspensión de la licencia de tránsito por seis meses, como autor responsable del delito de lesiones personales culposas.

La decisión de segundo grado modificó la condena en perjuicios materiales para aumentarla a $8.454.150, y los morales a cincuenta salarios mínimos legales mensuales, al haber sido impugnada también por la apoderada de la parte civil. La Corte Suprema de Justicia encontró ajustada la demanda a los requisitos legales, y dispuso el trámite de la casación por vía discrecional. De ella se ha

Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar corrido traslado a esta Procuraduría Delegada, para emitir concepto, de conformidad con lo previsto por el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.

1. HECHOS Ocurrieron el 24 de noviembre de 2000, a las 11:45 A.M., en la vía que conduce del Municipio de Los Patios a Cúcuta, anillo vial Santa Rosa Lima, kilómetro 3, cuando colisionaron la tractomula de placas XID 209 conducida por Luis Darío Santana Salazar y el automóvil Renault 12 de placas DDJ 805, conducido por Orlando de Jesús Mejía Amariles, quien resultó lesionado.

Se estableció en la investigación que la víctima transitaba en contravía, habilitada porque estaba impedido el paso normal, debido a la ejecución de obras en la carretera.

2. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE Con base en la denuncia presentada por Orlando de Jesús Mejía Amariles y el dictamen de medicina legal que se le practicó, fue ordenada apertura de investigación previa, en resolución del treinta de noviembre de dos mil, y el doce de diciembre siguiente se dispuso la apertura de instrucción.

Una vez Luis Darío Santana Salazar fue vinculado mediante indagatoria, se practicaron algunas otras pruebas, luego de lo cual se produjo el cierre de investigación, y en resolución del veinte de agosto de dos mil dos, se profirió acusación contra el procesado, por el delito de lesiones personales culposas, decisión que confirmó la Unidad Delegada ante el Tribunal del Distrito, el veintidós de enero de dos mil tres. Surtida la etapa del juicio, se dictó sentencia de primera instancia en la fecha

y términos antes citados, confirmada en segundo grado, mediante el fallo del 2 Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar Juzgado Promiscuo del Circuito que ahora es objeto de este recurso extraordinario por vía discrecional.

3. LA DEMANDA 3.1. Único Cargo El recurrente aduce que la sentencia vulneró el derecho de defensa, al omitir una respuesta plena a los argumentos planteados en la sustentación de la apelación contra el fallo de primer grado, con lo cual se infringe la garantía constitucional del debido proceso.

Indica que la defensa técnica, al sustentar el recurso de apelación contra la sentencia de condena que pronunció el Juez Penal Municipal, planteó dos hechos excluyentes de responsabilidad: el lesionado no tenía licencia para conducir, y que dicho automotor transitaba en contravía. Señala que el ad quem guardó silencio, no obstante la trascendencia e importancia de esos comportamientos, para sustentar un posible fallo de carácter absolutorio. Un primer aspecto relacionado con la exigencia de la licencia de conducción, es sustentado a partir de las normas del Código de Tránsito; ello hace evidente que el lesionado no poseía el permiso expedido por la autoridad correspondiente, y en consecuencia no demostraba aptitud para la actividad, con lo cual considera que este ejecutó una acción de propio riesgo, excluyente de responsabilidad para el otro conductor. Concluye, apoyado en doctrina sobre el tema de la imputación objetiva, y en decisiones de la Sala de Casación Civil, que si el lesionado no estaba habilitado para conducir ninguna clase de vehículos, ni había obtenido la

licencia, ello indicaba la falta de idoneidad para manejar vehículos, y al 3 Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar exponerse de forma imprudente, resulta imperativo excluir de responsabilidad al condenado. Solicita en consecuencia que se case la sentencia, para que el fallador de segunda instancia responda los aspectos planteados en la alegación.

4. ALEGATO DEL NO RECURRENTE La apoderada de la parte civil solicita a la Corte no casar la sentencia recurrida, por considerar que la demanda no reúne los requisitos contemplados en el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal.

