PGN - DERECHO DISCIPLINARIO Como género del derecho punitivo, está proscrita la responsabi

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-No adquirir las áreas de interés hídrico PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD-Significado Sea lo primero manifestar que el artículo 6º de la Constitución Política señala que los servidores públicos deben responder ante las autoridades, tanto por la violación de la Constitución Política y la Ley como por las omisiones o la extralimitación en el ejercicio de funciones que les sean imputables; fundamento de responsabilidad que se articula con las relaciones especiales de sujeción surgidas entre el Estado y el servidor público o el particular que cumpla funciones públicas, las cuales están orientadas a la consecución o materialización de los fines del Estado.

FALLO SANCIONATORIO-La Ley disciplinaria señala los requisitos para su procedencia El anterior marco normativo traído a colación resulta pertinente para mencionar que cuando se trata de proferir un fallo sancionatorio, la ley disciplinaria señala los requisitos para su procedencia en su artículo 142 de la Ley 734 de 2002, esto es, que obre dentro del proceso prueba que conduzca a la certeza tanto sobre la existencia de la falta como de la responsabilidad del investigado; razón por la cual, al momento de estudiar de fondo el presente recurso de apelación contra el fallo sancionatorio, la Sala Disciplinaria entrará a determinar cuáles son las pruebas concretas allegadas al expediente que dan cuenta de la conducta investigada, y analizará si las mismas comprometen en grado de certeza la responsabilidad del disciplinado; para lo cual procederemos inicialmente a revisar el único

cargo imputado, para luego valorar las pruebas que lo sustentan y analizar los argumentos de la defensa. VALORACIÓN PROBATORIA-Se debe hacer en forma integral Sobre este aspecto la Sala no puede dejar de mencionar que efectivamente como lo sostiene la apoderada del disciplinado, en el presente caso la Delegada para la Economía y la Hacienda Pública no analizó y valoró en forma integral el material probatorio recaudado, pues es innegable que tanto las pruebas documentales como testimoniales apuntan a demostrar el ejercicio de actividades tendientes a lograr la adquisición de predios en zonas de interés hídrico, pues de ninguna manera podía exigirse la protocolización de la compraventa de los inmuebles con la inscripción de la escritura pública en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, sin haberse agotado previamente la realización de otras actividades como la búsqueda del inmueble, la identificación del mismo, las conversaciones con los propietarios, la obtención de los datos de los inmuebles, la consecución de los documentos tanto del propietario como del mismo predio, el avalúo del inmueble por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el concepto de la autoridad ambiental, el ofrecimiento de compra a los posibles vendedores y la aceptación de compra por parte de los propietarios,… DERECHO DISCIPLINARIO-Como género del derecho punitivo, está proscrita la responsabilidad objetiva/FALTA DISCIPLINARIA-Para que se configure se Radicación No. 161 - 5514 requiere demostrar la culpabilidad del disciplinado …, esta Sala Disciplinaria se aparta totalmente de lo afirmado por la primera instancia en

el sentido de que el Alcalde de Tunja, jefe de la administración municipal y representante legal del municipio, debe responder disciplinariamente por no haber dado cumplimiento a lo ordenado en los artículos 111 de la Ley 99 de 1993 y 106 de la Ley 1450 de 2007, sin entrar a reparar en las razones suministradas por el disciplinado y su apoderada quienes insistentemente alegaron y a través de pruebas documentales y testimoniales demostraron la realización de una serie de las actividades previas todas ellas tendientes a la adquisición de los predios, frente a lo cual se sostuvo en el fallo recurrido, de manera genérica, que la responsabilidad derivaba simplemente por el hecho de no haber dado cumplimiento a la normatividad antes mencionada (responsabilidad objetiva); razonamiento este que de ninguna manera acepta y comparte esta Sala Disciplinaria por cuanto en el derecho disciplinario, como género del derecho punitivo, está proscrita la responsabilidad objetiva, tal como lo establece el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, de manera que para configurar una falta disciplinaria se requiere demostrar la culpabilidad del disciplinado en la realización del ilícito disciplinario, esto es, establecer con certeza la comprensión de la conducta y la posibilidad de auto determinarse conforme a derecho, lo que implica estudiar las condiciones concretas de orden personal y social en que se produjo la actuación del disciplinado. 2 Radicación No. 161 - 5514

