PGN - DERECHO DISCIPLINARIO Deber legal de guarda y protección de la función pública

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicación No. 076-3377-07

Disciplinada: GLADYS YOLANDA OROZCO ARIAS

Entidad y Cargo: Registradora Municipal de Salazar de las Palmas

Quejoso: INFORME DE DELEGADOS DEPARTAMENTALES REGISTRADURIA

Fecha Hechos: Julio de 2006

Fecha Queja: 11 de octubre de 2006

Asunto: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Bogotá, D.C. 19 de enero de 2010 Procede el Despacho, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 25 numeral 4 del Decreto 262 de 2000 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, a decidir el RECURSO DE APELACION interpuesto por la disciplina señora GLADYS YOLANDA OROZCO ARIAS, el 16 de enero de 2009, contra el Fallo de Primera Instancia de fecha 10 de diciembre de 2008, por medio del cual la Procuraduría Regional Norte de Santander, dispuso declararla responsable de la conducta materia de investigación y en consecuencia sancionarla con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres meses e inhabilidad especial por el mismo término. - ANTECEDENTES La investigación se origina en informe de los señores LUÍS ARTURO MELO DÍAZ y HENRY PERALTA PAEZ, en su calidad de Delegados de la Registraduría Nacional de Norte de Santander (fl.14), de fecha 11 de octubre de 2006, en donde remiten el reporte de 29 cédulas enviadas por el Centro de Acopio Departamental, las cuales

fueron preparadas en el periodo de vacaciones de la Señora Registradora del Municipio de Salazar de la Palmas, Norte de Santander. Durante el periodo de vacaciones de la señora Registradora del Municipio de Salazar, la Oficina de la Registraduría, por razones de carencia de recurso humano de la entidad, debería permanecer cerrada, porque el funcionario que disfruta de vacaciones, tiene suspendida la competencia. En atención a la anterior información, la Delegación Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de Norte de Santander, con funciones de Control Interno Disciplinario, inicia investigación disciplinaria, el 27 de noviembre de 2006, en contra de la señora GLADYS YOLANDA OROZCO, en su calidad de Registradora Municipal de Salazar de la Palmas, (fl.66). Auto notificado el 27 de febrero de 2007, a la señora GLADYS YOLANDA OROZCO ARIAS (fl.88). Es así como, mediante auto de fecha 16 de marzo de 2007, la Procuraduría Regional de Norte de Santander, avoca conocimiento de la actuación disciplinaria. (fl.90) Posteriormente el 17 de julio de 2007, la Procuraduría Regional de Norte de Santander, decidió prorrogar el término de la investigación disciplinaria, y decretar nuevas pruebas (fl.97), auto que se ordenó comunicar a la disciplinada, lo cual se hizo mediante oficio No. 01492 de fecha 17 de julio de 2007 (fl. 102). Mediante auto de fecha 28 de marzo de 2008, se profiere auto de cargos (fl.140) el

cual es notificado personalmente el 15 de abril de 2008 (fl.153). La Disciplinada contesta descargos el 29 de abril 2008 (fl. 154 y s.s.). Mediante auto de fecha 26 de agosto de 2008, se informa que la disciplinada señora GLADYS YOLANDA OROZCO ARIAS, no solicitó pruebas, por tanto se continua con la siguiente etapa procesal, ordenando correr traslado para alegar de conclusión. (fl.161). El traslado se fija en Estado de fecha 5 de septiembre de 2008 (fl.163). - CARGO FORMULADO Conforme al pliego de cargos de fecha 28 de marzo de 2008 (fl.140), el cargo sobre el cual se fundamenta la decisión es: “Formular el siguiente cargo a la señora GLADYS YOLANDA OROZCO ARIAS, identificada con la cédula de Ciudadanía No. 60.308.881 expedida en Cúcuta, en su condición de Registradora Municipal de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, para época de los hechos investigados: 2 “1. Incurrir en prohibición constitucional establecida en los artículos 6 y 209 de la Constitución Nacional, en concordancia a lo normado en los artículo 48 del Decreto 2241 de julio 15 de 1986 Por el cual se adopta el Código Electoral; artículo 47 del Decreto 1010 de junio 06 de 2000 “Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones”;

