PGN - DERECHO DISCIPLINARIO Es garantista

Dependencia: Primera Delegada Vigilancia Administrativa Radicación : 083-02281-03

Disciplinado : María Cristina Medina Benítez

Cargo y entidad: Asesora Control Interno Disciplinario-Hospital de Neiva Quejoso: María del Carmen Alarcón Suárez Fecha queja: 6 de agosto de 2003

Fecha hechos: Año 2002

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá DC, 08 de septiembre de 2006 Procede el Despacho, con fundamento en la competencia otorgada por el artículo 25 numeral 4 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo 19 inciso tercero de la Resolución 017 del mismo año, a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución F-18 de 30 de mayo de 2006, por medio de la cual la Procuradora Regional del Huila sancionó a la señora MARÍA CRISTINA MEDINA BENÍTEZ, en su condición de Asesora de Control Disciplinario ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, de la ciudad de Neiva con un (1) mes de suspensión en el ejercicio de su cargo. ANTECEDENTES Originó la presente investigación el escrito 6 de agosto de 2003 en el cual la señora MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN SUÁREZ, solicitaba a la Procuraduría Regional del Huila el ejercicio del poder preferente de la investigación que en su contra estaba adelantado la Oficina de Control Interno Disciplinario del Hospital Universitario Hernando Moncaleano, en razón a que se le negó un recurso de apelación de manera injustificada y, porque el proceso fue adelantado por una funcionaria que se

encontraba impedida para hacerlo. Con fundamento en los hechos descritos y las fotocopias que del proceso aludido se aportaron, la Procuraduría Regional del Huila por auto de 25 de agosto de 2003 (folio 127) abre investigación disciplinaria en contra de MARÍA CRISTINA MEDINA BENÍTEZ, en su condición de Asesora de Control Interno Disciplinario de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y el 12 de diciembre de 2005 (folio 148) le formula el siguiente cargo: “…como investigadora, fue la encargada de proferir el auto de apertura, el pliego de cargos, el auto de pruebas y el fallo de primera instancia, decisiones que se notificaron personalmente a la investigada. En el artículo tercero de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, proferido el 17 de junio de 2003, se dijo textualmente”Contra el presente fallo procede el recurso de apelación ente el Gerente de la entidad, el cual deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este proveído”, auto que se notificó personalmente el día 7 de julio de 2003 (fl. 121). Pues el procedimiento que se debía aplicar era el establecido en la Ley 734/02 art. 223; hecho que se pretendió al parecer corregir con la constancia de notificación pero que por tratarse de decisión administrativa debía vencerse o corregirse con otra providencia aclaratoria adicionalmente” “El día 14 de julio de ese año, la investigada envía con un abogado la sustentación del recurso, y la oficina de control disciplinario con auto del 29 de julio de 2003 (folio

126), decide negar por extemporáneo el recurso de apelación, más en dicha providencia no le advierte a la investigada que contra esa decisión procedía el recurso de queja (art. 117 de la Ley 734 de 2002), violando de esa manera el debido proceso y el derecho de defensa de la acusada”. “De igual manera en el auto de cargos proferido el 3 de febrero de 2003 (fls. 72 a 81), no se le indicó a la investigada la forma de culpabilidad, es decir si la falta la había cometido a título de dolo o culpa, tal como lo establece el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, cuando indica que “En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas son sancionables a título de dolo o culpa”. Y el artículo 163 que establece los requisitos que debe contener la decisión de cargos”. Situaciones con las que consideró se violó el debido proceso. Notificada de los cargos la implicada los contesta a través de su apoderado el 16 de febrero de 2006, aduciendo que las omisiones endilgadas a su representada no constituyen faltas gravísimas o graves, ya que dichas irregularidades que eventualmente pueden afectar el debido proceso, son susceptibles de ser corregidas a través de las nulidades, pero no pueden dar lugar a una investigación disciplinaria contra el funcionario que se equivocó, porque de lo contrario cada vez que la instancia revocara un fallo por violación al debido proceso o al derecho de defensa se tendría que investigar a quien lo produjo. Indica que en el actuar de su defendida no hubo dolo ni tampoco culpa, simplemente

