PGN - DERECHO DE POSTULACION Garantiza la identidad del programa de gobierno elegido por e

PARTIDOS POLÍTICOS-Responden por avalar candidato condenado por delito de lesa humanidad durante el ejercicio del cargo DERECHO DE POSTULACIÓN-Lo pierde el partido o movimiento que avale al candidato condenado por delito de lesa humanidad PARTIDOS POLÍTICOS-Para que el aval genere sanción la sentencia debe estar ejecutoriada respecto al candidato condenado por delito de lesa humanidad En el caso en estudio, encontramos que si bien, el Alcalde electo para el periodo institucional 2008-2011, fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, a título de autor por omisión del delito de desaparición forzada, delito que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 y aprobada por el Congreso mediante la Ley 1418 de 2010, constituye un crimen de lesa humanidad, dicha sentencia no se encuentra ejecutoriada, tal como lo indica la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en oficio No. S9-03218 (folio 381 del cuaderno de pruebas). Por lo anterior, y así lo indica el a-quo, el movimiento, sí podía, como en efecto lo hizo, presentar terna para que se reemplazara al Alcalde titular, toda vez que aunque éste fue condenado en primera instancia por un delito considerado de lesa humanidad, dicho fallo no está en firme y, por ende, de acuerdo a las voces del artículo 107 constitucional el

movimiento político no había perdido su derecho de postulación. DERECHO DE POSTULACIÓN-No desaparece para el partido o movimiento que haya perdido su personería jurídica Ahora bien, el sentido de la decisión no varía, ya que aunque el movimiento perdido su personería jurídica, no por ese hecho se le debe coartar su derecho de postulación de la terna para que se reemplace el Alcalde destituido, pues, se debe garantizar la continuidad y correcta ejecución del plan de gobierno elegido por los ciudadanos mediante sufragio universal. DERECHO DE POSTULACIÓN-Garantiza la identidad del programa de gobierno elegido por el pueblo De conformidad con las directrices jurisprudenciales pretranscritas, el hecho que el movimiento, del cual resultó electo el señor Alcalde para el periodo institucional 20082011, hubiere perdido su personería jurídica, no es argumento válido, para no respetar su derecho de postulación de los candidatos a reemplazarlo, toda vez que debe garantizarse una identidad con el programa de gobierno que fue elegido por el pueblo.

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ejecutoriada respecto al candidato condenado por delito de lesa humanidad En el caso en estudio, encontramos que si bien, el Alcalde electo para el periodo institucional 2008-2011, fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, a título de autor por omisión del delito de desaparición forzada, delito que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 y aprobada por el Congreso mediante la Ley 1418 de 2010, constituye un crimen de lesa humanidad, dicha sentencia no se encuentra ejecutoriada, tal como lo indica la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en oficio No. S9-03218 (folio 381 del cuaderno de pruebas). Por lo anterior, y así lo indica el a-quo, el movimiento, sí podía, como en efecto lo hizo, presentar terna para que se reemplazara al Alcalde titular, toda vez que aunque éste fue condenado en primera instancia por un delito considerado de lesa humanidad, dicho fallo no está en firme y, por ende, de acuerdo a las voces del artículo 107 constitucional el movimiento político no había perdido su derecho de postulación. DERECHO DE POSTULACIÓN-No desaparece para el partido o movimiento que haya perdido su personería jurídica Ahora bien, el sentido de la decisión no varía, ya que aunque el movimiento perdido su personería jurídica, no por ese hecho se le debe coartar su derecho de postulación de la

terna para que se reemplace el Alcalde destituido, pues, se debe garantizar la continuidad y correcta ejecución del plan de gobierno elegido por los ciudadanos mediante sufragio universal. DERECHO DE POSTULACIÓN-Garantiza la identidad del programa de gobierno elegido por el pueblo De conformidad con las directrices jurisprudenciales pretranscritas, el hecho que el movimiento, del cual resultó electo el señor Alcalde para el periodo institucional 20082011, hubiere perdido su personería jurídica, no es argumento válido, para no respetar su derecho de postulación de los candidatos a reemplazarlo, toda vez que debe garantizarse una identidad con el programa de gobierno que fue elegido por el pueblo.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. Octubre 19 de 2011 Concepto No. 039 Doctora Susana Buitrago Valencia

