PGN - DERECHO DE PETICION Es de creación constitucional pero se puede negar la solicitud d

SALA DISCIPLINARIA RECURSO DE APELACIÓN-Contra auto de archivo definitivo proferido por Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa CONDUCTA-Por presunto incumplimiento de orden judicial de Tribunal Administrativo del Quindío y violación del derecho de petición ARCHIVO DEFINITIVO-Por determinarse que funcionarios de la Universidad del Quindío actuaron conforme a derecho al buscar proteger derechos fundamentales ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN-Competencia de segunda instancia revisa solo aspectos impugnados e inescindiblemente vinculados ARCHIVO DEFINITIVO-Presupuestos legales para que opere esta decisión en actuación disciplinaria según regulación legal DERECHO DE PETICIÓN-Es de creación constitucional pero se puede negar la solicitud de documentos cuando tengan reserva legal Como primera medida, es de resaltar que el derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política como derecho fundamental, el cual permite que toda persona presente peticiones respetuosas ante autoridades por motivos de interés general o particular y, además, a obtener pronta resolución. Sin embargo, el legislador a través de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, reglamentó los escenarios en que la entidad pueda negarse a brindar la información o documentos solicitados, cuando estos gocen de reserva legal. PRUEBAS OBRANTES-Permiten inferir que disciplinado no incurrió en falta disciplinaria Dadas las condiciones que anteceden, la Sala no comparte los argumentos del apelante en el sentido de que a su consideración… efectuó el trámite detallado con la única finalidad de no dar entrega de la información requerida, pues a pesar que el derecho de petición fue radicado ante la entidad el día 16 de mayo de 2016 y la documentación fue

entregada el 25 de octubre de 2017, se surtieron todos los actos legales y acciones judiciales permitidos en el ordenamiento colombiano, para resguardar los derechos fundamentales de los involucrados y de terceros con interés directo. Si bien, el quejoso discurre que el trámite que se le dio a su petición fue dilatado e injustificado, esta colegiatura coincide con la postura de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, ya que en todo momento la Universidad del Quindío justificó su actuar, comunicándole al peticionario…..las razones por las cuales tardaba en entregar los documentos solicitados, resolviendo acatar las órdenes judiciales impartidas al agotar los mecanismos jurídicos y judiciales dispuestos para la protección de la información y datos sensibles de los empleados y contratistas vinculados a la universidad. Expediente 161-7914 AUTO DE ARCHIVO-Se debe confirmar en el sub examine 2 Expediente 161-7914 Bogotá, D.C, cuatro (4) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Aprobado en acta de Sala N°17

Radicación No: IUS-2016-339250 / IUC-D-2016-75-885787 (161-7914) Disciplinable: JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO Cargo y entidad: Rector de la Universidad del Quindío Quejoso: SABEL REINERIO ARÉVALO ARÉVALO Fecha queja: 16 de agosto de 2016

Fecha hechos: Vigencia 2016

Asunto: Apelación de la decisión de archivo definitivo

P.D PONENTE: LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

I. ASUNTO A TRATAR La Sala Disciplinaria resolverá el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto de archivo definitivo de las diligencias resueltas bajo el radicado en referencia, proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, el 28 de agosto de 2020.

II. HECHOS Da inicio a la presente actuación disciplinaria la queja1 interpuesta por SABEL REINERIO ARÉVALO contra JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO, en su calidad de rector de la Universidad del Quindío, por presuntamente incumplir la orden judicial proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 22 de julio de 2016 y violar su derecho fundamental de petición.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el 10 de mayo de 2016, el señor SABEL REINERIO ARÉVALO solicitó al investigado le expidiera copias de los actos administrativos de nombramiento, traslado, ascensos y contratos de prestación de servicios inherentes al personal de la parte administrativa de la Universidad del Quindío, a partir del mes de junio de 2014 a la fecha. Dicha petición fue contestada de manera negativa el día 23 de mayo de 2016, razón por la cual el peticionario formuló recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Quindío, resuelto de manera favorable al signatario y ordenando mediante decisión del 22 de julio de 2016, que la Universidad del Quindío expidiera las copias de los actos administrativos solicitados por el recurrente. Ante este fallo, JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO, en su calidad de rector

de la Universidad del Quindío, presentó acción de tutela el 29 de julio de 2016, correspondiéndole en primera instancia a la Sección Quinta del Consejo de Estado, que resolvió negar la acción de tutela y en segunda instancia, a la Sección Primera del Consejo de Estado, que confirmó la decisión del a quo. 1 Folio 50 (c. 1). 3 Expediente 161-7914

