PGN - DERECHO DE PETICION Servidor público debe dar respuesta con prontitud en forma clara

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad DERECHO DE PETICIÓN-Se debe atender no solo oportunamente sino que completo y claro COMPETENCIA-Frente a la interpretación de la norma y valoración probatoria por parte del Ministerio Público Vista la confusión del quejoso sobre el tema revisado, se reitera que este órgano de control no tiene competencia para pronunciarse frente a la interpretación de la norma y la valoración probatoria desplegada por la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en los asuntos sometidos a su conocimiento, cuando estas funciones se desarrollan dentro de la órbita de competencia y margen de razonabilidad.

ACCIÓN DISCIPLINARIA-Ministerio público no tiene competencia sobre la responsabilidad de las Empresas de Servicios Públicos Una vez precisado que la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la acción disciplinaria no tiene competencia para decidir sobre la responsabilidad de las empresas de servicios públicos domiciliarios resultantes de la prestación del servicio respectivo, ni puede revisar la legalidad de las decisiones adoptadas por dicha Superintendencia, se adentra al estudio del recurso interpuesto, pero sólo respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos investigados en ejercicio de sus funciones que pueda derivar en falta disciplinaria, acción que tiene fundamentos y finalidades distintas a las pretendidas por el quejoso. DERECHO DE PETICIÓN-Servidor público debe dar respuesta con prontitud en forma clara y de fondo Con relación al tema y la pretensión del quejoso de obtener respuesta favorable, se aclara al quejoso que en tratándose de las copias solicitadas, las mismas le fueron anexadas en 42

folios, y con relación a que no se resolvió a su favor la petición de reparación, se deja en claro que la exigencia normativa realizada al servidor público frente a un derecho de petición es resolver con prontitud el asunto dando respuesta clara y de fondo, pero de ninguna manera se requiere que tal petición deba despacharse positivamente, como lo pretende el quejoso, asunto sobre el cual se ha pronunciado la Corte Constitucional resaltando que la respuesta que deben dar las autoridades no implica aceptación de lo solicitado por el peticionario Rad.161-4346

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010). Aprobado en Acta de Sala No.39 Radicación No IUS 317532-08 (161 4346) Disciplinado EVAMARÍA URIBE y JORGE MARTÍN

SALINAS RAMÍREZ

Cargo y Entidad Superintendente de Servicios Públicos y Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo Quejoso LUIS MIGUEL MORENO LÓPEZ Fecha queja 08-10-2008 Fecha hechos 17-09-2008 Asunto Apelación Archivo P.D. PONENTE: DR. RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS Con fundamento en las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 22 del decreto 262 de 2000 y en razón del recurso de apelación interpuesto por el señor LUIS MIGUEL MORENO LÓPEZ, conoce la Sala Disciplinaria el auto de fecha 30 de

junio de 2009, por medio del cual la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, ordenó el archivo de la actuación disciplinaria radicada con el IUS 317532-2008, seguida contra los doctores EVAMARÍA URIBE TOBÓN y JORGE MARTÍN SALINAS RAMÍREZ, Superintendente de Servicios Públicos y Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, respectivamente.

1. ANTECEDENTES PROCESALES Se iniciaron las presentes diligencias con base en queja de fecha octubre 8 de 2008, presentada por el señor LUIS MIGUEL MORENO LÓPEZ, donde afirma que radicó ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios derecho de petición del 17 de septiembre de 2008, solicitando la entrega de las pruebas escritas que aportó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.P.S. de la cual no habría recibido respuesta. (fls 1-40).

Por auto de fecha 13 de febrero de 2009, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa dictó auto de indagación preliminar contra los doctores EVAMARÍA URIBE y JORGE MARTÍN SALINAS RAMÍREZ, Superintendente de Servicios Públicos y Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, respectivamente, radicando el proceso bajo el No IUS 2008-317532 (fls 21-23). Mediante auto del 30 de junio de 2009, la Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa dispuso el archivo de las diligencias (fls 139-141). Comunicada la

decisión al quejoso, señor LUIS MIGUEL MORENO LÓPEZ, interpuso recurso de apelación, concedido mediante auto del 22 de julio de 2009. (fls 145-153). 2 Rad.161-4346

