PGN - DERECHO DE PETICION Consagración constitucional
Detalles
- Título
- PGN - DERECHO DE PETICION Consagración constitucional
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa
Radicación: 065-890/98
Implicado: Roberto Antonio Melo Padilla
Cargo: Rector Colegio Nacional Simón Bolívar (Arauca)
Quejosa: Dreyza Martínez Guadasmo Fecha hechos: 03/01/00
Fecha queja: 11/12/99
Asunto: No dar respuesta a derecho de petición
Bogotá DC, 21 de agosto de 2003 Procedentes de la Procuraduría Regional de Arauca llegan las presentes diligencias radicadas bajo el No 065-890/99, a fin de que se decida el recurso de apelación contra la resolución calendada el 13 de mayo de 2003, por medio de la cual sancionó a ROBERTO ANTONIO MELO PADILLA en su condición de Rector del colegio Simón Bolívar del Municipio de Arauca (Arauca), con multa equivalente a once (11) días de salario que devengaba para la época de los hechos. HECHOS La presente investigación disciplinaria se originó con fundamento en la queja formulada por la Señora DREYZA MARTÍNEZ GUADASMO, consistente en la no respuesta al derecho de petición suscrito el 11 de diciembre de 1998 por parte del Rector del colegio Simón Bolívar del Municipio de Arauca. CARGOS (27-33) Se formularon cargos mediante auto de 28 de febrero de 2000 que se concretó de la siguiente forma: 1. “Usted en su calidad de Rector del colegio Nacional Simón Bolívar sección secundaria de Arauca, al parecer, omitió dar respuesta al escrito calendado el día 11 de diciembre de 1998, por medio del cual la Señorita DREYZA MARTÍNEZ
GUADASMO, le solicitaba, le diera por escrito la decisión tomada por el Consejo Directivo, manifestada por usted en forma verbal, el día 4 de diciembre del mismo año de que no se podía graduar por indisciplina; igualmente le solicitaba indicar en que forma del manual de convivencia contempla “que por indisciplina de un estudiante, se le niega el derecho a graduarse en ceremonia”, como también le expidiera copia de las actas del seguimiento efectuado por parte de la coordinación de disciplina y psicorientación” (sic). “La conducta del disciplinado puede hallar adecuación típica dentro del numeral 9 artículo 41 de la Ley 200 de 1995 (de las prohibiciones) está prohibido a los servidores públicos: “Omitir y retardar o no suministrar oportunamente respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o solicitudes de las autoridades, retenerlas o enviarlas a destinatario diferente la que corresponda cuando sea de otra oficina” DESCARGOS (fls. 37-41) El encartado dio respuesta en los siguientes términos:
1. Que dio respuesta de manera verbal a la estudiante DREYZA MARTÍNEZ, resolviendo las inquietudes que solicitaba en la petición escrita; que la solicitud fue presentada el día anterior a la ceremonia de graduación, fecha para la cual tenia 1 diversas ocupaciones, dado la proximidad de la terminación del año escolar y la graduación de los estudiantes.
2. Que ante el cúmulo de trabajo solicitó a la secretaria ubicar a la docente para darle respuesta, por cuanto asumió que durante la entrevista que mantuvo con la estudiante ella había aceptado las explicaciones, asintiendo positivamente su conformidad con la respuesta.
3. Que no tuvo intención de violar las normas descritas como infringidas y que su actuar no fue doloso ni culposo, por lo que solicita el archivo del proceso.