También solicita que se vincule a la Empresa Travesa como Tercero Civilmente Responsable y que se tengan como prueba las copias auténticas de las licencias de tránsito expedidas en Venezuela y Colombia a nombre de Orlando de Jesús Mejía Amariles, las cuales adjunta (fs. 28 a 31).

5. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DELEGADA 5.1. Cargo Único: violación del derecho de defensa En esencia, el demandante considera que la sentencia de segunda instancia viola el derecho de defensa del procesado, porque ella no responde los alegatos presentados por el defensor en el momento de sustentar el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. Dice que en tal oportunidad la defensa planteó dos hechos eximentes de responsabilidad: uno, que quien resultó lesionado no tenía licencia de conducción; y dos, que el vehículo del lesionado viajaba en contravía, con lo cual se violaron los artículos 17, 177,

179-6 y 136 del Decreto 1344 de 1970 (anterior Código Nacional de Tránsito). Por consiguiente, en su opinión, se debe casar la sentencia impugnada para ordenar al ad quem que se pronuncie sobre las alegaciones propuestas por la defensa, las cuales generan la posibilidad de absolver al procesado. 4 Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar El reproche está formulado por la vía adecuada de la causal tercera de casación, en cuanto plantea la posibilidad de que la sentencia impugnada vulnere el derecho de defensa, por falta de motivación, pues, según el demandante, el Tribunal habría guardado silencio frente a los argumentos expuestos por la defensa, cuyo estudio haría variar el sentido de la providencia, que de condenatorio pasaría a absolutorio. Sin embargo, a juicio de la Delegada, la demanda debió precisar a cuál modalidad de falta de motivación se refería, pues la jurisprudencia actualmente tiene definidas cuatro clases que pueden dar lugar a la anulación de la sentencia: 1ª ausencia absoluta de motivación; 2ª motivación incompleta o deficiente; 3ª motivación ambivalente o dilógica; y 4ª motivación sofística o falsa. Las tres primeras como errores in procedendo atacables por la vía de la causal tercera, y la última como vicio in iudicando enjuiciable a través del cuerpo segundo de la causal primera. La importancia de esta precisión radica en que cada una de ellas puede conducir a la anulación del fallo, pero por diferente vía, por razón de sus rasgos particulares, y por ello la necesidad de fundamentar el reproche de

acuerdo con la naturaleza del error, pues “en la primera el fallador no expone las razones de orden probatorio ni los fundamentos jurídicos en los cuales sustenta su decisión; en la segunda, omite analizar uno de los dos aspectos señalados o los motivos aducidos son insuficientes para identificar las causas en las que se sustenta; en la tercera las contradicciones que contiene la motivación impiden desentrañar su verdadero sentido o las razones expuestas en ella son contrarias a la determinación finalmente adoptada en la resolutiva; y, en la cuarta, la motivación del fallo se aparta abiertamente de la verdad probada”1. Ahora, si bien es cierto que los funcionarios judiciales en sus providencias deben realizar el análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las 1 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia de Casación Discrecional del 12 de diciembre de 2005, proceso No. 24011, M. P. Dr. Alfredo Gómez Quinero. 5 Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar pruebas en que ha de fundarse la decisión2, a fin de garantizar el derecho de contradicción, como una de las manifestaciones más importantes del derecho de defensa y del debido proceso, también lo es que por razón del principio de trascendencia que orienta el instituto de las nulidades3, el casacionista debe demostrar que por cualquiera de las causas anteriormente anotadas, el fallo no permite de ninguna manera comprender las razones en que éste se fundamenta, en cuanto a los aspectos fáctico y jurídico que son la base de su estructura. En esta labor el demandante no puede perder de vista que para determinar