H. Consejera Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 8

Proceso número: 050012331000201100076 01

Radicado interno número: 2011-0076

Actor: Luis Eduardo Cala López Asunto: Apelación de la sentencia del 25 de agosto de 2011, expedida por el Tribunal Administrativo del Casanare, mediante la cual se denegó la nulidad del acto de designación del señor Manuel Alfonso Avella Monroy, como Alcalde encargado del Municipio de Aguazul Casanare.

Respetada Señora Consejera: De la manera más atenta, procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión, ordenado mediante auto del 21 de septiembre de 2011, folio 399. 1.- Antecedentes 1.1. La demanda El ciudadano Eduardo Cala López, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, demandó el Decreto 068 del primero de abril de 2011, expedido por el Gobernador del Casanare, mediante el cual se designó al señor Manuel Alfonso Avella Monroy como Alcalde encargado de Aguazul. 1.2Pretensiones Las pretensiones fueron precisadas como a continuación se transcriben: «1. Que se declare la nulidad del Decreto No. 068 de fecha 1° de abril de 2011, dictado por la Gobernación de Casanaré (sic), mediante el cual se designo (sic) al señor MANUEL ALFONSO AVELLA MONROY como alcalde encargado de Aguazul (Casanaré).

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Gobernación de Casanare, restablecer plenamente la validez del Decreto Departamental No. 0029 de 2011, mediante el cual se había designado

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co a mi cliente como Alcalde encargado de Aguazul, para la culminación

del periodo institucional 2008-2011. ». 1.3Hechos de la demanda Señala el demandante que el Alcalde titular de Aguazul Casanare, señor José Mauricio Jiménez Pérez, quien fue elegido en octubre de 2007 para el periodo institucional 2008-2011, a nombre del partido apertura liberal, fue condenado a pena principal de 29 años de prisión y a otras medidas accesorias por el delito de desaparición forzada, en concurso homogéneo y heterogéneo por el punible de concierto para delinquir agravado, conforme consta en la sentencia del 28 de enero de 2011, dictada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, dentro del radicado No. 110013107005. Indica que ante la falta absoluta del mandatario local, la gobernación del Casanare mediante el Decreto 0029 de 2011, encargó de las funciones del despacho de la Alcaldía Municipal de Aguazul al doctor Luis Eduardo Cala López. Asevera que el partido apertura liberal presentó ante el Gobernador encargado de Casanare, terna de candidatos para que de allí se escogiera a quien debería ser nombrado para suplir la falta absoluta generada en la mencionada Alcaldía municipal, siendo uno de los ternados el señor Manuel Alfonso Avella Monroy. Posteriormente, el día 1° de abril de 2011, el Gobernador encargado de Casanare expidió el Decreto No. 0068 de 2011 designando al señor Manuel Alfonso Avella Monroy como Alcalde encargado de Aguazul, para el resto del periodo

institucional, y quien hacía parte de la terna señalada precedentemente. Manifiesta que el Alcalde designado Manuel Alfonso Avella Monroy, tomó posesión del cargo el 1° de abril de 2011 ante la Juez Promiscua Municipal de Aguazul Casanare; además dice que el mencionado alcalde encargado, se presentó para las elecciones territoriales del 2007, como candidato a la Asamblea Departamental de Casanare, pero por el partido liberal colombiano y a la fecha es militante activo de este partido. Finalmente indica que el alcalde designado Manuel Alfonso Avella, mediante escritura pública de compraventa No. 1762 del 9 de agosto de 2010, vendió a Corporinoquia el predio Guayabal de la Peña ubicado en la vereda Plan Brisas del municipio de Aguazul, de su propiedad, y que el mismo se perfeccionó dentro de los 12 meses anteriores a su designación, con entidades del orden departamental, en este caso, Corporinoquia y de la cual hace parte el Municipio de Aguazul. 1.4 Normas violadas y explicación del concepto de violación

