PGN - DERECHO DE PETICION De un proceso contractual no está sometido a reserva

Dependencia: Segunda Delgada para la Contratación Estatal

Radicación: 078-3195/01

Investigado: CARLOS ALONSO GOMEZ BAQUERO, GUILLERMO

LEON CORRALES, GEGSNY ESPERANZA

CAMPUZANO, EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ Y

MIRYAM POSADA PRADA.

Entidad: Jefe Centro Agropecuario (Espinal); Subdirector administrativo y Financiero, Subdirectora de Formación Profesional, Profesional de Recursos Físicos e Instructora del CAISAT – SENA de Espinal (Tol.) Fecha Queja: 16 de mayo de 2001

Fecha Hechos: Desde el 3 de abril de 2001

Actuación: Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., 28 de junio de 2006 Procede el Despacho a decidir el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el doctor CAMILO E. DELGADO HERRERA, apoderado del señor CARLOS ALONSO GOMEZ BAQUERO, contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional del Tolima, de fecha 27 de abril de 2006, (Fs. 459 a 469 C. 2), en el cual se sanciona al señor CARLOS ALONSO GOMEZ BAQUERO, con multa de 75 días del salario, equivalente a $6.048.525,oo y declara la prescripción de la acción disciplinaria, respecto de los investigados GEGSNY ESPERANZA CAMPUZANO

MORA, GUILLERMO LEON CORRALES, EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ,

Y MIRYAM POSADA PRADA.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 171 de la Ley 734 de 2002 y 157 y 158 de la ley 200 de 1995.

I. ANTECEDENTES

1. Con base en la queja instaurada en la Procuraduría Regional del Tolima por el señor LIBARDO PORTELA SANCHEZ, el 17 de mayo de 2001, se tramitó la correspondiente investigación disciplinaria, por presuntas irregularidades que se presentaron en el SENA Regional Tolima, con ocasión de la celebración de un contrato de suministro de alimentación a funcionarios, trabajadores y alumnos del Centro de Atención Integral al Sector Agropecuario del Tolima “CAISAT”, en el municipio del Espinal.

2. Dentro de la investigación adelantada, el día 25 de septiembre de 2005, (Fs 225 a 248 C. 1), se formularon cargos contra los señores CARLOS ALONSO GOMEZ BAQUERO, en calidad de Jefe del Centro Grado 02, G. ESPERANZA CAMPUZANO

MORA Subdirectora de Formación Profesional, GUILLERMO LEON CORRALES RAMIREZ Subdirector Administrativo y Financiero, EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ Profesional de Recursos Físicos, y MIRYAM POSADA PRADA Instructora del CASIAT. Expediente No. 78-3195-01

Proyectó: Iriana Aponte Díaz

3. Al señor CARLOS ALONSO GOMEZ BAQUERO, le fueron formulados los siguientes cargos. “1.1. Por omisión, como jefe del Centro Agropecuario del Espinal, del SENA, al no suministrar respuesta oportuna al derecho de petición formulado por el señor Libardo

Portela Sánchez, de abril 6 de 2001, absuelto mediante Oficio No. 1442 de mayo 15 de 2001 por acción de tutela promovida por el peticionario presentada ante las autoridades judiciales el 10 de mayo del mismo año” “(…)” “1.2. Por omisión como Jefe del Centro Agropecuario del Espinal, del SENA, al no suministrar los documentos solicitados mediante escrito de abril 16 de 2001, al señor Libardo Portela Sánchez.” “1.3. Como director de la actividad contractual y miembro del comité de compras reunido el 27 de marzo de 2001 para evaluar las propuestas presentadas con miras a seleccionar y contratar directamente el suministro de alimentación a funcionarios trabajadores y alumnos pertenecientes al Centro de Atención Integral al Sector agropecuario del Tolima (CAISAT), del municipio del Espinal (Tol), para la vigencia de 2001, violó los principios de selección objetiva responsabilidad y economía consagrados en la Ley 80 de 1.993 al no proceder a continuación a la suscripción y ejecución del contrato con la firma Nutrial Ltda., que resultó favorecida basado en decisiones contrarias a derecho determinadas por dicho comité en reunión extraordinaria celebrada el 3 de abril del precitado año.”