III. ANTECEDENTES PROCESALES La Procuraduría Regional del Quindío, mediante auto del 14 de septiembre de 20162, ordenó el inicio de indagación preliminar contra JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO, como rector de la Universidad del Quindío para la época de los hechos, y decretó la práctica de algunas pruebas.

A través de auto del 20 de noviembre de 20183, la Procuraduría Regional del Quindío dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el señor

JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO.

Con Resolución N° 768 del 20 de noviembre de 20184, el Procurador General de la Nación designó como funcionario especial a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa para que continuara con el actual proceso disciplinario hasta su culminación; razón por la cual, la Procuraduría Regional del Quindío remitió por competencia a la Delegada, mediante auto del 11 de diciembre de 20185. El 17 de febrero de 2020, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa declaró el cierre de la investigación disciplinaria6.

IV. DE LA DECISIÓN DE ARCHIVO

La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, con providencia del 28 de agosto de 20207, terminó la presente actuación disciplinaria y ordenó su archivo definitivo, al determinar que los funcionarios de la Universidad del Quindío a través de su Rector y demás dependencias, actuaron conforme a derecho al buscar proteger los derechos fundamentales del personal de planta y contratistas de la Universidad, interponiendo los mecanismos judiciales para tal fin. De igual manera, comprobó la primera instancia que una vez notificada la sentencia de tutela en segunda instancia, el rector JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO con oficio del 4 de agosto de 2017 manifestó el valor total de las copias solicitadas al peticionario y por ende, el 25 de octubre de dicha anualidad, el Jefe de la Oficina de Gestión Humana de la Universidad del Quindío entregó la documentación requerida al señor SABEL REINERIO ARÉVALO, dando así cumplimiento a lo dictaminado por el Tribunal Administrativo del Quindío.

V. DEL RECURSO DE APELACIÓN 2 Folios 51 a 53 (c. 1). 3 Folios 337 a 338 (c. 2). 4 Folios 358 a 359 (c. 2). 5 Folio 363 (c. 2). 6 Folio 406 (c. 2). 7 Folios 417 a 422 (c. 2).

4 Expediente 161-7914 Mediante documento allegado a este ente de control el día 14 de octubre de 20208, el quejoso presentó recurso de apelación contra la decisión de archivo, con fundamento en los siguientes argumentos:

Afirmó que el disciplinable desconoció el contenido de las Leyes 1712 de 2014 y 1755 de 2015, así como las decisiones judiciales en estudio, debido a que cualquier persona tiene derecho de acceder a los actos administrativos sin limitante alguna, violando la publicidad de los mismos. Del mismo modo, insistió que: [d]e haber acatado lo determinado por las leyes 1712 y 1755, en la página web del ente educativo hubiera publicado los actos administrativos de nombramientos y traslados de servidores, tanto de planta como contratistas, es decir, nunca se hubiera dado lugar al derecho de petición de su expedición. (Sic). Argumentó que la primera instancia no valoró las razones por las cuales el rector JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO actuó como agente oficioso del personal administrativo y contratistas de la Universidad del Quindío, dado que a su parecer eran solo mecanismos dilatorios para no dar respuesta a su petición, y que el Tribunal Administrativo de Quindío ya había concluido que la documentación requerida no se encontraba sujeta a reserva legal.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia Es competente la Sala Disciplinaria conforme lo preceptuado en el numeral 1.° del artículo 22 del Decreto ley 262 de 2000, para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto por SABEL REINERIO ARÉVALO, en su condición de quejoso dentro de esta actuación.

