PGN - DERECHO DE PETICION Vulneración al debido proceso y derecho a la igualdad

Nota de Relatoria: Se suprimen lo datos personales con el fin de preservar el derecho a la intimidad.

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., enero veintiocho (28) de dos mil diez (2010). Aprobado en Acta de Sala No. 3.

Radicación No.: 161-4121 (014-171501/08)

Disciplinado: RUBEN DARÍO MESTIZO REYES Cargo y Entidad: Gerente General Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía EICE.

Quejoso: Luis Alfonso Robayo Gómez Fecha queja: 8 de febrero de 2008

Fecha hechos: 23 de julio de 2007

Asunto: Apelación auto de archivo

P. D. Ponente: Dra. MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, y el recurso de apelación interpuesto y sustentado en legal forma por el doctor Luis Alfonso Robayo Gómez, conoce la Sala Disciplinaria el auto calendado 26 de enero de 2009, por medio del cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó el archivo definitivo del proceso disciplinario adelantada contra del Coronel ® Rubén Darío Mestizo Reyes, en su condición de Gerente General Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía EICE.

ANTECEDENTES PROCESALES Los hechos motivo de averiguación disciplinaria tuvieron su génesis en la queja presentada por el doctor Luis Alfonso Robayo Gómez, el 8 de febrero de 2008,

mediante la cual solicita se investigue disciplinariamente al señor Rubén Darío Mestizo Reyes, en su condición de Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía porque le negó un derecho de petición, vulneró el debido proceso y quebrantó el derecho a la igualdad, conforme a los siguientes hechos: Radicación No. 161-4121

1. Precisó el quejoso que obra como apoderado judicial de la señora Claudia Paulina Linero Costa, parte pasiva dentro de la demanda de liquidación de la sociedad conyugal radicada bajo el No. 2004 - 066 que cursa en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativa, Cundinamarca, cuya parte actora es su excónyuge, Fernando Maximiliano Méndez Gaviria, oficial activo de la Policía Nacional en el grado de mayor.

2. De acuerdo a las facultades otorgadas por la señora Linero Costa, y por los actos procesales pertinentes dentro del susodicho trámite, esto es, el inventario y avalúos de los bienes adquiridos en la sociedad conyugal, el día 5 de julio de 2007 elevó un derecho de petición ante el señor Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar, radicado bajo el No. 624460, en síntesis para obtener información con destino al citado despacho judicial sobre el estado de cuenta de aportes del señor Fernando Maximiliano Méndez Gaviria, el subsidio de adquisición de vivienda, requisitos y valor.

3. Dicho Gerente General, negó tal petición, respondiendo el 23 de julio de 2007, bajo la radicación No. 125328, que la información solicitada es de carácter reservado

y confidencial conforme la resolución No. 560 de 13 de mayo de 1999, que por tanto, “la señora Claudia Paulina Linero Costa, debe demostrar el interés legitimo, enviando el registro civil de matrimonio con autenticación vigente y con las respectivas notas marginales al respaldo del mismo, o mediante orden judicial proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativa”.

4. En atención a lo exigido, la señora Linero Costa dio cumplimiento e invocó un derecho de petición el 14 de agosto de 2007, radicado bajo el No. 636497, sin embargo, se obtuvo contestación negativa el 6 de septiembre de 2007 con radicación No. 129572, argumentando que no demostraba interés legitimo.

5. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativa, el 17 de agosto de 2007, bajo la radicación No. 637844, libró oficio solicitando la misma información, respondiendo la entidad, el 1° de octubre de 2007.

6. Ante la negativa del Gerente en dar la información pretendida, la señora Linero Acosta a través del apoderado judicial, instauró tutela, que resolvió

desfavorablemente el Juez Trece Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

7. La Sala de Decisión de la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 14 de noviembre de 2007 al desatar el recurso de apelación, revocó la decisión del A quo, y en su lugar tuteló los derechos de petición e igualdad de la señora Claudia Paulina Linero Costa, y ordenó a la mencionada Caja dar respuesta.