4. Mediante providencia del 27 de abril de 2006, la Procuraduría Regional del Tolima, profirió fallo de primera instancia en el cual resolvió, sancionar al señor CARLOS ALONSO GOMEZ BAQUERO, con multa de 75 días del salario, equivalente a $6.048.525,oo, y declarar la prescripción de la acción disciplinaria, respecto de los

investigados GEGSNY ESPERANZA CAMPUZANO MORA, GUILLERMO LEON

CORRALES, EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ, Y MIRYAM POSADA

PRADA.

5. El fallo de primera instancia fue debidamente notificado a los investigados así, el 4 de mayo de 2006, de manera personal a la Dra. MIRYAM POSADA PRADA (F.475 C 2), el 9 de mayo de 2006, de manera personal al Dr GUILLERMO LEON CORRALES RAMIREZ (F. 476 C. 2), el 11 de mayo de 2006 al Dr. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA (F. 477 C. 2), y mediante edicto desfijado el 18 de mayo de 2006, fueron notificados los doctores EDAGR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ y G.

ESPERANZA CAMPUZANO.

6. El recurso de apelación, fue interpuesto y sustentado en oportunidad legal por el Dr. CAMILO E. DELGADO HERRERA, en su calidad de apoderado del Dr. CARLOS ALONSO GOMEZ BAQUERO y el 19 de mayo de 2006, fue concedido por la Procuraduría Regional del Tolima, ordenando remitir al superior los originales de la referencia.

2 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO Como fundamento del recurso de apelación interpuesto, el apoderado del Dr.

GOMEZ BAQUERO, manifestó lo siguiente: Con relación al cargo primero, basado en la no respuesta oportuna del Derecho de Petición, presentado por el señor LIBARDO PORTELA SANCHEZ, el día 6 de abril

de 2001, el apoderado considera infundada tal imputación pues en su opinión, dentro del expediente no existe prueba suficiente de la existencia del citado documento, de conformidad con lo normado en el Acuerdo No. 007 de 1994, del Archivo General de la Nación, modificado por el Acuerdo 060 de 2001, donde se exigen requisitos tales como sellos y firmas de recepción los cuales se echan de menos en la copia del escrito allegado por el quejoso, pero que si se encuentran en el documento fechado 16 de abril de 2001. Igualmente fundamenta su posición con lo que se evidenció por parte de los funcionarios que realizaron la visita administrativa, en donde se dijo que dentro de la correspondencia recibida el 6 de abril de 2001 no se halló Derecho de Petición de la firma NUTRIAL LTDA., o del señor LIBARDO PORTELA SANCHEZ; pero que sin embargo, el Despacho si consideró como prueba, la copia de la acción de tutela instaurada por el quejoso el 10 de mayo de 2001, sin que obre dentro del expediente copia o evidencia del fallo proferido dentro de la citada actuación judicial. De igual forma considera que por parte del Despacho se ha llegado a presumir la mala fe o el dolo de su defendido, cuando supuestamente se conocía de la situación por parte del quejoso, de acuerdo con comunicaciones verbales que este sostuvo con el investigado, pero que al señor CARLOS ALONSO GOMEZ, nunca se le escucho dentro del expediente, para que controvirtiera si hubo o no la conversación aludida, toda vez que él estaba fuera de la ciudad y así poder tener la certeza para la calificación de la falta,

