PGN - DERECHO DE PETICION Operatividad de acuerdo a la doctrina pgn

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - DERECHO DE PETICION Operatividad de acuerdo a la doctrina pgn
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

Bogotá DC, 8 de noviembre de 2005 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Radicación: # 014-118954-05

Investigado: Guillermo Buitrago Rojas

Cargo: Miembro del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y

Tecnológica de Colombia-UPTC Quejoso: Germán Guevara Ochoa Fecha queja: 9 de marzo de 2005

Fecha hechos: 22 de noviembre de 2004

Conducta: No responder petición Providencia: Archivo de las diligencias Nivel de trascendencia: Bajo Riesgo de prescripción: Bajo Procede la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, a decidir el mérito de las diligencias radicadas bajo el No. 014-118954-05, previas las siguientes CONSIDERACIONES El Ciudadano GERMÁN GUEVARA OCHOA, denunció disciplinariamente al Doctor GUILLERMO BUITRAGO ROJAS, en su condición de miembro del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, por que al momento de presentar su queja (9 de marzo de 2005), el Presidente de la Asociación AcadémicoSindical de Profesores de la mencionada Universidad, no había recibido respuesta a una petición formal de reforma de estatutos, presentada el 4 de noviembre de 2004, al funcionario en mención (folios 3 y 4).

Con dicha queja y, en atención a que el único requisito de procedibilidad de la acción disciplinaria es la identidad del presunto autor de la conducta denunciada, este Despacho, mediante providencia fechada el 29 de abril del año que avanza, ordenó la

apertura de investigación disciplinaria respectiva (folios 6 a 8). En dicha etapa procesal, a través de funcionario comisionado se logró establecer lo siguiente: 1° Quien suscribe la petición del 4 de noviembre de 2004, cuya desatención motivó el inicio de las presentes diligencias, afirmó, bajo la gravedad del juramento, que no había recibido respuesta a la petición señalada (folio 48). 2° Se estableció, mediante visita especial a las instalaciones de la institución universitaria de marras, que el escrito petitorio en cita la fue entregado a su destinatario, el mismo día 4 de noviembre de 2004 (folio 49). 3° El servidor público cuya conducta omisiva se investiga, afirmó, en diligencia de versión libre y espontánea, que la respuesta a la petición cuya desatención es objeto de cuestionamiento, aparece suscrita, el 8 de noviembre de 2004, por el Secretario General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quien a su vez funge como Secretario del Consejo Superior (folios 55 y 58). 4° Justifica el haber omitido la respuesta a la petición de marras y haber dejado que el requerimiento fuera atendido por otra persona, en el hecho de haber encontrado que, en la misma fecha, idéntica petición le fue dirigida, por el mismo peticionario, al Presidente del Consejo Superior de la UPTC y en que, adicionalmente, al hacer parte de un cuerpo colegiado, estima que su vocero oficial es el Secretario del mismo (folios 55, 56 y 57). 5° Terminó el disciplinado su intervención, señalando que el peticionario, como

miembro de la comisión de análisis y redacción de la reforma del Acuerdo 120 de 1993, Estatuto General de la Universidad, ha tenido todas las garantías para exponer sus puntos de vista relacionados con el contenido de su petición. Para esta Delegada, las razones expuestas por el implicado y el soporte documental de su defensa, son suficientes para dar por terminada la actuación, al estimar que no se ha cometido falta disciplinaria alguna. Ciertamente, el derecho de petición debe entenderse, desde su contenido material, como la posibilidad que la ley le da a los administrados, de tener acceso a la información que maneja la administración (petición de información) y de procurar que ésta se pronuncie conforme a sus pretensiones. Advierte la Delegada, que el derecho así concebido, no puede quedarse en su consideración meramente formal, como carga laboral propia del servidor público concernido con la solicitud, sino que debe verse en su connotación práctica, desde la perspectiva de la efectividad del derecho objeto de reclamación. Así las cosas, no se encuentra procedente el reproche de una conducta omisiva que, si bien objetivamente ha ocurrido, no devino en vulneración del derecho al amparo del cual se fundó el pedimento original. Mal puede, este órgano de control disciplinario, continuar la actuación respecto de una conducta que, como la aquí investigada, pone de presente, antes que la vulneración efectiva de un derecho y el fracaso de los fines que con este se pretende realizar, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 2 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 EXT. 10821 - 10826 simple exigencia del cumplimiento del deber por el deber mismo.

