PGN - DERECHO DE PETICION Requisitos que debe cumplir su respuesta según la jurisprudencia

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., tres (3) de junio de dos mil cuatro (2004) Aprobado en Acta de Sala No. 29 Radicación No 161-2196 (020-073451-02) Disciplinado Mayor HENRY ALONSO

CEPEDA

Cargo y Entidad Jefe Oficina Jurídica – Disciplina Secretaría General de la Policía Nacional Quejoso CARLOS BENITO CUSPOCA Fecha queja 24 de diciembre de 2000 Fecha hechos 30 de octubre de 2000 Asunto Apelación Fallo.

P.D. Ponente: Dr. LEÓN DANILO AHUMADA RODRÍGUEZ En virtud del recurso de apelación interpuesto por el Mayor ® HENRY ALFONSO CEPEDA en su condición de investigado, conoce la Sala Disciplinaria el fallo de 18 de diciembre de 2003 proferido por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, por medio del cual lo sancionó con multa equivalente a cinco (5) días del sueldo devengado en la época de los hechos en su condición de Jefe de la Oficina

Jurídica-Disciplina, Secretaría General de la Policía Nacional. ANTECEDENTES PROCESALES El señor CARLOS BENITO CUSPOCA CUSPOCA en escrito del 30 de octubre de 2000, presentó queja en la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios de la Dirección General de la Policía, acusándolos de no haber contestado una petición del 30 de octubre de 2000, donde solicitó información del resultado final o fotocopia auténtica del expediente disciplinario seguido contra el Coronel RICARDO ACUÑA,

Comandante del Departamento de Policía Risaralda, y de los Coroneles BAUTISTA y MOLINA BALLESTEROS, Comandante y Subcomandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, respectivamente, en razón de los hechos denunciados por la muerte de su hija, la Subteniente LUZ STELLA CUSPOCA

RINCON.

La Procuraduría Delegada para la Policía Nacional en autos del 14 de agosto y 31 de octubre de 2002, abrió investigación disciplinaria contra los Mayores OMAR FRANCISCO PERDOMO GUEVARA y HENRY ALFONSO CEPEDA, Jefes de la Oficina Jurídica de Disciplina de la Policía Nacional, por presunta violación al derecho de petición impetrado por STELLA RINCON DE CUSPOCA (fls. 46 a 48 y 122 a 123). Posteriormente, luego de haber practicado varias pruebas, ordenó el archivo definitivo de la actuación adelantada respecto del Mayor OMAR FRANCISCO Radicación No. 161-02196 GUEVARA PERDOMO y le formuló cargos al Mayor HENRY ALFONSO CEPEDA (172 a 182). Presentados los descargos, agotada la etapa probatoria y corrido el traslado al investigado para alegar, el 18 de diciembre de 2003 la Procuraduría Delegada Para la Policía Nacional emitió fallo de primera instancia, mediante el cual sancionó disciplinariamente al Mayor HENRY ALONSO CEPEDA, en su calidad de Jefe de la Oficina Jurídica-Disciplinaria de la Secretaría General de la Policía Nacional, con cinco (5) días del sueldo básico devengado al momento de comisión de la falta (fls.

234 a 241). Notificada la providencia, el disciplinado interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, el que fue concedido en el efecto suspensivo. CARGOS En providencia del 18 de marzo de 2003, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional formuló pliego de cargos al Mayor HENRY ALFONSO CEPEDA, en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica-Disciplinaria de la Secretaría General de la Policía Nacional, en los siguientes términos: “El mayor HENRY ALFONSO CEPEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.061.947, en su calidad de Jefe de la Oficina Jurídica Disciplina de la Secretaría General de la Policía Nacional, para la época de los hechos, al parecer incumplió el deber constitucional del artículo 23, referido a que todo servidor público debe dar respuesta de fondo y satisfactoria a las peticiones de los ciudadanos, específicamente, a la formulada por la señora GLORIA STELLA RINCON DE CUSPOCA, el 30 de octubre de 2000. Efectivamente, conforme a la documentación allegada a la Investigación disciplinaria, se tiene que el 30 de octubre de 2000, la señora GLORIA STELLA CUSPOCA DE CUSPOCA, elevó un derecho de petición ante la Dirección General de la Policía Nacional, solicitando copia del expediente disciplinario adelantado contra los Coroneles LUIS FERNANDO BAUTISTA URIBE, HUGO RICARDO ACUÑA PEREIRA, y Teniente Coronel LEONED MOLINA BALLESTEROS, o información sobre el resultado final del mismo, adelantado con ocasión del fallecimiento de su

