PGN - DERECHO DE PETICION Requisitos y características según la jurisprudencia de la corte

ARCHIVO DEFINITIVO-En favor del señor contralor departamental de Antioquia, por la presunta irregularidad en el trámite de una queja PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Procedencia PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Marco legal PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Personas que pueden promoverlo ACCIÓN DISCIPLINARIA-Diferencias con la acción fiscal según la jurisprudencia de la Corte Constitucional PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL--Características según la jurisprudencia de la Corte Constitucional DERECHO DE PETICIÓN-Requisitos y características según la jurisprudencia de la Corte Constitucional

CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA-Marco legal

NULIDAD ABSOLUTA-Definición legal

IUS E-2018-494976 – IUC D-2018-1225364

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

Y JUDICIAL

Radicación Nº: IUS E-2018-494976 – IUC D-2018-1225364

Implicado: XXXXXXXXXXX

Contralor departamental y Contralora Auxiliar

Cargo y Entidad: de Antioquia

XXXXXXX Quejoso: XXXXXXXXXXXXXXX Fecha hechos Hechos: Presuntas irregularidades la no iniciar procesos de responsabilidad fiscal y omitir la remisión del asunto a la Procuraduría General de la Nación.

Asunto: Auto de archivo y remisión por competencia

Bogotá, D. C., marzo treinta y uno (31) de dos mil veintidós (2022)

I. ASUNTO A TRATAR Procede la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial a pronunciarse sobre la indagación preliminar adelantada en contra de los

señores XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX, contralor departamental y contralora auxiliar de Antioquia, respectivamente, por las presuntas irregularidades en que pudieron incurrir al no ordenar un proceso de responsabilidad fiscal y la omisión de poner en conocimiento del asunto a la Procuraduría General de la Nación.

II. HECHOS El señor XXXXXXXXXXX presentó un escrito de queja en contra de los señores XXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX, contralor departamental y contralora auxiliar de Antioquia, respectivamente, al considerar que estos servidores incurrieron en una irregularidad en el trámite de la queja N° XXXXXXX del XX de XXXXX de XXXX, mediante la cual dio a conocer que la firma DIS S.A.S., que hacía pare del consorcio Vías Antioquia, a quien se le adjudicó el contrato XXXXXXXXX, cuyo objeto es la interventoría del contrato XXXXXXXXXX celebrado entre el departamento de Antioquia y el consorcio Puentes C&C, estaba inhabilitada para participar en el concurso de ,méritos, toda vez que se dictó en su contra fallo de responsabilidad fiscal N° XXXXXXXX, el cual se encontraba ejecutoriado.

Como respuesta de lo anterior, recibió el oficio radicado N° XXXXXXXXXXX del XX7 de XXXXX de XXXX, elaborado por la Contraloría Auxiliar Auditoría delegada, suscrito por XXXXXXXXXXX en la que concluyó el incumplimiento del artículo 51 y el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 80 XXXXXX, por lo que se dará traslado a la Procuraduría General de la Nación , para lo de su

Página 1 de 8 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =EHY J+O9 DYTO vsoz Lnvk QiXz sVDD rodacifitnedI LRU IUS E-2018-494976 – IUC D-2018-1225364 competencia. Posteriormente, el X de XXXXXXXXX de XXXX, solicito se le informara si la contraloría había iniciado formalmente el proceso de responsabilidad fiscal contra el funcionario público y el consultor involucrados en el hecho denunciado, así como la copia auténtica del traslado del asunto a la Procuraduría General de la Nación. Página 1 de 8 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT.

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La respuesta a este requerimiento se dio por oficio N° XXXXXXXXXXX del XX de XXXXXXXXX de XXXX, suscrito por el Contralor Auxiliar, informando que no se generó proceso de responsabilidad fiscal y que mediante radicado N° XXXXXXXXXX el XX de septiembre de XXXX se dio traslado a la Procuraduría

Provincial del Valle de Aburrá. Por lo anterior, centra su queja en la presunta omisión del Contralor de Antioquia en iniciar el proceso de responsabilidad fiscal y en el tiempo en que tardó la Contralora Auxiliar, más de XXX (X) meses, en remitir el asunto a la Procuraduría General de la Nación1.

III. ANTECEDENTES PROCESALES La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, por auto del X de XXXX de XXXX, ordenó la apertura de indagación preliminar en contra de responsables en averiguación de la Contraloría Departamental de Antioquia, en el que se buscó establecer si por los hechos denunciados se había adelantada algún tipo de investigación disciplinaria o fiscal.