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Señaló como normas conculcadas las siguientes:  De la Constitución Política, los artículos 4, 13, 29, 40, 123 y 299.  Del Código Electoral, los artículos 1, 2, 7, 14, 123, 172, 177, 179, 180, 184,

187, 192 y concordantes.  Del Código Contencioso Administrativo, los artículos 1, 2, 3, 84, 223-5 y 227. Indica que es evidente que el delito de desaparición forzada por el cual fue condenado el Alcalde titular de Aguazul Casanare, es considerado como de lesa humanidad por la Ley 1418 de 2010 y como consecuencia de ello, el partido político que lo avaló como candidato a la Alcaldía, esto es, apertura liberal, perdió todo derecho o facultad para elaborar y remitir terna de candidatos al señor Gobernador, para designar a quien debe asumir como tal para el periodo faltante del periodo institucional. Aseveró que en atención a que el Alcalde titular fue destituido por una condena penal por la comisión de un delito de lesa humanidad, el Gobernador del Casanare, estaba llamado a cumplir lo previsto en el artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2009, que modificó el artículo 207 de la Carta Fundamental, y no acudir de ninguna manera al procedimiento previsto en el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 para designar el reemplazo del Alcalde titular, de terna presentada por apertura liberal, puesto que ello es inaplicable al caso en concreto. Por otro lado indicó que, el demandado, señor Luis Eduardo Cala López, se encuentra incurso en doble militancia, que le acarrea la nulidad de su designación, pues ha sido y sigue siendo militante del partido liberal colombiano, y a su vez ha asumido como militante del partido apertura liberal, con la sola finalidad de ser

ternado por esa colectividad, para cumplir la falta absoluta generada en la Alcaldía de Aguazul. Así mismo señala que el demandado se encuentra incurso en inhabilidad por haber celebrado contrato en interés propio dentro de los 12 meses anteriores a la designación con entidad pública y cuyo objeto se ejecutó en el mismo municipio donde fue designado Alcalde, pues el señor Manuel Alfonso Avella Monroy, vendió a Corporinoquia el predio Guayabal de la Peña, ubicado en la vereda Plan Brisas del Municipio de Aguazul, de su propiedad, tal como consta en la escritura pública de compraventa No. 1762 del 9 de agosto de 2010. 1.5Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante providencia del 25 de agosto de 2011, folios 374 al 384 de expediente, negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos: En materia de restricción de derechos fundamentales es necesario atenerse al principio de taxatividad, sin que sea posible extender de manera alguna las disposiciones contenidas en la Constitución o la Ley. En atención a que el Acto

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Legislativo 1 de 2009 establece como requisito para su aplicación que la sentencia esté ejecutoriada, y la sentencia que condenó al señor José Mauricio Jiménez, Alcalde titular de Aguazul no se encuentra ejecutoriada, no se puede concluir conforme lo pretende el demandante.

Por otro lado, indica que si la inhabilidad para desempeñar cargos públicos no está contenida en la norma constitucional, necesariamente debe estar determinada por la Ley, pero ésta en el caso en estudio, tampoco establece consecuencia de la doble militancia; por ello, si el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político mediante el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos es uno de los derechos políticos fundamentales de toda democracia, la doble militancia política no constituye causal de inhabilidad para desempeñar el cargo de Alcalde en reemplazo del titular por condena penal. Así mismo, señala que para infringir la prohibición de la doble militancia prevista en el inciso segundo del artículo 107 de la Constitución, se quiere pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, lo cual no se configura, pues, el movimiento político apertura liberal la perdió en diciembre de 2010 y, además el señor Avella Monroy renunció a su militancia en el partido liberal el 12 de marzo de 2010. Finalmente, precisa que la venta que realizó el ciudadano Manuel Alfonso Avella Monroy, mediante escritura pública No. 1762 del 9 de agosto de 2010, otorgada en la Notaría de Aguazul Casanare a Corporinoquia, del predio denominado Guayabal de la Peña, ubicado en la cuenca del río cusiana, subcuenca del río charte, por la suma de $210.600.000 millones de pesos, por resultar dicho fundo de alta importancia ambiental para la conservación de áreas de reserva y

