PGN-DERECHO DE PETICION-Trámite a solicitud dentro de proceso o queja,

DERECHO DE PETICION-Trámite a solicitud dentro de proceso o queja, disciplinaria, y la respuesta dentro de los términos de la Ley 1755 de 2015. PROCURADURIA AUXILIAR ASUNTOS DISCIPLINARIOS-Función consultiva Del contenido de los artículos 9.º, numeral 3.°, del Decreto 262 de 2000 y 12, inciso segundo, de la Resolución 9 del 13 de enero de 201, se desprende que esta dependencia tiene como función absolver las consultas que en materia disciplinaria formulen los funcionarios de la Procuraduría, los personeros y los organismos de control interno disciplinario, y se abstendrá de resolverlas cuando describan situaciones particulares, toda vez que la entidad podría adelantar procesos disciplinarios por situaciones iguales o similares a las planteadas. No obstante, se suministrarán elementos de juicio genéricos, que sirvan para ilustrar el tema consultado, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que se entienda como resolución de un caso particular y concreto. DERECHO DE PETICION-Existe la distinción entre la regulación general del derecho de petición y la específica en una de sus modalidades. Pues bien, cabe resaltar, de cara al cumplimiento del deber de responder las peticiones, que si bien la queja, el informe proveniente de servidor público y las solicitudes concernientes al proceso, son una manifestación o desarrollo del derecho de petición ―de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015―, existe la distinción entre la regulación general del derecho de petición y la específica en una de sus modalidades. Por ejemplo, al abordar el tema

de los recursos, en la sentencia C-007/17 la Corte Constitucional señaló lo siguiente: La diferencia entre una petición ordinaria y aquellas contenidas en los recursos administrativos y judiciales se encuentra en el tipo de solicitudes. En la primera, se trata de cualquier petición, lo cual incluye solicitar la efectividad de un derecho, información, un servicio, documentos, certificaciones, entre muchas otras posibilidades. Mientras que en la segunda, se trata específicamente de controvertir una decisión de la administración. […] En esencia una norma de esta naturaleza regula actuaciones administrativas y judiciales que, aun cuando son una forma del ejercicio del derecho de petición, desarrollan las especificidades en una rama del derecho, concretamente, la manera cómo controvertir actuaciones administrativas, pero no buscan definir en general la esencia del derecho de petición o fijar sus alcances y limitaciones por fuera de este ámbito». En esa medida, en consideración a la forma de ejercicio del derecho de petición que nos concierne, el tratamiento que la autoridad disciplinaria debe darle a cada una de las precitadas actuaciones está regulado en la Ley 734 de 2002. CONSULTA DISCIPLINARIA-No tiene fuerza vinculante. Resta agregar que esta respuesta, expedida a instancia del consultante, reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 n.° 15–80, piso 23, PBX 5878750, ext. 12335. www.procuraduria.gov.co vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 2011 y 12 de la Resolución 9 de 2017.

Bogotá, D. C., 10/12/2020 C-171 – 2020

SALIDA 11/12/2020

Doctor JOSÉ MIGUEL DÍAZ SANDOVAL Personero delegado para la vigilancia administrativa y asuntos disciplinarios Personería de Bucaramanga Carrera 11 34-52, piso 4, fase 2, Alcaldía de Bucaramanga Bucaramanga (Santander) delegadovigilancia@personeriabucaramanga.gov.co Ref.: Respuesta consulta rad. E-2020-606524 del 13/11/2020 (C-2020-1652271) Respetado doctor: En atención a su consulta de la referencia, mediante la cual solicita que se emita concepto jurídico sobre el tratamiento que debe dársele a la solicitud de carácter procesal o informe de servidor público, queja, hallazgo disciplinario o remisión de proceso disciplinario, respecto al deber de dar respuesta dentro de los términos contemplados en la Ley 1755 de 2015, con el fin de cumplir un requerimiento efectuado por la Secretaría General de la Personería de Bucaramanga, me permito manifestarle lo siguiente: Del contenido de los artículos 9.º, numeral 3.°, del Decreto 262 de 20001 y 12, inciso segundo, de la Resolución 9 del 13 de enero de 20172 se desprende que esta dependencia tiene como función absolver las consultas que en materia disciplinaria formulen los funcionarios de la Procuraduría, los personeros y los organismos de control interno disciplinario, y se abstendrá de resolverlas cuando describan situaciones particulares, toda vez que la entidad podría

adelantar procesos disciplinarios por situaciones iguales o similares a las planteadas. No obstante, se suministrarán elementos de juicio genéricos, que sirvan para ilustrar el tema consultado, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que se entienda como resolución de un caso particular y concreto. 1 «Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos». 2 «Por la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación». 2 Pues bien, cabe resaltar, de cara al cumplimiento del deber de responder las peticiones, que si bien la queja, el informe proveniente de servidor público y las solicitudes concernientes al proceso, son una manifestación o desarrollo del derecho de petición ―de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1755 de 20153―, existe la distinción entre la regulación general del derecho de petición y la específica en una de sus modalidades. Por ejemplo, al abordar el tema de los recursos, en la sentencia C-007/174, la Corte Constitucional señaló lo siguiente: La diferencia entre una petición ordinaria y aquellas contenidas en los recursos administrativos y judiciales se encuentra en el tipo de

solicitudes. En la primera, se trata de cualquier petición, lo cual incluye solicitar la efectividad de un derecho, información, un servicio, documentos, certificaciones, entre muchas otras posibilidades. Mientras que en la segunda, se trata específicamente de controvertir una decisión de la administración. […] En esencia una norma de esta naturaleza regula actuaciones administrativas y judiciales que, aun cuando son una forma del ejercicio del derecho de petición, desarrollan las especificidades en una rama del derecho, concretamente, la manera cómo controvertir actuaciones administrativas, pero no buscan definir en general la esencia del derecho de petición o fijar sus alcances y limitaciones por fuera de este ámbito». En esa medida, en consideración a la forma de ejercicio del derecho de petición que nos concierne, el tratamiento que la autoridad disciplinaria debe darle a cada una de las precitadas actuaciones está regulado en la Ley 734 de 2002. Resta agregar que esta respuesta, expedida a instancia del consultante, reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 20115 y 12 de la Resolución 9 de 20176. Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR

NASLY TERESA HOYOS AGÁMEZ

3 Dicha ley, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición, dispone lo siguiente: «ARTÍCULO 13. OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES […] Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir

copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos […]». 4 Mediante la cual se resolvió declarar exequibles los artículos 74 al 82 y 161, incisos 2 y 6 de la Ley 1437 de 2011 «por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 5 «ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. <Artículo modificado por el artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015 ―Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo―. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución». 6 «ARTÍCULO 12. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. Los conceptos emitidos como respuesta a las consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución para el servidor público o particular, ni comprometerán la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación». 3 Procuradora auxiliar para asuntos disciplinarios Proyectó XPGH C-171 – 2020

E-2020-606524 (C-2020-1652271)

4