Se puntualiza que la resolución del recurso opera conforme a lo estipulado en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, esto es, que comprende únicamente la revisión de los aspectos impugnados y aquellos

otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. 6.2. Presupuestos legales de la decisión de archivo En consideración a que el recurso de apelación objeto de este estudio se presentó en relación con la decisión de archivo adoptada dentro de estas diligencias, viene al caso referir que el artículo 73 de la Ley 734 de 2002 señala que el archivo definitivo de la actuación disciplinaria procede cuando se configura cualquiera de las siguientes causales de terminación del procedimiento disciplinario: i) cuando aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, ii) que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, iii) que el disciplinado no la cometió y, iv) que existe 8 Folios 427 a 430 (c. 2). 5 Expediente 161-7914 una causal de exclusión de responsabilidad o, que la actuación no podía iniciarse o proseguirse. Así las cosas, de presentarse cualquiera de estas causales el funcionario del conocimiento, a través de decisión motivada, ordenará el archivo definitivo de las diligencias, en consonancia con lo previsto en el artículo 164 de la misma normatividad. 6.3. Del caso en concreto Insiste el apelante que: «El expediente formado a instancia del suscrito quejoso tiene la prueba documental del proceder indebido del rector de la universidad del Quindío, quien en abuso de su posición dominante ha exacerbado el ordinario sistema judicial que nos gobierna y, tal como se dijo en intervenciones en tutela ante el Consejo de Estrado, ha pretendido subvertir el orden jurídico desconociendo decisiones judiciales […]» (Sic). Del mismo modo, solicita a la

segunda instancia realizar una valoración ponderada y razonada de los documentos aportados al proceso y establecer si existen elementos de juicio para calificar el proceder del investigado. En ese orden de ideas, la Sala Disciplinaria procederá a evaluar las pruebas decretadas y recaudadas durante las etapas de indagación preliminar e investigación disciplinaria, a fin de determinar si posiblemente el señor JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO, en su condición de rector de la Universidad del Quindío, cometió alguna conducta prevista en la ley como falta disciplinaria y de ser el caso, ordenar a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa que continúe con el proceso y profiera pliego de cargos en su contra. 6.3.1. De las pruebas relevantes para el proceso - Escrito que data del 10 de mayo de 2016, mediante el cual el señor SABEL REINERIO ARÉVALO eleva derecho de petición ante el rector de la Universidad del Quindío, solicitando se le expidan copias de los actos administrativos de nombramiento, traslado, ascensos y contratos de prestación de servicios, inherentes al personal de la parte administrativa de la Universidad del Quindío, a partir del mes de junio de 2014 hasta la fecha en que fue radicado (folio 78). - Oficio del 23 de mayo de 2016 suscrito por JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO, rector de la Universidad del Quindío, dirigido a SABEL REINERIO ARÉVALO, en el que da respuesta al derecho de petición presentado, exponiendo que los documentos solicitados ostentan reserva legal al

involucrar el historial laboral de las personas contratadas, trasladadas o ascendidas en la entidad (folios 79 a 82). 6 Expediente 161-7914 - Escrito del 07 de junio de 2016 firmado por el señor SABEL REINERIO ARÉVALO, en el cual insiste a la Universidad del Quindío, se expidan los documentos requeridos (folios 83 a 84). - Sentencia del 22 de julio de 2016 del Tribunal Administrativo del Quindío, que resolvió el recurso de insistencia interpuesto por el apelante en contra de la Universidad del Quindío, ordenando a la institución educativa que expidiera de forma inmediata a favor de SABEL REINERIO ARÉVALO, copias de los actos administrativos solicitados (folios 1 a 26). - Oficios que datan del 26 de julio, 03 de agosto, 18 de agosto, 29 de agosto y 09 de septiembre de 2016, suscritos por JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO, rector de la Universidad del Quindío, y dirigido al peticionario SABEL REINERIO ARÉVALO, aduciendo que la información contenida en los documentos solicitados estaba siendo clasificada, a fin de no vulnerar derechos fundamentales de los servidores y contratistas de la entidad (folios 66 a 70). - Copia de la acción de tutela instaurada por el Rector de la Universidad del Quindío en contra de la decisión de la Sala Primera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Quindío (folios 27 a 39). - Auto del 2 de septiembre de 2016 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en donde se ordena poner en conocimiento la

