PGN - DERECHO DISCIPLINARIO Está proscrita la responsabilidad objetiva

OMISIÓN DEL DEBER LEGAL-No se configura la falta por no asegurar la prueba cuando se varía el lugar de los hechos FALLO SANCIONATORTIO-El fallo sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado El artículo 118 de la Ley 200 de 1995, recogido por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, actual Código Disciplinario Único, estableció que el fallo sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado; entendida la certeza, como el valor epistemológico o conocimiento particular que excluye la duda razonable, a lo que se llega mediante el proceso racional de valoración del material probatorio, teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica, la lógica material y las pautas de la experiencia. DERECHO DISCIPLINARIO-Esta proscrita toda forma de responsabilidad objetiva Entonces y desde el punto de vista objetivo y como así se concluyó en el fallo objeto de apelación, no existe duda en cuanto a la existencia de la falta endilgada en el auto de cargos; sin embargo y para efectos de derivar responsabilidad disciplinaria, impone traer a colación el contenido del artículo 5º de la Ley 734 de 2002, según el cual, en materia disciplinaria la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Descripción legal, que al mismo tiempo y en el caso de autos, resulta concordante con el artículo 13º Ídem, en cuanto que en la misma materia, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, en la medida, que las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.

FLAGRANCIA-Ingresar a propiedad privada requiere anuencia de los moradores propietarios o administradores No obstante la significancia del hecho criminoso, el vehículo donde se transportaba la víctima en el momento del atentado, fue retirado del lugar de los hechos e inmediatamente después introducido en una propiedad privada, a la que solo y con la anuencia de sus moradores, propietarios y/o administradores, podía ingresar la fuerza pública, pues en gracia de discusión, si se tomara como un acontecimiento flagrante de acuerdo a los presupuestos legales exigidos por el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, el artículo 32 de la Carta Política, es claro que en casos similares, tiene que mediar el consentimiento del morador, caso contrario a cuando hay una orden judicial. CONDUCTA DISCIPLINABLE-No tiene connotación de antijurídica el reproche efectuado Radicación No. 161-4734(011-153496/07) La Sala Disciplinaria debe concluir que no le asiste la razón al apelante, pues ciertamente y como así lo dedujo el fallador de instancia, la conducta censurada en el presente caso al disciplinado, se encuentra debidamente justificada, situación que conduce a que el reproche efectuado no tenga la connotación de antijurídico y por ende, sea carente de los presupuestos para derivar falta disciplinaria. CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD-En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado Aunque el fallador de primer grado no lo haya hecho expreso, la Sala Disciplinaria debe

registrar, que se trata del típico caso en donde un comportamiento de naturaleza disciplinario, resulta excluido de responsabilidad por el estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado, artículo 28, numeral 2º de la Ley 734 de 2002. Por demás, las probanzas indican que al día siguiente de los hechos, efectivamente la víctima instauró denuncia ante autoridad competente, por lo que siendo así, podría también pensarse, como lo analizó el A quo, que no hubo afectación propiamente dicha a la función pública; situación diferente, es que por la propia actitud de la víctima y sus familiares, no se haya podido localizar inmediatamente después de los hechos el artefacto explosivo, empero, tal situación y como quedó ampliamente demostrado, no es atribuible al disciplinado.

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., dieciseís (16) de septiembre de dos mil diez (2010). Aprobado en Acta de Sala No. 38.

Radicación: 161-4734(011-153469/07) Disciplinado: WILLIAM CASTRO GÓMEZ Cargo y Entidad: Jefe de la DIJIN Departamento de Policía del Cauca.

Quejoso: HERNANDO RAMÍREZ y otros.

Fecha queja: 24 de abril de 2006

Fecha Hechos: 29 de diciembre de 2005

Asunto: Apelación fallo de primera instancia.

P.D. Ponente: Dr. RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y por vía de alzada, la Sala Disciplinaria revisa la providencia del

09 de abril de 2010, por medio de la cual la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, absolvió de responsabilidad disciplinaria al Mayor WILLIAM CASTRO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.537.631, en su calidad de Jefe Seccional de Policía Judicial de Departamento del Cauca, de los cargos formulados (fls. 444 a 463 c3).