hija LUZ STELLA CUSPOCA RINCON, en hechos ocurridos en la ciudad de Cúcuta en 1997, sin embargo a pesar de habérsele respondido que no existían antecedentes disciplinarios al respecto, se encontró que en efecto si se adelantó la correspondiente investigación radicada bajo el No. D. 78-97, la cual fue archivada el 18 de diciembre de 1998, a favor de los implicados” (fls. 1723 a 182.). Como normas incumplidas le fueron citadas los artículos 40 del Decreto 1798 de 2000, 23 de la Constitución Política y 5º del Código Contencioso Administrativo, la conducta fue calificada como grave a título de culpa, tanto en los cargos como en el fallo. El mayor HENRY ALFONSO CEPEDA se notificó del auto de cargos y dentro del término legal contestó, solicitando la cesación de procedimiento por inexistencia de irregularidades o la declaratoria de nulidad por violación al debido proceso. (fls. 46 a 48, 122 a 123 y 172 a 182). 2 Radicación No. 161-02196 La Procuraduría Delegada para la Policía Nacional en auto del 25 de julio de 2003, no accedió a decretar la nulidad y difirió el estudio de la petición de cesación de procedimiento para la decisión definitiva. (fls.220 a 223). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA En providencia del 18 de diciembre de 2003, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional sancionó al Mayor ® HENRY ALFONSO CEPEDA con multa de

cinco (5) días de sueldo básico devengado para la época de los hechos. El a-quo se fundamentó en que estaba probado que el 30 de octubre de 2000, la señora Gloria Stella Rincón de Cuspoca había elevado un derecho de petición ante la Dirección General de la Policía Nacional, solicitando se le informara si esa dependencia adelantó investigación disciplinaria contra los Coroneles RICARDO ACUÑA, LUIS FERNANDO BAUTISTA y el Teniente Coronel LEONEL MOLINA BALLESTEROS, por la muerte de su hija, la Subteniente LUZ STELLA CUPOCA; que se encontraba probado que el 24 de noviembre de 2000 el Mayor HENRY ALFONSO CEPEDA, Jefe de Disciplina de la Secretaría General de la Policía Nacional, dio respuesta a la señora GLORIA STELLA RINCON DE CUSPOCA, informándole que revisada la base de datos de esa dependencia, no le figuraba antecedentes disciplinarios a los Coroneles antes citados, comunicación que no estaba acorde con los mandatos y requisitos del artículo 23 de la Constitución Política, porque si bien era cierto que en la Oficina Jurídica de la Policía, para esa época, no se encontraron antecedentes disciplinarios radicados en contra de los señores Coroneles RICARDO ACUÑA, BAUTISTA y MOLINA BALLESTEROS, el disciplinado no realizó ninguna gestión en las demás dependencias de la Policía Nacional, con miras a verificar si existían antecedentes disciplinarios contra dichos oficiales, para proceder a dar una respuesta satisfactoria a la peticionaria o en su

defecto remitir la petición a las correspondientes dependencias de la Policía, para que verificaran dicha situación, informando a la señora CUSPOCA el trámite dado a su petición, incurriendo, por ende, en la irregularidad atribuida en el auto de cargos, a titulo de culpa (fls. 234 a 241). RECURSO DE APELACION El disciplinado fundamentó su inconformidad con el fallo de primera instancia en que él sí dio cumplimiento a la petición en forma oportuna, porque la peticionaria únicamente solicitaba información respecto a sí en esa dependencia se adelantaba diligencia disciplinaria contra los Coroneles RICARDO ACUÑA y LUIS FERNANDO

BAUTISTA y Teniente Coronel LEONEL MOLINA BALLESTEROS.