Recaba el apelante en que dentro del documento, al faltar los requisitos de sellos y firmas de recibido y que como solo se encuentra en éste una firma ilegible, ello genera una duda razonable, respecto a la recepción del documento por parte del investigado y para apoyo de su tesis refiere el contenido de un fallo de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal (Exp 037-5488-99), en el cual se decidió con base en la insuficiencia probatoria respecto a trámite interno de un Derecho de Petición, admitir los descargos y absolver de la responsabilidad disciplinaria al investigado. Finalmente dentro de las manifestaciones del apoderado con relación al primer cargo, señala algunos apartes jurisprudenciales y de doctrina expuesta por la Procuraduría General de la Nación, relacionados con la importancia del Debido Proceso así como de la valoración integral de las pruebas obrantes en el expediente, para concluir solicitando la revocatoria del primer cargo o en su lugar que se absuelva al investigado. Frente al segundo cargo, referido a la no contestación del Derecho de Petición, en el que se le solicitaban copias de algunos documentos, retoma el apelante lo 3 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz manifestado dentro del Fallo, cuando se reseña al acta de visita administrativa practicada durante los días 14 y 16 de febrero de 2006, en la que solo se estableció una solicitud de similar contendido a la de la petición de 16 de abril de 2001, pero fechada 4 de mayo de 2001, sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza distinta

de la solicitudes, pues en la de 6 de abril se pide información y en la segunda se requieren documentos, los términos varían, entonces, en opinión del apelante la respuesta dada el 15 de mayo de 2001, mediante la cual se le informaba al peticionario las razones para dejar sin efectos la petición inicial, fue proferida dentro del término legal, hecho que hacía imposible satisfacer las solicitudes del peticionario, pues con relación al contrato al que se hacía referencia en la solicitud, según el apelante no existía y menos podía tener el visto bueno de la oficina jurídica. Así mismo, considera que la petición del señor PORTELA, era carente de sentido, porque él tenia en su poder una copia del supuesto contrato, la cual le fue entregada en forma irresponsable por los señores PEDRO PABLO TRUJILLO Y EDGAR

AUGUSTO PRADA.

Frente a los demás documentos, retoma el apoderado el contendido de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1.993, en virtud de la cual los oferentes, incluido el quejoso tienen acceso a las actas de evaluación de las propuestas y en consecuencia, el Derecho de Petición, solamente debía ser visto como un mecanismo subsidiario, pues la función del mismo, no es la de abrogar la normatividad establecida para el desarrollo de ciertas actividades, sino para darle preponderancia al ejercicio de la función pública al servicio de la ciudadanía. Por lo anterior, igualmente solicitó que se revocara el cargo o que se absuelva del mismo a su poderdante. Respecto al tercer cargo, referido a una eventual violación a los principios de

selección objetiva, por no suscribir el contrato con la firma NUTRIAL LTDA., que había obtenido el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas, basado en decisiones contradictorias tomadas en el comité de 3 abril de 2001, el apoderado señala que no puede considerarse responsable a su defendido, por las actuaciones de los funcionarios que le entregaron copia del citado contrato al señor PORTELA, pues el no fue quien lo hizo, sino que tal conducta fue desplegada por otros. Así mismo, no comparte los argumentos del fallador de primera instancia, cuando a los miembros del Comité de Compras a quienes el Despacho les concede la prescripción, continuaron detentando tal posición con posterioridad al 3 de abril de 2001 y se reunieron en posteriores comités para debatir el asunto, cuestiona “¿Por qué razón a su conducta no le endilga el Despacho la calidad de sucesiva o continuada y a la de mi prohijado si?, Es indudable que tal decisión es violatoria del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la C. N. Y en el artículo 15 del CUD.” De igual forma cuestiona la Defensa, el hecho de considerarse como continuada la ejecución de la conducta hasta el 12 de junio de 2001, pues en su opinión, la conducta se agotó en las reuniones de 27 de marzo y la extraordinaria de 3 de abril y 4 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz como fundamento de su afirmación retoma lo expresado en el fallo, cuando la Procuraduría Regional manifiesta que “…al no haber procedido como jefe de dicho