ANTECEDENTES PROCESALES

2 Radicación No. 161-4734(011-153496/07) El 17 de abril de 2006 y en comunicación dirigida al entonces Director de la Policía Nacional, copia de la cual radicada en la Procuraduría General de la Nación, los señores Hernando Ramírez, Orlando Quijano y otros, asociados de la Cooperativa de Motoristas del Cauca, denunciaron lo que en su concepto, constituyó una irregularidad de las autoridades de Policía del Departamento del Cauca en los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2005 en la ciudad de Popayán, en concreto en inmediaciones de la sede de – COMCAJA – cuando personas desconocidas perpetraron un atentado con armas de fuego y granada de fragmentación contra la doctora MARIA DEL CARMEN FLOREZ FAJARDO, gerente de la Cooperativa de Motoristas del Cauca – COOMOTORISTAS (fl. 3 y ss c1). Explicaron los anunciados ciudadanos, que la señora Flórez Fajardo, de tiempo atrás informó a las autoridades de policía sobre amenazas en contra de su vida, lo cual, también hizo ante la Procuraduría General de la Nación, quien mediante oficio del 17 de

noviembre de 2005 requirió del Comandante del Departamento de Policía Cauca, la protección debida. Pese a las anunciadas gestiones, dijeron, no le fue asignada la anhelada seguridad y el 29 de diciembre de 2005 cuando se dirigía en compañía de su familia a la sede de COMCAJA de Popayán, donde se encontraban reunidos los asociados de COOMOTORISTAS, se perpetró el ya referido atentado en contra de su vida. Señalaron, que luego del atentado se hicieron presentes en el lugar de los hechos varios policiales a quienes les fue indicado el camino de huida de los agresores, empero sin que hayan hecho lo necesario para impedir su fuga; asimismo manifestaron, que los agentes del orden no realizaron inspección al vehículo automotor donde se transportaba la señora Flórez en el momento de los acontecimientos a fin de proteger la evidencia, empero tampoco dispusieron su envío a la DIJIN para lo de su competencia. Por en contrario, como un acto que calificaron de irresponsabilidad, luego de un consejo de seguridad, el Coronel Luis de Jesús Cely Rincón informó a través de medios de comunicación, que no se trató de un atentado, sino un intento de hurto del automotor; justificando en todo caso, la no inspección al vehículo, al deseo de no generar pánico entre la población, amen que la misma solo era viable por orden de la Fiscalía. El 20 de junio de 2006 y con ocasión de los hechos denunciados, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional dispuso indagación preliminar en contra del Coronel LUIS DE JESÚS CELY RINCÓN, Comandante del Departamento de Policía Cauca; al

cabo de lo cual y habiendo practicado las pruebas allí ordenadas, el 24 de noviembre de 2006 dispuso el archivo de las diligencias, en cuanto a las presuntas irregularidades por la no prestación adecuada de un esquema de seguridad para con la señora FLÓREZ FAJARDO; empero también, por las declaraciones que emitiera el mismo Oficial con relación al origen del atentado que sufriera la señora FLÓREZ FAJARDO, las cuales fueron denunciadas como imprecisas por los quejosos. De otra parte y en esta misma ocasión, también se analizó que no hubo ningún tipo de irregularidad en el comportamiento de los policiales que atendieron de primera mano el suceso del 29 de diciembre de 2005, concretamente, con relación al trabajo ejecutado para dar con la captura de los maleantes; sin embargo y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal1, dispuso compulsar copias con destino a la 1 “Inmediatamente se tenga conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos en que sea procedente, el servidor de Policía Judicial se trasladará al lugar de los hechos y lo examinará minuciosa, completa y metódicamente, con el fin de descubrir, identificar, recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los manuales de criminalística, todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo. El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia física descubiertos, antes de se recogido, se fijará mediante fotografía, vídeo o cualquier otro medio técnico y se levantará el resistivo

3 Radicación No. 161-4734(011-153496/07) Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, en lo relacionado con la supuesta omisión en que incurrió la Policía al no haber revisado el vehículo en el cual se transportaba el señora Flórez Fajardo una vez fue objeto del atentado (fls. 50 a 54 c 1 y 122 a 128 c 2). El 17 de agosto de 2007 y con fundamento en lo anterior, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial inició indagación preliminar en contra del Mayor WILLIAM CASTRO GÓMEZ, Jefe de la SIJIN del Departamento de Policía Cauca; SI Guido Cifuentes Adarme, Jefe de la Patrulla Bromo Cuatro; SS. Pedro José Morales Díaz, Investigador; IT. Rujo Miguel Galarza, Jefe de Grupo Antiexplosivos; y AG. Víctor Hugo García Medina, Técnico Balístico; al cabo de lo cual y habiendo practicado las pruebas allí ordenadas, no sin antes, notificar la decisión a los interesados y recibirlos en versión libre, el 30 de mayo de 2008, dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra del Mayor William Castro Gómez, en las condiciones ya señaladas, por “no realizar o disponer la inspección del vehículo, la noche del 29 de diciembre de 2005, cuando fue objeto de un atentado la señora MARÍA DEL CARMEN FLÓREZ FAJARDO, quien se movilizaba en dicho automotor con unos familiares, en inmediaciones de las instalaciones de COMCAJA de Popayán”. Decisión, con la que también se archivo la actuación disciplinaria contra los demás miembros de