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013) Aprobado en Acta de Sala No. 15 Radicación No. 161 – 5514 (IUS 2011-467844)

Disciplinado ARTURO JOSÉ MONTEJO NIÑO Cargo y Entidad Alcalde Municipal de Tunja Quejoso De Oficio (Informe Contraloría Municipal de Tunja) Fecha queja 1º de diciembre de 2011 Fecha hechos Años 2008 a 2011 Asunto Apelación fallo sancionatorio P.D. PONENTE: Dra. MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ Con fundamento en las atribuciones conferidas en el numeral 1º del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, y en razón del recurso de apelación interpuesto por la apoderada del doctor ARTURO JOSÉ MONTEJO NIÑO, revisa la Sala Disciplinaria el fallo sancionatorio proferido el 3 de septiembre de 2012 por medio del cual la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública lo declaró disciplinariamente responsable del cargo formulado, en su condición de Alcalde Municipal de Tunja, y en consecuencia le impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cinco (5) meses. I.- ANTECEDENTES PROCESALES Mediante oficio A.F. 1331 radicado en la Procuraduría Provincial de Tunja el 1 de diciembre de 2011, el Contralor Municipal de Tunja dio traslado a este organismo de control del posible hallazgo disciplinario encontrado dentro de la auditoría gubernamental con enfoque integral realizada a la gestión de la Alcaldía del municipio de Tunja correspondiente a la vigencia fiscal 2010, con el fin de que a través de una investigación disciplinaria se determinara si existe o no vulneración

del ordenamiento jurídico. (fs. 3 a 6) La Procuraduría Provincial de Tunja inicialmente asumió el conocimiento de las diligencias y por auto del 30 de enero de 2012 ordenó apertura de indagación preliminar en contra del señor ARTURO JOSÉ MONTEJO NIÑO, en su condición de Alcalde de Tunja. (fs. 7 y 8) Luego de allegar a la actuación algunas pruebas documentales y de notificar por edicto la anterior decisión al funcionario presuntamente responsable, en atención a la competencia establecida en el artículo 25, numeral1o, literal c), del Decreto Ley 262 de 2000, mediante auto proferido el 22 de mayo de 2012 dispuso la remisión de las diligencias a reparto de las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia Administrativa, dada la calidad del funcionario presuntamente involucrado en los hechos investigados. (fs. 23 y 24) El 9 de julio de 2012 la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, a quien le correspondió el conocimiento de las diligencias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Resolución 017 de 2000, 3 Radicación No. 161 - 5514 ordenó remitir la actuación a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, en razón a que los hechos presuntamente irregulares tienen que ver con la ejecución y control del presupuesto (fs. 27 y 28); dependencia ésta que el 18 de julio de ese mismo año dispuso adelantar la actuación por el procedimiento verbal y citó a audiencia al doctor ARTURO JOSÉ MONTEJO

NIÑO, Alcalde municipal de Tunja para la época de los hechos, para que en audiencia pública rindiera sus explicaciones, aportara y solicitara las pruebas que estimara necesarias para aclarar los hechos que se le atribuían y consistentes en “… no adquirir las áreas de interés hídrico de conformidad con lo ordenado en los artículos 111 de la Ley 99 de 1993 y 106 de la Ley 1151 de 2007 ...” (fs. 31 a 43) El día 10 de agosto de 2012 en el Despacho del Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública y con la presencia del doctor ARTURO JOSÉ MONTEJO NIÑO y su apoderada de confianza, se dio inicio a la audiencia pública con la lectura del auto de citación por parte del Procurador Delegado, quien luego de resumir los hechos investigados, el cargo único formulado, las normas presuntamente violadas y la calificación provisional de la falta, concedió la palabra al disciplinado quien hizo uso de su derecho a rendir versión de los hechos y aportó una serie de documentos que fueron incorporados a la actuación, enseguida el Procurador Delegado accedió a la práctica de las pruebas solicitadas por la apoderada del disciplinado y las que de oficio consideró necesarias y conducentes para el total esclarecimiento de los hechos. (fs. 55 y 56 y grabación en DVD que obra al folio 299). El 15 de agosto de 2012 se llevó a cabo una visita por comisionado en las instalaciones de la Alcaldía de Tunja culminándose en la Secretaria de Planeación Municipal ese mismo día (fs. 123 y 124), y el 16 de agosto de 2012 se reanudó la

