PGN - DERECHO DE DOMINIO Forma de acreditarlo

ACCION DE REPARACION DIRECTA-Daños causados por falla en el servicio con ocasión de la ocupación de un terreno DERECHO DE DOMINIO-Forma de acreditarlo El registro de título de Oficina de Instrumentos Públicos constituye prueba suficiente para acreditar el derecho de dominio sobre un bien inmueble y en consecuencia legitima en la causa por activa cuando se acuda al proceso en calidad de propietario sobre un bien inmueble. …Por lo anterior, no se comparte la posición adoptada por la primera instancia al declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y por lo tanto denegar las pretensiones del señor …, bajo el argumento que el actor tenía la carga de probar que el predio ocupado por la sociedad demandad para ejecutar trabajos públicos era de su propiedad y no de las señoras … RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Cláusula general de responsabilidad RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Elementos para su configuración Como lo ha establecido la jurisprudencia tres son los elementos que deben darse para que se pueda decretar por el juez la responsabilidad extracontractual del Estado, por un lado un título de imputación, el nexo de causalidad y el daño antijurídico, todos los cuales a juicio de esta delegada aparecen probados, el título de imputación (daño especial), el daño antijurídico (la limitación del derecho de dominio) y el nexo de causalidad entre el uno y el otro. DAÑO ANTIJURIDICO-Concepto El daño es considerado el elemento principal sobre el cual gira la Responsabilidad civil en

Colombia, pues su fundamento es la reparación de aquel y el límite a la reparación es el mismo daño, pues no se puede reparar ni más ni menos de su real entidadPrincipio de Reparación Integral. El daño, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien, o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Por Ocupación de Bien Inmueble por Ejecución de Obra Pública Por lo tanto este Despacho considera que en atención a la Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 24/10/2017 Rad. No. 25000-23-26-000-2005-00294-01 (36696), PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00 ya mencionada, en el presente caso se configuraron los elementos necesarios para declarar

la responsabilidad del Estado por la ocupación del inmueble del señor Bermúdez … CARGA DE LA PRUEBA-A las partes les corresponde probar los supuestos de hecho que pretenden demostrar APLICACION DEL DERECHO SUSTANCIAL-Prima sobre el procedimental Por lo tanto se comparte el salvamento de Voto de la Magistrada del Tribunal del Magdalena respecto de la sentencia proferida el 13 de junio de 2018, al señalar que el derecho sustancial prima sobre el derecho procesal y con miras a lograr la justicia material, era necesario que el Tribunal solicitara pruebas de oficio. 2 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00

CONCEPTO No. 016/2019

Bogotá, D.C. 13 de febrero de 2018

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctora Maria Adriana Marín.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 470012333000201400080-00 (62756)

ACCIÓN: Reparación Directa

ACTOR: Oscar Bermúdez Gallo DEMANDADO: Nación – Departamento del Magdalena - Sociedad Ruta del Sol Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida /Se probó la

responsabilidad del Estado en la ocupación del predio// Régimen de responsabilidad Objetiva/ Daño Especial/ / Se probó el daño especial mas no el cuantum del mismo. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda. El señor Oscar Bermúdez Gallo, a través de apoderado interpuso demanda en acción de reparación directa contra el departamento del Magdalena y la Sociedad Ruta del Sol II S.A. con el fin de que sea declarado responsable civil y administrativamente, por los presuntos daños y perjuicios equivalente a la suma de Dos mil 10 millones de pesos 3 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00 $2.010.000.000, causados por falla en el servicio con ocasión de la ocupación de un lote de terreno. 1.2. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Magdalena, declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la sociedad Ruta del Sol II S.A. y en