LA DECISIÓN DE INSTANCIA El aquo sustentó la decisión señalando que la petición dirigida al Rector del colegio Simón Bolívar debió absolverse de manera oportuna y escrita y no de forma verbal. La respuesta al derecho de petición es de estirpe constitucional y el escrito de descargos contiene argumentos que no son lo suficientemente sólidos con relación a la falta que se le imputa. El Señor MELO PADILLA no dio contestación al derecho de petición presentado por la alumna, desconociendo la perentoria obligación contemplada en el artículo 6 del CCA de responder las peticiones dentro de los 15 días a la fecha de su recibo. De otra parte el disciplinado violó el numeral 9 del artículo 41 que prohíbe a los servidores públicos omitir y retardar o no suministrar oportunamente respuesta a las peticiones o solicitudes de las autoridades. El mismo implicado admite sin ambages el no haber dado respuesta a la petición de la estudiante, encontrando plena demostración de la responsabilidad del encartado con el hecho materia de investigación. La falta cometida por el Señor ROBERTO ANTONIO MELO PADILLA es grave, en virtud de la negligencia con que actúo, el alto cargo ocupado como Rector del colegio Simón Bolívar de Arauca y el perjuicio que se causó a la estudiante al no dar respuesta a su solicitud. Se le impuso la sanción de multa equivalente a once (11) días de salario que
devengaba para la época de los hechos. EL RECURSO Y SUS FUNDAMENTOS El encartado sostiene que el fallo es demasiado drástico, toda vez que admitió no haber dado respuesta escrita a la alumna, pero que le resolvió las inquietudes presentadas dejándola satisfecha, así mismo recibió su titulo de bachiller sin dificultad alguna y sin que insistiera en la respuesta escrita, al resolver de plano la solicitud. Que la calificación de la conducta, suministrados los anteriores razonamientos y de acuerdo al acervo probatorio obrante dentro del proceso como Rector del colegio Simón Bolívar no puede ser calificada como de negligente y por ende grave, pues en su actuar no hubo dolo ni culpa, siendo desprevenido teniendo en cuenta que habían quedado resueltas las inquietudes de la alumna debiéndose valorar el resultado y no solamente su actuar. Al culminar el año escolar el trabajo se acrecienta, requiere mayor tiempo y dedicación, por lo que su actuar no puede ser considerado como negligente o irregular. 2 CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Sea lo primero señalar que el funcionario debe investigar tanto los hechos y circunstancias favorables como los desfavorables a los intereses del disciplinado; principio que recoge la Constitución Política de Colombia e integrado al ordenamiento disciplinario (Ley 734 de 2002); de la misma forma la ley disciplinaria establece que deberá apreciarse de manera integral las pruebas conjuntamente de acuerdo a la sana critica. Se le cuestiona al Señor Rector del colegio Simón Bolívar de Arauca no dar
respuesta oportuna al derecho de petición presentado por la estudiante DREYZA MARTÍNEZ GUADASMO, quien le solicitaba dar por escrito la decisión tomada por el consejo directivo el 4 de diciembre de 1998 y transmitida en forma verbal que no podía graduarse por indisciplina, e igualmente se le indicara el capitulo y numeral del manual de convivencia que señalara que un estudiante por indisciplina no podía graduarse, así como copias de las actas del seguimiento hecho por la coordinación de disciplina y psicorientación (fl. 2). Ahora bien, el escrito presentado por la quejosa no apareció registrado como recibido por el rector, debiendo el funcionario instructor convalidar el dicho de la quejosa con el testimonio de la secretaría Académica del Colegio Simón Bolívar de nombre ASTRID LATRIGLIA ALBARRACIN, quien contesto a la pregunta si reconocía el oficio de fecha 11 de diciembre de 1998 lo siguiente: “CONTESTO: Si reconozco el oficio de fecha 11 de diciembre de 1998, suscrito por la Señora DREYZA MARTÍNEZ GUADASMO y dirigido al Rector del colegio Simón Bolívar, puesto que lo leí y luego se lo entregó al Licenciado ROBERTO ANTONIO MELO para tenerlo presente y así darle respuesta. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si al escrito del 11 de diciembre de 1998 suscrito por la Señora DREYZA MARTÍNEZ GUADASMO, le dio respuesta el licenciado ROBERTO ANTONIO MELO CONTESTO: No se le dio respuesta escrita, el licenciado ROBERTO ANTONIO
MELO le respondió verbalmente a la Señora DREYZA MARTÍNEZ GUADASMO y seguidamente le leí el acta del Consejo Académico donde había quedado consignada la sanción para ella y los demás alumnos con problemas disciplinarios” (fls. 9-10) (sic). El encartado reconoce no haber dado respuesta de manera escrita a la alumna, toda vez que consideró que habiéndola dado en forma verbal y satisfecha el interés de la estudiante había cumplido con la obligación de absolver la petición presentada. Señala el encartado que ante el cúmulo de trabajo por culminación del año escolar así como la ceremonia de grado que se realizó el 12 de diciembre de 1998, es decir un día después del petitorio de la estudiante, hacía imposible dar una respuesta de manera escrita, no obstante afirma haber dado respuesta de manera verbal asintiendo la quejosa las explicaciones dadas por el señor Rector. Indiscutiblemente el derecho de petición está consagrado como un derecho fundamental reglado en el Código Contencioso Administrativo desde el punto de vista formal como material, siendo su desconocimiento censurable desde todo punto de vista, no obstante esta delegada ha sido cuidadosa en analizar cada uno de los aspectos que rodean la no respuesta pronta y de fondo de lo pretendido por parte de las comunidades estudiantiles y/o universitarias En el subexamine hay que entender que se trataba de una situación académicadisciplinaria dentro del escenario estudiantil, siendo absuelta la inquietud conforme al reglamento y manuales de convivencia (directivas-estudiantes), circunscribir el asunto dentro de la orbita ordinaria de la administración pública, es concederle una
3 trascendencia innecesaria, exegética literal y puramente formal, desconociendo la buena marcha de la administración pública. El Señor Rector dio respuesta verbal de manera inmediata en presencia de otros docentes a la estudiante de las razones que se tuvo para no graduarla en la ceremonia prevista para el día siguiente a la petición escrita que le hiciera la alumna, así mismo debe atenderse sin vacilaciones y de manera integral el testimonio de la secretaria académica del colegio, pues se convalida para tener como presentada la solicitud de la estudiante pero no se acoge por el aquo el dicho de la misma cuando señala que se le dio respuesta a la estudiante y se le leyó la decisión adoptada por el consejo académico, quedando resuelto de plano la petición presentada por la estudiante, liberando así a la petición de algún efecto vinculante material, o sea, ella perdió su sentido por sustracción de materia. Es importante señalar que la petición pretendía que se le informara los motivos por los cuales no se podía graduar de bachiller en ceremonia con los demás estudiantes por indisciplina como la indicación normativa en el manual de convivencia; pero dicha respuesta fue absuelta por el rector como por la secretaria académica del colegio de manera inmediata, tanto así que la propia quejosa en el petitorio reafirma los motivos por los cuales no podía graduarse por indisciplina, no obstante ni siquiera había comenzado a correr el plazo señalado por la ley cuando se dio respuesta de fondo por el propio rector y la secretaria académica del colegio que la decisión había sido tomada por el consejo académico del colegio quedando resuelto el petitorio o lo pretendido por la quejosa.