centro y director de la actividad contractual a continuación de la evaluación de las diferentes propuestas que se presentaron, a suscribir y ejecutar la contratación con la firma comercial que resultó favorecida en la evaluación o Nutrial Ltda., violando los principios de la contratación estatal de selección objetiva, responsabilidad y economía de la Ley 80 de 1.993, basado en decisiones contrarias a derecho determinadas por el Comité de compras reunido extraordinariamente el 3 de abril de 2001”. De otra parte también cuestiona el apelante que el fallador de primera instancia considere que la expedición de ordenes de trabajo, temporales a personas distintas del quejoso, sea causal para irrogar responsabilidad disciplinaria y otorgarle la calidad de continuada por esta razón al cargo, pues en su opinión, estas órdenes de trabajo solo fueron soluciones temporales a las necesidades propias de la entidad, más no hechos justificantes del cargo, como lo asegura el Despacho en el auto de cargos, al indicar que “…Además la continuidad de la conducta está demostrada por otras actividades que desarrolló el disciplinado y que las detalla el quejoso bajo la gravedad del juramento como sorpresa suya al enterarse en entrevista personal con el disciplinado, de la expedición de la orden de trabajo el 6 de abril de 2001, a nombre del señor José Isaid Cubillos…”, señala el apoderado que no puede considerarse una conducta como continuada, por tener la intensión de no celebrar el contrato. Considera el apelante que dentro del fallo se violó lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 734 de 2002, toda vez que la calificación jurídica otorgada a la conducta fue

modificada en el fallo de instancia, pues en el auto de cargos, la conducta fue descrita en el sentido de que como director de la actividad contractual violó los principios de selección objetiva responsabilidad y economía consagrados en la Ley 80 de 1.993 al no proceder a continuación a la suscripción y ejecución del contrato con la firma Nutrial Ltda., que resultó favorecida basado en decisiones contrarias a derecho determinadas por dicho comité en reunión extraordinaria celebrada el 3 de abril del precitado año.” Es decir que las conductas analizadas se habrían agotado el 3 de abril de 2001, sin embargo en el fallo de instancia se variaron las condiciones de tiempo, modo y lugar, ya que determinó como modalidad o forma de realización de la conducta un acto de ejecución continuada siendo que el auto de cargos se indica que esta es una conducta de ejecución instantánea. De acuerdo con lo expuesto, la variación de la calificación de la conducta de ejecución instantánea a ejecución continuada tiene implicaciones que afectan el fondo del asunto, porque si se califica la conducta como de ejecución instantánea se debe extinguir la acción disciplinaria de acuerdo con los artículos 29 y 30 del CUD, caso contrario ocurre, si la conducta se considera como de ejecución sucesiva. 5 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, es competencia de esta Delegada conocer en segunda instancia, los procesos que en primera instancia son competencia de los Procuradores Regionales, en

consecuencia, el Despacho es el competente para decidir esta segunda instancia, la cual se limita únicamente a los aspectos impugnados y aquellos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la investigación., Revisado el fallo, las pruebas obrantes en el proceso y los argumentos expuestos por el apelante, considera el Despacho lo siguiente: Frente al primer cargo, relacionado con la no respuesta oportuna del Derecho de Petición radicado el 6 de abril de 2001, el fallador de primera instancia señala como razones de la decisión fundamentalmente que pese a que no se cuenta con una prueba idónea sobre el trámite interno de la correspondencia y en especial del citado documento, no son de recibo las exculpaciones del investigado, pues al derecho de petición, se le dio respuesta extemporánea, mediante oficio No. 001442 el 15 de mayo de 2001. Este hecho evidentemente está demostrado en el expediente, con la copia del derecho de petición (Fs. 4 y 5 C. 1) y de la respuesta que se le dio al mismo (Fs. 8 y 9 C.1), donde se lee en el asunto “su oficio del 6 de abril de 2001”; en este orden de ideas, el Despacho encuentra probada la tesis que sobre el punto expone el fallador de primera instancia y es que hubo una petición, a la cual se le dio una respuesta extemporánea, sin entrar a calificar si la misma satisface o no las expectativas del peticionario, sin embargo, al revisar los hechos generadores del cargo, encuentra este Despacho, que los mismos han tenido ocurrencia dentro del marco establecido en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, pues la respuesta fue dada el 15 de marzo