audiencia para escuchar los testimonios de los señores Miguel Arturo Rodríguez Monroy, Director General de CORPOBOYACA, y Jairo Ernesto Sierra Torres, Secretario de Planeación Municipal de Tunja, para la época de los hechos, desistiendo el Despacho del testimonio del Gerente Regional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi quien no se hizo presente a la diligencia, disponiéndose al final de la misma el cierre del debate probatorio. (fs. 236 a 239 y grabación en DVD obrante al folio 308) El 30 de agosto de 2012 se reanudó la diligencia escuchándose en esta oportunidad los alegatos de conclusión por parte del disciplinado y su apoderada (fs. 305 y 306 y grabación en DVD obrante al folio 308), y finalmente se culminó el 3 de septiembre de 2012 con la lectura del fallo sancionatorio, contra el cual tanto el disciplinado como su apoderada interpusieron y sustentaron el recurso de apelación que fue concedido al final de la audiencia (fs. 309 a 331 y grabación en DVD obrante al folio 333). El expediente original se recibió en la Secretaría de esta colegiatura el 21 de septiembre de 2012, según constancia secretarial que aparece al folio 337, y mediante auto del 4 de octubre de 2012 se dispuso correr traslado a las partes por el término común de dos (2) días para que presentaran sus alegatos de conclusión en segunda instancia, para lo cual se envió al doctor ARTURO JOSÉ MONTEJO NIÑO la comunicación 01066 del 8 de octubre de 2012 advirtiéndole que dicho

término comenzaba a correr a partir del 16 de octubre de 2012 a las 8:00 a.m. y 4 Radicación No. 161 - 5514 hasta las 5:00 p.m. del día 17 de octubre del mismo año (fs. 338 a 340), sin que se recibiera escrito alguno de parte del disciplinado y/o su apoderada, en razón a que la comunicación enviada al disciplinado fue devuelva por la empresa de correos “4-72 ” con la causal “desconocido” (fs. 356), y de la apoderada en escrito radicado en el Grupo de Correspondencia el 22 de octubre de 2012 se tuvo conocimiento que presentó renuncia al poder conferido por el disciplinado, admitiéndose en consecuencia dicha renuncia por parte de esta Colegiatura mediante auto del 10 de diciembre de 2012 (fs. 358 a 360), comunicándose esta decisión por escrito al doctor MONTEJO NIÑO en la misma fecha y por estado el día 12 de diciembre de 2012 (fs. 361 y 362), pero lamentablemente también en esta oportunidad la comunicación fue devuelta por la empresa de correos “4-72” por la causal “desconocido”. (fs. 365) II.- HECHOS INVESTIGADOS De conformidad con el auto de citación a audiencia del 18 de julio de 2012, los hechos investigados se circunscriben a que la Alcaldía municipal de Tunja en su presupuesto anual para la vigencia 2010 asignó una apropiación definitiva de $3.120.000.000. para el sector medio ambiente, de los cuales ejecutó la suma de