los hechos, lo importante es que el fallo contenga el razonamiento sobre las evidencias probatorias, lo más explícito posible, que el mismo sea cierto y no vacilante, y que no se oponga a los postulados de la persuasión racional, de manera que materialmente permita el debate a los sujetos procesales. Fijados los hechos, el fallador debe asignarles su consecuencia jurídica, expresada sin ambigüedad, y obviamente respetando los temas que fueron objeto esencial de la impugnación, pues, de cara a la falta de motivación, la jurisprudencia ha reiterado que “La irregularidad, sin embargo, como todo defecto que puede conducir a la invalidación del proceso, debe ser de contenido sustancial. No se trata de seleccionar caprichosamente algún segmento de la sentencia para reprocharle su falta de claridad o de profundidad, su ambigüedad o contradicción. El fallo es una unidad que, si permite integralmente su comprensión y explica su contenido, debe tenerse por suficientemente motivado, independientemente de pequeños vacíos, incongruencias o contradicciones que pudiera contener”4. Así las cosas, la Procuraduría considera que si bien el Juez ad quem en este caso no respondió el argumento de la defensa referido a la supuesta falta de 2 Artículos 55 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y 170 del Código de Procedimiento Penal de 2000. 3 Numeral 2º del artículo 310 de la Ley 600 de 2000. 4 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto del 18 de julio de 2001, radicado No. 17.089 y

Sentencia de Casación del 3 de agosto de 2005, Proceso No. 18109, M. P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas, entre otras. 6 Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar licencia de conducción de quien resultó lesionado, la verdad es que la demanda no logra demostrar la trascendencia de este vació, toda vez que la sentencia impugnada, en armonía con el fallo de primera instancia, descartó la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad del procesado, y, por el contrario, expresamente consideró que la misma está cimentada exclusivamente en la falta del deber objetivo de cuidado del señor SANTANA SALAZAR, lo cual permite saber a ciencia cierta la razón por la cual resultó condenado, y ello, a su turno, impide afirmar que el fallo de segunda instancia carece de motivación. En efecto, el motivo central de la impugnación interpuesta contra la sentencia de primera instancia, estuvo orientado a demostrar que al procesado no se le podía declarar penalmente responsable del accidente, porque la víctima transitaba en contravía y no portaba licencia de conducción. En este sentido, el defensor cuestionó ampliamente la prueba testimonial y documental que sirvió de soporte a la decisión del a quo, para concluir que al señor SANTANA no se le puede atribuir “negligencia, descuido, distracción, desidia o desatención”, pues él conducía con plena confianza, en tanto que no es normal que un vehículo de menor capacidad y tamaño “sea conducido en contravía, y menos en vía no autorizada”.

Además, la falta de licencia de conducción de la víctima, la haría inidónea para conducir, y ello, a su juicio, explicaría la temeraria acción de conducir en contravía, exponiendo su integridad y la del vehículo que conducía5. Así planteadas las cosas, el Juez ad quem comenzó su respuesta anotando que al no existir duda sobre el aspecto material de la conducta punible, su análisis lo centraría en “el aspecto atinente a la responsabilidad del procesado, pues es este el motivo principal del recurso vertical incoado por el defensor del acusado, quien considera que los hechos obedecieron a la imprudencia de la víctima, es decir, para la defensa se presenta una causal de ausencia de responsabilidad que debe reconocerse a favor de su pupilo”6. 5 Cfr. fs. 231 a 235 c. o. 6 F. 288 c. o. 7 Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar En este orden de ideas, el ad quem en seguida se detuvo en el análisis de los testimonios de Luis Francisco Vaca Clavijo y Andulfo Cáceres Sánchez.

Vaca Clavijo afirma que: “… recogió versiones de dos conductores que también conducían tractocamiones o niñeras los cuales afirmaron que venían dos vehículos adelante y el procesado venía detrás de ellos, los de adelante se dieron cuenta que el Renault conducido por la víctima venía en contravía y tomaron el carril derecho, de uno en uno dejando comprometido al vehículo numero 2 donde probablemente pudo haber frenado con tiempo para no impactar, pues tuvo tiempo para hacerlo, o tomar el carril derecho