la Policía, sujetos de indagación preliminar por los mismos hechos (fls. 129 a 133 y 211 a 220 c 2). El 22 de mayo de 2009 y una vez culminada la etapa propia de la investigación disciplinaria, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, formuló cargos al Mayor WILLIAM CASTRO GÓMEZ en las calidades ya señaladas2 (fls. 386 a 395 c2); el cual, habiendo sido notificado Personalmente de la decisión tomada en su contra, el 6 de julio de 2009, directamente presentó sus descargos y solicitó como prueba, insistir en la declaración de la señora María del Carmen Flórez Fajardo, persona que el 29 de diciembre de 2005 fue víctima del atentado (fls. 400 a 412 c2). Decretada la prueba requerida, la señora no acudió en la fecha y hora citada para la diligencia – constancia secretarial obrante a folio 422 c2 - motivo por el cual, el 22 de septiembre de 2009 se corrió traslado para alegar de conclusión, acto sobre el cual, el 14 de octubre del mismo año el disciplinado se pronunció con el correspondiente escrito (fl. 428 y 436 a 442 c2). El 9 de abril de 2010 y una vez agotado el tramite anterior, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial profirió fallo de primera instancia y con él, resolvió absolver de responsabilidad disciplinaria al disciplinado de los cargos formulados (fls.444 a 463 c2). El 27 de abril de 2010 y una vez notificado el disciplinado de la decisión, amen de

haberse comunicado a los quejosos lo resuelto, éstos últimos, a través del señor Hernando Ramírez Ramírez interpuso recurso de apelación; el cual fue concedido el 13 de mayo de 2010 (fls. 474 a 481 y 484 c2). plano…” 2 El Mayor WILLIAM CASTRO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.537.631 de Bogotá, en su calidad de Jefe Seccional de Policía Judicial del Departamento de Policía Cauca, omitió presuntamente disponer de lo necesario para asegurar el vehículo que recibió los impactos de bala en el atentado perpetrado contra la señora MARIA DEL CARMEN FLÓREZ FAJARDO el 29 de diciembre de 2005, en las inmediaciones de las instalaciones de COMCAJA, a efectos de realizarle una inspección judicial y darle traslado de la situación de manera inmediata a la autoridad judicial competente. 4 Radicación No. 161-4734(011-153496/07) PROVIDENCIA RECURRIDA El 9 de abril de 2010 y como quedó anunciado en precedencia, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía profirió fallo de primera instancia y con él, resolvió absolver de responsabilidad disciplinaria al Mayor William Castro Gómez por los cargos formulados. Consideró la Delegada en su decisión, previa referencia a los hechos materia de investigación, a la competencia que le es propia para decidir el asunto, a la identificación del disciplinado, a los cargos formulados y a las explicaciones ofrecidas al respecto, a los alegatos de conclusión, que en cuanto a la solicitud de nulidad

planteada en el escrito de alegatos, anclada en una supuesta irregularidad sustancial por el archivo de las diligencias con relación a otros miembros de la policía judicial que participaron en los acontecimientos materia de censura, tal circunstancia carecía de fundamento jurídico, habida cuenta que la responsabilidad predicada del disciplinado, estaba fundada en su condición de superior de quienes ejercieron como policía judicial, que por tanto frente al caso materia de investigación, al haberse hecho presente en el lugar de los hechos, debió dirigir el desarrollo de la labor judicial hasta su finalización. Que de igual manera, no era posible predicar causal de nulidad por el hecho de no haberse recibido el testimonio de la señora María del Carmen Flórez, pues si tal situación no ocurrió, no fue precisamente por negligencia del operador jurídico, sino porque la anunciada ciudadana no compareció a las distintas citaciones efectuadas para tal efecto, aduciendo una incapacidad médica. Refirió de igual manera, que no es cierto que se haya extendido el término de la indagación preliminar por un lapso superior al fijado por la ley, que si bien es cierto la misma no se evaluó dentro de los seis (6) meses, también lo es, que no se practicó ningún medio de prueba por fuera de dicho plazo, siendo consecuente con la doctrina que ha adoptado en este sentido la Procuraduría General, concretamente la Sala Disciplinaria en el fallo de 2 de noviembre de 2006, expediente No. 161-2346 (02073620). Hechas las anteriores precisiones, dio alcance a lo que constituyó las imputaciones

