PGN-DESLEAL-Prestación del servicio de transporte público terrestre

ACCIÓN DE NULIDAD-Resolución que docta una disposición en materia de transporte terrestre automotor especial COMPETENCIA DESLEAL-Prestación del servicio de transporte público terrestre Del citado aparte, se puede colegir que el Ministerio de Transporte expone entre sus razones, una que estima constituye factor de competencia desleal de la prestación del servicio frente a las demás modalidades de transporte público terrestre. En relación con este punto es del caso traer a colación lo argumentado por la apoderada del Ministerio de Trasporte en la contestación de la demanda, e ilustrado con gráficas que muestran el ‘incremento de una manera desmesurada…’ del ‘…ingreso de camionetas (camioneta station wagoncerrada y doble cabina)’ a la modalidad de tránsito especial, así como la información estadística generada en la Dirección de Policía de Tránsito y Transporte ‘… frente al código 590 que consiste en “En prestar un servicio no autorizado”, información complementada en el estudio técnico que se anexa a la contestación de la demanda, así como la estadística generada por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, aportada al expediente mediante oficio No. S-2012-007069 DITRA – ASJUD – 16.1-22, del 20 de abril de 2012. LIBERTAD DE EMPRESA-Las medidas adoptadas en los actos acusados son violatorias del derecho a la igualdad De las afirmaciones del demandante en el sentido de que las medidas adoptadas en los actos acusados son violatorias de la libertad de empresa, particularmente a las dedicadas al servicio de transporte público terrestre especial, por imposibilitar a las mismas celebrar

nuevos contratos, ‘…en este tipo de vehículos o simplemente se vean obligadas a incumplir estos contratos, por la imposibilidad de matricula esta clase de vehículos’, observa este Despacho que la transgresión a dicha libertad no existe, en primer lugar, porque la restricción para la utilización de esta clase de vehículos (camionetas station wagon y doble cabina) solo opera para los casos de transporte de carga y transporte especial, en virtud de que las mismas, por sus características, no están homologadas para tales fines, situación que no impide que se desempeñen en la modalidad correspondiente a su homologación. DEBIDO PROCESO-Hubo violación porque las normas acusadas son la consecuencia de una sanción que por competencia no le corresponde al Ministerio de Transporte En relación con la presunta violación al debido proceso alegada por el demandante, al interpretar que las normas acusadas son la consecuencia de una sanción que por competencia no le corresponde al Ministerio de Transporte y sin observar las formas propias de un juicio, observa este Despacho que las medidas adoptadas en los actos acusados no obedecen al ejercicio de potestad punitiva o sancionatoria alguna, por el contrario las mismos están encaminadas al propósito superior de salvaguardar el equilibrio del mercado en la prestación del servicio de transporte público, así como a la implementación de medidas tendientes a contrarrestar la competencia desleal. 1

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 31/1/13 Alegato No. 012/13 Honorables Consejeros de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Referencia: Expediente No. 110010324000 2009-0015600

Actor: Juan Carlos Martínez Sánchez

Demandado: Ministerio de Transporte Acción: Acción Pública de Nulidad Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES 1.- La demanda.- El ciudadano Juan Carlos Martínez Sánchez, actuando en representación de la Corporación Nacional de Transporte Especial “Conaltraes”, y en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (en adelante C.C.A.), presentó demanda con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 002658 del 3 de julio de 2008, “Por la cual se docta una disposición en materia de Transporte Terrestre Automotor Especial”, y 003176 del 1º de agosto de 2008, “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 002658 del 3 de julio de 2008”, proferidas por La Nación – Ministerio de Transporte. 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. 2 1.1. Fundamentos jurídicos de la demanda Aduce el demandante, que con la expedición de la Resolución 2658 del 3 de julio