acción de tutela a terceros indeterminados con interés y se decreta la suspensión provisional de la orden dictada el 22 de julio de 2016, dentro del recurso de insistencia resuelto por el Tribunal Administrativo del Quindío (folios 128 a 131). - Sentencia de primera instancia del 3 de noviembre de 2016, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se revoca la medida de suspensión provisional adoptada mediante auto del 2 de septiembre de 2016 y se niega la acción de tutela de los derechos fundamentales invocados por JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO como rector de la Universidad del Quindío contra la sentencia número 138 dictada por la Sala Primera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Quindío de fecha 22 de julio de 2016 (folios 213 a 223). - Oficio del 4 de agosto de 2017 suscrito por el Rector de la Universidad del Quindío y dirigido al peticionario SABEL REINERIO ARÉVALO, manifestando que la documentación solicitada fue clasificada y será suministrada tan pronto se cancele el valor correspondiente a las copias (folio 396). - Oficio del 25 de octubre de 2017 suscrito por el Jefe de la Oficina de Gestión Humana de la Universidad del Quindío, dirigido a SABEL 7 Expediente 161-7914 REINERIO ARÉVALO, con el cual se da entrega de la documentación solicitada el 10 de mayo de 2016. 6.3.2. Del trámite de la petición radicada el 10 de mayo de 2016 ante la Universidad del Quindío

Como primera medida, es de resaltar que el derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política como derecho fundamental, el cual permite que toda persona presente peticiones respetuosas ante autoridades por motivos de interés general o particular y, además, a obtener pronta resolución. Sin embargo, el legislador a través de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, reglamentó los escenarios en que la entidad pueda negarse a brindar la información o documentos solicitados, cuando estos gocen de reserva legal. Para el caso objeto de estudio, la Sala observa que JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO, en calidad de rector de la Universidad del Quindío, se acogió a lo determinado en el artículo 25 de la Ley 1775 de 2015, al rechazar motivadamente la petición instaurada por el apelante, pues se lee en el Oficio del 23 de mayo de 2016 que: “Frente a lo deprecado por usted encontramos que son documentos de carácter reservados por estar involucrados en la historia laboral de las personas a quien se contrataron, trasladaron u ascendieron, y de quienes se contratan con fin de cumplir contratos de prestación de servicios, por lo anterior se niega lo pedido por usted”. Ante la respuesta negativa, el apelante presentó recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Quindío, que con sentencia del 22 de julio de 2016, resolvió declarar mal negada la petición por parte de la entidad y, por ende, ordenó a la Universidad del Quindío que expidiera de forma inmediata a favor de SABEL REINERIO ARÉVALO, las copias solicitadas.

Es frente este punto en que se desprende el problema jurídico que nos ocupa, debido a que el denunciante insiste en el escrito de apelación que JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO no cumplió con la orden impartida por el Tribunal y vulneró su derecho fundamental de petición. Se observa en el expediente que, mediante los Oficios del 26 de julio, 03 de agosto, 18 de agosto y 29 de agosto de 2016, el investigado dio respuesta al quejoso, manifestando que la información contenida en los documentos solicitados estaba siendo clasificada a fin de no vulnerar derechos fundamentales de los servidores y contratistas de la entidad. A su vez, presentó acción de tutela admitida por el Consejo de Estado a través de auto del 10 de agosto de 2016. En otras palabras, esta colegiatura evidencia que JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO se encontraba realizando las acciones posibles tanto para cumplir el fallo del Tribunal Administrativo de Quindío como para 8 Expediente 161-7914 proteger los derechos fundamentales de los servidores y contratistas vinculados a la entidad, acatando lo impartido en la Ley 1775 de 2015. No obra en el expediente documento alguno que demuestre que las acciones realizadas por el investigado tenían el fin de dilatar o retardar injustificadamente la entrega de los documentos solicitados por SABEL REINERIO ARÉVALO y, por el contrario, actuando en derecho, impulsó las acciones legales y constitucionales que consideró pertinentes, antes de dar entrega de aquella información que consideraba bajo reserva legal, impidiendo que se causara un perjuicio mayor. Tanto es así, que el honorable Consejo de Estado en primera instancia de la