efectuadas en los cargos, para indicar que el disciplinado como Jefe Seccional de Policía Judicial, le correspondió en el momento de los hechos, asegurarse para que los integrantes de la patrulla que acudieron al sitio del ilícito – origen de la censura – no se retiraran sin cumplir con la función especializada, esto es, “asegurar el vehículo, realizar la inspección o rendir el informe ante la autoridad correspondiente… quien tenía el deber de realizar esas diligencias preliminares para suministrar información al funcionario judicial de cómo se dieron los hechos era él como Jefe Seccional de Policía Judicial”, en orden a lo demandado en el artículo 315 de la Ley 600 de 2000,. Al no haber realizado u ordenado las labores pertinentes, explicó, incumplió con el deber que le demandaba el mandato legal ya referido, sin embargo analizó, que de acuerdo a las circunstancias, era evidente que la señora Gerente de la Cooperativa de Motoristas del Cauca – Víctima del atentado – no fue afectada por la no realización de la inspección judicial y por la ausencia del informe de la Policía Judicial ante la autoridad competente. Curiosamente, dijo, la noticia que dio origen a la presente actuación, fue interpuesta por asociados de la Cooperativa tres (3) meses y 17 días 5 Radicación No. 161-4734(011-153496/07) después de ocurrido el hecho, aspecto que de acuerdo a la misma exposición del encartado, analizó, conlleva a concluir que la queja no tuvo causa diferente al retiro del escolta que inicialmente le habían asignado a la señora Flórez Fajardo, que por tanto era claro la existencia de un conflicto, empero de los particulares involucrados en el

incidente, con los directivos de los organismos encargados de suministrar seguridad a la referida dama. Dio alcance a lo que constituyó la denuncia de la señora Flórez Fajardo ante la Fiscalía General de la Nación por el atentado del que fue víctima, de otra parte, a la queja que dio origen a la presente actuación disciplinaria; para señalar, que entre los dos actos, existían serias incoherencias, pues de acuerdo a las pruebas, sí la policía judicial no pudo realizar el trabajo que le correspondía en el momento de los hechos, obedeció a que los particulares afectados con el episodio – atentado – no quisieron suministrar la información válida, incluyendo la misma señora Flórez Fajardo, de ahí que no se explica, dijo, cómo después de haber pasado tres (3) meses y 17 días, los quejosos denuncian que los agentes del orden no hicieron lo que les correspondía. Con fundamento en lo anterior, expresó que en el presente asunto, contrario a poderse observar un interés de la señora Flórez Fajardo y los quejosos, para que se investigue algún miembro de la Policía Judicial, su objeto es llamar la atención o demostrar que la Policía Nacional no estaba suministrando la seguridad necesaria a la representante legal de la Cooperativa Motoristas del Cauca. Por ejemplo, llamó la atención, que la señora Flórez Fajardo hubiese expresado al aquí disciplinado que tenía conocimiento del origen del atentado del que fue víctima, para concluir que tal circunstancia y como así lo explicó el propio encartado en diferentes episodios procesales, lo llevaron a considerar que era “innecesario ordenar que sus hombres rindieran un informe de

policía judicial y dar traslado a la autoridad competente, máxime cuando no tenían mayores datos para aportar al mismo, lo que sí podía realizar directamente la afectada al ser categórica al afirmar que conocía la procedencia del atentado”. En orden a lo anterior, fue concluyente en afirmar que en materia disciplinaria no es suficiente que un determinado comportamiento concuerde con la descripción típica establecida en la ley, por el contrario, es menester que la conducta genere una afectación del deber funcional que incumbe a un determinado servidor público. Situación que señaló, en el presente caso no se dio, pues no obstante el comportamiento materia de censura, no se afectó en manera alguna los principios que orientan la función pública, por lo que siendo así, imponía decretar la absolución del inculpado. RECURSO DE APELACIÓN Enterados los quejosos de la decisión absolutoria, el señor Hernando Ramírez Ramírez, presentó recurso de apelación dentro de la oportunidad legalmente establecida, el cual sustentó en primer lugar, retomando lo que constituyeron los argumentos del A quo para proferir fallo de primera instancia, léase: El motivo de la queja no fue investigar el comportamiento del disciplinado con ocasión del atentado contra la señora Flórez Fajardo, en concreto, por no haber dispuesto que sus subalternos realizaran la inspección judicial correspondiente al vehiculo en que se transportaba la referida señora, sino, demostrar que la Policía Nacional no estaba suministrando la seguridad requerida. El disciplinado no pudo cumplir con la labor a su cargo, por cuanto la señora