como lo hicieron los dos que venían delante de él”7. Cáceres Sánchez, por su parte, vio “cuando el señor del Renault le prendió las luces desde bien arriba y siguió con las luces prendidas, y cuando vio que la mula venía encima lo que hizo fue parar el carro y llegó la mula y le dio. Manifiesta además que no se explica porque el conductor del tractocamión no paró, pues es una recta larga y era imposible no ver el carro de la víctima”8. Estos testimonios, a juicio del ad quem, son de gran importancia para responder el argumento central de la defensa, “el primero por ser de la autoridad competente de tránsito, quien no se limitó exclusivamente a tomar el croquis sino que realizó pesquisas y tomo declaraciones de personas que vieron el accidente, testimonio creíble pues no tiene objeto discutir o tratar de desmentir a quien cumple cabalmente con sus funciones de autoridad competente. Y el segundo, que proviene de un trabajador que no laboraba para la obra que realizaban los trabajadores de INVIAS, sino para el acueducto, siendo un testigo presencial directo del momento de los hechos”9. A continuación el Juez de Circuito resaltó la importancia de la diligencia y atención exigible a las personas que ingresan al flujo del tránsito vial, para 7 F.289 ib. (El vehículo número 2 es el que conducía el procesado, según el croquis del accidente). 8 Ib. 9 F. 289 ib. 8 Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar sortear con éxito todas las situaciones propias de la circulación y evitar la

vulneración de los bienes jurídicos de los demás. Según el fallador, la pericia exigida al conductor de un tractocamión “niñera”, que transporta vehículos más pequeños, es superior, lo cual implica ejecutar las maniobras adecuadas que la técnica y la experiencia aconsejan, “a fin de que el uso del móvil no resulte dañoso o peligroso para la seguridad de la circulación”10. Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta las circunstancias especiales en que se produjo el accidente, anotó: “… aquí en este proceso el sindicado realmente transitaba por una recta de casi trescientos metros de largo, montado en tractocamión que tiene una altura en las cabinas mayor que cualquier otro automotor de carga, tiene mayor visibilidad, debió ver la obra que se realizaba al igual que sus compañeros, era necesaria la atención, estar pendiente, accionar ese motor interno que previene, que alerta, que dice con cuidado, con cautela y observar que sucedía, al igual que sus compañeros los cuales no chocaron con el automotor de la víctima porque emplearon un modo operando (sic) necesario y obligante para estos casos. De esta manera la diligencia tiene mucho que ver con la atención a tal punto que sin ésta no se alcanzaría aquella. Hubo desatención producto de la negligencia del sindicado y desidia frente al cumplimiento exacto de los propios deberes por deficiencia de atención o sensibilidad”11. Finalmente refutó la crítica de la defensa sobre las señales de las vías, con fundamento en el testimonio del ingeniero de INVIAS, José Álvaro Cárdenas, y terminó anotando que: “Así las cosas, para el despacho está plenamente

establecida como lo precisó el a-quo, la responsabilidad que cabe al sindicado en este proceso”12. Como puede verse, el fallo impugnado no se limitó a emitir respuestas abstractas sin respaldo probatorio, sino que, por el contrario, efectuó una reconstrucción histórica de los hechos, explicó el alcance y la credibilidad 10 F. 290 ib. 11 Ib. 12 F. 291 ib. 9 Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar que le merecieron los medios probatorios, las razones de las consecuencias jurídicas atribuidas al procesado y, por ende, los fundamentos por los que fue desestimada la tesis central del defensor, quien consideraba que no se le podía atribuir responsabilidad penal al procesado porque no estaba probada la “negligencia, descuido, distracción, desidia o desatención”. El texto de la sentencia, como lo ha señalado la jurisprudencia, “no puede ser rígido, en el sentido de recoger en toda su extensión los alegatos y de analizar cada frase de su contenido; basta con que frente a un buen resumen de la propuesta formulada por la parte correspondiente se consigne por el juez una argumentación que permita arribar a una respuesta positiva o negativa a la solicitud o solicitudes elevadas”13. Pero además, debe tenerse en cuenta que las sentencias de primera y segunda instancia conforman un todo jurídico, una unidad jurídica inescindible, en todo aquello que ha sido avalado por el ad quem. De este modo, se observa que el Juez a quo también se refirió in extenso a las razones por las cuales descartaba la conducta de la víctima como eximente