consecuencia deniega las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, basándose en los siguientes hechos probados:  Que el departamento del Magdalena y la Sociedad Ruta del Sol II suscribieron el 21 de noviembre de 2006 Contrato de Concesión No. 229 con el objeto de adelantar los estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del plan vial del norte del departamento del Magdalena que comprende la doble calzada de la Ye de CiénagaSata Marta y primera calzada de la vía alterna al Puerto de santa Marta, sector Quebrada del DoctorMamatoco.  Que Ruta del Sol II contrajo como obligación la de adquirir predios requeridos para la ejecución de todas las obras que comprenden el contrato.  Que Ruta del Sol II adquirió mediante escritura Pública No. 1102 del 31 de octubre de 2012 el derecho de dominio que tenían las señoras Rosa Elena Yepes de Fernández y Vitalia Yepes Pacheco sobre el terreno conformado por un área de 7.269.72 M2 que hacen parte de un lote de mayor extensión de 12.795,00 M2 localizado en el sector Ye de Gaira en el distrito de Santa Marta, Magdalena, identificado con la Cédula Catastral No. 011001080001000 y 011001770001000 y matrícula inmobiliaria No. 080-11249 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta. 4 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00  Que el señor Oscar Bermúdez aportó escrituras públicas y certificado de tradición de matrícula inmobiliaria No. 080-65993 las cuales demuestran su titularidad sobre un porcentaje del predio ubicado en el corregimiento de Gaira con cabida de 20 hectáreas.  Que el señor Bermúdez No demostró que el terreno ocupado por la sociedad demandada para ejecutar trabajador públicos era de su propiedad y no de las señoras Yepes.  Que hecho el estudio de los títulos allegados por el extremo pasivo de la Litis se concluyó que el dominio sobre el mismo estaba en cabeza de las señoras Vitalia Yepes Pacheco y Rosa Elena Yepes de Fernández y no sobre el señor Gabriel Bermúdez, lo cual se acreditó además con el certificado expedido por el IGAC, donde consta que el predio distinguido con la cédula catastral 011001080001000 corresponde al predio distinguido con el No. 080-11249. Que la parte actora en las oportunidades procesales diseñadas por el legislador no se preocupó por solicitar pruebas para tal fin, lo que imposibilita al juez decretar pruebas de oficio, ya que conforme a la doctrina y a la línea jurisprudencial del Consejo de Estado1, no es admisible que cuando haya omisión de allegar al

proceso los elementos probatorios tendientes a acreditar los supuestos de hecho en que se fundamentan sus pretensiones, sea el juez quien con su actuación subsane las deficiencias probatorias. Por lo tanto teniendo en cuenta que el requisito de daño antijurídico se encuentra ligado íntimamente con el presupuesto procesal de legitimación es la causa por activa, deberá declararse este medio exceptivo y en consecuencia denegarse las pretensiones de la demanda, pues el señor Bermúdez Gallo no logró acreditar en los términos de la sentencia de unificación de la sección 3ª que el bien respecto del cual figura como titular en el certificado de tradición corresponde al que fue ocupado por la sociedad Ruta del Sol II S.A. 1 Sentencia del 14 de septiembre de 2017 Rad. No. 08001-23-31-000-1998-12677-01 (44657). 5 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00 Salvamento de Voto No es claro porque la empresa Ruta del Sol S.A. propone a las señoras Yepes oferta formal de compra de franja de terreno, siendo que en el certificado de libertad, 011001080001000, los propietarios son tres, las dos señoras y el demandante, Oscar Bermúdez Gallo.

No hay claridad sobre la identidad del predio pues, en una parte de la sentencia se señala con la matricula inmobiliaria No. 080-65993 y en otra se refiere al terreno con matricula inmobiliaria No. 080-11249. Y si es el mismo predio en la sentencia debería identificarlo siempre con un solo código catastral. En el único certificado de libertad que obra en el expediente, el demandante figura como uno de los propietarios. Por lo que no comparte la conclusión de la sentencia al afirmar que no es suficiente el certificado de tradición con matrícula inmobiliaria No. 08065993 para mostrar la titularidad de un porcentaje del predio, porque precisamente con base en ese porcentaje la sociedad Ruta del Sol debió incluir al demandante en la negociación. El registro de título de Oficina de Instrumentos Públicos constituye prueba suficiente para acreditar el derecho de dominio sobre un bien inmueble y en consecuencia legitima en la causa por activa cuando se acuda al proceso en calidad de propietario sobre un bien inmueble. No considera suficiente la certificación del IGAC para deducir de la misma que el demandante no es propietario, pues en dicho certificado se dice: que la presente información no sirve como prueba para establecer actos constitutivos de posesión. 6 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756)