Flórez Fajardo no se lo permitió, ni dio la información necesaria, so pretexto que el día 6 Radicación No. 161-4734(011-153496/07) siguiente formularía la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la Nación. Con el comportamiento del disciplinado, no se afectó el deber funcional y por ende, la conducta censurada en los cargos no resulta antijurídica. Como un segundo aspecto, trascribió textualmente lo que constituyó la queja que dio origen a la presente investigación, para aclarar que uno de los puntos de la denuncia, constituyó precisamente que el disciplinado no dispuso lo necesario para haber realizado una inspección judicial al vehículo en donde se transportada la señora FLÓREZ FAJARDO en el momento del atentado perpetrado en su contra el 29 de diciembre de 2005, lo que permitió que una granada de fragmentación, que fue arrojada dentro del móvil con ocasión del mismo suceso, permaneciera varios días en su interior, poniendo en serio riesgo nuevamente a la referida señora y su familia, en la medida que el automotor fue parqueado en el garaje de su casa por el espacio de siete (7) días, mientras la Fiscalía ordenó la labor de inspección. Finalmente señaló, que si bien no fue posible obtener la declaración de la señora Flórez Fajardo, por razones de salud, atribuibles al atentado del 29 de diciembre de 2005, esta circunstancia, debió ser objeto de evaluación para haber llamado en testimonio a él como quejoso, al esposo de la víctima o a quien fungía como su escolta, para el

momento de los hechos. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Sea lo primero reiterar, que con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y por vía de alzada, la Sala Disciplinaria es competente para revisar la providencia del 09 de abril de 2010, por medio de la cual, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, absolvió de responsabilidad disciplinaria al Mayor WILLIAM CASTRO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.537.631, en su calidad de Jefe Seccional de Policía Judicial de Departamento del Cauca, con relación a los cargos formulados. El artículo 118 de la Ley 200 de 1995, recogido por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, actual Código Disciplinario Único, estableció que el fallo sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado; entendida la certeza, como el valor epistemológico o conocimiento particular que excluye la duda razonable, a lo que se llega mediante el proceso racional de valoración del material probatorio, teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica, la lógica material y las pautas de la experiencia.

1. De los cargos formulados al disciplinado.

El 22 de mayo de 2009 y una vez culminada la etapa propia de la investigación disciplinaria, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, formuló cargos al Mayor WILLIAM CASTRO GÓMEZ en las calidades ya señaladas, en

los siguientes términos: 7 Radicación No. 161-4734(011-153496/07) “El Mayor WILLIAM CASTRO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.537.631 de Bogotá, en su calidad de Jefe Seccional de Policía Judicial del Departamento de Policía Cauca, omitió presuntamente disponer de lo necesario para asegurar el vehículo que recibió los impactos de bala en el atentado perpetrado contra la señora MARIA DEL CARMEN FLÓREZ FAJARDO el 29 de diciembre de 2005, en las inmediaciones de las instalaciones de COMCAJA, a efectos de realizarle una inspección judicial y darle traslado de la situación de manera inmediata a la autoridad judicial competente. La Ley 600 de 2000, vigente para la época de los hechos – 29 de diciembre de 2005en el capítulo concerniente a las funciones de Policía Judicial en su artículo 315 determina: Investigación previa realizada por iniciativa propia. Art. 315.- En los casos de flagrancia y en lugar de ocurrencia o cuando por motivos de fuerza mayor acreditada no pueda el Fiscal General de la Nación o sus delegados iniciar investigación previa, los servidores públicos que ejerzan funciones de policía judicial podrán ordenar y practicar pruebas. Iniciada la investigación previa por quienes ejercen funciones de policía judicial, en la primera hora hábil siguiente darán aviso o la remitirán al Fiscal General de la Nación o su delegado, a quien le corresponda la investigación por el lugar de la comisión del hecho, para que asuma su control y dirección.