de 2008 se incurre en falsa motivación, teniendo en cuenta los contenidos del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, en primer lugar del numeral 6º, denominado “libertad de empresa”, que se invoca en la citada resolución y del que estima ‘…no se dan los presupuestos allí establecidos para que se apliquen las restricciones (…) a la libertad de empresa e iniciativa privada…’. De esta última afirmación observa que la habilitación para llevar a cabo la operación de transporte terrestre automotor especial la concede Ministerio de Transporte, así mismo precisa que dicha norma determina como única posibilidad de aplicar restricciones a la iniciativa privada, en casos como el de competencia desleal y de abuso de posición dominante en el mercado, ‘…cuya restricción se hará para garantizar la eficiencia del sistema y el principio de seguridad’. Afirma que para el caso en estudio, sin que se configuren los presupuestos señalados en la norma, se prohíbe o suspende la matrícula de vehículos como las camionetas station wagon y las de doble cabina, ‘…para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial cuando de por medio no se esta poniendo en peligro la eficiencia del sistema ni mucho menos el principio de seguridad’. Hace referencia a la connotación especial que tiene esta clase de servicio de transporte terrestre, la cual está definida en el artículo 6º del Decreto 174 de 2001, así como a los trámites que se requieren para operar este servicio ante el Ministerio de Transporte, entre los cuales está el de la presentación de un plan de rodamiento que se elabora con base en el contrato de transporte. En relación con

la habilitación para operar en esta modalidad y la norma acusada, observa que estas disposiciones ‘…hacen que las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, se vean impedidas a celebrar nuevos contratos para atender necesidades del servicio por parte de estos grupos específicos de personas, que requieran la prestación de este servicio, en este tipo de vehículos o 3 simplemente se vean obligadas a incumplir estos contratos, por la imposibilidad de matricula esta clase de vehículos’. Concluye de este aparte que esta situación ‘…se convierte en una forma disimulada de impedir y limitar la libertad de empresa, el desarrollo de la actividad económica, la libertad de contratación, para una industria que desarrolla una actividad, que no resulta cualquiera dentro del ámbito de la nación, dado que esta considerada como un servicio público esencial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 336 de 1.996’. Del numeral 7º denominado “De los permisos o contratos de concesión”, observa que con las normas acusadas, se limita e impide la prestación de este servicio público especial, como quiera que no se puede hacer uso del permiso obtenido y en consecuencia, se impide cumplir con el objeto social para el cual fueron constituidas, constituyendo dicha situación un atentado contra esta habilitación legal de operar, ‘…por una simple suposición o presunción, la cual no se ha probado por parte de ninguna autoridad competente, por el simple hecho de enunciar de manera general, unas presuntas irregularidades en la prestación de este servicio publico, (sic) sin entrara (sic) a determinar su verdadera ocurrencia y

mucho menos los responsables de las mismas, mas grave aun desconociendo principios Constitucionales y legales…’. Del artículo 17 de la Ley 336 de 1996, observa que ‘No se sabe con que (sic) objeto se fundamento (sic) la medida tomada en este artículo, como quiera que el mismo, no contiene nada que (…) tenga que ver con el Servicio Público de Transporte terrestre Automotor Especial, dado que este no esta sujeto a rutas, horarios o frecuencias de despacho, o áreas de operación” y tampoco se puede hablar de “demanda existente o potencial”. En relación con el artículo 66 de la precitada ley, que concede a las autoridades competentes la facultad de regular el ingreso de vehículos por incremento del servicio público, observa que el Ministerio de Transporte, al fundamentar los actos administrativos cuestionados en este artículo, está ‘…pretendiendo hacer ver como 4 si el mismo, facultara a este ente a “suspender” las matriculas o registro inicial de un determinado tipo de vehículos”. Ilustrando su postura sobre el alcance del vocablo “regular” concluye que ‘…del contenido de este artículo se desprende que las autoridades competentes para cada modalidad pueden regular, mas no suspender o prohibir, como sucedió en este caso un determinado tipo de vehículos. Posibilidad que comprende solamente la facultad de determinar condiciones, establecer requisitos, mas no faculta esta norma a las autoridades competentes para suspender o prohibir el registro inicial o matricula de vehículos al servicio publico (sic)’. Hace referencia a las características especiales que tiene esta modalidad de transporte terrestre, precisando que con la aplicación de las medidas cuestionadas para esta modalidad, el Ministerio de Transporte incurre en una equivocación,