8. Finalmente destacó el signatario de la queja, las maniobras interpuestas, los obstáculos y actuaciones amañadas del Gerente Mestizo Reyes, para impedir proporcionar la información solicitada, “dando respuestas incoherentes, arguyendo unas restricciones desatinadas” (fls. 1 a 5).

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa mediante proveído de fecha 10 de julio de 2008, dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el Coronel ® Rubén Darío Mestizo Reyes, en su calidad de Gerente General Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía EICE (fls. 44 a 50), 2 Radicación No. 161-4121 auto que fue imposible notificarle personalmente al disciplinado, por ende, se procedió a la notificación por edicto, el cual se fijó el 31 de julio de 2008 y se desfijó el 4 de agosto del mismo año (fls. 54 a 56). Después de recaudadas varias pruebas, el 26 de enero de 2009 el operador jurídico dispuso el archivo definitivo de la investigación disciplinaria cursada contra el Coronel ® Rubén Darío Mestizo Reyes, Gerente General Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía EICE (fls. 196 a 205). Ante la no comparecencia del investigado a notificarse personalmente de la decisión de archivo, fue notificado por estado el 5 de febrero de 2009 (fls. 220 a 222), Inexplicablemente se volvió a notificar por estado el día 6 del mismo mes (fls. 214, 215 y 218). Al quejoso se le envió el oficio No. 0151 de 27 de enero de 2009, en el

cual aparece estampado un sello de recomendado del día siguiente (fl. 206), así mismo, se le remitió la comunicación de 30 de enero de 2009 (fls. 216 y 217), procediendo a impugnar la providencia emitida por el A quo, el día 6 de febrero de 2009 (fls. 207 a 209); recurso de apelación que le fue concedido en el efecto suspensivo a través de auto de fecha 12 de febrero de 2009 (fl. 223). PROVIDENCIA RECURRIDA Conforme se registró en precedencia, la primera instancia culminó la investigación disciplinaria el 26 de enero de 2009, disponiendo el archivo definitivo del proceso disciplinario (fls. 196 a 205). Señaló el A quo que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía a través de la Resolución No. 146 del 23 de febrero de 1999, reglamentó el derecho de petición (fls. 74 a 82 y 84 a 85), y por Resolución No. 0560 de 13 de mayo de 1999, estableció la condición de Reserva y Confidencialidad de documentación e información específicos de la Caja, relacionados en dicha Resolución (fls. 86 a 87). Que en virtud de la ley 973 de 2005, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, se constituyó en Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero del orden nacional, organizada como Establecimiento de Crédito de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya información financiera y bancaria

goza de reserva protegida por la ley. Refirió la Delegada que el quejoso sostuvo que de conformidad con las facultades otorgadas por su mandante, formuló el 5 de julio de 2007, un derecho de petición ante el señor Rubén Mestizo Reyes, en su calidad de Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, para que ordenara a quien correspondiera oficiar al juzgado citado sobre el estado de cuenta de aportes del señor Fernando Maximiliano Méndez Gaviria, el subsidio para la adquisición de vivienda, requisitos y valor. Solicitud que mediante comunicación de 23 de julio de 2007, fue negada argumentando el Gerente que la información es de carácter confidencial (fl. 8), según la Resolución No. 560 de 13 de mayo de 1999, pero además, de manera clara y completa señaló sobre la necesidad que la señora Claudia Paulina Linero Acosta, 3 Radicación No. 161-4121 demostrara su interés legítimo, enviando el registro civil de matrimonio o mediante orden judicial proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativá. Ante lo cual la señora Linero Costa el 14 de agosto de 2007, dirigió al mencionado Gerente, la petición en igual sentido (fl. 9), a la cual también la Caja le dio respuesta negativa el 6 de septiembre de 2006, arguyendo según el registro civil de matrimonio, falta de interés legítimo (fl. 10). Así las cosas, concluyó el operador disciplinario que el quejoso, plasmó en el derecho de petición de 5 de julio de 2007, “obrar en calidad de apoderado de la