tutela instaurada por el investigado, mediante auto del 2 de septiembre de 2016, consideró oportuno decretar la suspensión provisional de la sentencia dictada el 22 de julio de 2016, dentro del recurso de insistencia resuelto por el Tribunal Administrativo del Quindío9, al prever que se podría poner en peligro la intimidad y seguridad de los servidores y contratistas, así como de sus familias, si se suministraba la totalidad de documentación solicitada, sin clasificar con detenimiento los datos que se surtirían. Esta decisión fue informada expresamente por la Universidad del Quindío a SABEL REINERIO ARÉVALO, como se observa en el Oficio del 9 de septiembre de 2016 obrante a folio 70, que dice: [se] considera sin ninguna otra disquisición, el deber de acatar integralmente lo resuelto por el Consejo de Estado, absteniéndose la institución de manera provisional de dar continuidad a lo señalado por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del recurso de insistencia, hasta que se produzca fallo definitivo que ponga fin a la presente controversia. (Subraya y negrita fuera del texto). Sin perjuicio de lo anterior, se evidencia que la Sección Quinta del Consejo de Estado, con sentencia del 3 de noviembre de 2016, profirió fallo de primera instancia decidiendo revocar la medida de suspensión provisional y negar la acción de tutela; decisión impugnada por el investigado, correspondiendo decidir a la Sección Primera del mismo órgano de cierre, que confirmó el mencionado fallo el 18 de mayo de 2017. Por tal motivo, se encuentra a folio 396 del expediente que la Universidad

del Quindío en atención al fallo de tutela de segunda instancia, informó a SABEL REINERIO ARÉVALO que: «los actos administrativos de nombramiento, traslado, ascensos, contratos de prestación de servicios, inherentes al personal de la parte administrativa de la Universidad del Quindío, del personal docente, catedráticos y contratistas ascienden a 1.318 personas a razón de cinco folios por cada uno, por valor debidamente reglamentado a fotocopia de $150.oo pesos moneda corriente cada una, lo cual arroja un total de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($988.500) M/Legal». 9 Folio 131 (c. 1). 9 Expediente 161-7914 Finalmente, obra a folio 397 del expediente, Oficio del 25 de octubre de 2017 mediante el cual la Universidad del Quindío hace entrega de las copias de los actos administrativos solicitados por SABEL REINERIO ARÉVALO en 934 folios adjuntados. Dadas las condiciones que anteceden, la Sala no comparte los argumentos del apelante en el sentido de que a su consideración JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO efectuó el trámite detallado con la única finalidad de no dar entrega de la información requerida, pues a pesar que el derecho de petición fue radicado ante la entidad el día 16 de mayo de 2016 y la documentación fue entregada el 25 de octubre de 2017, se surtieron todos los actos legales y acciones judiciales permitidos en el ordenamiento colombiano, para resguardar los derechos fundamentales de los involucrados y de terceros con interés directo.

Si bien, el quejoso discurre que el trámite que se le dio a su petición fue dilatado e injustificado, esta colegiatura coincide con la postura de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, ya que en todo momento la Universidad del Quindío justificó su actuar, comunicándole al peticionario SABEL REINERIO ARÉVALO las razones por las cuales tardaba en entregar los documentos solicitados, resolviendo acatar las órdenes judiciales impartidas al agotar los mecanismos jurídicos y judiciales dispuestos para la protección de la información y datos sensibles de los empleados y contratistas vinculados a la universidad. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, RESUELVE PRIMERO: Confirmar el auto del 28 de agosto de 2020, por el cual la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa dispuso terminar el procedimiento adelantado en contra de JOSÉ FERNANDO ECHEVERRY MURILLO, en su calidad de Rector de la Universidad del Quindío para la época de los hechos y, en consecuencia, ordenar el archivo definitivo de las diligencias a su favor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Por la secretaría de la Sala Disciplinaria notificar esta decisión a los sujetos procesales y comunicarla al quejoso a las siguientes direcciones electrónicas, haciéndoles saber que contra ella no procede recurso alguno: asistentearmenia@cmabogadosasociados.com ,

rector@uniquindio.edu.co , sabelra@hotmail.com 10

Expediente 161-7914

TERCERO: Cumplido lo anterior devolver el proceso a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa para que se lleven a cabo los registros y anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Segundo Delegado Presidente

LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

Procuradora Primera Delegada Expediente (161-7914) IUS-2016-339250 / IUC-D-2016-75-885787

LEG / LAR

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