Cabe señalar que si se acoge la versión de la secretaria académica del colegio para dar como recibido el derecho de petición por parte del encartado, debe de igual forma acogerse su dicho en la misma diligencia que se dio respuesta de inmediato a la quejosa por función directa y por delegación que le hiciera el rector tal como lo manifiesta el encartado en la versión libre. Así las cosas se considera que los aspectos fundamentales de la petición quedaron resueltas tanto por el Señor Rector como por la secretaria académica, faltando la formalidad escrita en tal sentido como lo obliga la ley, pero no debe desatenderse que lo pretendido por la quejosa se agotaba al día siguiente con la ceremonia y que la imposibilidad de asistir a ella como graduando obedeció a una sanción impuesta por el consejo académico, no obstante obtuvo su titulo de bachiller. Desafortunadamente el funcionario instructor no requirió a la quejosa por las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que le fue dada la respuesta por el señor Rector y delegación y respuesta dada por la secretaria académica quedando la duda en tal sentido, duda que favorece indefectiblemente al encartado. No podría imponerse una sanción disciplinaria cuando no está demostrado que el actuar del encartado haya estado revestido de dolo y/o culpa, es decir con la intención de causar daño o de omitir una clara respuesta al petitorio de la alumna, menos aún cuando no causó perjuicio o vulneró un derecho irreparable y/o irremediable, el no graduarse de manera conjunta con los demás estudiantes sin perjuicio de las motivaciones académicas disciplinarias que mediaron la decisión del
consejo académico, no imposibilitaron el grado de bachiller de la quejosa y la continuidad de sus estudios superiores, así mismo hay que tener en cuenta que el Señor Rector manifestó tener la convicción de no haber incurrido en falta disciplinaria, pues había atendido la solicitud de la quejosa de manera verbal y en la finalización del año escolar. Pese a que la conducta es típica por encontrarse descrita en el ordenamiento jurídico y antijurídica por la producción de una contradicción entre la conducta 4 asumida expresada en una acción u omisión y lo establecido en la norma constitucional y legal, se evidencia una causal de justificación de la conducta recogida por la Ley 734 de 2002 como causal de exclusión de responsabilidad toda vez que el encartado actúo con la convicción errada e invencible de que su conducta concerniente en dar respuesta a la petición formulada por la estudiante de manera verbal no constituía falta disciplinaria, así como el análisis de los aspectos que rodearon la situación académica - disciplinaria dentro del orden colegial. No queda plenamente demostrado que el encartado haya querido omitir la obligación de suministrar respuesta a la quejosa, antes por el contrario se tiene que se dio las explicaciones necesarias personalmente y por intermedio de la secretaria académica del colegio. Así las cosas se proceden a revocar la decisión de instancia de acuerdo con las consideraciones realizadas. En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR DELEGADO PRIMERO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, RESUELVE PRIMERO: Revocar la decisión adoptada por la Procuraduría Regional de Arauca, por Resolución de 13 de mayo de 2003, mediante la cual sancionó a ROBERTO
ANTONIO MELO PADILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.321.320 de Bogotá, en su condición de Rector del Colegio Simón Bolívar, con multa de once (11) días de salario que devengaba para la época de los hechos, y en su lugar absolverlo de responsabilidad disciplinaria.
SEGUNDO: Remitir las diligencias a la Procuraduría Regional de Arauca, para que notifique personalmente a ROBERTO ANTONIO MELO PADILLA la presente decisión, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto líbrense las respectivas comunicaciones En caso de que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario TERCERO: Cumplido lo anterior, remitir a la División de Registro y Control los formularios para el registro de la Absolución, enviando las copias necesarias con su constancia de ejecutoria y archívense las diligencias.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA
Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM / jagr Exp: No 065-890/99 janeth 5