PGN - DERECHO DISCIPLINARIO En materia disciplinaria no se acepta la responsabilidad objet

FALTA DISCIPLINARIA-No acatar lo dispuesto en la sentencia de tutela proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. JURISPRUDENCIA-La responsabilidad en el campo funcional de los jueces y magistrados de altas cortes Esta actividad de proferir decisiones en ejercicio de la función de administrar justicia no puede acarrear reproche disciplinario, por hacer parte de una función de interpretación y aplicación del derecho. INCIDENTE DE DESACATO-Hace efectivo un derecho garantizado como fundamental El incidente de desacato es una figura jurídica prevista en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 con la que cuentan las personas a quienes se les ha garantizado un derecho fundamental a través de una acción de tutela para hacer efectivo ese derecho, y se encuentra establecida para presionar el cumplimiento inmediato de la decisión emitida por el fallador de instancia, con una sanción jurídica para quien se niegue a acatarla. Como bien se dijo en líneas anteriores, las decisiones que profieren en ejercicio de su función los magistrados de las altas cortes son decisiones constitucionales y más en este caso que se emitió por un Tribunal de cierre, decisión que a todas luces es jurisdiccional, definitiva y surte los efectos jurídicos de ley, por lo que no es reprochable disciplinariamente que los magistrados defiendan decisiones emitidas negándose a acatar decisiones que revoquen las mismas, pues se profieren conforme a la Constitución Política y a la Ley. SERVIDORES PUBLICOS-En materia de desacato la responsabilidad personal es subjetiva y obedece al principio de culpabilidad

En materia de desacato, la responsabilidad personal de los servidores públicos es subjetiva y obedece al principio de culpabilidad, por eso no es suficiente para sancionar, constatar objetivamente un incumplimiento de lo fallado en la acción de tutela, sin estudiar a fondo las circunstancias que impidieron el incumplimiento de la sentencia y como se observa en este caso los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en ejerció de sus facultades jurisdiccionales mantuvieron lo decidido en sentencia de 10 de diciembre de 2002 por considerar sus decisiones autónomas, definitivas y de obligatorio cumplimiento. DERECHO DISCIPLINARIO-En materia disciplinaria no se acepta la responsabilidad objetiva En materia disciplinaria no se acepta la responsabilidad objetiva, es decir, los resultados de la acción, sin tener en cuenta los elementos subjetivos que se encuentran presentes en el derecho disciplinario. La función disciplinaria, no puede 1 abarcar el campo funcional, ósea; el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según las competencias. Bogotá, D.C. 17 de marzo de 2011

CONCEPTO Nº. 012-1IJP

Doctor

REPRESENTANTE INVESTIGADOR

(Reparto) Comisión de Investigación y Acusación

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Ciudad.

REFERENCIA: Expediente No. 1639

Contra: Magistrados Sala Laboral-Corte Suprema de Justicia En mi calidad de agente del Ministerio Público dentro del proceso de la referencia, respetuosamente solicito al Honorable Representante Investigador ordenar a favor de los Magistrados de la Sala laboral de la Corte

Suprema de Justicia el archivo de las diligencias que se adelantan con el radicado de la referencia, teniendo en cuenta lo siguiente: HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES Mediante sentencia de 10 de diciembre de 2002, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso extraordinario de casación en contra de los intereses del demandante, señor SAÚL APONTE GUZMÁN, que éste había promovido en contra de la sentencia de 9 de abril de 2002 del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que promovió contra la Caja de crédito agrario, industrial y minero. Como consecuencia de lo anterior, el señor SAÚL APONTE GUZMÁN interpuso acción de tutela en contra de la providencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue resuelta por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negando el amparo solicitado. El señor APONTE GUZMÁN, apeló la anterior decisión, y la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, mediante decisión de 14 de julio de 2004, dejó sin efecto la decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ordenando proferir un nuevo fallo al tutelar los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor SAÚL APONTE GUZMÁN. 2 Frente a la solicitud de tramitar el incidente de desacato, propuesto por el señor APONTE GUZMAN, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo

Superior de la Judicatura mediante decisión de 5 de agosto de 2004, dispuso remitir copia de la actuación al juez disciplinario con el fin de que procediera de conformidad. Mediante resolución de 2 de junio de 2005, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes avocó el conocimiento de las diligencias y ordenó práctica de pruebas. CONSIDERACIONES DE ESTA PROCURADURÍA Dado que los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia gozan de fuero constitucional, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es competente para investigarlos y acusarlos ante el Senado de la República, según lo estipulado en el numeral 3º del artículo 178 de la C.P, en concordancia con los artículos 311 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, y artículos 419 y siguientes del C.P.P. El proceso que adelanta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y que dio origen a la apertura de una investigación preliminar por parte de ésta, se relaciona con la negativa de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a dar cumplimiento a la orden proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en el trámite de una acción de tutela contra una sentencia judicial, proferida por la Corte Suprema de Justicia. Lo que en este caso se trata es de establecer la comisión de una presunta falta disciplinaria, por parte de los integrantes de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, al no acatar lo dispuesto en la sentencia de tutela proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo

Superior de la Judicatura. El desacato de un fallo podría ser una infracción al deber de buena conducta, establecida como falta disciplinaria en el artículo 48 de la ley 734 de 2002, sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de 1996, señaló que la falta disciplinaria “…era aplicable únicamente a los servidores públicos bajo la competencia y procedimiento que se encontraban regulados en la Constitución y las leyes”. En materia de jurisprudencia, la Corte Constitucional al abordar el tema de la responsabilidad en el campo funcional de los jueces y magistrados de altas cortes, ha establecido que: “La responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia 3 no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno. Si se comprueba la comisión de un delito al ejercer tales atribuciones, la competente para imponer la sanción es la justicia penal en los términos constitucionales y no la autoridad disciplinaria. Ello resulta de la autonomía garantizada en los artículos 228 y 230 de la Constitución…”1. Según lo anterior, esta actividad de proferir decisiones en ejercicio de la función de administrar justicia no puede acarrear reproche disciplinario, por hacer parte de una función de interpretación y aplicación del derecho. Así las cosas, lo que se presenta en este caso es que los Magistrados, en cumplimiento de esa función constitucional y administrando justicia, aplicaron

una ley según su criterio, examinaron un material probatorio conforme su íntima percepción e interpretaron un caso conforme a su experiencia, lo que en ningún momento puede dar lugar a quebrantar la ley disciplinaria, dada la independencia y autonomía propias de los jueces en ejercicio de la función jurisdiccional. Por otra parte, el incidente de desacato es una figura jurídica prevista en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 con la que cuentan las personas a quienes se les ha garantizado un derecho fundamental a través de una acción de tutela para hacer efectivo ese derecho, y se encuentra establecida para presionar el cumplimiento inmediato de la decisión emitida por el fallador de instancia, con una sanción jurídica para quien se niegue a acatarla. Como bien se dijo en líneas anteriores, las decisiones que profieren en ejercicio de su función los magistrados de las altas cortes son decisiones constitucionales y más en este caso que se emitió por un Tribunal de cierre, decisión que a todas luces es jurisdiccional, definitiva y surte los efectos jurídicos de ley, por lo que no es reprochable disciplinariamente que los magistrados defiendan decisiones emitidas negándose a acatar decisiones que revoquen las mismas, pues se profieren conforme a la Constitución Política y a la Ley. En materia disciplinaria no se acepta la responsabilidad objetiva, es decir, los resultados de la acción, sin tener en cuenta los elementos subjetivos que se encuentran presentes en el derecho disciplinario. La función disciplinaria, no puede abarcar el campo funcional, ósea; el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según las competencias.

En materia de desacato, la responsabilidad personal de los servidores públicos es subjetiva y obedece al principio de culpabilidad, por eso no es suficiente para sancionar, constatar objetivamente un incumplimiento de lo fallado en la acción de tutela, sin estudiar a fondo las circunstancias que impidieron el incumplimiento de la sentencia y como se observa en este caso los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en ejerció de sus facultades jurisdiccionales mantuvieron lo decidido en 1 Sentencia C 417 de 4 de octubre de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 4 sentencia de 10 de diciembre de 2002 por considerar sus decisiones autónomas, definitivas y de obligatorio cumplimiento. Para esta Delegada del Ministerio Público resulta entonces claro que la investigación no debe continuar, y por lo anterior se permite solicitar al Honorable Representante Investigador abstenerse de proseguirla ordenando el archivo de la misma, Cordialmente, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ Procurador 1° Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal JAGV/Mfbd Exp. No. 1639 5