IV. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA 4.1. La competencia.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 25 del Decreto Ley 262 XXXXX y concordante con las Resoluciones 138 del X de XXXXX de XXXX, 207 del X de XXXXX de 2021 y 217 del 14 XXXXXXX, proferidas por el Procurador General de la Nación, es competente para conocer la presente evaluación de indagación preliminar, en su carácter de las funciones de instrucción asignadas. 4.2. Consideraciones Generales. Para efectos de abordar el análisis de las presentes diligencias, es necesario acudir a tratar los siguientes temas: í) la procedencia de los procesos de responsabilidad fiscal; ii) el derecho de petición como impulsador de actuaciones administrativas; iii) caso concreto.

4.2.1. La procedencia de los procesos de responsabilidad fiscal. El proceso de responsabilidad fiscal está regulado en la Ley 610 XXXXX, definido en el artículo 1 como: … el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al Página 2 de 8 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =EHY J+O9 DYTO vsoz Lnvk QiXz sVDD rodacifitnedI LRU IUS E-2018-494976 – IUC D-2018-1225364 patrimonio del Estado. Entonces se parte de un criterio inicial y es que para que sea procedente un proceso de responsabilidad fiscal debe estar involucrado un daño al patrimonio y un sujeto activo, entre los cuales se genera un nexo causal entre la conducta responsables del sujeto y el resultado en el daño. Página 3 de 8 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT.

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Añadiendo el artículo 4 de esta disposición, en lo que respecta al objeto: Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal. Entonces, en el entendido de las normas citadas, es un elemento ineludible, para poder adelantar este tipo de procesos, que exista un daño patrimonial público, buscando con el proceso un resarcimiento, en caso de verificarse la responsabilidad de quienes con su gestión. Ahora, también es pertinente decir que el inicio de la acción de responsabilidad fiscal puede originarse en varias fuentes, como lo señala el artículo 8 de la norma ibidem, así: Artículo 8°. Iniciación del proceso. El proceso de responsabilidad fiscal podrá iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralorías, de la solicitud que en tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana, en especial por las veedurías ciudadanas de que trata la Ley 563 de 2000. Ahora, cual es la diferencia existente entre la acción fiscal y la disciplinaria?. A esta pregunta la Corte Constitucional dio su respuesta en sentencia C077XXXX, en el que se estableció diferencias y características del proceso fiscal, indicando: Tradicionalmente se ha considerado que las responsabilidades que derivan de estos dos tipos de procesos son autónomas: mientras la responsabilidad fiscal sería solo resarcitoria, la responsabilidad disciplinaria sería eminentemente sancionatoria. (…) Para este tribunal constitucional "La responsabilidad fiscal se declara a través del trámite del proceso de responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones materiales y jurídicas que adelantan las contralorías con el fin de determinar la responsabilidad que le corresponde a los servidores públicos y a los particulares, por la administración o manejo irregulares de los dineros o bienes públicos. De este modo, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al erario público, por su conducta dolosa o culposa. Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anorm Páa gl iny a 4 de 8 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT.

odiláV( =EHY J+O9 DYTO vsoz Lnvk QiXz sVDD rodacifitnedI LRU IUS E-2018-494976 – IUC D-2018-1225364 cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio” Teniendo en cuenta lo anterior la misma Corporación dedujo que el proceso de responsabilidad fiscal tiene como características: a) Es de naturaleza administrativa por estar orientado hacia al establecimiento de la responsabilidad de los servidores públicos o a los particulares que ejercen funciones públicas, por el manejo irregular de bienes o recursos públicos; Página 5 de 8 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. IUS E-2018-494976 – IUC D-2018-1225364 b) Es igualmente de naturaleza patrimonial, porque como consecuencia de su declaración, el imputado debe resarcir el daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una indemnización pecuniaria, que compensa el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal; c) No tiene un carácter sancionatorio ni penal, siendo en consecuencia una responsabilidad independiente y autónoma, distinta de la disciplinaria o de

la penal que pueda corresponder por la comisión de los mismos hechos; d) Está regido por el debido proceso, o sea en el juicio de responsabilidad fiscal también se deben observar las garantías sustanciales y procesales. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, a pesar de que los principios del derecho penal de naturaleza constitucional se aplican, en principio, a todas las formas de actividad sancionadora del Estado, incluido el derecho disciplinario, éste tiene sus características propias, por estar orientado a la protección de la organización y funcionamiento de la administración pública, o más específicamente, en consideración a la importancia del interés público protegido. Esto ha permitido la aplicación restringida de las garantías que en el sistema penal son exigidas, diferenciando la finalidad del régimen disciplinario de la del régimen penal: "... el derecho disciplinario pretende garantizar "la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo" (Sent. C-341 XXXXX), cometido éste que se vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública cumpliese los principios de "igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad" a que hace referencia la norma constitucional. La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten

al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones (Ibídem). De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas(C-373 XXXXX). En este sentido también ha dicho la Corte que si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica de tal principio no podría ser otra que la necesidad de castigo de las conductas que atentan contra tales presupuestos, conductas quepor contrapartida lógicason entre otras, la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia. En términos generales, la infracción a un deber de cuidado o diligencia (C-181 XXXXX). Es decir, en pleno se entiende que la acción fiscal tiene un carácter resarcitorio, razón por la cual debe existir un daño patrimonial cierto, especial, anormal y cuantificable, para que prospere la acción fiscal. En lo que respecta a la acción disciplinaria, aquí lo que se busca es sancionar la inobservancia del deber funcional. Estos dos conceptos hacen que su Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT.