de 2001, lo que indica que a partir del 15 de marzo de 2006, se prescribió la acción disciplinaria y por ende no es procedente sancionar al investigado frente a esta conducta. Con relación al segundo cargo, el fallador de primera instancia señala que en este caso dentro de la visita administrativa, se evidenció una situación similar frente a la recepción de correspondencia, pues no se constató la existencia del trámite interno que se le dio a la solicitud en la entidad, sin embargo revisado el expediente, encontramos a folio 6 del cuaderno 1, copia del Derecho de Petición, debidamente radicado en el SENA, con sello de recibido, el día 16 de abril de 2001 y con firma de quien lo recibe y cuyo contenido refiere efectivamente a una solicitud de expedición de copias de los siguientes documentos. a) Copia del documento de convocatoria para la prestación del servicio de alimentación del restaurante de Caisat. b) Copia de cada una de las propuestas presentadas con motivo de dicha convocatoria. 6 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz c) Copia del acta del comité de evaluación de dichas propuestas donde se selecciona a la ganadora. d) Copia de la minuta del contrato con el visto bueno de la Oficina Jurídica del

Sena Tolima. Frente al cargo, el apelante afirma que de los documentos requeridos, el contrato no era susceptible de ser entregado, por cuanto el mismo no estaba en la Oficina Jurídica y con relación a los demás documentos, los oferentes contaban con un término establecido en la ley para conocer el contenido de los informes de

evaluación, en consecuencia, la solicitud carecía de idoneidad jurídica porque el instrumento legal para acceder a los citados documentos no era el Derecho de Petición, sino que debió utilizar el termino legalmente previsto para acceder a los mismos durante el traslado de las evaluaciones. A lo expuesto, el Despacho consideró que analizando el contexto no solo de la naturaleza de la solicitud, sino sobre la existencia de una similar pero radicada el 4 de mayo de 2001, evidenciada por los funcionarios que adelantaron la visita administrativa, no es procedente aceptar que hubo alguna respuesta a la solicitud de manera verbal, pues si esta se había formulado por escrito, ese era el medio para contestarla y en segundo lugar con respecto a que la petición de copias careciera de idoneidad jurídica señala el Despacho que son situaciones diferentes y en efecto el cargo merece reproche disciplinario. Adicional a lo expuesto, el fallo de primera instancia señaló que al Derecho de Petición radicado el 16 de abril de 2001, no se le puede considerar como contestado a través del documento de fecha 15 de mayo de 2001, pues la petición era una solicitud de documentos, concluyendo que “…siendo lo cierto procesalmente que nunca se contestó, prolongándose indefinidamente en el tiempo la conducta y por lo tanto, al no ser desvirtuado el cargo se confirma…..”(f.466 vto. C. 2). Al respecto, esta Delegada considera que de conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, es el Derecho de Petición, un Derecho Fundamental que toda persona tiene para presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, por

motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución de las mismas. Así mismo el artículo17 del Código Contencioso Administrativo, establece que el Derecho de Petición consagrado en la Constitución Política, incluye también el de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y a que se le expidan copia de los documentos, de acuerdo con la ley, es decir que no se encuentren sometidos a reserva. En este orden de ideas, tal y como lo ha definido la ley, el Derecho fundamental de Petición, no solo se limita a la posibilidad de solicitar información, sino que además incluye las solicitudes de copias y la efectividad del mismo se concreta, en la obtención de los documentos requeridos, así lo ha expresado la Corte Constitucional en sentencia T-464 de 6 de julio de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz al señalar que: “La efectividad del derecho a obtener copias es manifestación concreta del 7 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz derecho a obtener pronta resolución a las peticiones formuladas que también hace parte del núcleo esencial del derecho de petición…” De otra parte, si bien es cierto dentro del procedimiento establecido en la ley 80 de 1.993, en virtud del principio de transparencia, los interesados en los procesos contractuales tendrán la oportunidad de conocer y controvertir, los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones de los interesados sobre la evaluación realizada por el