2. PROVIDENCIA RECURRIDA.

La Procuraduría Primera Delegada Para la Vigilancia Administrativa sustentó la decisión de archivo a favor de los doctores EVA MARÍA URIBE y JORGE MARTÍN SALINAS RAMÍREZ, con base en los siguientes argumentos: Sostuvo que dentro del expediente obraba copia de la respuesta brindada por la Superintendencia de Servicios Públicos al señor LUIS MIGUEL MORENO LÓPEZ, para el efecto, al respecto hizo mención del escrito del 17 de septiembre de 2008, suscrito por el doctor JORGE SALINAS RAMÍREZ, Superintendente Delegado, dando alcance a la solicitud del señor MORENO LÓPEZ. Al tener probado que el derecho de petición presentado por el señor LUIS MIGUEL MORENO LÓPEZ fue contestado y que la respuesta al peticionario se envió por correo certificado, la primera instancia concluyó que no existía falta disciplinaria. Finalmente, dio aplicación al artículo 73 de la Ley 734 de 2002, el cual señala que en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente probado que el hecho atribuido no existió o que la conducta no está prevista como falta disciplinaria, se procederá al archivo definitivo de las diligencias.

3. RECURSO DE APELACIÓN Estando dentro del término señalado en los artículos 109 y 111 de la ley 734 de 2002, el quejoso LUIS MIGUEL MORENO LÓPEZ, interpuso recurso de apelación

contra la decisión de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, fundamentado en los argumentos sintetizados enseguida: Solicita que se revoque la decisión de archivo por cuanto “los 42 folios que muestran los doctores EVAMARÍA URIBE TOBÓN y JORGE MARTÍN SALINAS para resolver el derecho de petición 2008-529-046023-2 del 17 de septiembre de 2008, lo que demuestra es que hubo falla en la prestación del servicio”. Enseguida transcribe el artículo 29 constitucional. Afirma que en su petición del 17 de septiembre de 2008 solicitó ‘copia de las pruebas que aportó la empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá ESP, en el proceso de investigación, artículo 13.10 decreto 990 de 2002, que hizo la Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que permitieron concluir que la empresa no incurrió en falla en el prestación del servicio.’ Hace una relación de las respuestas dadas por la empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá ESP frente a las peticiones de los propietarios del Edificio Baraya y las propias solicitudes elevadas por el quejoso. Asegura que la empresa “no aportó pruebas ni actos administrativos exigidos por la ley 142/94 y el contrato de condiciones uniformes, antes de proceder a la suspensión del servicio de agua para el apto 204 de la calle 21 No 8-11 Bogotá” tales como información al usuario antes de la suspensión del servicio, términos y motivos de la

decisión y validación de la suspensión luego de presentada la petición del 11 de febrero de 2002. Que no se le informó sobre la no acreditación del pago del servicio 3 Rad.161-4346 por parte del administrador del edificio Baraya, afectando su derecho de defensa, entre otros. Sostiene que los disciplinados incurrieron en “fraude procesal” para no aplicar la norma legal vigente, artículo 137.3 de la ley 142/94, favoreciendo a la empresa, la cual omitió las pruebas y actos administrativos exigidos en la ley antes de proceder a la suspensión del servicio y reitera cuáles actos debían presentarse; e invoca el artículo 155 de la ley 142/94. Alude a un concepto de la oficina jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del año 2002, donde se asegura que la suspensión del servicio no procede mientras sean desatados y notificados los recursos interpuestos, advirtiendo que a pesar del alcance del citado concepto la empresa de acueducto expidió la resolución 011206 del 4 de septiembre de 2003. En el acápite ‘petición’, el quejoso solicita copia de las pruebas y de los actos administrativos exigidos por la ley 142 de 1994 y el contrato de condiciones uniformes necesarios antes de proceder a la suspensión del servicio y de nuevo los reitera. Cuestiona la afirmación realizada por los disciplinados según la cual ‘es claro, conforme a las pruebas aportadas y las normas legales vigentes para la fecha de los hechos, que la suspensión para el apto 204 del edificio Baraya…no se debió a un