odiláV( =EHY J+O9 DYTO vsoz Lnvk QiXz sVDD rodacifitnedI LRU IUS E-2018-494976 – IUC D-2018-1225364 naturaleza sea absolutamente diversa y que la causa en cada caso difiera, pues en el primer caso se fundamenta en el daño patrimonial y en el segundo en la conducta del sujeto disciplinable. 4.2.2. Derecho de petición como impulsador de las actuaciones administrativas. El derecho de petición con talante constitucional y de carácter fundamental, es una muestra del desarrollo de la democracia participativa, pues permite varios matices que se revelan en la posibilidad en que se haga en interés general o particular. En efecto, la posibilidad que una persona pueda acudir a las autoridades, en forma Página 4 de 8 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. IUS E-2018-494976 – IUC D-2018-1225364 respetuosa, para obtener información, copia de documentos o una solicitud de carácter subjetivo, permite que se presente un vínculo directo entre las autoridades públicas y cada persona. Pero este derecho está sometido a unas reglas, las cuales, en principios, se encuentran señaladas en la Ley 1755 XXXXXX, Ley estatutaria del derecho de petición, que fuera incorporada al Código de Procedimiento Administrativo y Contenciosos Administrativo.

Pero también se ha encargado la jurisprudencia de señalar requisitos y características de este derecho fundamental, como es el caso de la sentencia C818 XXXXXXX, que determinó: La Corte sintetizó las reglas que previamente habían sido desarrolladas por la jurisprudencia en materia de protección del derecho fundamental de petición.

Sobre el particular dijo: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

Pero pese a estas características y el alcance que tiene este derecho fundamental, es evidente que no puede ser utilizado para impulsar actuaciones administrativas, obligar a la administración que por este medio

adopte procedimiento u omita su aplicación, so pena del cumplimiento de los términos del derecho de petición, cuando existe el mencionado procedimiento de naturaleza reglada. La Corte en sentencia C-510 XXXXX manifestó: El derecho de petición. - cuya naturaleza es esencialmente política y cuya esencia alude a la posibilidad de elevar peticiones a la administración y obtener pronta y completa respuesta, que además no cabe confundir con el derecho a lo pedido-, no subsume la totalidad de posibles actuaciones ante la administración por parte de los particulares, como tampoco la regulación establecida en el Código Contencioso Administrativo en materia de derecho de petición en interés general o particular puede considerarse la única regulación posible para las actuaciones ante la administración destinadas a obtener la satisfacción de un determinado derecho. Es decir, el expresar que la existencias de diferentes regulaciones que llevan la satisfacción de la variedad de derechos que tienen los particulares, lo que haría que en dichos casos,, en los cuales ya existen procedimientos reglados, Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =EHY J+O9 DYTO vsoz Lnvk QiXz sVDD rodacifitnedI LRU IUS E-2018-494976 – IUC D-2018-1225364 se intente por vía de derecho de petición movilizar el aparto estatal, en donde ya hay reglas claras sobre la procedencia y oportunidad para el accionar de la

administración. 4.3. El caso concreto. En el caso en que nos ocupa, se observa la queja del señor XXXXXXXXXXXX va dirigida en específico a dos aspectos puntuales: i) la omisión del Contralor de Antioquia en dar inicio al proceso de responsabilidad fiscal y; ii) la omisión de la Página 5 de 8 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. IUS E-2018-494976 – IUC D-2018-1225364 contralora auxiliar de remitir copias de su inconformidad a la Procuraduría General de la Nación, como se le había anunciado. En lo que respecta al primer punto, que ofreciera la Contraloría Auxiliar de Auditoría delegada, con radicado N° XXXXXXXX del XX de XXXXX de XXXX, fue clara en hacer las consideraciones sobre la situación y la existencia de una conducta que podía desatar en una acción disciplinaria, ante la posible existencia de una inhabilidad en cabeza de un miembro del Consorcio Vías Antioquia, quien celebró un contrato de interventoría N°XXXXXXXXXXXXXX, celebrado con la secretaría de Infraestructura, que impedía que aquel participara en el proceso contractual. Sin embargo, en el análisis mediante el cual se dio respuesta al derecho de petición del aquí quejoso, se evidencia que la situación se centra en la existencia de una inhabilidad para contratar, que podría eventualmente desencadenar en una revocatoria del contrato, pero sin que allí se viera