Disposición que sigue vigente en el nuevo código de procedimiento penal3, y que de acuerdo a lo establecido dentro de la actuación disciplinaria posiblemente la incumplió el Mayor WILLIAM CASTRO GÓMEZ en su condición de Jefe Seccional de Policía Judicial del Departamento del Cauca, con lo que puede estar incurso en falta disciplinaria de acuerdo a la disciplina policial, pues esta … implica la observancia de las disposiciones Constitucionales, legales y reglamentarias que consagran el deber profesional (norma consagrada en el artículo 22 del Decreto 1798 de 2000, vigente para la época de los hechos), disciplina que debe mantenerse con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones… (Artículo 23 del mismo Decreto 1798), normas estas concordantes con los artículos 25 y 26 de la Ley 1015 de 2006, respectivamente…” El comportamiento censurado al disciplinado fue tipificado en el artículo 40 del Decreto 1798 de 20004; disposición, que fue recogida en el artículo 37 de la Ley 1015 de 20065 3 Ley 906 de 2004: “Inspección del lugar del hecho: Art. 213.- Inmediatamente se tenga conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos en que ello sea procedente, el servidor de Policía Judicial se trasladará al lugar de los hechos y lo examinará minuciosa, completa y metódicamente, con el fin de descubrir, identificar, recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los manuales de criminalística, todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del

hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo. El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia física descubiertos, antes de ser recogido, se fijarán mediante fotografía, video o cualquier otro medio técnico y se levantará el respectivo plano. La Fiscalía dispondrá de protocolos, previamente elaborados, que serán de riguroso cumplimiento, en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta sección. De toda la diligencia se levantará un acta que debe suscribir el funcionario y las personas que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización. 4 Art. 40.- Otras faltas. Además de las definidas en los artículo anteriores, constituyen falta disciplinaria la violación… el incumplimiento de los deberes contemplados en… las leyes. 5 Art. 37.- Otras faltas. Además de las definidas en los artículos anteriores, constituyen faltas disciplinarias… el incumplimiento de los deberes contemplados en… las leyes. 8 Radicación No. 161-4734(011-153496/07) (nuevo régimen disciplinario para la Policía Nacional). De otra parte se analizó que la conducta era de corte GRAVE, atendiendo el grado de perturbación del servicio público comprometido y la jerarquía del implicado en la Policía Nacional; y además ejecutada a título de DOLO, pues dada su condición, era plenamente conocedor de las normas que regulan la función de policía judicial de cara a la Constitución y la ley.

2. De las pruebas que soportan la imputación efectuada en los cargos al disciplinado.

El 30 de diciembre de 2005 y ante el Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del

Circuito de Popayán, la señora MARÍA DEL CARMEN FLÓREZ FAJARDO, gerente a de la Cooperativa de Motoristas del Cauca, denunció el atentado de que fuera víctima ella y parte de los integrantes de su familia, el día 29 de diciembre de 2005, aproximadamente a las 9:25 p.m., cuando en un vehículo de su propiedad, distinguido con las placas CMG-927, se dirigía a una reunión de fin de año al salón de la cooperativa que dirigía. Señaló, que dos individuos armados, aprovecharon la disminución de velocidad – con ocasión de un reductor – y se acercaron al vehículo para cumplir con su objetivo, impactando el lado derecho del mismo y rompiendo el vidrio posterior con la cacha de una de las armas. Con ocasión de los hechos, dijo, informó a las autoridades y éstas, luego de las pesquisas iniciales, lograron determinar que los delincuentes tenían escondida debajo de un árbol una motocicleta RX 115 de color negro sin placas, la cual tiempo antes había sido vista en el sitio de los hechos. Explicó, que el suceso fue de conocimiento de las autoridades de policía, SIJIN y GAULA, entre otros, los cuales acudieron al lugar de los acontecimientos. Añadió, que de igual forma, debe entenderse en oportunidad anterior, denunció amenazas contra su vida ante autoridad competente, sin resultado alguno (fls. 267 a 270 c2). . El 17 de abril de 2006, varios asociados de la Cooperativa de Motoristas del Cauca – COOMOTORISTAS – denunciaron ante la Dirección de la Policía Nacional, con copia a

la Procuraduría General de la Nación, los hechos de que fue víctima la señora MARÍA DEL CARMEN FLÓREZ FAJARDO la noche del 29 de diciembre de 2005, pero además, una posible negligencia en el personal de la Policía Nacional a afecto de brindar la seguridad debida a la referida señora, no obstante estar informados de amenazas proferidas en su contra. Aunado a lo anterior y lo que hoy es materia de investigación disciplinaria, que solo después de siete (7) días, esto es, el 4 de enero de 2006, por orden de la Fiscalía instructora, se realizó