numerales 11 y 12 de la Resolución No. 6053 del 27 de diciembre de 2000, “Por la cual se establece el Manual de Funciones y los Requisitos Específicos para los Empleos de la Planta de Personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil”; numerales 1,2,5,8 y 10 del artículo 34; numerales 1 y 21 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, al extralimitarse en el ejercicio de derechos y funciones, por la expedición de cédulas de ciudadanía encontrándose en período de vacaciones, en especial la inobservancia en el Manual de Funciones e Instructivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. “ - NORMAS VIOLADAS En la parte correspondiente a las normas violadas, le citaron: “Artículo 6.- de la Constitución Política, que prevé la responsabilidad de los servidores públicos, por omisión o por extralimitación en el ejercicio de sus funciones.” “Artículo 209.- de la Constitución Política, donde se define que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamentos en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. -Decreto 2241 de julio 15 de 1986 Por el cual se adopta el Código Electoral. (…) “Artículo 48. Los Registradores Municipales tendrán las siguientes funciones”. “1. Disponer las preparación de cédulas y tarjetas de identidad, atender las solicitudes de duplicados, rectificaciones, correcciones, renovaciones, impugnaciones y cancelaciones de

esos documentos y ordenar las inscripciones de cédulas”; -Decreto 1010 de junio 06 de 2000 “Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones (…) “Artículo 47. REGISTRADURIAS ESPECIALES Y MUNICIPALES. Las registraduría especiales y municipales, sirven de apoyo al ejercicio de las funciones atribuidas a los registradores especiales, municipales y auxiliares, de conformidad con las normas constitucionales y legales. 3 Además de su objetivo establecido en el presente decreto, ejercen en especial las siguientes funciones generales.” “3. En lo atinente a la identificación de las personas, tramitar las solicitudes de identificación de los colombianos, dentro del marco de las políticas trazadas por el nivel central y aquellas que las delegaciones departamentales adopten para garantizar un servicio permanente y efectivo a los usuarios del servicio.” -Resolución No. 6053 del 27 de diciembre de 2000, “Por la cual se establece el Manual de Funciones y los Requisitos Específicos para los empleos de la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.” (…) “11. En lo atinente a la identificación de las personas, tramitar las solicitudes de identificación de los colombianos dentro del marco de las políticas trazadas por el nivel central y aquellas que las delegaciones departamentales adopten para garantizar un servicio permanente y efectivo a los usuarios del servicio.” “12. Disponer la preparación de cédulas y tarjetas de identidad, atender las solicitudes de

duplicados, rectificaciones, correcciones, renovaciones, impugnaciones y cancelaciones de esos documentos y ordenar las inscripciones de cédulas.” Dentro del la Ley 734 de 2002, le citaron y fundamentaron el cargo en los numerales 1,2,8 y 10 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y los numerales 1, 21 y 31 del artículo 35 del C.D.U. - Culpabilidad La culpabilidad de la disciplinada se calificó a título de dolo, debido a que de manera voluntaria y conciente expidió 29 cédulas de ciudadanía en período de vacaciones. - Calificación Provisional de la Falta Provisionalmente se le califica la falta como grave, por ser la representante de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el Municipio de Salazar de las Palmas, por la naturaleza esencial del servicio, porque presuntamente se puede presentar una falsedad en documento público, por la circunstancia en que se cometió la falta aprovechando la autoridad que le asignaba el cargo, permitir la intervención de personas particulares.

- ARGUMENTOS DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

4 El 10 de diciembre de 2008, la Procuraduría Regional de Norte de Santander, profiere fallo de Primera Instancia, en contra de la señora GLADYS YOLANDA OROZCO ARIAS, en su calidad de Registradora Municipal de Salazar de la Palmas, en el cual resolvió sancionarla disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres meses e inhabilidad especial por el mismo tiempo. (fl. 169 y sgts.) El fallo de instancia, informa que a la investigada se le formuló auto de cargos en