Explicó que la Oficina de Asuntos Disciplinarios del Director General de la Policía Nacional depende jerárquica, funcional y administrativamente del Secretario General, quien tiene línea directa con el Director General de la Policía y es el funcionario indicado para resolver peticiones que comprometan cualquier dependencia de la Institución, pues la oficina a su cargo conocía “fallos para segunda instancia”, provenientes de las dependencias que tenían competencia para proferir este tipo de providencias, tal como ocurrió en el asunto en comento, en el que la investigación se 3 Radicación No. 161-02196 adelantaba en la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Dirección Operativa de la Policía. Con lo anterior, el disciplinado pone de presente que las dependencias son autónomas e independientes en el manejo de la información, por lo cual le resultaba imposible tener acceso a la primera instancia por razones de transparencia y reserva sumarial; además, la petición era clara y concisa al solicitar a “ESA DEPENDENCIA”

y no como lo manifestó el Procurador Delegado, sin soporte probatorio, al endilgarle responsabilidad por no haber recurrido a todas las dependencias de la institución a buscar una información que se solicitaba solamente a la oficina que él dirigía, donde no existía, como también aparece en la certificación emitida por el actual Jefe de asuntos disciplinarios. Advierte el recurrente que la petición fue presentada por el señor BENITO CUSPOCA CUSPOCA el 30 de octubre de 2000, cuando se encontraba vigente el Decreto 2584 de 1993, porque el Decreto 1798 entró a regir el primero de enero de 2001, por lo que se incurrió en violación del debido proceso, derecho de defensa y al principio de favorabilidad de la ley. Concluyó su alegato solicitando la revocatoria del fallo y que en su lugar, se le absuelva de los cargos formulados (fls. 246 a 250). CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA De conformidad con el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, el fallo sancionatorio procede cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado. Según el auto de cargos, el Mayor ® HENRY ALFONSO CEPEDA, en su condición de Jefe de la Oficina Jurídica-Disciplina de la Secretaría General de la Policía Nacional, “… al parecer incumplió el deber constitucional del artículo 23, referido a que todo servidor público debe dar respuesta de fondo y satisfactoria a las peticiones de los ciudadanos, específicamente, a la formulada por la señora GLORIA STELLA RINCON DE CUSPOCA, el 30 de octubre de 2000… solicitando copia del expediente

disciplinario adelantado contra los Coroneles LUIS FERNANDO BAUTISTA URIBE, HUGO RICARDO ACUÑA PEREIRA, y Teniente Coronel LEONED MOLINA BALLESTEROS, o información sobre el resultado final del mismo, adelantado con ocasión del fallecimiento de su hija LUZ STELLA CUSPOCA RINCON, en hechos ocurridos en la ciudad de Cúcuta en 1997, sin embargo a pesar de habérsele respondido que no existían antecedentes disciplinarios al respecto, se encontró que en efecto si se adelantó la correspondiente investigación radicada bajo el No. D. 7897, la cual fue archivada el 18 de diciembre de 1998, a favor de los implicados” (fls. 1723 a 182; el subrayado no es del texto). La petición que dio origen a este proceso disciplinario fue presentada por la señora GLORIA STELLA RINCON DE CUSPOCA el 30 de octubre de 2000 y dirigida al Director General de la Policía Nacional, en los siguientes términos: “Comedidamente me permito solicitar al señor General, Director General de la Policía Nacional, con base en el artículo 23 de la Constitución Nacional, se me expida fotocopia auténtica del expediente Disciplinario o información del resultado final del mismo en contra de los señores Coronel RICARDO ACUÑA, Comandante del Departamento de Policía Risaralda y los señores Coronel BAUTISTA y MOLINA 4 Radicación No. 161-02196 BALLESTEROS, Comandante y Sub-Comandante respectivamente del Departamento de Policía Norte de Santander para comienzos de 1997, con base a

