PGN - DERECHO DE PETICION Deberes que constituyen carga procesal para el peticionario

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - DERECHO DE PETICION Deberes que constituyen carga procesal para el peticionario
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

DEPENDENCIA Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

RADICACIÓN 013-116675-05

DISCIPLINADO Nicolás Morales Bustamante CARGO y ENTIDAD Contralor Departamental del Putumayo QUEJOSO José Israel Peña FECHA QUEJA Enero 11 de 2005 FECHA HECHOS Diciembre 15 de 2004 ASUNTO Irregularidad en el ejercicio de sus funciones ESTADO Auto de Archivo Bogotá, D.C., 17 de enero de 2007 Procede el Despacho en ejercicio de la competencia que le otorga el Decreto 262 artículo 25 numeral 1º literal c) de febrero 22 de 2000, concordante con el artículo 19 inciso tercero de la Resolución 0017 de marzo 4 del mismo año del Despacho del Señor Procurador General de la Nación, a decidir conforme a derecho, el mérito de la presente indagación preliminar.

HECHOS: Mediante escrito del 27 de diciembre de 2004, el señor José Israel Peña, informó a la Procuraduría Regional del Putumayo, la presunta irregularidad que atribuye en contra de Nicolás Morales Bustamante, en su condición de Contralor Departamental de esa localidad, por la posible mora en responder el derecho de petición que ante ese despacho elevó el 23 de noviembre de 2004.

Agrega el quejoso, que el día 24 de julio de 2004, radicó en la Contraloría Departamental un derecho de petición, que fue respondido el 3 de agosto del mismo año, pero le negaron la información porque la solicitud carecía de algunos requisitos, la cual posteriormente corrigió y aún no se ha respondido (folios 7 a 11).

Con el fin de dar claridad a los hechos anteriormente narrados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria e identificar a los presuntos responsables, de conformidad con lo reglado en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, este despacho mediante auto del 7 de julio de 2006, dispuso adelantar la correspondiente indagación preliminar (folios 2 a 4).

CONSIDERACIONES: Dentro del material probatorio que se allegó oportunamente al plenario, puede el despacho establecer, que efectivamente el quejoso José Israel Peña, el 24 de julio de 2004, presentó ante el Contralor Departamental del Putumayo, como derecho de petición, un escrito en el que solicitó copias de sentencias y autos de imputación fiscal y aperturas dictadas por ese órgano de control, contra los señores Darío Flórez Hoyos, Alberto Caicedo Hincapié y Marco Ortega, así mismo que se le informara si fueron incluidos y reportados en el boletín de responsables fiscales -folio 21.

Petición que fue contestada dentro del término de ley establecido por el Código Contencioso Administrativo, por la Contraloría, el 3 de agosto del mismo año, informándole al peticionario que su solicitud no reunía los requisitos exigidos por el artículo 5º del citado Código y que por lo tanto hasta que se corrigiera no sería posible dar respuesta definitiva a dicha petición – folio 22. Posteriormente, el mismo quejoso, enterado de la decisión de la Contraloría Departamental, volvió a impetrar un nuevo derecho de petición, en el que incluyó los datos que inicialmente le hicieron falta en su primera solicitud; en esta oportunidad

señaló que la dirección a donde se le podía notificar sería: “El suscrito las recibirá en el barrio centro de este Municipio, carrera octava (8) número 7-16 Tercer Piso de OLA COMUNICACIONES. 4296112, si bien ésta dirección no es mía, en ese lugar si les dan razón y pueden entregar los oficios.” – folios 16 a 20. El Gerente de la emisora Maguare Stereo de Mocoa, certificó, que durante los días 28 y 29 de noviembre de 2004, emitió por ocho (8) ocasiones un aviso radial ordenado por la Contraloría Departamental, relacionado con la respuesta al derecho 2 de petición del señor José Israel Peña y le solicitaba comparecer ante dicha entidad, para ser notificado de la correspondiente respuesta -folio 57. En ese orden de ideas, encuentra el Despacho, que si bien es cierto, el señor José Israel Peña, no recibió oportuna respuesta a sus derechos de petición deprecados ante la Contraloría Departamental del Putumayo, esto no obedeció a descuido de los funcionarios de dicha entidad, sino porque no suministró dirección alguna a donde pudiera ser notificado de tales respuestas, ya que la dirección que aportó en la segunda oportunidad, tampoco correspondía a la de su residencia y allí no era conocido, tal como lo pudo afirmar el propio servidor de la Procuraduría Regional Norman Henry Bravo Cuellar, quien afirmó que en el barrio Luis Carlos Galán, no conocen al señor José Israel Peña, y en el edificio donde funciona Ola Comunicaciones tampoco lo conocen – folio 71.