$46.000.000., esto es el 1.5%, quedando un saldo sin ejecutar de $3.073.000.000., y dentro de los rubros que quedaron sin ejecutar se encuentra la adquisición de áreas de interés hídrico, de conformidad a lo ordenado en los artículos 111 de la Ley 99 de 1993 y 106 de la Ley 1151 de 2007, para lo que se había destinado un presupuesto de $2.835.000.000. sin ejecución. III.- CARGO ÚNICO FORMULADO En el auto de citación a audiencia se le formuló este único cargo al doctor ARTURO JOSÉ MONTEJO NIÑO: “… No adquirir las áreas de interés hídrico, de conformidad con lo ordenado por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y artículo 106 de la Ley 1151 de 2007 …” Como normas violadas se le citaron los artículos 314 y 315 (numerales 1º, 3º y 9º) de la Constitución Política, 23 y 34 (numerales 1º y 3º) de la Ley 734 de 2002, norma en blanco que se complementó con los artículos 111 de la Ley 99 de 1993 y 106 de la Ley 1151 de 2007, haciendo énfasis en que su deber era cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos o afectos al servicio público. Encontró también la primera instancia que al disciplinado como primera autoridad administrativa le corresponde cumplir las leyes incluyendo las normas referidas a la apropiación y ejecución presupuestal, y destinar los recursos como lo impone el ordenamiento jurídico porque en su cabeza reposa la ordenación del gasto, y

como director de la acción administrativa es responsable de la inversión correcta de los ingresos del municipio de cara a la eficiente prestación de los servicios a su cargo. Y que como representante legal del municipio de Tunja ha debido realizar las acciones necesarias tendientes a lograr la adquisición de las áreas de interés hídrico, y al no hacerlo posiblemente incumplió sus funciones y los deberes 5 Radicación No. 161 - 5514 propios del servidor público. La falta se calificó como grave y se imputó provisionalmente a titulo de culpa grave, porque a criterio del a quo no obró con el cuidado necesario que se debe imprimir al manejo de los recursos públicos frente a la normatividad relativa a la apropiación y ejecución de los recursos que deben destinarse por los entes territoriales para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica, para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales. IV.- EL FALLO IMPUGNADO La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, luego de hacer la sinopsis de los hechos, relacionar las pruebas recaudadas, transcribir el único cargo imputado al disciplinado, referirse también a la versión de los hechos rendida por el disciplinado y los alegatos de conclusión rendidos por éste y su apoderada, sustentó la sanción impuesta al doctor ARTURO JOSÉ FRUCTUOSO MONTEJO NIÑO con base en los argumentos que se sintetizan a continuación: Apoyándose en un análisis del contenido del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y la Sentencia C-534 de 1996 de la Corte Constitucional que considera la preservación

de los recursos naturales como un asunto del orden nacional y no solamente regional o local, entra a analizar la actuación del disciplinado frente a lo mencionado por el órgano de control fiscal municipal en el sentido de que “… desde el año 1993 el municipio de Tunja ha realizado una inversión muy pobre en aras de adquirir predios …”, de la siguiente manera: 1) Que en el año 2009 la Alcaldía de Tunja en Convenio con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá compró el predio “El Gaque”, para lo cual realizó un aporte de $13.400.000., cuyo gasto se refleja en la ejecución de egresos de la vigencia 2009 afectando el rubro 2.1.1.03.03.18.01.01.02 identificado como Adquisición de Áreas de Interés Hídrico, rubro que para ese año presentaba un presupuesto inicial de $1.360.000.000., y que como esta fue la única apropiación realizada arrojó entonces un saldo disponible y sin ejecutar de $1.346.600.000. al final de dicha vigencia. 2) Que el único año en que el municipio de Tunja cumplió lo ordenado en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 fue en 1997, y que en las vigencias 2001, 2002, 2003 y 2009 se adquirieron predios pero no en la cuantía mínima; que solamente hasta el último año de mandato del disciplinado (2011) se comenzaron a realizar los trámites propios para adquirir y conservar dichos inmuebles, tal como lo demuestra el Convenio 060 suscrito el 30 de diciembre de 2011 con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá

“CORPOBOYACA”, para el mantenimiento de las áreas de interés hídrico, pero que los antecedentes de dicho convenio demuestran que éstos se circunscriben al año 2011 y al finalizar dicha vigencia solamente se había suscrito el acta de iniciación, de tal suerte que ni siquiera para la fecha en que se profirió el fallo sancionatorio se había podido iniciar su ejecución, rechazando en esta forma las explicaciones rendidas por el disciplinado y los argumentos expuestos por su apoderada en los alegatos de conclusión en el 6 Radicación No. 161 - 5514 sentido de que durante los cuatro años de su administración se iniciaron y realizaron actuaciones tanto para la adquisición de predios como para adelantar labores de mantenimiento que demandaran las áreas de interés hídrico, y que pretendía demostrar con los convenios suscritos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la elaboración de los avalúos de los predios que se identificaron con miras a su adquisición, y con la Corporación Autónoma de Boyacá para su mantenimiento. 3) Que el 28 de abril de 2011 se suscribió el Contrato Interadministrativo 400362 con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la elaboración de los avalúos de todos los predios que la Alcaldía le solicitara, y en desarrollo de este contrato se practicaron diecinueve (19) avalúos de diferentes inmuebles, de los cuales solamente ocho (8) de ellos corresponden a áreas de interés hídrico y fueron requeridos durante la vigencia del contrato, así: Municipio Vereda Nombre del predio Fecha solicitud Tunja Malmo - Vereda Barón Germania Buenavista 23/09/2011

Tunja Malmo - Vereda Barón Germania Buenavista II 08/06/2011 Tunja La Hoya El Alto del Muerto 08/06/2011 Tunja La Hoya Monserrate 02/08/2011 Tunja La Hoya El Arrayán 05/08/2011 Tunja Porvenir El Madrigal 02/08/2011 Tunja Porvenir El Recuerdo 02/08/2011 Tunja Porvenir El Origen 02/08/2011 En este caso resalta la primera instancia que para el 15 de agosto de 2012 cuando se practicó una visita especial a las instalaciones de la Alcaldía de Tunja, aún no se habían obtenido los ocho (8) predios mencionados, que solamente hasta los meses de marzo y mayo de 2012 se radicaron los estudios previos para iniciar los trámites de adquisición, y el 30 de julio de 2012 el Secretario de Planeación con oficio 1509 remitió a la Secretaria de Contratación, Licitaciones y Suministros de la Alcaldía de Tunja los avalúos y conceptos técnicos favorables emitidos por CORPOBOYACA para continuar con el trámite de adquisición de los ocho (8) predios mencionados. Considera también la primera instancia que fuera de este contrato interadministrativo celebrado con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la elaboración de los avalúos de los predios que se identificaron con miras a su adquisición, no existe prueba que demuestre el ejercicio de labores previas que conllevaran demoras atribuibles a terceros o al procedimiento mismo, y que impusieran que solamente hasta el año 2011 se pudieran ejecutar los recursos.

1. Que el 23 de junio de 2011 la Alcaldía de Tunja celebró un Acuerdo de Voluntades con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA” para desarrollar proyectos de protección, conservación y reforestación del acuífero y de las zonas donde se ubican los nacimientos de microcuencas que abastecen de agua al acueducto del municipio de Tunja y acueductos rurales de su jurisdicción.

7 Radicación No. 161 - 5514 5) Que en el mes de diciembre de 2011 se elaboraron los estudios previos del Convenio 060 de 2011, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal (29 de diciembre de 2011), se realizó el registro presupuestal (30 de diciembre de 2011) y se suscribió el acta de iniciación (30 de diciembre de 2011), vale decir, en la finalización del mandato del disciplinado, lo cual significa que durante el tiempo que fungió como Alcalde Municipal no llevó a la práctica la inversión en mantenimiento, pese a que el gasto existió. Para la primera instancia la coyuntura en que se suscribió e inició este convenio y que el 12 de febrero de 2012 se suspendió a petición de la nueva administración que necesitaba efectuar una revisión de las condiciones en que éste se suscribió, trajo como consecuencia un atraso de aproximadamente dos meses, ya que este se reinició el 14 de mayo siguiente. 6) Que el disciplinado tenía pleno conocimiento de los predios que debían adquirirse porque éstos aparecen relacionados en el artículo 24 del Acuerdo