involucrado un daño patrimonial, lo que generaría que no se justificara el que se adelantara un proceso de responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta que se estaba denunciado una conducta irregular, más no se implicó ningún daño al patrimonio público. Ahora, el tratamiento del contrato en los casos de inhabilidad del contratistas se viene establecida en los artículos 44 y 45 de la ley 80 XXXXXX, que a la letra señalan: ARTÍCULO 44. DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: 1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; (…) ARTÍCULO 45. DE LA NULIDAD ABSOLUTA. La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación. En los casos previstos en los numerales 1o., 2o. y 4o. del artículo anterior, el jefe o representante legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Entonces, hay un procedimiento que se debe cumplir para efectos de los acasos en que el contratista se encuentre en alguna situación de inhabilidad y es el terminar unilateralmente el contrato y proceder a su liquidación. Cosa diferente es que se evalúe la conducta del servidor público en la

celebración del contrato, pues es un aspecto que debe ser verificado en vía disciplinaria. Por tal razón, ante la ausencia de elementos que permitan inferir Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =EHY J+O9 DYTO vsoz Lnvk QiXz sVDD rodacifitnedI LRU IUS E-2018-494976 – IUC D-2018-1225364 un daño al patrimonio público o que de la denuncia presentada no se haga referencia al tema, sino a la circunstancia de la inhabilidad, mal haría el organismo de control en asumir una competencia que no le corresponde y en ese sentido debe direccionar al competente, conforme lo determina el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley estatutaria 1755 XXXXXX, que a la letra señala: Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará.

Los términos para decidir o Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. IUS E-2018-494976 – IUC D-2018-1225364 responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente. Ahora, es de entenderse que no todas las solicitudes, así vayan dirigidas al titular de cada despacho, como es el caso del Contralor de Antioquia, son atendidas por dicho funcionario, pues dentro de la estructura de todas las entidades públicas existen dependencias sobre las cuales se determinan las competencias funcionales correspondientes, como es el presenta caso lo que corresponde a la Contraloría Auxiliar de Auditoría Delegada, de donde emana la respuesta al solicitante. Esto para indicar que si bien se comprende que el derecho de petición se resolvió de fondo explicando las razones por las cuales no correspondía la competencia a la Contraloría de Antioquia, si se observa que existió una dilación en la respuesta, como quiera que de los documentos aportados se puede verificar que la queja se presentó el día XX de XXXXX de XXXX, pero que esta solo obtuvo respuesta hasta el día XX de XXXX del mismo año4. Adicional a esto, se observa que pese a que en el escrito de respuesta se anuncia el traslado de la queja a la Procuraduría General de la Nación, esta solo se surtió el día XX de XXXXXXX de XXXX y comunicada al quejoso el día XX de XXXXXXXX

del mismo año. Actividades que estuvieron a cargo de la señora XXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de Contralora Auxiliar – Auditoría Delegada. En vista de lo anterior, se concluye que por parte del señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, no fue cometido el hecho irregular, razón por la cual se ordenará la terminación del proceso en su favor, conforme al artículo 90 de la Ley 1952 XXXXXX. Por otra parte, en razón a la competencia establecida al interior de la Procuraduría General de la Nación, se dispone remitir copia de los folios 25 a 53 y 72 y 73 del cuaderno original, con destino a la Procuraduría Regional de Antioquia, conforme a las competencia establecidas en el Decreto 262 XXXXXXX, artículo 75, para que se siga la averiguación disciplinaria en lo que respecta a la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Contralora Auxiliar – Auditora Delegada. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, RESUELVE PRIMERO. ORDENAR LA TERMINACIÓN DEL PROCESO, en favor del señor XXXXXXXXXXXXXXX, Contralor de Antioquia, que el hecho irregular no fue cometido por el implicado, conforme al artículo 90 de la Ley 1952 XXXXXX. Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =EHY J+O9

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SEGUNDO: REMITIR COPIA de los folios XX a XX y XX y XX del cuaderno original, con destino a la Procuraduría Regional de Antioquia, conforme a las competencias establecidas en el Decreto 262 XXXXXX, artículo 75, para que se siga la averiguación disciplinaria en lo que respecta a la señora Diana Carolina

Torres García, Contralora Auxiliar – Auditora Delegada. Página 7 de 8 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D.C, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT.

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TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión al implicado y COMUNICARLA al quejoso, advirtiendo que contra la misma procede el recurso de apelación.

CUARTO: Por la secretaría de la Procuraduría delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial se harán las anotaciones de rigor, incluido en el Sistema de Información Misional de la Procuraduría General de la Nación, SIM la presente providencia.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, LUIS FRANCISCO CASAS FARFÁN Procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial (C) OYT Firmado digitalmente por: LUIS FRANCISCO CASAS FARFAN

PROCURADOR DELEGADO

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