señora Claudia Paulina Linero Costa, pero no acreditó tal calidad y el interés de su actuación, de igual manera, no probó la existencia del proceso judicial en el cual se requería la mencionada información”; mientras que en relación con la petición de la señora Linero Costa, “no medió orden judicial que así lo impusiera”. Coligió el A quo, “que la entidad a la cual se encuentra vinculado el servidor investigado, dio una respuesta clara, completa y oportuna, a tal punto, que se le informó las razones por la cuales no fue posible suministrarla, ya que las notas marginales del registro civil de matrimonio, anexo, no resultó suficiente para demostrar el interés legitimo requerido, ante lo cual, la información procedía según la orden legítima de la autoridad judicial correspondiente; como así lo requirió el cuestionado”. Que así mismo, “no se acreditó que la sociedad conyugal no se encontraba disuelta, lo cual habría podido motivar y demostrar el interés consiguiente de la solicitante”, aportando “copia simple del auto por el cual se admitió el trámite de disolución y liquidación de la sociedad, asunto que no estaba obligado el Investigado a precisar, sino el peticionario a demostrar”. En ese orden de ideas, estableció la Delegada no proseguir la investigación “de unos hechos que por ahora carecen de fundamento”, al comprobarse que la conducta desplegada por el disciplinado no constituye falta disciplinaria, razón por la cual archivó definitivamente el proceso disciplinario. RECURSO DE APELACIÓN El quejoso, doctor Luis Alfonso Robayo Gómez impugnó la decisión del A quo,

solicitando su revocatoria, porque de acuerdo al fallo de tutela de segunda instancia, emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección “C”, en efecto, el inculpado transgredió los artículos 34 y 35 de la ley 734 de 2002, al vulnerar los derechos constitucionales fundamentales invocados en el escrito de queja; esgrimió el recurrente como argumentos de inconformidad los siguientes (fls. 207 a 209): (1). Disiente de la decisión de archivo, en cuanto afirma la Delegada: “(...), resulta claro, que la entidad a la cual se encuentra vinculado el servidor investigado, dio una respuesta clara, completa y oportuna, a tal punto, que se le 4 Radicación No. 161-4121 informó las razones por las cuales no fue posible suministrarla, ya que las notas marginales del registro civil, anexo, no resultó suficiente para demostrar el interés legitimo requerido...” “Ahora, no se acreditó que la sociedad conyugal no se encontraba disuelta, lo cual habría podido motivar y demostrar el interés consiguiente de la solicitante...” Señaló el impugnante que en el fallo de tutela de segunda instancia, de fecha 14 de noviembre de 2007, se estableció que efectivamente el disciplinado vulneró los derechos constitucionales fundamentales de petición e igualdad, los cuales fueron amparados, “y ordenó al disciplinado para que en el término de 48 horas, contestara en forma concreta y detallada la petición elevada por la peticionaria, CLAUDIA PAULINA LINERO COSTA, elementos de conocimiento debatidos dentro la acción

de tutela”, por tanto, predicar, como lo hace la Delegada que el disciplinado, “dio respuesta clara, completa y oportuna”, cuando es cosa juzgada, vulnera el debido proceso y no se falla con imparcialidad, pues se está justificando la actuación irregular del disciplinado, “con los mismos elementos materiales ora debatidos”. (2). Puntualizó el apelante que, en las peticiones incoadas siempre se precisó que se actuaba como parte dentro el proceso No. 2004 - 066 de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal constituida con el señor Fernando Maximiliano Méndez Gaviria, cuyo trámite cursa en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativa y se solicitó oficiar al citado despacho judicial, “por tanto, es inconcebible e inadmisible soportar la decisión disciplinaria con falso juicio de identidad, el cual surge si el juez tergiversa, distorsiona, desdibuja o desfigura el hecho que revela la prueba, con lo cual se da a esta un alcance objetivo que no tiene, ya porque se le quita una parte al hecho, ya porque se le agrega algo o ya, finalmente, porque se lo sectoriza, parcela o divide: evento consumado por la primera instancia, en cuanto hizo decir a las pruebas lo que ellas no decían, para darles un contenido que ellas no tienen, circunstancias que se demuestran con el acervo probatorio existente en el plenario”. Que la Delegada fundamentó el núcleo de su decisión en lo que se transcribió primeramente; soporte que debe radicar en la copia de los derechos de petición elevados por el apoderado judicial y por la poderdante, los cuales deben aparecer