teniendo en cuenta el Decreto que la regula, entre otras precisiones, ‘permite el ingreso de vehículos a la capacidad transportadora cuando la empresa celebre un contrato el cual conlleve la necesidad de modificar el plan de rodamiento y de utilizar mas (sic) de los vehículos que la empresa tiene registrados…’, con las formalidades exigidas en el Decreto 174 de 2001, para, a renglón seguido, hacer énfasis en que, a diferencia de otras modalidades de transporte, en el caso en estudio, ‘…cuando se solicita la matricula o el registro inicial de un vehículo, es por que (sic) el mismo, ya tiene definido donde va apresar (sic) servicio, ya tiene contrato con el cual se obliga la empresa a cumplir con el servicio acordado’. Estima que de las situaciones que, considera, se derivó la expedición carecen de validez, como quiera que, aunque existen quejas relacionadas con la prestación del servicio, ‘… una entidad que sin tener competencia para adelantar investigaciones contra la (sic) empresas que prestan Servicio Publico (sic) de Transporte Terrestre Automotor Especial, una entidad que no tiene facultades investigativas, ni sancionatorias, impone una sanción drástica por demás, que termina por convertirse en la obstrucción y limitación a la libertad económica’. 5 De la Resolución 003176 del 1º de agosto de 2008, observa que la expedición de la misma atenta contra la Constitución Política, teniendo en cuenta que si bien en los contenidos de la Resolución 002658 del 3 de julio de 2008, se desconoció que en el momento se adelantaban trámites con el fin de obtener el registro inicial, con la Resolución 003176 se ‘…accede a permitir que dichos vehículos concluyan el

trámite la matricula o registro inicial siempre y cuando sus propietarios hubiesen radicado u obtenido certificado de (…) disponibilidad de capacidad transportadora con anterioridad a la vigencia de la Resolución 002658 del 30 de Julio de 2008…’. Agrega que, de las modificaciones a la Resolución 002658 del 3 de julio de 2008, contenidas en la Resolución 003176, el Ministerio de Transporte reconoció que en el acto administrativo inicial, ‘…estableció otros requisitos en el contenido de la tarjeta de operación para los vehículos que prestan Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, contrario a los establecidos en el Decreto 174 de 2.001, tales como que la misma llevara la empresa contratante a la cual el vehículo se encuentra prestando servicio, por lo que mediante el artículo 3 de la Resolución 003176 del 01 de Agosto de 2.008, deroga el artículo 3º de la Resolución No. 02658 del 03 de Julio de 2.008’. Artículo del cual solicita que, no obstante haber sido derogado, haya pronunciamiento de fondo. En el apartado que titula “DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS EN QUE DEBIA FUNDARSE”, sostiene que los actos administrativos demandados desconocen en su orden normas tanto constitucionales como legales. Del artículo 13 constitucional, observa que se desconoce el principio de igualdad entre las empresas que prestan servició público de transporte público especial y las que prestan transporte de pasajeros de servicio colectivo urbano, como quiera que se incluye en el parágrafo del artículo segundo de la Resolución 003176 del 01 de agosto de 2008, una condición que consiste en que, si una empresa que presta

servicio especial, busca vincular un vehículo de las características señaladas, solamente lo podrá hacer si el vehículo es de propiedad de la empresa a la cual se pretende vincular. 6 En relación con el artículo 29 constitucional, considera que cuando la autoridad competente se encuentra frente a la presunta comisión de conductas violatorias de las normas que gobiernan determinadas actividades o ante las quejas que se puedan presentar, se debe adelantar la correspondiente investigación y agotar todas las etapas correspondientes a estas actuaciones, caso que considera desconocido por el Ministerio de Transporte, teniendo en cuenta que carece de competencia para la inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial, competencia asignada a la Superintendencia de Puertos y Transporte, por lo cual su conducta constituye una violación al debido proceso. De la presunta violación al artículo 333 constitucional sostiene lo siguiente: La libertad de empresa, la actividad económica se vulneran por parte de la entidad demandada, mediante el acto administrativo demandado, al imponer unas restricciones (registro inicial o matricula inicial de vehículos cuya capacidad es inferior a 9 pasajeros o camionetas doble cabina), que limitan el desarrollo del objeto social de las empresas de transporte por el simple hecho que se han presentado algunas quejas en cuanto a que presuntamente en algunas oportunidades los vehículos no cumplen con los contratos de transporte celebrados…’.

Más adelante agrega que: ‘Simplemente la demandada, aplica unas medidas, que además de restrictivas de la libertad económica, (...) de la iniciativa privada, son sancionatorias, poniendo en peligro el desarrollo de la actividad en si…’.

