PGN-DERECHO-sin que para tal acto se hiciera necesaria la expedición de

Procurador General Bogotá, D.C., 18 de mayo de 2005 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref: Revisión constitucional de la Ley 943 del 8 de febrero de 2005, “Por medio de la cual se aprueba el ‘CONVENIO DE

RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE TÍTULOS, DIPLOMAS Y

CERTIFICACIONES ACADÉMICOS DE ESTUDIOS PARCIALES

DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA’, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)”.

Magistrado Sustanciador: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Expediente No. LAT-274 Concepto No. 3816 Procede el Despacho a rendir concepto en el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, concordantes con el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991.

1. Antecedentes En cumplimiento de lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la Carta Política, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Honorable Corte Constitucional, el 11 de febrero de 2005, la Ley 943 de febrero 08 de 2005

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE

RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE TÍTULOS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS

ACADÉMICOS DE ESTUDIOS PARCIALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNIO DE LA

REPÚBLICA DE BOLIVIA” .

2 Procurador General Mediante auto del 1 de marzo de 2005, el Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento del presente asunto y ordenó la práctica de algunas pruebas consideradas pertinentes para establecer los antecedentes de del instrumento público y de su ley aprobatoria.

2. Análisis formal 2.1. Suscripción del Acuerdo El instrumento internacional fue suscrito en la ciudad de La Paz el 20 de agosto de 2001, por el doctor Guillermo Fernández de Soto, Ministro de Relaciones Exteriores de la época, sin que para tal acto se hiciera necesaria la expedición de plenos poderes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

Así las cosas, no se encuentra reparo de constitucionalidad alguno, respecto de la competencia para la aprobación del citado Acuerdo. 2.2. Trámite de la Ley Aprobatoria del Convenio –Ley 943 de 2005Dado que la Constitución Política no señaló procedimiento especial para el trámite de las leyes aprobatorias de Tratados Internacionales y de su incorporación a la legislación interna, a éstos les corresponde el previsto para las leyes ordinarias (artículos 157, 158, 160 y 165 de la Constitución Política), advirtiendo que la iniciación del procedimiento legislativo debe efectuarse en el Senado de la República, en virtud de lo previsto en el artículo 154 de la Carta, por cuanto la ley

aprueba un instrumento público que se inscribe en la órbita de las relaciones internacionales. 3 Procurador General Conforme con la documentación que obra dentro del expediente legislativo, se logró establecer que el proyecto de ley radicado bajo los números 206/04 Senado y 011/04 Cámara, este Despacho ha verificado el cumplimiento de los siguientes requisitos: 2.2.1. El proyecto de ley aprobatoria fue presentado al Senado de la República el día 25 de marzo de 2004. El texto original junto con la respectiva exposición de motivos, aparecen publicados en la Gaceta del Congreso 105 del 29 de marzo de 2004, cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase de asuntos, en el Senado de la República (artículo 154 constitucional), y su publicación antes de darle inicio al primer debate. 2.2.2. La ponencia para primer debate fue presentada por el Senador Francisco Murgueitio Restrepo y fue publicada en la Gaceta del Congreso 188 del 11 de mayo de 2004. 2.2.3. De conformidad con certificación del 10 de marzo de 2005, expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, informa que en sesión del 26 de mayo de 2004, dicha Comisión aprobó en primer debate el proyecto de ley con (11) votos a favor y ninguno en contra, cumpliéndose así el requisito que sobre quórum decisorio exige el artículo 146 constitucional, tendiendo en cuenta que dicha comisión está compuesta por 13 miembros. La fecha de anuncio se realizó el 18 y 25 de mayo de 2004 y la fecha de discusión y

probación se efectuó el 26 de mayo de 2004. 2.2.4. La ponencia para segundo debate fue presentada también por el Senador Francisco Murgueitio Restrepo y publicada en la Gaceta del Congreso 265 del 11 de junio de 2004. 2.2.5. De acuerdo a la certificación expedida por el doctor Emilio Otero Dajud, Secretario General del Senado de la República, el Proyecto de Ley Nº 206/03 4 Procurador General Senado, fue aprobado en sesión plenaria del 17 de junio de 2004, con un quórum decisorio de 95 Senadores de los 102 que conforman la Plenaria del Senado de la República, según consta en Acta de la Plenaria Nº 53 de la sesión ordinaria del 17 de junio de 2004, fue publicada en la Gaceta Nº 362 del 17 de junio de 2004. Previo a su aprobación fue anunciada el día 15 de junio de 2005, según consta en el Acta Nº 51 de la sesión ordinaria publicada en la Gaceta 360 del 19 de julio de 2004, en los términos establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2003. En la Cámara de Representantes, el trámite fue el siguiente: 2.2.6. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Julio Gallardo Archbold, y aparece publicada en la Gaceta del Congreso 480 del 31 de agosto de 2004. 2.2.7. De acuerdo con la certificación expedida el 8 de marzo de 2005, por el

Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, de los dieciocho (18) Representantes que asistieron a la sesión, éstos votaron unánimemente la ponencia en sesión del 22 de septiembre de 2004 (artículo 157 numeral 2 de la Constitución), cumpliéndose así los requisitos sobre quórum, y el término de 15 días que debe mediar entre la aprobación de un proyecto en una Cámara y su aprobación en la otra (artículo 160 Constitucional). El proyecto fue anunciado en cumplimento del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, en sesión del día 8 de septiembre de 2004, según consta en el Acta Nº 10. 2.2.8. La ponencia para segundo debate fue presentada igualmente por el Representante Julio Gallardo Archbold, y aparece publicada en la Gaceta del Congreso 614 del 14 de octubre de 2004. 2.2.9. De conformidad con la certificación expedida el 15 de marzo de 2005 por el Secretario General de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue aprobado en sesión plenaria del 14 de diciembre de 2004, con un quórum de 165 Representantes. De esta manera no sólo se cumplió el requisito del quórum 5 Procurador General decisorio, artículo 146 Constitucional, sino el término que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente, señalado en el artículo 160 de la Carta Superior, esto es, 8 días. El proyecto de ley fue anunciado previamente a su votación en sesión plenaria del 13 de diciembre de 2004, según consta en el Acta de Plenaria Nº 153

de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 49 de 2005. 2.2.10. El 8 de febrero de 2005, se sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 943 de 2005. 2.2.11. Finalmente, cabe anotar que el texto de la ley fue remitido por el Gobierno a la Corte Constitucional, el 11 de febrero de 2005, en cumplimiento y dentro de los términos que señala el artículo 241, numeral 10 de la Carta Política. Una vez realizado el estudio formal del proyecto de ley que concluyó con la aprobación de la Ley 943 de 2005, referido al Convenio de Reconocimiento y Validez de Títulos, Diplomas y Certificados Académicos de Estudio Parciales de Educación Superior, el cual es objeto de examen, se advierte que el mismo cumplió con las exigencias constitucionales y legales, por el cual no se encuentra reparo alguno a su exequibilidad.

3. Análisis material del Convenio 3.1. Finalidad y contenido El Convenio de reconocimiento y validez de títulos diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior, se constituye como un paso más en el fortalecimiento de los mecanismos para que los estudiantes puedan adelantar estudios en el exterior, además, representa un avance en los procesos de integración regional .

6 Procurador General 3.1.1. Convenio de Reconocimiento y Validez de Títulos, Diplomas y Certificados Académicos de Estudios Parciales de Educación Superior. Animados por el deseo de que los pueblos de los Estados Partes continúen

estrechando las relaciones mediante el establecimiento de acciones de colaboración en la áreas de educación y la ciencia y reconociendo que la cooperación educativa ha tenido frutos satisfactorios, motivando a las partes a reafirmar la voluntad de continuar con la cooperación, los Estados de Colombia y Bolivia, acuerdan: El artículo 1º establece que las Partes reconocerán y concederán validez a los títulos, diplomas y certificados de estudios académicos otorgados por las instituciones de educación superior, reconocidos por los sistemas educativos de ambos Estados, por intermedio de sus respectivos órganos oficiales, para el caso de la República de Colombia es el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFESy para la República de Bolivia es el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana – CEUB-. Para efectos del Convenio se entenderá por reconocimiento la validez oficial otorgada en cada uno de lo Estados contratantes, a los estudios realizados en las instituciones de educación superior, reconocidos en los sistemas educativos del otro Estado, acreditados por títulos, diplomas y certificados académicos de las universidades previos concepto que permita establecer una equivalencia de los títulos, diplomas y certificados. El reconocimiento habilita también para los estudios de postgrado y al ejercicio profesional, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación de cada país, artículo 2º. El artículo 3º prevé que para que los títulos, diplomas o certificados a los que se refiere el artículo 1º produzcan efectos se requiere: 7 Procurador General