dentro del informativo, “sin embargo, realizado el examen al expediente, no se constataron estos medios de convicción, para lo cual me permito allegar con el recurso, en donde se demuestra que la funcionaria hace una tergiversación del contenido de los referidos medios de conocimiento”, aunado a ello, que no fue citado para ratificación o ampliación de la queja. El quejoso recurrente allegó fotocopias de los derechos de petición de 5 de julio de 2007 y 14 de agosto de 2007, radicados bajo los números 624460 y 636497, respectivamente. CONSIDERACIONES DE LA SALA La censura del quejoso Robayo Gómez, está encaminada en concreto a que la Delegada estructuró el fallo de primera instancia en falso juicio de identidad, porque 5 Radicación No. 161-4121 le dio un sentido diferente al contenido de las pruebas. Máxime, que en la sentencia de tutela de segunda instancia, proferida el 14 de noviembre de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección “C”, estableció que el disciplinado transgredió los derechos constitucionales fundamentales de petición e igualdad. El artículo 164 de la ley 734 de 2002, preceptúa: “Archivo definitivo. En los casos de terminación del proceso disciplinario previstos en el artículo 73 y en el evento consagrado en el inciso 3º del artículo 156 de este código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada”. A continuación la Sala Disciplinaria determinará si se dan los presupuestos establecidos por la anterior disposición legal para proceder o no a la confirmación de

la decisión recurrida de acuerdo a los planteamientos de disentimiento esbozados por el quejoso recurrente y las probanzas arrimadas al expediente: 1). El quejoso mediante escrito elevado en virtud del derecho de petición el 5 de julio de 2007 radicado en la misma fecha y bajo el radicado No. 624460 en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, precisó que actuaba como apoderado de la señora Claudia Paulina Linero Costa, en el proceso No. 2004 - 066 de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal constituida con el señor Fernando Maximiliano Méndez Gaviria (oficial activo de la policía Nacional), cuyo trámite cursa en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativa, y solicitó oficiar al citado despacho judicial lo siguiente: “1. El estado de cuenta de aportes del señor FERNANDO MAXIMILIANO MÉNDEZ GAVIRIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.497.569., depositados en esa Entidad.

2. Si el oficial ya cumplió con los requisitos exigidos para obtener la solución de vivienda y recibir el subsidio para la misma, en caso afirmativo, desde que fecha cumplió esos requisitos, cual es el plazo para diligenciarlo a fin de que le otorgue dicho subsidio.

3. De cuanto es el valor del subsidio para vivienda y si el señor Oficial aquí nombrado tiene derecho en la fecha a ese subsidio, o en caso negativo, por qué lo perdió Se eleva la presente petición teniendo en cuenta que el señor oficial encausado ha sido renuente en suministrar la información requerida, tal como acaeció el día 29 de