De las normas de orden legal, enuncia como desconocidas por el Ministerio de Transporte al emitir los actos demandados, el numeral 6º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, del cual afirma que ‘…de manera equivocada se hace referencia a una supuesta competencia desleal, que a criterio del ente demandado, se presenta, sin que la misma este demostrada, simplemente, da por hecho su ocurrencia, amparado en unas quejas de unas autoridades de transito (sic) municipales y de unas empresas de transporte intermunicipal, que no son soporte suficiente para considerarse como competencia desleal’. Considera que los actos administrativos demandados vulneran el artículo 66 de la Ley 336 de 1996, como quiera que este artículo ‘…no faculta en ningún momento a 7 las autoridades competentes para cada modalidad a suspender o restringir el ingreso de vehículos. Esta norma faculta a estas autoridades para “regular”, situación completamente diferente a suspender’. Considera que con el artículo 3º de la Resolución No. 002658 del 3 de julio de 2008, se vulneraron los contenidos del artículo 49 del Decreto 174 de 2001, como quiera que ‘…mal puede el Ministerio de Transporte, mediante el acto administrativo señalado, modificar el artículo 49 del Decreto 174 de 2.001, en el sentido de ordenar que a partir de la vigencia de esta resolución, se adicione dentro del contenido de la tarjeta de operación con indicación del “…nombre de la empresa contratante a la cual le están prestando el servicio de transporte, nombre que debe coincidir con el que aparece en el extracto del contrato”’. No obstante que el citado artículo 3º haya sido derogado por el artículo 3º de la Resolución

003176 del 1º de agosto de 2008. 2.- Contestación de la demanda por el Ministerio de Transporte El apoderado del Ministerio de Transporte contestó la demanda, oponiéndose las pretensiones de la misma, por considerar que carecen de fundamento fáctico y legal. Sostiene que el demandante hace una interpretación errónea del numeral 6º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, teniendo en cuenta que la Resolución 2658 del 3 de julio de 2008, ‘no vulnera la libertad de empresa…’, al permitir el registro inicial o matrícula para los vehículos clase camioneta – station wagon cerrada y doble cabina – ‘…para la modalidad de servicio publico, (sic) para la cual están homologados, como lo es para el servicio publico (sic) mixto y de pasajeros por carretera’. A renglón seguido precisa que los aludidos vehículos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, son autorizados y forman parte de la oferta que tienen las empresas ‘para el servicio de transporte mixto de radio de acción municipal y nacional…’, los cuales ‘…por vía de excepción mediante la Resolución 8 No. 4000 de 2005, se permitió el ingreso de estas camionetas al servicio especial para atender el transporte de las personas simultáneamente con sus equipos de trabajo que se requerían para las empresas públicas y privadas…’, para precisar que ‘…una vez atendida la demanda por el Ministerio de Transporte, opto (sic) por prohibir el ingreso al servicio especial y permitir que solamente preste el servicio para lo cual están homologadas, de tal manera que no se cuarta (sic) el principio

de la libertad de empresa toda vez que los interesados en crear y habilitar una empresa de servicio publico (sic) lo puede hacer para el servicio de transporte mixto y de pasajeros por carretera…’, con excepción del transporte de carga y transporte especial por no estar homologados. Aduce que el Ministerio de Transporte ‘…está facultado para organizar, regular, reglamentar y modificar las condiciones de la prestación del servicio para el acertado equilibrio entre la demanda y la oferta, con el fin de garantizar a los habitantes de la república que su prestación se dará en condiciones de seguridad, calidad y oportunidad, y esto es precisamente lo que plasmó en la resolución No. 2658 del 3 de Julio de 2008…’, y para el caso en estudio observa que con esta clase de vehículo en los años 2005 a 2009, se incrementó el parque automotor nacional de servicio especial. Del aludido numeral 7º observa que el argumento del demandante es incompleto, al afirmar que el Ministerio de Transporte actuó en contravía de dicha disposición ‘…al impedir o limitar a toda una actividad el desarrollo de su objeto social, teniendo vigente sus permisos de operación, por cuanto se debe tener en cuenta que el marco normativo de la (sic) Leyes 105 y 336, en donde se establece que las rutas y horarios se otorgarán mediante curso (sic) público o contrato de concesión, excluyendo el servicio especial por cuanto que esta modalidad no esta sujeta a rutas y horarios, sino a la celebración de un contrato de transporte con un grupo específico de (…) usuarios que determina los recorridos…’. Considera que es irrelevante la mención hecha en la demanda de la posible