fallas o falencias en la tramitación del proceso, que tampoco hubo conciencia o conocimiento actualizado de la ilicitud, ni obró con la intención de perjudicar a la quejosa; que por el contrario se le brindaron todas las garantías que concede la ley incluso el hecho de haberlo tenido en cuenta los descargos habiéndolos presentado extemporáneamente. El 14 de mayo de 2006 (fl.169), se corre traslado para la presentación de los alegatos de conclusión, siendo presentados dentro del término por su abogado (fls. 174 a 177). EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de Huila luego de referirse a la legalidad de las actuaciones surtidas por el área de Control Disciplinario en la investigación que se adelantó contra la quejosa, consideró que MARIA CRISTINA MEDINA BENÍTEZ, como Jefe de Oficina de Control Disciplinario, debió ser cuidadosa en la tramitación del mencionado proceso y, que por haber sido ella quien adelantó la investigación debió tramitar y decretar la nulidad a partir del auto de cargos porque la omisión en el análisis de la culpabilidad conduce a la imposibilidad de declarar responsables a los destinatarios de la ley disciplinaria. La falta la calificó definitivamente como grave a título de culpa al no haber observado el cuidado necesario que cualquier persona del común impone a sus labores, más aún tratándose de la Asesora del Área de Control Disciplinario encargada de tramitar los procesos contra los empleados, por lo que consideró que la sanción a imponer no podía ser otra que la suspensión del cargo por el término de

un mes, conforme al artículo 44 numeral 3 de la Ley 734 de 2002. 2 RECURSO DE APELACIÓN La decisión sancionatoria fue apelada por el doctor CIRO ALFONSO TOVAR MOSQUERA, en los siguientes términos: Que en el acápite titulado determinación provisional de la naturaleza de la falta su defendida calificó como grave la conducta realizada por la funcionaria MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN SUÁREZ, por lo que la exigencia contenida en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 se cumplió”, situación con la que se le estaría aplicando una responsabilidad objetiva a su defendida, porque una cosa es que se discrepe del estilo y otra es que se crea que deben utilizarse palabras y frases sacramentales, lo cual no constituye falta disciplinaria. En cuanto a que no se indicó la procedencia del recurso de queja contra la providencia que negó por extemporáneo el de apelación, considera que se está aplicando a su representada una responsabilidad objetiva, ya que la sola existencia del error no determina la existencia de la falta disciplinaria; que en el análisis que se hace se le censura a la implicada que no tramitó la nulidad con el fin de corregir la irregularidad cometida, pero que para que eso hubiese sucedido se necesitaba que la implicada se hubiera percatado del error, circunstancia que no está demostrada. Por todo lo anterior considera que la providencia debe ser revocada y en su lugar absolver a la acusada. CONSIDERACIONES El supuesto fáctico plantea que la acusada en la tramitación de un proceso disciplinario que adelantaba contra MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN SUÁREZ por

presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo, desconoció el derecho a la defensa y por consiguiente el debido proceso al indicarle en el fallo de primera instancia que contra dicha decisión procedía el recurso de apelación ante el Gerente de la entidad, el cual debía interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación; sin embargo el 7 de julio de 2003 cuando se procede a la notificación personal de la investigada ALARCÓN SUÁREZ, ya no se indica que el término para interponer el recurso es de cinco (5) días sino de tres (3). El 14 de julio de 2003, la investigada remite a dicha oficina la sustentación del recurso y el 29 de julio de 2003 (folio 126) la implicada MARÍA CRISTINA MEDINA, niega el recurso de apelación “por que fue presentado por una persona que no aparece reconocida dentro de la investigación como apoderado y además se allegó después de los tres (3) días de que trata la ley (el 14 de julio de 2003), resolviendo negarlo por extemporáneo y sin advertirle que contra esa decisión procedía el recurso de queja”. Los documentos allegados a la investigación permiten establecer que la aquí implicada conocía todos los pormenores del proceso, en la medida en que fue ella quien lo dirigió desde un principio hasta proferir el fallo de primera instancia, luego si advirtió el error en cuanto a que el término para interponer el recurso no eran cinco (5) días si no tres (3) y que debió corregirlo, no en auto de notificación sino de la forma como lo establece el régimen disciplinario, esto es adicionando la decisión para aclararla o corregirla.

3 La actuación de la funcionaria fue caprichosa si tenemos en cuenta que el derecho disciplinario como derecho sancionador es garantista y esa naturaleza impone un exigente respeto por el derecho a la defensa, el cual se vio conculcado al no poder controvertir la quejosa los argumentos con base en los cuales se le imponía una sanción de multa equivalente a 15 días del salario que devengaba para la época de los hechos. Dejar de lado o desconocer por completo un procedimiento, no puede ser tenido como un simple error justificable por un actuar involuntario, máxime cuando no se trató de una irregularidad sino de varias situaciones que desconocieron los derechos de la implicada, por lo que hablar de error cuando se presenta el desconocimiento completo de un procedimiento que con frecuencia se elabora no tiene presentación y menos justificación, porque de esta forma entonces los procedimientos no serían reglados, sino que estarían supeditados al capricho del instructor o del operador jurídico poniendo en peligro la seriedad del proceso disciplinario quedando ante un fenómeno de inseguridad jurídica. No existe razón atendible conforme a la cual pueda decirse que el desconocimiento del procedimiento es producto de un error y menos para quien funcionalmente tiene la responsabilidad de adelantar procesos disciplinarios, para quien como en este caso es sujeto pasivo de la acción disciplinaria, pero al mismo tiempo sujeto también de derechos y garantías. Existen y se cometen errores que pueden ser entendibles, aceptables y hasta justificables y, que por su poca connotación no conducen a situaciones graves, pero esa no es la situación que nos ocupa; por el contrario se advierte no la omisión de