marzo 28 de 2008 (fl.140/150), en el cual se le acusó de haberse extralimitado el ejercicio de sus funciones por expedir cédulas de ciudadanía durante el período en que se encontraba de vacaciones. Fundamenta la decisión la Procuraduría Regional de Norte de Santander, en el hecho que esta plenamente probado que la disciplinada mediante Resolución 116 de junio 5 de 2006, se le reconoció el disfrute de vacaciones a partir del 4 de julio hasta el 25 del mismo mes y año, durante ese período expidió un total de 29 cédulas de ciudadanía, de la cual se le hacen una lista discriminada de personas (fl.174). De otra parte, se señala que la disciplinada admitió que tramitó las cédulas de ciudadanía, por la necesidad de los usuarios de portar el documento de identificación, que personalmente hizo la actividad y propuso como causal de exclusión de responsabilidad, la convicción errada e invencible, de que con su conducta no incurría en falta disciplinaria. El anterior aspecto, es refutado por el a-quo, afirmando que podía pedir a la Registraduría que le designaran un remplazo, y en cuanto a la labor personal, para la expedición de las cedulas de ciudadanía, existe duda por cuanto algunos declarantes informaron que las fotografías, se las tomaron en la misma Registraduría Municipal, en donde fueron atendidos por una persona de nombre YENNJY MANTILLA. En relación a la justificación, basada en la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, y por tanto solicita se exima de responsabilidad conforme al numeral 6 del artículo 28 del C.D.U, el a-quo le cita un

fallo de este Despacho, proferido el 8 de marzo de 2006, en el Proceso 074-3404 de 2002, en donde se dijo: 5 “…Al respecto se debe tener en cuenta que no es culpable quien realice el hecho con la convicción errada e invencible de que la conducta no constituye falta disciplinaria, como lo preceptúa el numeral 4 del artículo 23 de la Ley 200 de 1995, en concordancia con el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, por lo tanto, es necesario que se configuren dos (2) situaciones para que sea procedente la causal de exclusión de la responsabilidad. Por una parte, que el disciplinado tuviera la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y segundo, que el error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que este se realizo, eventos en los cuales, la conducta no es reprochable a título de dolo, porque en el encartado no hay conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede ser reprochable a título de culpa porque actúo con el cuidado y diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la Ley” Finalmente y después de apreciaciones doctrinales, el a quo, entra a considerar que en realidad no se encuentra la disciplinada ante la causal de exclusión de responsabilidad propuesta, y por lo tanto encuentra probado el cargo y procede a la aplicación de la respectiva sanción. - RECURSO DE APELACIÓN Dentro del término legal la disciplinada OROZCO ARIAS, presenta recurso de

apelación el cual fundamenta en los siguientes términos: Como funcionaria cumplía una labor social, en una zona de alto riesgo, porque esta dentro de los corredores o campos de acción de los grupos irregulares, de otra parte el hecho materia de investigación no tuvo una transcendencia social que amerite sanción disciplinaria, los documentos expedidos no han sido declarados nulos, por vía judicial o administrativa, han surtido los efectos para los cuales fueron expedidos o sea la plena identidad de sus portadores. De otra parte afirma, que no solicitó remplazo por cuanto primo la necesidad de la comunidad, porque la Dirección Central se tomaba mucho tiempo para proveer un nuevo funcionario, por lo cual decidió no vulnerar los derechos fundamentales de la ciudadanos de identificarse, por tanto los atendió en su periodo de vacaciones, la mayoría de ciudadanos provienen de veredas y corregimientos lejanos y se someten a largas jornadas de marcha, pues no hay vías de penetración, solo se tienen 6 caminos de herradura, razones por las cuales estimó prudente interrumpir sus vacaciones y continuar prestando el servicio, porque la falta de identificación en esa zona, expone a las personas a la violencia selectiva que opera en las veredas, a donde aún no llegan las políticas de seguridad del Gobierno. En consecuencia considera que no hay antijuricidad en su actuación. Explica que, muy diferente es si el hecho se presenta en la capital o en el área metropolitana, donde existen varios elementos de apoyo para estas situaciones, que en un municipio donde la mayoría de la población se ubica en la zona rural, a horas de la cabecera municipal, por su difícil acceso, con escasa formación académica, y expuestos a la violencia diaria.