protección forestal, al estar conformado por bosques densos y abiertos que se encuentran en la cordillera oriental y pie de monte llanero, según informe técnico No. 500.10.1.09.1283 del 21 de noviembre de 2009, realizado por la subdirección de control y calidad ambiental de Corporinoquia, donde se determinó como prioritaria la adquisición, no constituye inhabilidad para desempeñar el cargo de Alcalde de Aguazul, pues no están en causal de inhabilidad las personas que contraten por obligación legal, artículo 10 de la Ley 80 de 1993, pues de no haber aceptado la oferta que le hiciere Corporinoquia, vendría el proceso de expropiación que lo obligaba a vender el bien. 1.6 Recurso de apelación interpuesto por el demandante El actor, por intermedio de apoderado judicial, en escrito que obra de folios 389 al 392 del expediente, interpone recurso de apelación contra la sentencia de instancia, para que se revoque, por considerar que el nombramiento enjuiciado, efectuado mediante Decreto 068 del 20 de abril de 2011, es absolutamente ilegal, en tanto no existe en el ordenamiento jurídico electoral colombiano, el partido apertura liberal, ni mucho menos su representante legal, para designar y postular a sus militantes dentro de una terna para elegir Alcalde del municipio de Aguazul, y, además, porque si bien la sentencia de condena penal contra el Alcalde titular

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co de dicho municipio, no se encuentra ejecutoriada, en ella se toman decisiones perentorias, sin esperar la ejecutoria del fallo, mediante las cuales restringen derechos políticos del alcalde electo. 1.7Admisión del recurso de apelación La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto del 21 de septiembre del corriente año, folio 399 del expediente, admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada el 25 de agosto de 2011 por el Tribunal Administrativo de Casanare. 1.8. Alegatos de conclusión en segunda instancia El apoderado judicial del demandante, en escrito que aparece de folios 401 y 402 del expediente, reafirma la ilegalidad del acto demandado, por cuanto resulta irrefragable para él, que las autoridades electorales de la República, despojaron de personería jurídica al movimiento político apertura liberal, por lo que no existe representante legal de dicho movimiento político desde la fecha de ejecutoria del acto administrativo que canceló su personería jurídica, siendo ilegal terminar el encargo o nombramiento del demandante, bajo el argumento de cumplir con la designación de una terna de un partido inexistente.

II. Consideraciones de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de

Estado. Sea lo primero señalar que en el caso que nos ocupa se deben analizar única y exclusivamente los argumentos del actor expuestos en la demanda, tendientes a revocar el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, y no argumentos nuevos, toda vez que no fueron debatidos en la

oportunidad procesal, y resultaría lesivo del derecho de defensa del demandado, condenarlo por censuras que no tuvo la oportunidad de controvertir.

Al respecto se considera: El demandante en su escrito de demanda solicitó:  «1. Que se declare la nulidad del Decreto No. 068 de fecha 1° de abril de 2011, dictado por la Gobernación de Casanaré (sic), mediante el cual se designo (sic) al señor MANUEL ALFONSO AVELLA MONROY como alcalde encargado de Aguazul

(Casanaré).  Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Gobernación de Casanaré, restablecer plenamente la validez del Decreto Departamental No. 0029 de 2011, mediante el cual se había designado a mi cliente como Alcalde encargado de Aguazul, para la culminación del periodo institucional 20082011».