No se trata aquí de retomar unas tesis ya superadas en el derecho disciplinario, en virtud de las cuales se tenía una concepción de la responsabilidad que identificaba la antijuridicidad de la conducta, con la violación o puesta en peligro del bien jurídicamente amparado con el tipo no; de lo que se trata, es de darle a las disposiciones normativas que determinan la responsabilidad disciplinaria, una visión teleológica que lleve al intérprete, a trascender de la mera formulación literal del enunciado normativo, al propósito último que tuvo el legislador, cuando describió un comportamiento como constitutivo de falta. A la luz de las normas que actualmente rigen la disciplina jurídica que nos ocupa, se afirma que la tipicidad en materia disciplinaria, al describir la manera en que se incumple el deber funcional, lleva implícita la antijuridicidad. Sin embargo, ello no puede llevar al desconocimiento de situaciones evidentes, que desnaturalizan el ejercicio de la atribución sancionadora, haciendo prevalecer un culto irracional al formalismo, postura con la que se sirve a propósitos indeseados por el legislador, cuando les dio a los ciudadanos el derecho a formular quejas contra los servidores públicos. Se afirma lo anterior, al advertir situaciones tan extrañas como las que se dan en el caso bajo estudio: El quejoso, no es la misma persona que formuló la petición cuya desatención motivó la denuncia; sin embargo, al ser interrogado aquél sobre la respuesta obtenida a la petición de marras, manifestó no haberla recibido hasta la fecha actual; pese a ello, se comprobó, con la documentación aportada por el implicado, que

una petición de idéntico contenido, suscrita por el mismo peticionario, había sido ya resuelta, de manera oportuna, por otro servidor público, vocero autorizado, como lo afirma el encartado, del cuerpo colegiado del que este hacía parte. Continuar el proceso con la formulación de cargos, por un hecho que, se reitera, objetivamente puede ser considerado falta disciplinaria, pero que no trasciende a la esencia de lo que la norma positiva pretende amparar, es permitir que el derecho a denunciar una conducta supuestamente irregular, sea utilizado, con quién sabe qué torvas intenciones, por quienes tienen por oficio la acusación sin mayores fundamentos. Para este Despacho, está claro que al peticionario se le respondió su solicitud, pero que al ser ésta dirigida a un número plural de servidores públicos, la que recibió el aquí implicado no fue atendida, al estimar, con buen criterio, que la respuesta que ya le había dado el portavoz ordinario del ente colegiado del que hacía parte, lo liberaba de dicha obligación. Con ello basta. En mérito de lo expuesto, la Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en uso de sus atribuciones legales, y especialmente de las que le confiere el artículo 25 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo 19 de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 3 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 EXT. 10821 - 10826 Resolución 017 de 2000

RESUELVE PRIMERO: Disponer el archivo de las diligencias radicadas bajo el No. 014-118954-05.

SEGUNDO: Contra la presente decisión, podrá el quejoso interponer el recurso de apelación, en la forma y términos que señala la Ley 734 de 2002.

TERCERO: Por Secretaría, líbrense las comunicaciones y practíquense las anotaciones a que hubiere lugar.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

FLOR ALBA TORRES RODRÍGUEZ

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Proyectó: Manuel D. Caro R.

Archivos. MSW Expediente No. 014-118954/05 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 4 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 3520066 EXT. 10821 - 10826

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