Considera que la expedición de las cédulas de ciudadanía, en procura de salvaguardar sus derechos fundamentales, como es la plena identificación y el derecho a la vida, que puede ser vulnerada por carecer de identidad, es mas importante por tratarse de la protección a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que la observancia de un manual de procedimientos si con ello se causa daño social a la comunidad, o deterioro a los bienes del Estado. Finalmente, solicita se absuelva del cargo imputado aceptando la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria alegada en el curso de la investigación. - CONSIDERACIONES DEL DESPACHO En la actuación disciplinaria que nos ocupa, la disciplinada GLADYS YOLANDA OROZCO ARIAS, como lo anota el a-quo, resultó sancionada, al no desvirtuar la conducta imputada conforme al cargo en el cual se le dijo: “Formular el siguiente cargo a la señora GLADYS YOLANDA OROZCO ARIAS, identificada con la cédula de Ciudadanía No. 60.308.881 expedida en Cúcuta, en su condición de Registradora Municipal de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, para época de los hechos investigados:

1. Incurrir en prohibición constitucional establecida en los artículos 6 y 209 de la Constitución Nacional, en concordancia a lo normado en los artículo 48 del Decreto 2241 de julio 15 de 1986 Por el cual se adopta el Código Electoral; artículo 47 del

7 Decreto 1010 de junio 06 de 2000 “Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus

dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones”; numerales 11 y 12 de la Resolución No. 6053 del 27 de diciembre de 2000, “Por la cual se establece el Manual de Funciones y los Requisitos Específicos para los empleos de la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil”; numerales 1,2,5,8 y 10 del artículo 34; numerales 1 y 21 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, al extralimitarse en el ejercicio de derechos y funciones, por la expedición de cédulas de ciudadanía encontrándose en período de vacaciones, en especial la inobservancia en el Manual de Funciones e instructivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. “ En resumen el recurso de apelación, solicita se le aplique la causal de exclusión de responsabilidad, por cuanto actúo con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaría. En primer lugar, debemos recordar que los servidores públicos, tienen una especial relación de sujeción con el Estado, por tanto como lo dispone el artículo 30 de la Ley 489 de 1998, la función pública se desarrolla conforme los principios constitucionales de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia; principios que deben articularse con los deberes que también corresponde a los servidores públicos y que le imponen la obligación de adelantar todos los actos conforme a los postulados de orden constitucional y legal, y cumplir los manuales de funciones de la

entidad, tal y como lo prevé el artículo 6º de la Constitución Política, al establecer el principio general de responsabilidad de los servidores públicos, no sólo por esas causas, sino por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Al respecto la Corte Constitucional, con ponencia del Honorable Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA, en sentencia C-307 de 1996, precisó: “De conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política, todos los servidores públicos –miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado (Art. 123 de la C.P.) son responsables ante las autoridades no sólo por infringir la Constitución y las Leyes, sino además, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad general regulada por la Carta Fundamental, puede traducirse de 8 conformidad con los diversos controles que prevé la organización constitucional para el adecuado funcionamiento del Estado, en una responsabilidad política, penal, civil, fiscal o disciplinaria del servidor público. En este último caso, dicha responsabilidad se refleja en las distintas sanciones que puede llegar a imponerle la Administración – previo el cumplimiento de un proceso administrativo-, como consecuencia del desconocimiento de sus deberes y obligaciones, o la inobservancia de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas, por la Constitución y las leyes, las cuales están dirigidas a fijar condiciones razonables para su adecuado y eficaz desempeño de la función pública.” En consecuencia, en derecho disciplinario el bien jurídico tutela es el correcto ejercicio de la función pública , el cual se quebranta con la infracción sustancial de