comité respectivo, en momento alguno, ello implica el desconocimiento del Derecho Fundamental de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, que incluye el de solicitar copias de documentos no sometidos a reserva, pues son 2 conceptos distintos que en algún momento pueden confluir dentro de una misma actuación, como en el caso que nos ocupa, donde se solicita mediante derecho de petición copia de documentos entre los cuales están incluidos los informes del comité evaluador. Ahora bien, no es ajustado a Derecho el razonamiento del apelante, quien considera que dada la publicidad y contradicción propias del informe, y que es inherente a la evaluación de las propuestas y al informe como tal, se pueda entender que posteriormente no es dable al administrado solicitar copia de esas actuaciones surtidas dentro del trámite contractual, como tampoco es admisible bajo ese razonamiento, que nunca se dé respuesta a la petición, tal conducta en efecto si constituye una falta continuada y se culmina hasta el día en que se dé respuesta efectiva al peticionario y teniendo en cuenta que dentro del expediente no se evidencia la respuesta oportuna, ni siquiera una extemporánea, si es procedente la sanción por este cargo, en razón a la omisión del deber de dar respuesta oportuna a la solicitud de copias elevada por el señor LIBARDO PORTELA SANCHEZ y de la cual es responsable el investigado CARLOS ALONSO GOMEZ BAQUERO, en su condición de representante legal de la entidad y director de la actividad contractual. Corolario de lo expuesto, fuerza concluir que el Derecho de Petición de fecha 16 de abril de 2001, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, nunca se

contestó y esta si es una falta que solamente se agota en el momento en que se da efectiva respuesta al peticionario, entregando al mismo las copias requeridas o las explicaciones del porque no se posible acceder a la solicitud, en ese orden de ideas, considera esta Delegada que el cargo no ha prescrito y que es procedente sancionar al investigado CARLOS ALONSO GOMEZ BAQUERO, por tal omisión. Frente a los criterios para determinar la gravedad de la falta, así como el grado de culpabilidad, se encuentran acertados los expuestos en el fallo y así se reiteran, en consecuencia, se estima que la falta es grave en virtud de las calidades propias del investigado, pues ostentaba un cargo directivo y al ser los documentos requeridos de aquellos libres de reserva, era su deber atender en debida forma los requerimientos, conforme a los lineamientos legales. 8 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz Ahora bien, dada su condición de representante legal de la entidad y como director de la actividad contractual, no podía desconocer que la petición era resultado de un proceso contractual y que la misma no estaba sometida a reserva, menos aún podía entrar a desconocer el derecho de petición por considerar que hubo una etapa de contradicción sobre esos documentos dentro del proceso contractual, por lo cual este Despacho encuentra que la conducta fue desarrollada a título de DOLO.

Respecto al tercer cargo, relativo a la omisión del investigado en su calidad de director de la actividad contractual y miembro del comité de compras por la supuesta violación a los principios de selección objetiva, responsabilidad y economía consagrados en la Ley 80 de 1.993, al no proceder a continuación a la suscripción y

ejecución del contrato con la firma Nutrial Ltda., que resultó favorecida basado en decisiones contrarias a derecho determinadas por dicho comité en reunión extraordinaria celebrada el 3 de abril del precitado año, esta delegada considera lo siguiente: En primer lugar, tal como lo ha manifestado el Consejo de Estado, en Sentencia del 12 de agosto de 1.993, Sección Tercera, M. P. Julio Cesar Uribe, al referirse al valor e importancia de los informes de los comités dentro de los procesos licitatorios, tenemos: “…La ocasión se muestra propicia para reiterar pautas jurisprudenciales en el sentido de que los INFORMES o CONCEPTOS de los Comités Asesores son de interés para definir, en forma soberana, cual es la mejor propuesta, pero ellos no pueden ser valorados en la filosofía que lleva a predicar que son INTOCABLES, INCUESTIONABLES, INAPELABLES. Son si, elementos de juicio de especial importancia, pero con ellos no se puede entender que el órgano competente para hacer la adjudicación, quede con el camino sembrado de garantías hostiles. Darles el universo que sea cuestionado, sería quitarle al órgano encargado de hacer la adjudicación la posibilidad de ejercer la competencia…” Así las cosas, los informes de los comités de evaluación si bien es cierto, cumplen un gran papel dentro del proceso de selección del contratista, sus resultados no son el mecanismo establecido por la ley para la adjudicación de un contrato. En efecto, el órgano competente para adjudicar la licitación, puede apartarse de la recomendación del comité asesor, obviamente exponiendo razonadamente los