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En el concepto de violación de la demanda, propuso tres cargos los cuales sustentó de la siguiente manera:  Primer Cargo. Pérdida del derecho de postulación del partido apertura liberal por mandato del Acto Legislativo 1 de 2009 para remitir terna, toda vez que es evidente que el delito de desaparición forzada por el cual fue condenado el Alcalde titular de Aguazul Casanare, es considerado como de

lesa humanidad por la Ley 1418 de 2010 y como consecuencia de ello, el partido político que lo avaló como candidato a la Alcaldía, esto es, Apertura Liberal, perdió todo derecho o facultad para elaborar y remitir terna de candidatos al señor Gobernador, para designar a quien debe asumir como tal para el periodo faltante del periodo institucional. Aseveró lo anterior, en atención a que el Alcalde titular fue destituido por una condena penal, por la comisión de un delito de lesa humanidad, por lo que el Gobernador del Casanare, estaba llamado a cumplir lo previsto en el artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2009, que modificó el artículo 207 de la Carta Fundamental, y no acudir de ninguna manera al procedimiento previsto en el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 para designar el reemplazo del Alcalde titular, de terna presentada por Apertura Liberal, puesto que ello es inaplicable al caso en concreto.  Segundo Cargo. El demandado está incurso en doble militancia que le acarrea la nulidad de su designación, pues ha sido y sigue siendo militante del Partido Liberal colombiano, y a su vez ha asumido como militante del Partido Apertura Liberal, con la sola finalidad de ser ternado por esa colectividad, para cumplir la falta absoluta generada en la Alcaldía de Aguazul.  Tercer Cargo. Inhabilidad por haber celebrado contrato en interés propio dentro de los 12 meses anteriores a la designación con entidad pública y cuyo objeto se ejecutó en el mismo municipio; el señor Manuel Alfonso

Avella Monroy, vendió a Corporinoquia el predio Guayabal de la Peña, ubicado en la vereda Plan Brisas del Municipio de Aguazul, de su propiedad, tal como consta en la escritura pública de compraventa No. 1762 del 9 de agosto de 2010. En el escrito de apelación, el apoderado del demandante, solicita se revoque la sentencia del 25 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por dos razones: (i) porque el nombramiento enjuiciado es absolutamente ilegal en tanto no existe en el ordenamiento electoral colombiano el Partido Apertura Liberal ni, mucho menos, su representante legal para postular o designar a sus militantes dentro de una terna para elegir alcalde de Aguazul; (ii). por cuanto si bien la sentencia de condena penal contra el Alcalde titular de Aguazul Casanare no se encuentra ejecutoriada, en ella se toman decisiones perentorias, sin esperar la ejecutoria del fallo, mediante las cuales se restringen los derechos políticos del Alcalde elegido.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Los argumentos contenidos en el primer punto son nuevos y no hacen parte ni de las pretensiones de la demanda, ni del concepto de violación, ni de los argumentos mediante los cuales se estructuran los tres cargos referidos, por lo que no resulta viable asumir su estudio.

Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2007, Magistrada ponente doctora María Nohemí Hernández Pinzón, dentro del radicado No. 08001-23-31-000-2003-02687-01(4041); 0800123-31-000-200302991; 08001-23-31-000-20030-2993-01; 08001-23-31-000-200302994-01; 08001-23-31-000-2003-02995-01; 08001-23-31-000-2003-03001-01; 08001-23-31-000-2003-03029-01, sostuvo: “El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989 artículo 1º numeral 175, aplicable a este asunto por el principio de integración normativa que descansa en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, regula lo concerniente con el trámite del recurso de apelación. La competencia del juzgador de segundo grado, cuando no apelan las dos partes como en el sub lite, viene delimitada por los propios impugnantes, quienes fijan el objeto del recurso de alzada por aquellas partes de la decisión que le sean desfavorables. Si la acción consta de la acumulación de varios procesos, es necesario que el marco competencial de la segunda instancia se fije con precisión, en cuanto a los procesos sobre que versará el análisis de segundo grado y desde luego respecto de los cargos cuyo tratamiento por el Tribunal no sea compartido por quien recurre. (…)