junio de 2007 en la audiencia de inventario y avalúo de bienes muebles del haber social constituido, pues no allego ninguna cifra, proceder que no se ciñe a la realidad, pretendiendo con su conducta ocultar dichos depósitos” (fls. 6, 7 y 88 a 89). 2). El 23 de julio de 2007, con radicación No. 125328, el Gerente General de dicha Caja respondió al peticionario: “(…) le comunico que la información solicitada del señor FERNANDO MAXIMILIANO MÉNDEZ GAVIRIA, es de carácter de reserva y confidencialidad de acuerdo con la Resolución No. 560 de mayo 13 de 1999. “Por la cual se establece la condición de reserva y confidencialidad a documentación e información específica de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía”; por lo tanto, la señora Claudia Paulina Linero Acosta (sic), debe demostrar el interés legítimo, enviando el registro civil de matrimonio con autenticación vigente y con las 6 Radicación No. 161-4121 respectivas notas marginales al respaldo del mismo, o mediante orden judicial proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativa” (fls. 8 y 90, subrayado fuera de texto). 3). En acatamiento a lo anterior, la señora Linero Costa, el 14 de agosto de 2007 dirigió otro derecho de petición radicado bajo el No. 636497, en similar sentido a la petición precitada, agregando que “fundamenta la presente petición por cuanto se requiere llegarle (sic) al proceso 2004 - 066 de divorcio y liquidación de sociedad

conyugal constituida por el señor FERNANDO MAXIMILIANO MENDEZ GAVIRIA, en el grado de mayor activo de la Policía, pues cumplo con la legitimación para invocarlas informaciones solicitadas y obtener las respuestas adecuadas, ceñidas a la realidad a fin de lograr la liquidación de dicha sociedad. Se eleva la siguiente petición en virtud a su oficio No. 125328 del 23 de julio del 2.007, con destino a mi apoderado el Doctor LUIS ALFONSO ROBA YO GOMEZ, quien solicitó la información solicitada en este derecho de petición, quien recibió respuesta que debía formularla la suscrita para lo cual anexo registro civil de matrimonio con autenticación vigente”. Solicita la petente que la respuesta se envíe a su dirección de domicilio en Santa Marta, Magdalena. (fls. 9 y 91). 4). El 6 de septiembre de 2007 con radicación No. 129572, el Subgerente de Atención al Afiliado de la susodicha Caja contestó: “en relación a su petición de la referencia, de manera, atenta me permito informarle que verificado el registro Civil de Matrimonio, registra con fecha 21 de noviembre de 2005, notas marginales al respaldo del mismo, relacionadas con la cesación de los fectos (sic) civiles del matrimonio, proferido por el Juzgado Segunda promiscuo del Municipio de Facatativá, dentro del matrimonio celebrado entre usted y el señor FERNANDO

MAXIMILIANO MENDEZ GAVIRIA.

Razón por la cual, no es posible suministrarle la información requerida, toda vez que a la fecha, con la mencionada anotación, no demuestra el interés legitimo, razón por

la cual la información se suministrará únicamente mediante orden Judicial competente” (fls. 10 y 95, subrayado fuera de texto). 5). El Juez Segundo Promiscuo de Familia de Facatativa, libró el oficio No. 530 de fecha 14 de agosto de 2007 a la Dirección de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el cual fue radicado el día 17 del mismo mes y año bajo el No. 637844, requiriendo la misma información plasmada en las dos peticiones anteriores, en obedecimiento al auto de fecha 2 de agosto de 2007, dentro del proceso de liquidación de la sociedad conyugal No. 04 - 066 de Fernando Maximiliano Méndez Gaviria contra Claudia Paulina Linero Costa (fl. 96 y 142). 6). El 1 de octubre de 2007, con radicación No. 132207, el Subgerente de Atención al Afiliado de la citada Caja dio respuesta positiva a las pretensiones del despacho judicial, tal como se observa a folios 142 A a 144. 7). Reposan a folios 92 a 94 y 138 a 140 fotocopias del registro de matrimonio celebrado entre la señora Claudia Paulina Linero Costa y el señor Fernando Maximiliano Méndez Gaviria, el día 19 de octubre de 1996 en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, matrimonio católico oficiado en la Parroquia la Inmaculada Concepción, donde se lee en manuscrito: “Cesación de los Efectos Civiles Matrimonio”, oficio No. 420 del Juzgado Segundo Promiscuo de Facatativa,

7 Radicación No. 161-4121 Cundinamarca, fecha de otorgamiento 21 de noviembre de 2005; se destaca que el Notario Séptimo del Círculo de Barranquilla, el 1° de agosto de 2007, certificó que el registro es fiel y auténtica copia de su original. 8). Obra a folios 86 y 87, la Resolución No. 560 de 13 de mayo de 1999, expedida por el Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar, mediante la cual dispuso en el “Artículo Primero: Conferir el carácter de reserva y confidencialidad a la siguiente información y documentación de la Caja Promotora de Vivienda Militar

1. Listados generales de Afiliados miembros de las Fuerzas Militares y la

Policía Nacional.