Municipal 014 de 2001 que adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial en el municipio de Tunja, Programa Aguas, literal d), en los siguientes términos: “Adquisición de predios prioritarios para el suministro de aguas, la conservación de la biodiversidad local y regional, la restauración ecológica de áreas prioritarias para evitar riesgos y recuperar ambientalmente a la región. El municipio de Tunja debe adquirir predios de manera conjunta con otros municipios, usuarios de acueductos y CORPOBOYACA, a través del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, en las siguientes zonas estratégicas: - La Reserva El Malmo (Cucaíta, Samacá): Ampliación de la Reserva. - Laguna verde – Teatinos (Samacá – Ventaquemada): Ampliación del área de control de la zona de recarga hídrica para el embalse de Teatinos. - Humedal y cabeceras de la quebrada Cortaderal (Ventaquemada – Samacá) para garantizar la estabilidad hídrica y ambiental de la microcuenca que le aporta a los tres municipios. - Cuchilla de Cazadero (Soracá – Boyacá). - Las Pilas (Tunja – Ocaitá). - La Cascada (Tunja - Soracá) – San Ricardo (Tunja – Motavita) Humedal de la Quebrada de Puente Hamaca (Soracá) - Y requiere adquirir predios en el municipio de Tunja en asocio con los usuarios de acueductos y CORPOBOYACA en todas las cabeceras de los acueductos veredales” 7) Que los testimonios recibidos tampoco evidencian actividades concretas para

dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y lo modificado por el artículo 106 del Decreto 1151 de 2007, y que demuestren acciones efectivas para propender por la adquisición y mantenimiento durante toda la administración del doctor MONTEJO NIÑO y no solo en la recta final de su periodo. Sobre los elementos que estructuran la falta disciplinaria, la primera instancia indica que no existe duda del quebrantamiento de los deberes contenidos en los 8 Radicación No. 161 - 5514 numerales 1º y 3º del artículo 34 del Código Único Disciplinario (tipicidad), porque la Ley 99 de 1993 le imponía tanto la apropiación como la ejecución de los recursos para la adquisición y mantenimiento de áreas de interés hídrico, pues no bastaba con justificar el adelantamiento de diligencias tendientes al cumplimiento de la normatividad en su último año de mandato, cuando no existe prueba que demuestre que entre los años 2008, 2009 (exceptuando la ejecución de $13.400.000.) y 2010 procuró el cumplimiento de lo ordenado en la Ley; y que dicha conducta ocurrió porque el disciplinado obró con falta de cuidado y diligencia (culpabilidad) manteniendo la imputación a titulo de culpa. Finalmente sostiene la calificación de la falta como grave, y para imponer la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cinco (5) meses, tuvo en cuenta solamente dos criterios agravantes señalados en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002 como el hecho de pertenecer al nivel directivo (literal j) y

registrar antecedentes disciplinarios (literal a). V.- EL RECURSO DE APELACIÓN Notificados en estrado del fallo sancionatorio tanto el disciplinado como su apoderada, interpusieron verbalmente dentro de la audiencia pública recurso de apelación, con el fin de que se revoque en su totalidad la sanción impuesta al doctor ARTURO JOSÉ MONTEJO NIÑO y en su lugar se absuelva de responsabilidad, fundamentando su inconformidad en los siguientes planteamientos:

1. El disciplinado ARTURO JOSÉ MONTEJO NIÑO manifiesta que no se tuvieron en cuenta todos los ejercicios que se hicieron desde el año 2008 y únicamente se estudiaron los correspondientes a la documentación del año 2011.

2. La apoderada del disciplinado expresa que su inconformidad también radica en la no apreciación de las pruebas documentales recaudadas en el proceso, como el contrato o convenio de cooperación 2009-025 donde hubo una apropiación de $43.400.000 que obra en el folio 244 que demuestra que existió una actuación jurídica por parte de su representado dentro del proceso de legalización de adquisición de predios.