violación del artículo 17 de la Ley 336 de 1993, teniendo en cuenta que esta clase 9 de vehículos, se encuentran homologados para transporte mixto y transporte por carretera. De lo anterior observa que, teniendo en cuenta lo que se entiende por homologación, ‘…la sustentación que hace el accionante es equivocada al pretender que el servicio especial no se encuentra sujeto a una oferta y demanda en servicio especial, ya que cualquiera de las modalidades reguladas por el Decreto 170 de 2001, tiene en cuenta las condiciones requeridas del servicio para asignar la capacidad transportadora de las empresas, es decir el numero (sic) de vehículos requeridos para atender un contrato de transporte’. Agrega que, ‘…el servicio especial no es que se encuentra (sic) dentro la modalidad de rutas y horarios de despacho, sino que la capacidad transportadora se fija con un plan de rodamiento presentado por la empresa para atender los servicios contratados de acuerdo con el tiempo de viaje de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto 174 de 2001’. En relación con el artículo 66 de la Ley 336 de 1996 observa: ‘La referencia que se hace de este articulo, (sic) es bien importante para el Ministerio de Transporte invocar esta facultad toda vez que en uso de la misma esta entidad permitió la vinculación temporal de un numero (sic) considerable de vehículos clase camioneta (camioneta station wagoncerrada y doble cabina), para atender la demanda de algunos contratos de transporte que lo requieren, pero de ninguna manera suspendiendo el registro inicial o matrícula de estos vehículos, toda vez que se puede ingresar al parque automotor de las modalidades de servicio mixto de pasajeros por carreta (sic), luego no es cierto la afirmación del

demandante, sobre dicha prohibición…’. En relación con el Decreto 2053 de 2003 observa que por un error de transcripción no se pueden desconocer las funciones que la ley otorgó al Ministerio de Transporte, en virtud de lo cual el actor no puede afirmar que el fundamento legal no existe. Observa que la interpretación hecha por el demandante del artículo 34 del Decreto 174 de 2008, es equivocada, como quiera que el mismo se refiere a la fijación de la capacidad transportadora y no al ingreso de la capacidad transportadora, ‘… 10 pues en ningún momento el Ministerio de Transporte sustenta el artículo en el ingreso de capacidad transportadora la (…) estipulada en el artículo 35 del mismo decreto’. Agrega que ‘no puede pretender el demandante dilucidar los actos expedido por el Ministerio para incorporar al parque automotor de Servicio Especial, los vehículos clase camioneta (station wagoncerrada y doble cabina), pues estos no están homologados para esta modalidad de servicio’. A manera de conclusión en relación con los argumentos expuestos en la primera parte del concepto de violación manifiesta lo siguiente: ‘Se sale del contexto jurídico lo manifestado por el demandante en pretender crear una situación jurídica frente a los actos expedidos por la entidad con el fin de que unos vehículos que no están homologados para servicio especial sean incluidos por un (sic) simple conveniencia particular dejando de una (…) unas facultades que ejerce esta entidad en aras de organizar, regular, reglamentar y modificar las condiciones de la prestación del servicio para el acertado equilibrio entre la demanda y la oferta, con el fin de garantizar a los habitantes de la república que su prestación se dará en condiciones de seguridad, calidad y oportunidad’.

Frente al cargo de violación del derecho a la igualdad, observa el apoderado, que el mismo no se ve afectado, teniendo en cuenta que analizados los elementos que se exponen para hacer la comparación, se constata la existencia de dos situaciones diferentes, por un lado las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor metropolitano, distrital y municipal de pasajeros y por el otro el transporte de servicio especial, el cual es una modalidad totalmente diferente al servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros. Concluye que la mencionada desigualdad no existe, como quiera que la medida adoptada por el Ministerio de Transporte, en relación con las camionetas station wagon y doble cabina, fue excepcional, teniendo en cuenta que estos vehículos al no estar homologados para la modalidad a la que fueron autorizados, fueron previstas ‘…en aras de darle participación, pero condicionada con el fin de evitar una sobre oferta (sic) en esta modalidad de servicio una competencia desleal con el transporte intermunicipal de pasajeros, transporte urbano y municipal de pasajeros, así mismo atender las necesidades de movilización de pasajeros (…) que se hizo necesario la toma de estas medidas para atender de manera eficiente la demanda, que se cuente con una oferta equilibrada de vehículos…’. 11 En relación con el artículo 29 constitucional, aduce que la apreciación del accionante, frente a las medidas de excepción adoptadas para la mencionada clase de vehículos, constituye una usurpación de funciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte, no corresponde a la realidad, teniendo en cuenta que las mismas se toman, en calidad ‘…de entidad rectora en materia de transporte en uso