fundamentos de su proceder, pues en virtud de la selección objetiva, tampoco le es viable la discrecionalidad absoluta en su decisión, pues en el evento que no se expongan de manera seria y ajustada las motivaciones para apartarse de la recomendación, la decisión eventualmente podría ser anulada por falta de motivación en la mima. En segundo lugar, es necesario hacer claridad que el trámite del proceso contractual para la selección del servicio de alimentos en CASIAT, culminó con la comunicación dirigida a todos los partícipes en la convocatoria, de fecha 15 de mayo de 2001, en la que se les informó que “…el procedimiento de contratación directa dispuesto para la 9 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz prestación del servicio de alimentos del CAISAT, que la entidad contratante ha resuelto no celebrar el contrato del trámite selectivo…”(Fs. 154 a 167 C. 1) Este documento corresponde a un acto administrativo, en el cual se manifiesta de manera clara la voluntad de la administración y puede ser equiparado con la declaratoria de desierto del proceso, o en todo caso el acto que pone fin al procedimiento, conforme a lo establecido en el inciso final del numeral 3 del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, en consecuencia le pone fin a la actuación desplegada por la administración, tendiente a la selección de un contratista para que cumpliera con un servicio.

En ese orden de ideas, no es aceptable la posición del fallo de primera instancia, donde se considera que la conducta fue asumida por el disciplinado hasta el 12 de

junio de 2001, fecha que se determinó para fijar el único aviso de la nueva licitación y fecha en la que se expidieron las nuevas comunicaciones remitidas a varios proponentes, entre los cuales estaba el quejoso y a la cual, se anexaron los términos de referencia correspondientes. Adicional a lo expuesto, es importante analizar que el cargo formulado atiende a la no continuidad con el proceso de contratación, suscribiendo el contrato con el proponente que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación del comité, más no alude a ninguna conducta relacionada con el inicio de un nuevo proceso de selección. En este orden de ideas, no es cierto que la conducta estudiada fuera de ejecución continuada hasta el momento de la nueva convocatoria como lo expone el fallo de primera instancia, pues ¿Qué ocurriría si no se hubiese convocado a un nuevo proceso y simplemente se hubiere cerrado el existente sin adjudicar contrato alguno?, en ese orden de ideas, es preciso indicar que la conducta efectivamente se concluye con la notificación a los participantes en el proceso, respecto a que el mismo concluiría sin suscripción de contrato alguno. Situación diferente y que no fue objeto de cargo, analizar las implicaciones derivadas de la entrega, no por medios legalmente establecidos de la copia de una minuta de contrato, a quien en el informe de evaluaciones obtuvo el mayor puntaje, lo que no significa notificación de la adjudicación del contrato. Así las cosas y teniendo en cuenta que la comunicación que puso fin al proceso de selección y que lo declara fallido, es de fecha 15 de mayo de 2001, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 35 de la Ley 200 de 1.995 y 30 de la Ley 734 de 2002, la

acción disciplinaria con relación a este cargo se encuentra prescrita y por ende no es procedente la aplicación de sanción alguna. Por lo cual se deberá revocar el contenido del fallo atacado en lo que refiere al análisis de este cargo. Finalmente, considera el Despacho que dadas las fechas en que ocurrieron los hechos, así como la de conocim