error u omisión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, sino a una situación generada por la falta de pago del suscriptor, en este caso la copropiedad, por lo que mal puede señalarse una falla del servicio’. Menciona la cláusula trigésima del contrato de servicios públicos referido a la responsabilidad de la empresa y reclama la aplicación del artículo 137.3 de la ley 142, por la cuantía especificada en derecho de petición de marzo 31 de 2004, más los respectivos ajustes, conforme al artículo 13.10 del Decreto 990 de 2002. Enseguida cita conceptos de la Superintendencia sobre el silencio administrativo positivo donde se diferencia el concepto de indemnización de perjuicios de la indemnización resultante de la falla del servicio, agregando que el peticionario dejó en claro que la indemnización solicitada no es la contenida en el artículo 11.9 sino el 137.3 de la Ley 142, tal como lo habría expresado en reunión realizada el 4 de junio de 2007.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Corresponde a la Sala Disciplinaria en segunda instancia analizar el recurso de apelación interpuesto por el señor LUIS MIGUEL MORENO LÓPEZ, contra la providencia del 30 de junio de 2009, dictada por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, y como quiera que el asunto versa sobre la respuesta dada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a las peticiones, se hace la siguiente precisión al apelante:

(i) La acción disciplinaria no es el mecanismo jurídico para resolver las controversias jurídicas que puedan resultar entre el usuario y una empresa

de servicios públicos domiciliarios. 4 Rad.161-4346 (ii) Las quejas que tenga el usuario con respecto a la prestación del servicio público domiciliario deben ser resueltas por la respectiva empresa y la Superintendencia de Servicios Públicos es la entidad competente para conocer las quejas interpuestas contra las empresas de esa naturaleza, procedimiento para el cual están establecidos en la ley mecanismos y recursos jurídicos. Vista la confusión del quejoso sobre el tema revisado, se reitera que este órgano de control no tiene competencia para pronunciarse frente a la interpretación de la norma y la valoración probatoria desplegada por la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en los asuntos sometidos a su conocimiento, cuando estas funciones se desarrollan dentro de la órbita de competencia y margen de razonabilidad. También se equivoca el quejoso cuando, en el recurso de apelación interpuesto dentro del proceso disciplinario objeto de revisión, solicita copia de pruebas y actos administrativos propios de actuaciones administrativas cuya competencia corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en tanto están relacionados con asuntos propios de la ley 142 de 1994, en todo caso, se advierte por información de la Superintendencia que tal documentación le ha sido enviada al quejoso. Por tanto, ni a la Procuraduría Primera Delegada Para la Vigilancia Administrativa ni a la Sala Disciplinaria les corresponde decidir de fondo las quejas por presuntas fallas ni determinar cuál es la responsabilidad de las empresas de servicios públicos domiciliarios, luego resulta errado utilizar el proceso disciplinario para que se le

indemnice al quejoso por las fallas en que, en su concepto, habría incurrido la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP. Ahora, si el señor LUIS MIGUEL MORENO LÓPEZ está inconforme con las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, respecto a las quejas por él interpuestas contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP no puede pretender resolver este asunto a través de la acción disciplinaria. Una vez precisado que la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la acción disciplinaria no tiene competencia para decidir sobre la responsabilidad de las empresas de servicios públicos domiciliarios resultantes de la prestación del servicio respectivo, ni puede revisar la legalidad de las decisiones adoptadas por dicha Superintendencia, se adentra al estudio del recurso interpuesto, pero sólo respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos investigados en ejercicio de sus funciones que pueda derivar en falta disciplinaria, acción que tiene fundamentos y finalidades distintas a las pretendidas por el señor LUIS MIGUEL MORENO LÓPEZ. En efecto, el derecho disciplinario tiene como objetivo el encauzamiento de la conducta del servidor público, el correcto desempeño de la función pública, esto es, que en ejercicio de sus funciones cumpla los deberes, sin extralimitarse en sus funciones ni incurrir en prohibiciones, y es desde esta óptica particular que se estudia la conducta de los doctores EVAMARÍA URIBE y JORGE MARTÍN SALINAS RAMÍREZ, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, respectivamente.