470012333000201400080-00 Además la inscripción en el catastro no constituye título de dominio ni sanea los vicios que tenga una titulación o una posesión. Por último, señala que no puede la Sala desconocer la justicia material por un exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial y por ende frente a la duda de la titularidad del predio en disputa, el despacho conductor del proceso debió solicitar pruebas de oficio. 1.3 Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte accionante sustentó recurso de apelación, solicitando al Ad Quem revocar la decisión proferida en primera instancia y en su lugar se declare administrativamente responsable al departamento del Magdalena y a la sociedad Ruta del SOL II, con ocasión de la falla en el servicio, narrados en los hechos y pretensiones de la demanda, para lo cual se sustenta en las siguientes apreciaciones:  En la sentencia se señala que el departamento del Magdalena y la sociedad Ruta del Sol suscribieron contrato el 21 de noviembre del 2008, para la construcción y rehabilitación de la vía, no refleja propiedad, esto es no conduce la determinación del propietario.  La titularidad de su representado se establece no solo en las escrituras públicas, el certificado de matrícula inmobiliaria No. 0800065993, con la escritura pública 15 de 1918 donde se aclara que la inscripción del predio la Glorieta de Gaira, fue inscrita por error en el predio de las 20 hectáreas adquirida por el general Gabriel Bermúdez adquirido por la escritura No. 177 de 1901. Que el tribunal “…le entrega relevancia al certificado expedido por el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi, donde consta que la cédula catastral 011001080001000 corresponde al predio 080-11249. Para lo cual es importante 7 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00 resaltar que los certificados de la anterior entidad no conceden propiedad, pues en el mismo se dice que “la inscripción en el contrato no constituye título de dominio, ni sanea los vicios que tenga una titulación o en posesión.” Art. 42 Resolución No. 070 de 2011 emanada del IGAC” SIC  Se señala en la sentencia que las demandadas lograron demostrar de manera adicional que adquirieron el derecho de dominio de la faja de terreno identificado con la cédula catastral 01 100 108 0001000 y el 011 00177000100 y matrícula inmobiliaria No. 080-11 249 de la Oficina de Registro Públicos de Santa Marta, por lo que da por cierto la titularidad de los predios, a las señoras Yepes, sin tener presente que el registro no contempla el título, que es el que otorga la propiedad.  La compraventa celebrada entre los demandados y las señoras citadas, mediante escritura pública No. 1102 del 31 de octubre de 2012, en calidad de titulares de derecho, dice el tribunal-, no conlleva a una verdadera transmisión de

dominio sobre el predio de la Glorieta, ya que es posible que se trate de otro predio, que también le haya correspondido al general Bermúdez. Recalca la corporación judicial que la compra del predio a las señoras Yepes fue legal, sin embargo no menciona lo relacionado con el verdadero título que le corresponda a cada bien inmueble, con el respectivo antecedente registral, para dilucidar el título. Con los documentos aportados por el poderdante se probó el supuesto de hecho, como ser el titular de derecho de las normas que consagran el efecto jurídico, teniendo vocación de legitimación en la causa por activa. En el evento de que existan dudas, el juez debe solicitar pruebas de oficio en búsqueda de la verdad real, al respecto se pronunció el Ministerio Público recomendando que la ponente hiciera uso de las facultades oficiosas consagradas en el inciso 2º del art. 213 de la ley 1437 de 2011. 8 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00 En el salvamento de voto se dijo que no puede la Sala desconocer la justicia material por un exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial y por ende frente a la duda frente a la titularidad del predio en disputa, el despacho conductor debió solicitar pruebas de oficio.

Señala que el art. 208 de la Constitución Nacional dice que la administración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas

PREVALECERÁ EL DERECHO SUSTANCIAL.