de responsabilidad del señor SANTANA SALAZAR. Al respecto dijo: “Es cierto que el sindicado conducía con la confianza de desplazarse por su vía, por su carril, pero como el oficio de conductor es de gran riesgo debe ejercerse con el deber objetivo de cuidado ante cualquier imprevisto como el de que MEJÍA AMARILES conducía en contravía por la razón de que la otra vía se encontraba cerrada y en vez de realizar la maniobra que hicieron sus compañeros de tomar la derecha para evitar la colisión y permitir el tránsito en contravía de la víctima, a pesar del cambio de luces que este le hacía y no pude alegar que no lo vio porque como se dijo, de acuerdo con la inspección judicial, la vía es una recta extensa sin obstáculos de visibilidad. En cuanto a lo alegado por el señor defensor, Dr. GERMAN JAVIER LEÓN NIÑO, el despacho respeta sus planteamientos pero no los comparte… Lo cierto es que de acuerdo con la versión del denunciante, el testimonio del mismo CARO PARRA, del ingeniero JOSÉ ÁLVARO CÁRDENAS, ANDULFO JAIMES y del Policía de Tránsito que levantó el croquis la vía se encontraba cerrada y por ello fue que la víctima se vio obligada a tomar la otra vía en contravía con el infortunio de que el sindicado por inobservar el deber objetivo de cuidado lo colisionó produciéndole las lesiones que dictaminó el legista. Es cierto que la víctima asumió el propio riesgo al realizar la maniobra de conducir en contravía pero lo hizo obligado ante la circunstancia del

cierre de la otra vía, además como lo sostiene creíblemente la víctima y el testigo ANDULFO JAIMES, él le hizo señales apagando y prendiendo las luces no siendo 13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 6 de abril de 2005, proceso 20400, M. P. Mauro Solarte Portilla. 10 Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar de recibo el que el sindicado no lo haya visto cuando el hecho sucedió sobre una vía recta y con visibilidad…”14. Lo anterior permite colegir que sí existió confrontación de la tesis del defensor en las instancias, pues mientras que éste abogó por la inculpabilidad del procesado, basado en que la conducta de la víctima, específicamente por transitar en “contravía”, lo cual en su opinión se explicaría, incluso, por conducir sin licencia de conducción, los falladores en unidad jurídica consideraron que tal conducta, en las circunstancias particulares acreditadas en este caso, no servían de excusa, básicamente porque la víctima se vio obligada a transitar en “contravía”, por cuanto estaban arreglando el carril por donde se desplazaba, y porque este riesgo lo asumió con la debida precaución, es decir, despacio, cambiando luces, pitando, e incluso, deteniendo por completo la marcha de su vehículo, lo cual fue percibido por los otros conductores que en ese momento se desplazaban por allí, no así por el señor SANTANA SALAZAR. La vía además era recta, en una extensión de casi trescientos metros de largo, y el procesado conducía un vehículo que tiene más visibilidad que cualquiera otro, según lo

pudieron establecer los falladores con la inspección judicial practicada al lugar de los hechos y las fotografías que aparecen en el expediente15. De manera que si los falladores concluyeron que la “contravía” de la víctima no fue la causa determinante del accidente, sino la imprudencia del procesado, carecería de importancia el que aquellos no se hubieran referido expresamente a la supuesta falta de licencia de conducción del señor Orlando de Jesús Mejía Amariles, pues de ser ello así, tendría consecuencias administrativas pero no penales, en cuando el delito es ante todo un comportamiento humano, y en este caso se demostró que lo que causó el resultado lesivo fue la falta del deber objetivo de cuidado del procesado, y no la falta de tal documento. 14 Fls. 215 y 216 c. o. 15 Fs. 206 y 290 c.o. 11 Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar Si con este argumento el casacionista pretendía acreditar la falta de idoneidad del señor Mejía Amariles para conducir vehículos, debió demostrar que ella fue determinante en la producción del resultado lesivo, lo cual, como se ha visto, no ocurrió. El demandante tampoco tuvo en cuenta que los falladores valoraron como prueba el croquis y la denuncia penal, en los que aparece que el señor Mejía Amariles se identificó con cédula de ciudadanía No. 81.410.762 de Venezuela, y que tanto las placas del vehículo que él conducía como su licencia de conducción también tenían registro de Venezuela, lo cual descartaría la pretendida incapacidad para conducir vehículos automotores.