los hechos que denunciara en compañía de mi esposo CARLOS BENITO CUSPOCA, por el fallecimiento de mi hija LUZ STELLA CUSPOCA RINCON, en hecho ocurrido en Cúcuta. La investigación fue adelantada por el señor Coronel LUIS ENRIQUE FLOREZ PINZON, como funcionario investigador, por queja recepcionada en la oficina de quejas y reclamos de la Dirección General al mando del señor Mayor JULIO CESAR GARCIA VANEGAS” (fls. 23; subrayado fuera de texto). Como se ve, la petición de la Sra. GLORIA STELLA RINCON DE CUSPOCA era clara y precisa, como que se limitó: 1º) A que se le expidiera fotocopia auténtica del expediente Disciplinario adelantado contra los Coroneles RICARDO ACUÑA, Comandante del Departamento de Policía Risaralda, y BAUTISTA y MOLINA BALLESTEROS, Comandante y SubComandante del Departamento de Policía Norte de Santander, respectivamente, para comienzos de 1997, por el fallecimiento de la Subintendente LUZ STELLA CUSPOCA RINCON, ocurrido en Cúcuta, y 2º) En subsidio, se le diera información del resultado final del citado proceso. La oficina Jurídica-Disciplinaria a cargo del investigado Mayor HENRY ALFONSO CEPEDA, mediante comunicación No. 1233 SEGEN–OJURI–DISCI–744 del 24 de noviembre de 2000, enviada al correo el 30 de noviembre del mismo año, contestó la petición a la Sra. GLORIA STELLA RINCON DE CUSPOCA, en los siguientes

términos: “Me permito comunicarle, que revisada la base de datos de esta dependencia a la fecha no les figura antecedentes disciplinarios a los señores CR. RICARDO ACUÑA,

BAUTISTA y MOLINA BALLESTERO (fdo. Mayor HENRY ALFONSO CEPEDA)” (fls.

41). El artículo 23 de la Constitución Política, señala: “Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución…” La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa acerca del carácter fundamental del derecho de acceso a los documentos públicos y a obtener copia de los mismos, así como su relación con el derecho de petición, estableciendo que la efectividad del derecho a obtener copias es manifestación concreta del derecho a obtener pronta resolución a las peticiones formuladas que también hacen parte del núcleo esencial del derecho de petición, pero no obstante, tal acceso tiene una serie de límites que permiten al funcionario, en determinados eventos, impedir el acceso a ciertos documentos reservados, tal como lo establece el art. 74 de la Constitución Política (T–464 de 1992; T–473 de 1992; T–306 de 1993; T–158 de 1994). También ha establecido las exigencias que debe cumplir la respuesta a una petición, en los siguientes términos: 5 Radicación No. 161-02196 “2. La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos, son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una

sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados, y de manera esencial, por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares. Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible, el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía” (T–220 de 1994; subrayado fuera de texto). De conformidad con el mandato contenido en el art. 23 de la Constitución Política, la Sra. GLORIA STELLA RINCON DE CUSPOCA tenía derecho no sólo a presentar la petición sino a obtener una respuesta clara y precisa sobre la solicitud de las copias del proceso disciplinario adelantado contra los Coroneles RICARDO ACUÑA, Comandante del Departamento de Policía Risaralda, LUIS FERNANDO BAUTISTA y LEONED MOLINA BALLESTEROS Comandante y Subcomandante del Departamento de Policía Norte Santander, respectivamente, o en su defecto, a que le suministraran información sobre el resultado final de la citada investigación, tal

como expresamente lo solicitó en el referido oficio. La Sra. GLORIA ESTELLA RINCON DE CUSPOCA no requería información sobre antecedentes disciplinarios de los Oficiales, o sí existía investigación en contra de éstos, como lo afirma el disciplinado en la sustentación del recurso. La petición fue concreta y clara (copias del proceso o constancia sobre el resultado final del mismo); además, suministró los datos necesarios para ubicar el proceso, al advertir que ella y su esposo habían formulado la queja ante la Oficina de Quejas y Reclamos de la Dirección General de la Policía al mando del Mayor JULIO CESAR GARCIA VANEGAS y que la investigación la había adelantado el Coronel LUIS ENRIQUE

FLOREZ PINZON.

Frente a lo anterior, al contestársele que no existían antecedentes disciplinarios en contra de las referidas personas, es evidente que la solicitud de la señora RINCON DE CUSPOCA no fue respondida en debida forma y cuando la autoridad omite resolver de manera clara y precisa las peticiones de los usuarios del servicio vulnera el derecho amparado en el artículo 23 de la Constitución Política, que impone al servidor público dar una “pronta resolución”. Y cuando la disposición constitucional habla de “pronta resolución” quiere decir que el servidor público está obligado a resolver la solicitud, aunque no necesariamente en los términos solicitados por el ciudadano, ya que la resolución puede ser positiva o negativa, pero siempre girando respecto de lo solicitado, pues el sentido de la resolución depende de las circunstancias de cada caso en concreto. Bien dijo la Corte Constitucional: “...la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No

basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una 6 Radicación No. 161-02196 decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial”. Debe destacarse que los servidores públicos no están facultados para emitir la respuesta que a su libre albedrío se le ocurra bajo una aparente legalidad, como en este caso, en el que el disciplinado a una petición de copias de un proceso o constancia sobre el resultado del mismo, responde que a los Oficiales no les aparecían antecedentes disciplinarios, lo cual bien podía ser cierto en el entendido que éstos no habían sido sancionados por los hechos atinentes a la muerte de la hija de la peticionaria ni obraba en esa oficina el proceso por tales hechos, pero esa circunstancia no daba lugar a emitir tal pronunciamiento. Si el Mayor HENRY ALFONSO CEPEDA hubiese sido diligente bien había podido ordenar la remisión de la petición a la mencionada Oficina de Quejas y Reclamos u ordenar realizar alguna gestión tendiente a verificar la ubicación del proceso disciplinario, para dar la respuesta debida. Nótese como en la misma Oficina de Asuntos Jurídicos y Disciplinarios de la Dirección Operativa de la Policía Nacional, según visita especial practicada por la Procuraduría el 10 de septiembre de 2002, se estableció que la información correspondiente a los años 1997 y 1998 se encontraba recolectada en un disquete, en el que se encontró la radicación del proceso disciplinario No. D-078-97 adelantado en contra del Coronel RICARDO ACUÑA PEREIRA debido a la denuncia formulada por la Sra. GLORIA STELLA RINCON DE CUSPOCA y el Sr.

CARLOS BENITO CUSPOCA, por el deceso de la Subteniente LUZ STELLA CUSPOCA RINCON, lo que pone de presente el poco interés del Oficial en atender la petición en debida forma (fls. 66). Además, en el Archivo General de la Policía Nacional y en la carpeta correspondiente a la Hoja de Vida del Coronel RICARDO ACUÑA PEREIRA, se encontró la copia de la providencia del 18 de diciembre de 1998 emitida por el Director Operativo de la Policía Nacional, por medio de la cual se ordenó la terminación del procedimiento disciplinario No. D-078-97 adelantado en contra de los Coroneles BAUTISTA URIBE LUIS FERNANDO, ACUÑA PEREIRA HUGO RICARDO y TC. MOLINA BALLESTEROS LEONED, con ocasión de la muerte de la Subteniente CUSPOCA RINCON LUZ STELLA (fls. 67). Estas pruebas son contundentes y ponen de presente que el proceso disciplinario del cual se solicitaban las copias sí existía y que en la Oficina de Asuntos Jurídicos y Disciplinarios de la Dirección Operativa de la Policía Nacional obraba un archivo en medio magnético, el cual con un poco de diligencia, bien había podido ser consultado por el disciplinado para emitir la respuesta requerida. Es más, al disciplinado le bastaba haber confrontado lo solicitado por la Sra. GLORIA STELLA RINCÓN DE CUSPOCA con el contenido de la respuesta para verificar que no estaba dando la debida respuesta a lo solicitado. Ninguna trascendencia puede otorgársele a los argumentos de la defensa en cuanto

refiere que el competente para contestar las peticiones que comprometieran a la entidad era el Secretario General, porque siendo ello así debió dar traslado de la petición a esa oficina y además, si en razón de la competencia funcional no podía acceder a la información de la primera instancia, era su deber remitir la petición al competente para su trámite como lo dispone el artículo 33 del C. C. A. Adecuación Típica. 7 Radicación No. 161-02196 Los hechos tuvieron ocurrencia entre el 24 y 30 de noviembre de 2000, lapso en que el disciplinado elaboró la comunicación No. 1233 y lo envió al correo con la presunta respuesta a la petición de GLORIA STELLA RINCON DE CUSPOCA, es decir, en vigencia del Decreto 2584 de 1993, por ende, la conducta debió tipificarse en éste decreto en razón del principio de legalidad y no en el Decreto 1798 de 2000, toda vez que éste entró a regir el 1º de enero de 2001. No obstante, es evidente que en este caso no se incurrió en transgresión al debido proceso, toda vez que el sustento normativo o tipo disciplinario en el que se describe la conducta es idéntico en los dos decretos, es decir, el incumplimiento de la Constitución y la ley estaba tipificado como falta disciplinaria tanto en el Decreto 2584 de 1993 como en el 1798 de 2000. En efecto, el artículo 40 del Decreto 2584 de 1993 es del siguiente tenor: “Art. 40. Otras faltas. Además de las definidas en el artículo anterior, constituyen