A la luz de este mandato superior es que se ordena interpretar todo el ordenamiento procesal y precisamente el art. 4º del Código de Procedimiento Civil que consagra que “Al interpretar la Ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA LEY SUSTANCIAL.” Entonces el derecho sustancial tiene primacía en todo el ordenamiento jurídico precisamente la magnitud de su primacía hace que los elementos jurídicos de tipo procesal se desarrollen de forma correcta y oportuna para garantizarla. Termina señalando que el derecho procesal es un medio, un instrumento para lograr lo esencial que es el derecho sustancial.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos. 2.1.1. Problema planteado por la parte demandante. 9 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00 ¿Al momento de decidir de fondo un asunto el operador jurídico debe tener en

cuenta que el derecho sustancial prima sobre el derecho procesal? 2.1.2. Problema planteado por el Ministerio Público:  ¿Cuándo se pretende demostrar el derecho de dominio sobre un inmueble, es suficiente los títulos registrados ante la oficina de registro de instrumentos públicos?  ¿Con el fin de aclarar la identificación de un predio del cual versa el objeto de controversia, no es indispensable que el Tribunal solicite pruebas de oficio, para así poder decidir sobre el derecho sustancial que se cuestiona? 2.2. Marco teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado Encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, determinando que el Estado será responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, los cuales deben ser causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Así mismo el Consejo de Estado, en pronunciamientos recientes ha explicado que “los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado”2. 2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Expediente: 29939. 10 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00 Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. El daño El daño es considerado el elemento principal sobre el cual gira la Responsabilidad civil en Colombia, pues su fundamento es la reparación de aquel y el límite a la reparación es el mismo daño, pues no se puede reparar ni más ni menos de su real entidadPrincipio

de Reparación Integral. El daño, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien, o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura. Ahora bien, a pesar de que el artículo 90 de la Constitución establece que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, no existe en la legislación definición alguna del daño antijurídico. No obstante, la jurisprudencia nacional ha definido tal concepto como, aquel que se produce a pesar de 11 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00 que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación” 2.2.3. Responsabilidad del Estado por Ocupación de Bien Inmueble por Ejecución

de Obra Pública.3 “Tratándose de un juicio como el que ocupa la atención de la Sala, de responsabilidad por ocupación de inmuebles, la imputación jurídica del daño al ente demandado se configura, de un lado, con la violación de los deberes que la Constitución, la ley y el reglamento impone al Estado en relación con el respeto de la propiedad, y el consiguiente deber de negociar o expropiar con previa indemnización al propietario de los bienes que ha menester para la ejecución de la obra pública; y de otro lado, con la prueba de la ocupación permanente, total o parcial, del bien inmueble de propiedad de la parte demandante, por parte del Estado. En los casos en los que se pretende declaración de responsabilidad patrimonial por afectación que en el derecho del propietario causa la obra pública en razón de la aminoración de los atributos que caracterizaban al predio antes de la obra, bastará, para efectos de la imputación, con demostrar que tal afectación rebasa los márgenes de equidad que inspiran el reparto de las cargas públicas (…) Las gestiones que debía realizar el INVIAS para la adquisición de predios se regían para la época de los hechos, por la Ley 9ª de 1989 en su capítulo III, la Ley 388 de 1997 y su Decreto Reglamentario 1420 de 1998, donde se establece el procedimiento para la adquisición de predios por enajenación voluntaria y por expropiación, Ley 105 de 1993, artículos 34 y 35, fundamento de los avalúos para predios afectados por la construcción, rehabilitación o mejoramiento de una vía. La Ley 80 de 1993 - Estatuto de Contratación Administrativa. El Decreto Ley 2150 de 1995,