los deberes que le corresponde observar a quien ejerce funciones públicas, es decir, que la configuración de la falta disciplinaria se origina en la infracción de los deberes de que es titular el servidor público, pues, debe entenderse que cuando se acepta tal condición lo que se espera del servidor público, es que actúe conforme a los principios que orientan la función administrativa. A la investigada se le reprocho, porque se: extralimitó en el ejercicio de derechos y funciones, por la expedición de cédulas de ciudadanía encontrándose en período de vacaciones, ante lo cual solicita se de aplicación, a una de las causales de exclusión de responsabilidad, por haber obrado con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria. Al respecto tenemos, que todo servidor público jura, al momento de posesionarse, cumplir con la Constitución, la leyes y el reglamento, juramento que supone el conocimiento de aquello a cuyo cumplimiento se compromete; lo mínimo exigible es que conociera los deberes de su propio cargo dentro de los cuales, debe saber que dentro del periodo de vacaciones, está apartada de la función pública, y por ende no puede ejercerla, expidiendo cédulas de ciudadanía. Si bien es cierto, el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, consagró el error como una causal de ausencia de responsabilidad, se debe consultar la definición de error, que nos dice: “discordancia entre la conciencia del sujeto y la realidad.” 9 En el caso que nos ocupa, se trataría de un error de hecho, por cuanto según lo plantea la disciplinada, se presentó una colisión de deberes, 1.- El deber de expedir

las cédulas de ciudadanía, lo cual considera un derecho fundamental de los ciudadanos, en una población con difícil situación de orden público; 2.- La perdida de competencia de la funcionaria por encontrarse en periodo de vacaciones. Ahora bien, los hechos consistentes en: 1.- Que no se designó un remplazo porque la administración central demorada el nombramiento; 2.- Que Salazar de las Palmas, es un municipio de orden publico especial, por tanto considera que era indispensable prestar el servicio de expedición de cédulas, porque las personas necesitan identificarse para no ser victimas del conflicto armado, argumentos que la disciplinada presenta para justificar su actuación, por cuanto obro con la convicción errada de que su conducta no constituía falta disciplinaria, ante el argumento, debemos analizar si tales hechos son invencibles o vencibles, concluyendo que el error que alega la disciplinada es del tipo vencible, por cuanto, si bien es cierto la Registraduría del Municipio de Salazar de la Palmas en Norte de Santander, debía cerrarse por el periodo de vacaciones de la titular del Despacho, había otras alternativas de cedulación, como era dirigirse a la cabecera del Departamento Cúcuta, o en últimas, los ciudadanos podían concurrir al municipio más cercano, ahora bien no todos los ciudadanos cedulados en el periodo de vacaciones tenían como sitio de residencia Salazar de la Palmas . Al respecto del error, vencible e invencible el doctor CARLOS ARTURO GOMEZ PAVAJEAU, en su obra la Dogmática del Derecho Disciplinario, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, pág, 392, señala:

“(…) En el derecho disciplinario de los servidores públicos el sujeto pasivo inmediato y mediato confluyen en el Estado; y en el derecho disciplinario de las profesiones intervenidas el sujeto pasivo inmediato será la organización profesional y el mediato el Estado. Si un mismo sujeto es titular de todos y cada uno de los deberes funcionariales y profesionales ninguna distinción dogmática importaría hacer cuando se privilegia el cumplimiento de un deber sobre otro. De todos modos el beneficiado y perjudicado es un mismo ente. (…) Al cumplirse con un deber de mayor entidad se está cumpliendo definitivamente con lo que manda el ordenamiento jurídico. Así las cosas, cumplir con el ordenamiento jurídico, teniendo como sujeto acreedor de los deberes a un mismo ente, no comporta 10 ni siquiera tipicidad considerada en grado de indicio de antijuricidad. (…) La doctrina ha precisado los siguientes requisitos para admitir una colisión de deberes: …Ha de tratarse de, por lo menos, dos deberes, y no de derechos; tienen que gozar de naturaleza jurídica; y es preciso que estén dirigidos a un mismo sujeto, contenido distinto, pero en unas mismas coordenadas de tiempo y lugar. Por otro lado, si existe una norma de colisión a una regla de interpretación que resuelva el conflicto, no estamos realmente ante una antinomia jurídica es decir; una contra-posición de normas no soluciona expresamente por el legislador, como presupone toda colisión de deberes. Por último, para que los deberes entren en conflicto al menos uno de ellos ha de imponer un hacer, pues de los deberes de omisión no resulta ningún conflicto.