una simple irregularidad sino la conciente trasgresión de la ley con absoluto desconocimiento de los derechos y garantías ciudadanas y fácil se detecta un uso personal de la ley en contravía de su espíritu, de ahí que no pueda aceptarse lo alegado por la defensa en el sentido de que la disciplinada fue tan garantista, que pese a que ALARCÓN SUÁREZ presentó los descargos extemporáneamente, su representada decretó la práctica de las pruebas solicitadas. La función pública, como bien jurídico tutelado por la ley disciplinaria no puede ser lesionada en su gestión por el servidor público ni puesta en peligro por acción, omisión o extralimitación de funciones, pues la ausencia de justificación acarrea un reproche que en términos de la misma ley debe sancionarse, por lo que la falta cometida por la disciplinada, en su condición de Asesora de Área de Control Interno Disciplinario, sigue manteniendo la connotación de grave dada su condición de investigadora para el caso que fue de su conocimiento y por tanto debía mostrar el más estricto acatamiento al orden jurídico, y si bien es cierto, no aparece demostrada la intención de causar daño alguno con su proceder, si se evidencia la falta de previsión en el resultado de la conducta que se le reprocha. Si bien las decisiones equivocadas de los funcionarios cometidas en ejercicio de sus funciones, en principio, no constituyen falta disciplinaria, precisamente porque para subsanar esos yerros la ley consagra los instrumentos procesales, que bien pueden aplicarse a través de los recursos o de las nulidades, como mecanismo residual, de

esta oportunidad fue privada la quejosa al negársele el recurso de apelación por razones imputables a la aquí investigada, de no haber sido así muy seguramente la 4 segunda instancia hubiese advertido las falencias y otro rumbo habría tenido el proceso. La culpabilidad no es sólo la violación de una norma jurídica que establezca un deber determinado, ni el abandono de una obligación moral; es principalmente la conducta equivocada de una persona que de hecho ha obrado de un modo diferente a como habría obrado un tipo ideal o abstracto de comparación, y al hacerlo, ha quebrantado el interés de otro y la norma jurídica que la tutela. En cuanto a la sanción impuesta considera el Despacho que ésta corresponde a la entidad y gravedad de la falta en la medida en que este tipo de conductas conforme a los criterios señalados por el artículo 44 numeral 3 de 734 de 2002, su calificación corresponde a la de grave culposa, en razón a que pudo haber previsto el resultado de su comportamiento, pues su condición de profesional del derecho y encargada de la función del trámite de procesos disciplinarios, le exigían diligencia, cuidado y precaución en el conocimiento de los mismos, pues conforme al artículo 29 de la Carta Política “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, observándose en el presente caso un desconocimiento continuado de los procedimientos que rigen el derecho de defensa y el debido proceso. Lo expuesto en precedencia es suficiente para concluir en la confirmación integral del

fallo proferido por la Procuraduría Regional del Huila, por encontrarse ajustado a la realidad fáctica y jurídica. En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, RESUELVE PRIMERO: Confirmar l Resolución de 30 de mayo de 2006 mediante la cual la Procuraduría Regional del Huila sancionó con suspensión del ejercicio del cargo por el término de un (1) mes a MARÍA CRISTINA MEDINA BENÍTEZ identificada con la CC No. 41.711.544 de Bogotá, en su condición de asesora del Área de Control Interno Disciplinario del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: Notificar la presente decisión a la sancionada y/o a su apoderado advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno y que de esta forma queda agotada la vía gubernativa TERCERO: La sanción se hará efectiva siguiendo lo ordenado en el artículo 172 numeral 3 de la Ley 734 de 2002. Cumplido lo anterior se procederá al archivo del expediente.

CUARTO: Diligenciar el formulario SIRI respecto al registro de sanciones conforme al artículo 174 de la Ley 734 de 2002.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM 5 P/ddc R-earch Exp. No. 083-02281-03 mbm 6