Sostiene que no obstante mencionarse en el fallo de primera instancia que se realizó un análisis integral de las pruebas, lo cierto es que no se tuvieron en cuenta las declaraciones rendidas por el Gerente de CORPOBOYACA y el Secretario de Desarrollo de la Alcaldía municipal este último quien demostró y determinó que existieron mesas de trabajo, de las cuales obran actas de los años anteriores, donde se demostraba el trabajo conjunto que se hacía con

CORPOBOYACA y el IAC respecto de la gestión administrativa que hiciera el municipio previo al 2009 y 2010, antes de llegar al 2011, para llegar a la coordinación de los contratos que se hicieron mención dentro del expediente. Que a pesar de que se menciona también en el fallo que está proscrita la responsabilidad objetiva, y que en el presente asunto existen causales eximentes de responsabilidad a favor de su representado que justifican su actuar, en el fallo se acomodan de manera no integral las causales o elementos de culpabilidad. Que se debe tener en cuenta que no existió negligencia ni que el disciplinado se 9 Radicación No. 161 - 5514 abstuvo de que se presentara la gestión o adquisición de predios solo en el último año de su mandato, y que dentro del expediente reposan documentos que no fueron tenidos en cuenta dentro de la argumentación de los hechos que llevaron como consecuencia a la sanción que se le impuso. Que existe una predisposición a determinar una responsabilidad objetiva y un elemento de culpa donde no existe, por lo que solicita que se analice todo el acervo en su totalidad, no solo apartes del mismo, y tenerse en cuenta las declaraciones esgrimidas por los dos funcionarios que asistieron a este organismo de control donde se demuestra que sí existió gestión por parte de mi representado en aras de la protección de los recursos hídricos del municipio de Tunja. Que si bien es cierto se materializaron ciertos ingresos al momento de finalizar el año 2011, también lo es que en la versión de los hechos rendida por su representado se demostró que durante todo el año 2011 en el Departamento de

Boyacá se llevaron a cabo elecciones regionales atípicas, por lo que todo el año estuvieron en régimen de la Ley de Garantías, y en el 2010 también se presentó esta situación jurídica, pero que ninguno de estos eventos se tuvo en cuenta y no se analizó este antecedente, que le impedía a su representado realizar alguna gestión de contratación, presentándose en esta forma una causal eximente de culpabilidad. Por último indica que su representado no actuó con negligencia y tampoco faltó a sus deberes.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

Principio de Responsabilidad. Sea lo primero manifestar que el artículo 6º de la Constitución Política señala que los servidores públicos deben responder ante las autoridades, tanto por la violación de la Constitución Política y la Ley como por las omisiones o la extralimitación en el ejercicio de funciones que les sean imputables; fundamento de responsabilidad que se articula con las relaciones especiales de sujeción surgidas entre el Estado y el servidor público o el particular que cumpla funciones públicas, las cuales están orientadas a la consecución o materialización de los fines del Estado. A su vez, el artículo 123 impone a los servidores públicos la obligación de ejercer "sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento", y del quebrantamiento de estos deberes o la incursión en prohibiciones surge la aplicación de un régimen especial de responsabilidad disciplinaria, que es una de las modalidades del ejercicio del poder punitivo del Estado. El constituyente asignó al legislador la determinación de dicho régimen y la manera de hacerlo efectivo; el desarrollo de esta norma constitucional se materializa justamente en la Ley 734 de

2002 o Código Único Disciplinario. El anterior marco normativo traído a colación resulta pertinente para mencionar que cuando se trata de proferir un fallo sancionatorio, la ley disciplinaria señala los 10 Radicación No. 161 - 5514 requisitos para su procedencia en su artículo 142 de la Ley 734 de 20021, esto es, que obre dentro del proceso prueba que conduzca a la certeza tanto sobre la existencia de la falta como de la responsabilidad del investigado; razón por la cual, al momento de estudiar de fondo el presente recurso de apelación contra el fallo sancionatorio, la Sala Disciplinaria entrará a determinar cuáles son las pruebas concretas allegadas al expediente que dan cuenta de la conducta investigada, y analizará si las mismas comprometen en grado de certeza la responsabilidad del disciplinado; para lo cual procederemos inicialmente a revisar el único cargo imputado, para luego valorar las pruebas que lo sustentan y analizar los argumentos de la defensa. Único cargo imputado al disciplinado. Recordemos que mediante auto del 18 de j