artículo 27; Decreto Ley 2150 de 1995; Decreto Ley 855 de 1994, reglamentario de la Ley 80 de 1993.; Ley 160 de 1994; y, Resolución No. 5471 de 14 diciembre de 1999 del INVIAS. Así las cosas, pesaba sobre el INVÍAS, a través del concesionario, la obligación de adquirir los predios necesarios para la ejecución de la mencionada obra, y no 3 Sentencia del Consejo de Estado sección Tercera subsección C Fecha: 09/04/2018 No. Radicación 25000-23-26-000-200211518-02 (37781) Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Actor: Luis Héctor Solarte Solarte y otros demandados: NaciónInstituto Nacional de Vías – INVIAS 12 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00 estando acreditada tal gestión en el caso que aquí se estudia y en relación con la franja de terreno objeto de afectación ambiental aquí definida, el daño antijurídico padecido por los actores le es imputable a la demandada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 11783.” 2.2.4. Ocupación Temporal o Permanente de Inmueble - la Carga de la Pruebadebe Acreditarse el Daño Antijurídico4 “A juicio de la parte actora, con motivo de los trabajos públicos ejecutados por el Área Metropolitana de Barranquilla en la intercepción de la vía circunvalar con la prolongación de la carrera 46, el 19 de mayo de 1997 se ocupó una franja de terreno de su propiedad que le ocasionó daños antijurídicos imputables jurídica o fácticamente a la entidad demandada y, en consecuencia, hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios causados. Sin embargo, la Sala encuentra que en el presente proceso existen falencias probatorias que impiden tener como acreditadas tales afectaciones (…) [S]e tiene que la sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño antijurídico no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Se recuerda que de conformidad con el régimen de responsabilidad vigente, el daño antijurídico no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo (…) Pese a estar acreditado que la demandante ostenta el derecho de propiedad de los predios rurales denominados Colombia y Carolina, el dictamen pericial tendiente a demostrar la ocupación de una franja de terreno de dichos inmuebles, no ofrece solución técnica a la controversia.” 4 Sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera Subsección B, 14 de septiembre de 2017

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO, Radicación número: 08001-23-31-000-1998-12677-01(44657) Actor: SOCIEDAD ALMACENES ROBERTICO Y COMPAÑÍA LIMITADA Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 13 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co

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Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00 2.2.5. Responsabilidad Estatal por la Ocupación o la Afectación a Bienes Inmuebles por Causa de Trabajos Públicos / aplicación del principio de igualdad frente a las cargas públicas – Elementos5 “[E]sta Sala, ha sostenido de forma reiterada que, sin perjuicio de la acreditación de eventuales fallas del servicio, el régimen de responsabilidad aplicable ha de ser el de carácter objetivo, y que hay lugar a su declaración, una vez se haya demostrado que una parte o la totalidad de un bien Inmueble de propiedad del demandante, hubiere sido afectado de forma permanente por la Administración o por particulares que actúan autorizados por ella (…) la imposición de la obligación resarcitoria a cargo del Estado en este tipo de casos se justifica por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas en que la afectación se traduce, pues no existe para el particular afectado el

deber jurídico de soportar, sin compensación alguna, el detrimento que a su patrimonio material o inmaterial se ocasiona a causa de la realización de unas obras o trabajos públicos que bien pueden reportar beneficio para la colectividad entera, pero lesionan desproporcionadamente los derechos de un coasociado.(…) La jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado que la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado por la afectación y/o por la ocupación permanente de Inmuebles supone la concurrencia de dos elementos: i) el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el demandante. Están comprendidos, por tanto, no sólo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad, sino también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del Inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado y; “ii) la imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de que la afectación u ocupación permanente, total o parcial, del bien inmueble de propiedad del demandante, provino de la acción del Estado. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, sentencias del 19 de abril de 2012. exp 21515 y 10 de agosto de 2005, exp. 15338.” 5 Sentencia del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A del 24/10/2017 PONENTE: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Rad. No. 25000-23-26-000-2005-00294-01 (36696) (E)

ACTOR: MARINA MONTOYA DE RODRÍGUEZ DEMANDADO : NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OTRO 14 PGP Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co

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PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. (62756) 470012333000201400080-00 2.3. Las pruebas obrantes Dentro del material probatorio que obra en el expediente, destacamos las siguiente