En consecuencia, en el caso en estudio no podemos considerar que se configura la causal alegada por la disciplinada, por cuanto evidentemente no existe colisión de deberes, ante la necesidad de expedir las citadas cedula de ciudadanía, lo cual de lógica era su deber como Registradora Municipal, se antepone el hecho de que en realidad se encontraba en vacaciones concedidas mediante resolución No. 116 del 5 de junio de 2006, entre el 4 de julio al 25 de julio de 2006, sin embargo expidió 29 cédulas de ciudadanía, estando apartada de la competencia y por ende del deber funcional. Analizadas las pruebas allegadas al proceso, se ratifica nuestra apreciación, el oficio suscrito por el Coordinador de los Centros de Acopio, de la Registraduría Nacional de Estado Civil, informar que: “en el período de vacaciones preparo del 7 al 19 de julio 29 cedulas y las direcciones corresponde ocho (8) personas que viven en Cúcuta, una en Arboledas y 20 en el municipio de Salazar.” (fl. 16). Esta prueba desvirtúa, las apreciaciones de la Disciplinada, no todas las personas vivían en Salazar de las Palmas, algunas provenían de Cúcuta y Arboledas. Siendo típica la conducta de la disciplinada, corresponde ahora determinar la ilicitud de la misma, para lo cual debemos tener en cuenta que la ilicitud en derecho disciplinario no puede ser entendida como mera confrontación de la conducta con la norma, por cuanto que sería pregonar la exigencia del deber por el deber mismo, entonces el objeto de protección del derecho disciplinario es el deber, pero en

términos funcionales, cuando sea afectado sin que medie justificación alguna, tal 11 como lo consagra el Art. 5 del C.D.U. De tal manera, que la antijuridicidad disciplinaria se refiere a la vulneración de deberes funcionales a cargo del servidor público, diferenciándolo de la antijuridicidad material. Para el caso específico, los deberes funcionales de la disciplinada se vieron afectados cuando estando en periodo de vacaciones, concedidas mediante la Resolución No. 116 de 5 de junio de 2006, expidió 29 cédulas de ciudadanía. Encontramos entonces, en este caso, que la implicada teniendo el deber legal de apartarse de su cargo, sin que en realidad la existencia de causal de exclusión de responsabilidad, impetrada, venga al caso, por cuanto no se configuran los requisitos para tenerla en cuenta, por tanto ha incursionando, en el incumplimiento del deber funcional, al obrar de manera contraria a los deberes que como servidora pública estaba en la obligación de acatar y respetar, situación que se traduce en la incursión de una falta disciplinaria. Efectivamente, se afectó el bien jurídico tutelado (deber funcional), por cuanto que como se ha expuesto, está demostrado que la disciplinada OROZCO ARIAS; quebrantó el deber de apartarse de sus funciones, para disfrutar de vacaciones entre el 4 de julio al 25 de julio de 2006. Finalmente, en lo que respecta a la culpabilidad y a la determinación de la sanción, determina el a quo: La conducta asumida por la señora OROZCO ARIAS, según lo establecido en el acervo probatorio, se realizo a titulo de DOLO, porque de manera voluntaria y

conciente expidió 29 cédulas de ciudadanía estando en período de vacaciones, por lo tanto no tenía facultada para ello. En consecuencia, no existiendo la causal de exclusión de responsabilidad alegada, que desvirtúen la decisión de la Procuraduría Regional Norte de Santander, el Despacho confirmara el fallo de fecha 10 de diciembre de 2008. En mérito de lo expuesto la Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, 12 RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR, el fallo sancionatorio de primera instancia de fecha 10 de diciembre de 2008, proferido por la Procuraduría Regional de Norte de Santander, dentro del proceso disciplinario No. 076-3377/07, donde se sancionó a la señora GLADYS YOLANDA OROZCO ARIAS, en su calidad de Registradora Municipal de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, conforme a la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Devolver el expediente a la Procuraduría Regional de Norte de

Santander.

TERCERO: Por la oficina de origen NOTIFICAR la presente decisión a la investigada. Para tal efecto, líbrese la correspondiente comunicación, señalando la fecha de la providencia y la decisión tomada. En caso de no ser posible notificar personalmente, notifíquese por edicto, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno y que de esta forma queda agotada la Vía Gubernativa.

CUARTO. Por Secretaría, procédase de conformidad.

CÚMPLASE

CLARA IVY GONZALEZ MARROQUIN

Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa CIGM P-lsgc

Exp: 076-3377-07

Un cuaderno de 189 folios 13