Implica lo dicho hasta el momento que la competencia de la Sala se contrae única y exclusivamente al examen de los cargos de las demandas formuladas por los ciudadanos Alvaro Emilio Sarmiento Pacheco (200302994) y Hugo Flórez La Rotta (200302995). Con todo, como en la demanda 200302994 se propuso como uno de los cargos, la ilegalidad del acto de elección de Candelaria de Jesús Hernández Herrera por violación del régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 175 de la Ley 136 de 1994, en armonía con los artículos 38 y 51 de la Ley 617 de 2000, por haberse desempeñado anteladamente como Personera del mismo municipio, el cual fue expresamente negado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y dado que sobre ello no se presentó recurso de apelación, entiende la Sala que no será objeto de examen en esta instancia. Si bien el apoderado judicial de la parte demandada, al sustentar el recurso de apelación, hace algunas disquisiciones en torno a la improcedencia del cargo relativo a la supuesta violación del régimen de incompatibilidades por parte de la Alcaldesa del

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co municipio de Ponedera, ello no puede interpretarse como que la impugnación se extiende a esa materia, precisamente porque el profesional del Derecho fue explícito en decir que aún no habían sido resueltas las pretensiones de las demandas donde se

involucraba ese reparo y porque retomando lo prescrito en el artículo 357 del C. de P. C., “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, y no hay duda que se trata de un punto favorable y por lo mismo ajeno al debate de la segunda instancia.” Concomitante con lo dicho por la H. Corporación en la providencia señalada, el análisis de fondo debe circunscribirse únicamente al cargo primero de la demanda y en relación a los argumentos según los cuales, el movimiento Apertura Liberal, perdió su derecho de postulación de terna para designar Alcalde encargado, por cuanto su titular fue condenado por un delito de lesa humanidad.  Cargo Único: Perdida del derecho de postulación del partido apertura liberal por mandato del Acto Legislativo 1° de 2009, para remitir terna. Para el demandante, según se vio, es evidente que el delito de desaparición forzada por el cual fue condenado el Alcalde titular de Aguazul Casanare, es considerado como de lesa humanidad por la Ley 1418 de 2010 y, como consecuencia de ello, el partido político que lo avaló como candidato a la Alcaldía, esto es, Apertura Liberal, perdió todo derecho o facultad para elaborar y remitir terna de candidatos al señor Gobernador, para designar a quien debe asumir como tal para el periodo faltante institucional. Advierte que como el Alcalde titular fue destituido por una condena penal, por la comisión de un delito de lesa humanidad, el Gobernador del Casanare, estaba llamado a cumplir lo previsto en el artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2009,

que modificó el artículo 207 de la Carta Fundamental, y no acudir de ninguna manera al procedimiento previsto en el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 para designar el reemplazo del Alcalde titular, de terna presentada por Apertura Liberal. En su escrito de apelación precisa que si bien la sentencia de condena penal contra el Alcalde titular de Aguazul Casanare no se encuentra ejecutoriada, en ella se toman decisiones perentorias, sin esperar la ejecutoria del fallo, mediante las cuales se restringen los derechos políticos del Alcalde elegido. El artículo 107 de la Constitución Política de Colombia, señala: «Articulo 107º—Modificado. A.L. 1/2009, art. 1º. El artículo 107 de la Constitución Política quedará así: (…) Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a

candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de Elección Popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente. Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo. (…)» Con la reforma constitucional introducida mediante Acto Legislativo 1 de 2009, el constituyente ha querido prohibir a los partidos y movimientos políticos presentar ternas para cargos uninominales si faltan menos de 18 meses para elecciones, cuando sus avalados fueron electos y condenados durante el ejercicio del cargo mediante sentencia ejecutoriada por delitos de lesa humanidad. En estas condiciones el partido y movimiento político, al que pertenece un funcionario elegido para un cargo uninominal mediante voto popular, no puede presentar terna para que se designe su reemplazo, cuando su destitución tenga fundamento en una condena por delitos de lesa humanidad, contenida en

sentencia debidamente ejecutoriada. En el caso en estudio, encontramos que si bien, el señor José Mauricio Jiménez, Alcalde electo de Aguazul Casanare para el periodo institucional 2008-2011, fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, a título de autor por omisión del delito de desaparición forzada, delito que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Conv