Además la Contraloría se vio en la necesidad de contratar los servicios de una emisora radial para que ésta emitiera ocho (8) comunicados, solicitándole al señor José Israel Peña, que compareciera al despacho de la Contraloría, a fin de notificarle la respuesta a su derecho de petición, tal como obra en certificación de dicha emisora a folios 57 y 58. Efectivamente a folio 8 del expediente obra respuesta del Contralor Departamental del Putumayo, dirigida al señor José Israel Peña, lo que permite al Despacho determinar que dicha petición fue respondida dentro del término que otorga el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, a las autoridades administrativas para responder las solicitudes que se le hagan. Allí se le informó al peticionario, que debía cancelar el valor de $3.500.oo, por concepto de las fotocopias solicitadas, además se resolvieron en estricto orden cada uno de los puntos de su petición, indicándole igualmente el estado de las actuaciones fiscales solicitadas. Frente a esta conducta, es del caso señalar, que el propio Código Contencioso Administrativo, que reglamenta el derecho de petición, igualmente exige para su respuesta unos requisitos que deben ser cumplidos por el peticionario, es así como su artículo 5° señala: “...Las escritas deberán contener, por lo menos:

1. La designación de la autoridad a la que se dirigen.

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2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso con indicación del documento de identidad y de la dirección. (subraya el Despacho).

En consecuencia, visto que el señor José Israel Peña, en su solicitud inicial, no

aportó o informó la dirección a la cual debía enviarse la respuesta – folio 21, es lógico que no podía la entidad enviar la correspondiente respuesta, pues se desconocía a donde debía enviarse o dirigirse, igual ocurrió frente a la segunda petición, puesto que si bien aportó una dirección, allí no era conocido, tal como lo afirmó el citador de la Procuraduría Regional. Es de aclarar, que el ejercicio del derecho de petición no puede estar sujeto al simple albedrío del peticionario, sino que tiene que cumplirse con el lleno de los requisitos exigidos en el artículo 5º del C.C.A, como se señaló anteriormente, por lo que se debió esperar a que el peticionario se acercara a la Contraloría Departamental, para recoger la respuesta a su solicitud, pues, siendo él el interesado, debió concurrir a preguntar por el resultado de su petición, toda vez que en la dirección a donde debió ser enviada no era conocido, resultando así imposible para la entidad despachar la respuesta, teniendo en cuenta además que emitió ocho (8) comunicados en una empresa radial, donde lo requirieron para que se presentara, sin lograr resultados positivos. Así las cosas, y teniendo en cuenta que no existe prueba alguna que permita al Despacho siquiera inferir, que los implicados Nicolás Morales Bustamante y funcionarios de la Contraloría, hayan actuado con la intención de transgredir voluntariamente las disposiciones legales, no queda más que abstenerse de continuar con la presente actuación disciplinaria y ordenar el archivo definitivo de las diligencias. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 y 164 de la ley 734 de

2002, este despacho se abstendrá de continuar con el presente diligenciamiento, y ordenará el archivo definitivo del expediente. 4 En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, en ejercicio de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO: Abstenerse de continuar adelantando las presentes diligencias en contra del señor NICOLAS MORALES BUSTAMANTE, en su calidad de Contralor Departamental del Putumayo y otros funcionarios de esa entidad, para la época de los hechos, por las razones expresadas en la parte motiva de este proveído. En consecuencia se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de las presentes diligencias.

SEGUNDO: Notificar la presente decisión al investigado, indicándole que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la correspondiente comunicación, indicando la fecha de la providencia y la decisión tomada. En caso de no ser posible notificar personalmente, notifíquese por estado.

TERCERO: Comunicar esta decisión al quejoso, conforme lo dispone el artículo 109 de la ley 734/02, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria, en los términos consagrados en el art. 111 ibídem.

CUARTO: Por Secretaría de este Despacho, háganse las constancias y anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Primero Delegado Vigilancia Administrativa CAAM/EMC Exp. # 013-116675/05 mbm 6

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