Por lo demás, así fuera cierto que el señor Mejía Amariles hubiera violado el reglamento de tránsito al no portar licencia de conducción colombiana, la Procuraduría estima que la postura de los falladores está respaldada en la jurisprudencia, en tanto ésta ha considerado que, en casos como el que se estudia, el principio de confianza tiene límites, pues a éste se opone, y prima sobre él, el principio de defensa o de seguridad, en virtud del cual, “el hombre medio debe prever que si bien en la actividad diaria está sujeto al principio de confianza, determinadas personas pueden obrar en contra de los reglamentos, como sucede con los niños, los infantes, los minusválidos, los enfermos y, por supuesto, los ancianos…”16. Igual ocurre con el principio de la acción a propio riesgo o autopuesta en peligro, derivado de la conducta de la propia víctima, el cual, para que pueda excluir la imputación jurídica al actor, debe reunir los siguientes requisitos: “Uno. Que en el caso concreto, (la víctima) tenga el poder de decidir si asume el riesgo y el resultado. Dos. Que sea autorresponsable, es decir, que conozca o tenga posibilidad de conocer el peligro que afronta con su actuar. Con otras palabras, que la acompañe capacidad para discernir sobre el alcance del riesgo. Tres. Que el actor no tenga posición de garante respecto de ella”17. En este caso, como se sabe, la víctima fue obligada a desplazase 16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 11 de mayo de 2005, proceso

22511, M. P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 17 Ib. 12 Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar en contravía por razón de los trabajos que se adelantaban en su carril, lo cual excluye el cumplimiento del primer requisito, y por ende, la autopuesta en peligro. Por último, en derecho penal no existe el fenómeno de la “compensación de culpas” como forma de extinguir las obligaciones, pues si varias personas intervienen en el hecho, cada una responde por lo suyo. El problema de la “concurrencia de culpas” -que sí puede tener incidencia en esta disciplinase resuelve acreditando la responsabilidad penal a quien “ha hecho el aporte definitivo, cuando no es predicable de los dos o más imputados o acusados”18. De manera que, así se aceptara que la conducta del señor Mejía Amariles fue imprudente al haberse desplazado en contravía, o conducir sin licencia de tránsito, ello de todas formas no excluiría la responsabilidad penal de SANTANA SALAZAR, en tanto quedó demostrado que éste faltó al deber objetivo de cuidado, por no haber actuado con la atención, diligencia y pericia que le eran exigibles en este caso concreto, para evitar el resultado lesivo, como sí lo hicieron sus compañeros, en el momento en que el carril opuesto estaba cerrado por trabajos en la vía, razón por la cual los vehículos que transitaban por allí fueron desviados para que se desplazaran por la vía que a él le correspondía, pero en sentido puesto. Así las cosas, a juicio de la Delegada, no puede predicarse violación del

derecho de defensa por falta de motivación de la sentencia, pues lo que se vislumbra es una oposición de criterios frente a la valoración probatoria y las consecuencias jurídicas de la conducta asumida ex ante por el procesado. En relación con la solicitud de vinculación del tercero civilmente responsable, formulada por la apoderada de la parte civil en su condición de sujeto no recurrente, la Procuraduría se abstiene de pronunciarse, por ser un tema ajeno al motivo de casación. 18 Ib. 13 Cas. Nº 23.046 Luis Darío Santana Salazar El cargo, en consecuencia, no está llamado a prosperar.

6. CONCLUSIÓN En razón de lo anotado, comedidamente sugiero a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia NO CASAR el fallo impugnado.

De los Honorables Magistrados, atentamente,

FRANCISCO JAVIER FARFÁN MOLINA

Procurador Primero Delegado para la Casación Penal Bogotá, D. C., 2 de mayo de 2006 Expediente No. 029/05 FJFM/capr 14