2. Listados generales de Beneficiarios y Pensionados de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y de la Caja Promotora de Vivienda Militar. 3. listados generales de Residencia (…)”.

4. Estados de Cuentas Individuales de afiliados a la Entidad.

(…)

7. Información relacionada con Subsidios, Préstamos y desembolsos a favor de los afiliados de la Entidad para adquisición de vivienda. (...) Artículo Segundo: Para la expedición de copias, consultas y examen de documentos relacionados específicamente con los aspectos contemplados en el Artículo Primero de la presente Resolución, se requerirá orden de autoridad Judicial competente, o de Organismo de Control Estatal, respecto de los cuales no existirá reserva legal alguna.

En los demás casos se requerirá acreditar el interés legítimo para la consulta,

petición o examen de documentos e información correspondientes, pero en todo caso la Caja Promotora de Vivienda Militar se reservará el derecho de atender favorable o desfavorablemente la petición, observando los procedimientos establecidos en la Resolución 0146 de Febrero 23 de 1999” (subrayado fuera de texto). 9). La señora Linero Costa a través del apoderado judicial presentó acción de tutela contra la Caja Promotora de Vivienda Militar, al estimar vulnerados los derechos fundamentales de petición, igualdad, información y debido proceso; tutela que fue resuelta el 5 de octubre de 2007, por el Jugado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, declarando la cesación de la actuación impugnada, al configurarse un hecho superado (fls 154 a 160). 10). Al conocer del recurso de alzada de la sentencia de tutela precitada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, el 14 de noviembre de 2007 revocó dicha decisión, y tuteló los derechos de petición e igualdad de la señora Claudia Paulina Linero Costa, y ordenó a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de policía, que, “conteste de forma concreta y detallada la petición, elevada por la señora Claudia Paulina Linero Costa, referida el (sic) estado de cuenta individual de aportes y subsidio para la adquisición de vivienda del señor Fernando Maximiliano Méndez Gaviria en calidad de afiliado de dicha caja (…)” (fls. 17 a 36 y 161 a 180). 11). Respecto de lo argumentado por el quejoso en el punto No. (1) de su memorial

de impugnación, cuestionando la conclusión parcializada a que llegó el fallador de 8 Radicación No. 161-4121 primera instancia, en cuanto a que se “dio una respuesta clara, completa y oportuna”, indicando las razones por las cuales no fue posible suministrar la información, porque las notas marginales del registro civil, no demostraron el interés legitimo de la señora Linero Costa. Además, “que no se acreditó que la sociedad conyugal no se encontraba disuelta, lo cual habría podido motivar y demostrar el interés consiguiente de la solicitante (...)”. No obstante que el fallo de tutela de segunda instancia, de 14 de noviembre de 2007, estableció que el disciplinado vulneró los derechos constitucionales fundamentales de petición e igualdad, los cuales fueron amparados por dicha Corporación. 12). Considera el Ad quem que le asiste razón al apelante, pues realmente en el fallo de tutela de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, el 14 de noviembre de 2007, determinó que efectivamente la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía conculcó los derechos de petición e igualdad de la señora Claudia Paulina Linero Costa, los cuales tuteló, conforme se indicó en el numeral 10), al determinar que si había acreditado el interés o legitimación para solicitar y obtener la información relativa al estado de cuenta individual de aportes del señor Méndez Gaviria, afiliado a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, y el subsidio para la adquisición de vivienda otorgado por esa Caja, porque al cesar los efectos civiles del citado matrimonio, se entiende