5 Rad.161-4346 La queja inicial interpuesta por el señor LUIS MIGUEL MORENO LÓPEZ estaba referida a una omisión en respuesta al radicado del día 17 de septiembre de 2008, donde solicitó a la Superintendente de Servicios Públicos: “copia de las pruebas que aportó la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá ESP en el proceso de investigación, artículo 13.10 Decreto 990 de 2002…que permitieron concluir que la empresa no incurrió en falla en la prestación del servicio”. Dicha solicitud, tuvo como antecedente el oficio de marzo 31 de 2008, mediante el cual la Superintendencia responde una reclamación del señor MORENO LÓPEZ contra la EA.A.B. donde se señaló que luego de valoradas las pruebas aportadas y las normas vigentes para la época de los hechos, “se determinó que la empresa no incurrió en falla en la prestación del servicio, toda vez que la suspensión del mismo se debió al hecho de un tercero y no por error de la empresa, teniendo en cuenta que no hubo acreditación del pago del servicio por parte del administrador del Edificio Baraya”. Sin embargo, en el curso de la indagación preliminar se estableció que la petición formulada por el señor MORENO LÓPEZ el 17 de septiembre de 2008, requiriendo copia de las pruebas que aportó la EAAB sobre las cuales se habría sustentado la decisión de la Superintendencia, fueron atendidas de fondo, al respecto se allegó copia del oficio mediante el cual el doctor JORGE MARTÍN SALINAS RAMÍREZ, Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo da respuesta al

peticionario y anexa 42 folios, “incluyendo copia de los pantallazos de consulta de facturas emitidas por la EAAB ESP correspondientes a los periodos comprendidos entre marzo de 2002 y octubre de 2003”. (fl 49). Además, el mismo doctor SALINAS RAMÍREZ, en oficio del 31 de marzo de 2009, explicó a la primera instancia que la petición realizada por el señor MORENO LÓPEZ el 17 de septiembre de 2008 estuvo dirigida a la doctora EVAMARÍA URIBE TOBÓN en calidad de Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, razón por la cual debió ser direccionada a la Delegada correspondiente. (fl 39). Aunque en el recurso de apelación el señor MORENO LÓPEZ solicita la revocatoria de la decisión de archivo, no desconoce que en efecto la Superintendencia le suministró respuesta en octubre de 2008, antes referida, sino que insiste en que el asunto de su petición era: “reparación artículo 137.3 ley 142/94 por falla servicios agua de EAAB”, la cual no fue reconocida. Con relación al tema y la pretensión del quejoso de obtener respuesta favorable, se aclara al quejoso que en tratándose de las copias solicitadas, las mismas le fueron anexadas en 42 folios, y con relación a que no se resolvió a su favor la petición de reparación, se deja en claro que la exigencia normativa realizada al servidor público frente a un derecho de petición es resolver con prontitud el asunto dando respuesta clara y de fondo, pero de ninguna manera se requiere que tal petición deba despacharse positivamente, como lo pretende el quejoso, asunto sobre el cual se ha

pronunciado la Corte Constitucional resaltando que la respuesta que deben dar las autoridades no implica aceptación de lo solicitado por el peticionario1. Entonces, demostrada la existencia de respuesta a la petición del 17 de septiembre de 2008 elevada por el señor MORENO LÓPEZ y allegada la constancia de envío 1 T249 de febrero 27 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo. 6 Rad.161-4346 por correo certificado de las distintas respuestas, la Sala Disciplinaria estima procedente confirmar la decisión de archivo adoptada por la primera instancia en la providencia del 30 de junio de 2009, pues se demostró que la conducta de los disciplinados no constituye falta disciplinaria. En mérito de la expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales.

R E S U E L V E: PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 30 de junio de 2009, dictada por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, mediante la cual ordenó el ARCHIVO de las diligencias disciplinarias seguidas contra los doctores

EVAMARÍA URIBE y JORGE MARTÍN SALINAS RAMÍREZ, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, respectivamente, conforme a lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: Por el Centro de Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación, NOTIFICAR esta decisión a los doctores EVAMARÍA URIBE TOBÓN, quienes

pueden ser ubicados en la XXXX;.

TERCERO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria COMUNICAR esta decisión al señor LUIS MIGUEL MORENO LÓPEZ, quien puede ser ubicado XXXX advirtiendo que contra la misma no procede ningún recurso.

CUARTO: Cumplido el trámite de comunicación DEVOLVER el proceso a la oficina de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS

Procurador Primero Delegado Presidente

MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO

Procuradora Segunda Delegada. Exp IUS 317352-08 (161 4346) Proyectó Dr. Wilson Ramírez H. 7