de sus facultades para organizar, regular, reglamentar y modificar las condiciones de la prestación del servicio para el acertado equilibro entre la demanda y la oferta, con el fin de garantizar a los habitantes de la república que su prestación se dará en condiciones de seguridad, calidad y oportunidad(…), al igual bajo los precepto(s) de la Constitución Política’. Finaliza su exposición afirmando que la presunta violación de artículo 333 constitucional no tuvo lugar con la expedición de los actos cuestionados, dada la competencia que para todos los efectos tiene el Ministerio de Transporte, como quiera que el mismo es un servicio público, ‘inherente a la finalidad social del Estado, y este mismo lo debe garantizar, como lo establece la Constitución Política en su Artículo 365’. De conformidad con el marco legal que gobierna el servicio de transporte de pasajeros, en virtud del cual se le da el carácter de servicio público esencial, ‘…lo cual implica que no existe libertad de empresa absoluta para explotar este servicio, y que en caso de que un particular pretenda hacerlo, deberá con fundamento en las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, obtener autorización o habilitación por parte de la autoridad competente’.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico Consiste en establecer si los actos administrativos acusados: Resolución No. 002658 del 3 de julio de 2008, “Por la cual se dicta una disposición en materia de Transporte Terrestre Automotor Especial” y Resolución No. 003176 del 1º de 12 agosto de 2008, “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 002658 del 3

de julio de 2008”, fueron expedidas con desconocimiento de las normas en que deberían fundarse, sin contar con la competencia requerida por ley para estos efectos, teniendo como fundamento razones distintas a las consagradas en la ley.

2. Los cargos formulados por el demandante Sostiene el demandante que el Ministerio de Transporte al expedir la Resolución 2658 del 3 de julio de 2008, se apoya, entre otros, en el numeral 6º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, del cual observa que no se dan los presupuestos establecidos en el mismo, ‘para que se apliquen las restricciones (…) a la libertad de empresa e iniciativa privada…’.

En relación con esta afirmación y teniendo en cuenta las razones que esgrime el actor, es del caso precisar el tenor del numeral 3º del artículo 6º de la ley 105 de 1993, en el que se establece lo siguiente: “(…) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios: (…)

6. DE LA LIBERTAD DE EMPRESA: Para la constitución de empresas o de formas asociativas de transporte no se podrán exigir otros requisitos que los establecidos en las normas legales y en los reglamentos respectivos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para acceder a la prestación del servicio público, las empresas, formas asociativas de transporte y de economía

solidaria deberán estar habilitadas por el Estado. Para asumir esa responsabilidad, acreditarán condiciones que demuestren capacidad técnica, operativa, financiera, de seguridad y procedencia del capital aportado. Las autoridades sólo podrán aplicar las restricciones a la iniciativa privada establecidas en la ley, que tiendan a evitar la competencia desleal, el abuso que 13 personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado, para garantizar la eficiencia del sistema y el principio de seguridad. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte o sus organismos adscritos reglamentará las condiciones de carácter técnico u operativo para la prestación del servicio, con base en estudios de demanda potencial y capacidad transportadora. (Subrayas fuera del texto) (…)”. En efecto, como se observa del aparte subrayado, las restricciones a la iniciativa privada deben estar establecidas en la ley, así mismo en este contexto el objeto de las mismas se dirige, entre otros, a ‘evitar la competencia desleal’, para atender el fin último establecido que es el de ‘garantizar la eficiencia del sistema y el principio de seguridad’. Ahora bien, observa este Despacho que, como parte de las razones expuestas por el Ministerio de Transporte, en el apartado de los considerandos de la Resolución No. 002658 del 3 de julio de 2008, se encuentra la siguiente: “Que a través de los contratos presentados por las empresas de transporte de servicio especial ante las Direcciones Territoriales, las quejas presentadas por diferentes autoridades de tránsito municipales y de las mismas empresas de transportes de pasajeros por carretera se ha detectado que los vehículos clase camioneta station wagon (cerrada) y doble cabina,