 La presentación del título, diploma o certificado debidamente legalizado y refrendado por las autoridades competentes.  La presentación de certificados de carga horaria y de calificaciones, obtenidos durante los estudios, debidamente legalizados y refrendados por las autoridades competentes.  El programa académico debidamente sellado por la universidad o la institución de educación superior que otorgó el título.  Cuando se trate de títulos de maestría y/o doctorado, se deberá presentar la tesis de grado o trabajo de investigación doctoral. El artículo 4 establece que los estudios parciales de nivel superior realizados en una de las Partes, será reconocidos en el otro país, con el único objeto de continuar con los mismos, sobre la base de las asignaturas aprobadas en un programa de educación superior reconocido oficialmente en los sistemas educativos de cada país, para lo cual los interesados exhibirán los certificados académicos expedidos por la institución otorgante, acompañados de los programas académicos de las asignaturas aprobadas, tanto teóricas como prácticas. Los certificados de deberán estar legalizados o refrendados por las autoridades competentes. Si para el ejercicio de la respectiva profesión en alguno de los Estados partes es requisito indispensable la prestación del servicio social obligatorio, éste se realizará de conformidad con las normas internas aplicables en el territorio, artículo 5. 8 Procurador General Las partes velarán porque el reconocimiento de la validez del título, permita el acceso a cursos de postgrado en cualquier área de conocimiento y todas las acciones derivadas del mismo y por que las autoridades competentes para la autorización del ejercicio profesional lo faciliten, artículo 6. Las parte tomarán las medidas correspondientes en sus sistemas educativos con

el fin de promover el cumplimiento del Convenio, artículo 7. El artículo 8 prevé que para dar cumplimiento a lo preceptuado en el Convenio las parte deberán informarse mutuamente sobre cualquier clase de cambio en sus sistemas educativos, en especial sobre el otorgamiento de títulos y grados o certificados académicos de educación superior. El artículo 9 establece que las Partes conformarán una Comisión Bilateral Técnica que elaborará una tabla de equivalencias y convalidaciones y se podrá reunir alternativamente en ambos países. Las Partes se notificarán mediante notas diplomáticas el cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para la entrada en vigor del Convenio, éste entrará en vigor a los 30 días después de que se haya producido la segunda de tales notificaciones, artículo 10. El artículo 11 prevé que el Convenio tendrá una duración de 10 años y se prorrogará automáticamente por períodos iguales. Cualquiera de las partes podrá denunciarlo antes del vencimiento de dicho término. La denuncia surtirá efectos noventa días después de notificada por vía diplomática. 9 Procurador General El Convenio podrá ser modificado por mutuo consentimiento previa solicitud de una de las partes. Las modificaciones entrarán en vigor en la fecha en que las Partes se notifiquen, por vía diplomática el cumplimiento de los requisitos internos, artículo 12. 3.2. Constitucionalidad del Convenio de Reconocimiento y Validez de Título, Diplomas y Certificados Académicos de Estudios Parciales de Educación Superior El presente Convenio desarrolla claramente los postulados consagrados en la en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

específicamente en el artículo 13 (Derecho a la Educación). Igualmente este artículo está en armonía con el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece: “Toda personas tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales”. Así las cosas, el Convenio de Reconocimiento que es objeto de estudio, es el deseo de los Países signatarios de desarrollar y fortalecer sus relaciones, especialmente en el área de la educación, objetivo que encuentra claro fundamento en los principios de soberanía nacional, respeto a la autodeterminación de los pueblos y al reconocimiento de los principios del derecho internacional, consagrados en el artículo 9º de la Constitución Política y en los artículos 226 y 227 del mismo ordenamiento, en razón de que el instrumento promueve e impulsa la internacionalización de las relaciones entre los países signatarios, sobre bases de equidad y reciprocidad. Igualmente, el Convenio resulta sumamente importante en la situación actual de globalización, de la cual no se escapa el conocimiento, porque constituye un mecanismo apropiado para 10 Procurador General lograr el intercambio de experiencias entre profesionales, estudiantes y administradores de la educación, contribuyendo al fortalecimiento de las comunidades donde estos se desempeñan. Por otra parte, indica que el compromiso que adquieren las partes, relativo al diseño e implementación de instrumentos que garanticen el ejercicio legal de la profesión, a quienes acrediten poseer un título reconocido en uno de los países

signatarios, bajo la condición de la observancia de la normatividad interna legal vigente, es compatible con las limitaciones impuestas a la libertad de escoger profesión u oficio en el artículo 26 constitucional y al derecho a la educación (C. P., Art. 67), “pues se brindan instrumentos concretos para que aquellos que se formen profesionalmente en el otro Estado contratante, puedan ejercer en uno u otro país”. Para concluir, que tanto el Convenio como su Ley aprobatoria se ajustan a la Constitución Política, en razón de que aquel propende por el intercambio y la cooperación educativa y cultural, dentro de un marco de respeto por la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los Países signatarios

4. Conclusión En mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte

Constitucional declarar EXEQUIBLES el "CONVENIO DE RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE TITULOS, DIPLOMAS Y CETIFICADOS ACADÉMICOS DE ESTUDIOS PARCIALES DE EDUCACIÓN SUPRIOR ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001), y la Ley 943 de 2005, aprobatoria del mismo. Señores Magistrados, 11 Procurador General

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación SPTB/CRG/ncdem