faltas disciplinarias, la violación de las prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución Política, en las leyes y en los diferentes actos administrativos”. A su vez el artículo 40 del Decreto 1798 de 2000 (citado en el auto de cargos y fallo), establece: “Artículo 40. Otras faltas. Además de las definidas en los artículos anteriores, constituyen falta disciplinaria la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución Política, los tratados públicos ratificados por el Gobierno Colombiano, las leyes y en los diferentes actos administrativos” (subrayado fuera del texto original). Entonces, como la conducta se estructura tanto en el tipo disciplinario vigente para la época de los hechos como en el actual, en cuanto al incumplimiento del deber de acatar lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política y el 5º del C.C.A., no se configura ninguna causal de violación al debido proceso como lo manifestó el recurrente. Un comportamiento no puede considerarse punible si no hay una ley previa o preexistente al acto, que así lo señale, y en este caso, como ya se vio, cuando ocurrieron los hechos estaba vigente el art. 40 del Decreto 2184 de 1993 y así lo entendió el disciplinado al contestar los cargos y referirse expresamente al comportamiento endilgado del incumplimiento de la Constitución y la Ley, de manera que si la conducta atribuida al disciplinado se ha mantenido como falta disciplinaria en los dos ordenamientos legales no se quebrantó la estructura del debido proceso.

Por lo demás, la Sala comparte la calificación de la conducta como grave a título de culpa por negligencia, pues esa calificación resulta consecuente con el comportamiento omisivo del disciplinado frente a un derecho fundamental del orden Constitucional como es el de petición. La dosificación de la sanción se encuentra acorde con lo dispuesto en los artículos 31 numeral 2, en concordancia con el 34 del Decreto 2584 de 1993. Reunidos los presupuestos establecidos en el artículo 142 de la ley 734 de 2002 para proferir fallo sancionatorio, por obrar en el proceso prueba válidamente recaudada, de la que se establece, en grado de certeza, el hecho tipificado en la ley como falta disciplinaria y la responsabilidad, procede confirmar el fallo apelado. 8 Radicación No. 161-02196 En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida, por medio de la cual el Procurador Delegado para la Policía Nacional SANCIONÓ al Mayor ® HENRY ALFONSO CEPEDA, identificado con la C.C. No. 79.061.947 en su calidad de Jefe de la Oficina Jurídica–Disciplina de la Secretaría General de la Policía Nacional para la época de los hechos, con MULTA DE CINCO (5) DIAS del sueldo básico devengado en noviembre de 2000, equivalente a CIENTO SETENTA Y TRES MIL PESOS ($173.000,00) que deberá pagar con destino a la Oficina de Bienestar Social

de la Policía Nacional, en el término señalado en el artículo 173 de la ley 734 de 2002.

SEGUNDO: Por el Centro de Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación, NOTIFICAR la presente providencia de conformidad con el artículo 100 y siguientes de la Ley 734 de 2002, advirtiendo que contra la misma no procede ningún recurso en la vía gubernativa. El Mayor ® HENRY ALFONSO CEPEDA se puede

localizar en la carrera 36 No. 106 –28 Apto 501 de Bogotá (fls. 217).

TERCERO: Por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, INFORMAR esta decisión al Director General de la Policía Nacional para efecto de la ejecución de la sanción, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 172 de la ley 734 de 2002.

CUARTO: Por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, INFORMAR las decisiones de primera y segunda instancia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General, en la forma indicada en la Circular No. 055 del 23 de septiembre de 2002 emanada del Despacho del Señor Procurador General, y en el artículo 174 incisos 1 y 2 de la Ley 734 de 2002, respecto del reporte de sanciones.

QUINTO: DEVOLVER el proceso a la oficina de origen, previo registro de las constancias a que haya lugar.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

LEON DANILO AHUMADA RODRIGUEZ

Procurador Primero Delegado Sala Disciplinaria

NUBIA HERRERA ARIZA

Procuradora Delegada para el Ministerio Público

LDAR/NHA/BMH.

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