disuelta la sociedad conyugal formada entre los consortes, según los artículos 152 en armonía con el artículo 1820 del C. C. Que uno de los efectos principales de la cesación de los efectos civiles del matrimonio y subsiguiente disolución de la sociedad conyugal, es que a partir de ese instante “todos los bienes que adquiera cada cónyuge en adelante, y cuyo titulo también sea posterior a ese momento, serán de su exclusiva propiedad; en sentido contrario, los bienes adquiridos al tiempo de disolverse la misma se presumirán como parte de ella, de acuerdo al inciso primero del artículo 1795 del Código Civil”. Una vez disuelta la sociedad lo propio es establecer los gananciales que pertenecen a cada cónyuge a través de la confección de un inventario y tasación de bienes que establecerá la masa social partible y división del activo liquido (art. 1821 C.C.). “(…) La Sala encuentra que por el hecho jurídico de la cesación de los efectos civiles del matrimonio y consecuente disolución de la sociedad conyugal, no necesariamente se ve afectado el interés del cónyuge en indagar sobre los bienes del otro consorte, hasta tanto no se haya efectuado la liquidación, toda vez que disuelta dicha sociedad se forma una comunidad universal de bienes sociales, lo cual implica que ya los cónyuges no tienen la administración y disposición separadas de ellos, y surge una administración que compete a todos los comuneros, sean éstos los cónyuges o los herederos (…)” (art. 1° de la ley 28 de 19321). (…) “Es decir, al surgir esta administración conjunta, como efecto de la disolución de la

sociedad conyugal, con mayor razón le asiste al cónyuge interesado la facultad que le otorga el ordenamiento al sujeto para intervenir en los asuntos relacionados con los bienes que conforman la referida universalidad, sean que fueron adquiridos por él ó por el otro consorte, cuestión irrelevante cuando se trata de una cosa en común” (arts. 2322 y 2323 del C. C.). 9 Radicación No. 161-4121 (…) “Así las cosas, la Sala encuentra que dado que la sociedad conyugal aún no ha sido liquidada, le asiste razón a la impugnante cuando sostiene que se le ha discriminado en su derecho a obtener la información acerca del estado de cuenta individual de aportes y subsidio para la adquisición de vivienda de su ex -cónyuge como afiliado en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, siendo que si demostró tener interés para indagar sobre dicha información, discriminación que no solo afecta su derecho fundamental de petición sino también su derecho a la igualdad de trato al interior de las relaciones de carácter patrimonial surgidas con ocasión del matrimonio (…)”. “consideración que la situación de hecho generadora de la solicitud de amparo constitucional, en este caso, aún no ha sido satisfecha o atendida por las razones que preceden y que indican que la sociedad conyugal aún no ha sido liquidada, y es precisamente que requiere tal información, para aportar documentos de haberes o gananciales de dicha sociedad, con destino a la liquidación que se halla en curso en el juzgado de familia. Asunto distinto es que por petición del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de

Facatativa, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía haya remitido una información similar; en todo caso, el derecho de petición es singular y personal, como también la relación jurídica que a través de dicha solicitud entabló la peticionaria, con la autoridad accionada, lo que constituye el inicio de una actuación administrativa independiente a la respuesta que esa misma entidad, haya otorgado al Juzgado. En consecuencia, la Sala de Decisión por las razones anteriormente anotadas tutelará los derechos de petición e igualdad de la señora Claudia Paulina Linero Costa, habida cuenta de su vulneración por parte de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía al no suministrarle la información solicitada acerca del estado de cuenta de su ex -cónyuge como afiliado en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, siendo que si había acreditado el interés o legitimación para indagar sobre esta información, por cuanto el cese de los efectos civiles del matrimonio y la consecuente disolución de la sociedad conyugal, que aún no ha sido liquidada, no es óbice para restringir su acceso, dado el pie de igualdad que gozan los consortes en la administración de la comunidad universal de bienes sociales, una vez disuelta la sociedad conyugal (…)” (subrayado fuera de texto). 13). De acuerdo a la sentencia prenombrada, es claro adver