PGN-DISCIPLINABLE-Requisitos de antijuricidad

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por condena a la entidad dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos para su procedencia Para que proceda la acción de repetición, el Estado debe haber sido condenado a la reparación de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente o ex agente público y que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Todo lo anterior, debe ser establecido en el proceso por la parte demandante, con el aporte de copias de la sentencia ejecutoriada que impuso la condena y de los documentos que prueben la cancelación de la misma, como también debe quedar acreditada la conducta dolosa o gravemente culposa del agente o ex agente público. De no demostrarse ello en debida forma, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, y se imposibilita la declaratoria de responsabilidad del funcionario estatal y la condena a resarcir el daño causado al patrimonio público. CULPA GRAVE-Se encuentra demostrada en los actos administrativos declarados nulos y en el desconocimiento de la ley/PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN-No se aplicaron las normas que consagraban el derecho preferencial a favor del funcionario En aplicación directa de lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Política, las condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición, consisten en que el Estado haya sido condenado o compelido de acuerdo con la ley, a la reparación de un daño antijurídico, y que

haya sido consecuencia de la configuración de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. En el caso bajo estudio, respecto de la conducta dolosa o gravemente culposa en que pudo haber incurrido la demandada en su condición de Directora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de la ciudad de Bogotá, esta Delegada de la Procuraduría, considera que la prueba de la culpa grave se encuentra en los actos administrativos declarados nulos y en el desconocimiento de la ley, en este caso, por la omisión en la aplicación de normas en que debía fundarse el trámite, por tanto, es claro que no se aplicaron las normas que consagraban un derecho preferencial a favor del funcionario, generando así la violación manifiesta, la cual se evidencia al confrontar los hechos que dieron lugar a la condena y la norma contemplada en el parágrafo 1º. del artículo 39 de la Ley 443 de 1998 y el artículo 136 del Decreto 1572 de 1998, siendo la conducta inexcusable, pues son las normas mínimas que se debían observar dentro de un proceso de reestructuración. DAÑO ANTIJURÍDICO-Al no reincorporar al funcionario a la planta de personal que gozaba del derecho preferencial sobre los provisionales/RESPONSABILIDAD PERSONAL-Por falta de diligencia y cuidado en las funciones propias del cargo En este orden de ideas, la prueba sumaria de la culpa grave, como ya se dijo, se encuentra en el desconocimiento de la ley y la falta del debido cuidado y diligencia en la aplicación de las normas pertinentes, lo que llevó al desconocimiento del derecho preferente que ostentaba el funcionario, para ser incorporado a la planta global, frente a servidores incorporados que no

tenían derechos de Carrera Administrativa por ser provisionales, lo cual dio lugar a la demanda contenciosa que generó un fallo condenatorio contra la entidad, produciéndose un daño Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.51285 (250002326000200900360-02) antijurídico por parte de la demandada al expedir el acto que reincorporó a varios profesionales especializados al código 335 grado 17, sin que fuese incluido el demandante. La responsabilidad de las demandadas frente a la condena impuesta por el Tribunal, analizada a la luz del artículo 90 de la Constitución Política y los artículos 77 y 78 del C.C.A., da cuenta de que su conducta fue negligente, generadora del daño, que hubiere podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a las funciones propias del cargo. CULPA GRAVE-Al expedir el acto administrativo a sabiendas que no estaba aplicando la normatividad correspondiente para un funcionario de carrera/DAÑO ANTIJURÍDICOPor la desvinculación injusta del servicio En el caso en estudio, conforme lo señala el apoderado de la entidad en su recurso de apelación, el acto administrativo (Resolución 182 de 2001) fue expedido a sabiendas que no estaba aplicando la normatividad correspondiente. De manera que el asunto en examen, se

enmarca dentro de la segunda de las posibilidades en las que el Consejo de Estado considera que existe responsabilidad del servidor público en la expedición de actos administrativos, esto es, la inexcusable ignorancia de la ley en la toma de la decisión. Se expidió el acto administrativo a sabiendas que no estaba aplicando la normatividad correspondiente para un funcionario de carrera y con las calidades que este tenía, como es el parágrafo 10 del artículo 39 de la Ley 443 de 1998 y el artículo 136 del Decreto 1572 de 1998, ocasionando así un daño al funcionario por la desvinculación injusta del servicio de la que fue objeto, lo que constituye a todas luces una actuación a título de culpa grave por parte de la demandada. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.51285 (250002326000200900360-02) CONCEPTO No. 155 / 2014

Bogotá, D.C 17 de septiembre de 2014

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón EXPEDIENTE: 250002326000200900360 -02 (51285) Acción de Repetición

ACTOR: Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación

DEMANDADO: María Carolina Barco Isackson y Otro

Sentido del concepto: solicitud de REVOCAR el fallo recurrido / Acción de repetición / Se encontraron acreditados todos los elementos de la procedencia de la acción de repetición / El demandado incurrió en culpa grave por desconocimiento de la ley al expedir un acto que inobservó el derecho preferencial de un funcionario inscrito en

carrera / La responsabilidad en el caso objeto de estudio, encuentra su fuente constitucional en los artículos 6, 122 y 123 / Artículos 77 y 78 del C.C.A. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda – hechos De acuerdo a lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes: A través de las Resoluciones 365 y 366 del 30 de abril de 2001, se modificó la planta global de la Secretaría Distrital de Planeación y se suprimió el cargo 335,

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.51285 (250002326000200900360-02) grado 17, en el cual se encontraba el señor Carlos Alberto Ruiz Peña y 6

empleados más. A través de la Resolución 182 del 30 de abril de 2001, la directora de la Secretaría Distrital de Planeación, señora María Carolina Barco reincorporó a varios profesionales especializados al código 335 grado 17, sin que fuese incluido el señor Carlos Alberto Ruiz Peña. El 18 de marzo de 2002, en su calidad de directora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la señora María Carolina Barco Isackson ordenó incorporar al señor Carlos Alberto Ruiz Peña al cargo de profesional especializado 335 grado 17; sin embargo, el señor Ruiz Peña ya había interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 181, 182, 231 Y 243 de 2001. El 29 de julio de 2004, la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de las anteriores resoluciones demandadas y ordenó el pago de los emolumentos salariales dejados de percibir por el señor Ruiz Peña, desde que fue desvinculado, hasta su reincorporación el 18 de marzo de

2002. La anterior decisión fue confirmada por el Consejo de Estado el 4 de septiembre de 2008. 1.2. Contestación de la demanda Los demandados se opusieron a las pretensiones, por considerar que la actuación de los mismos se realizó desprovista de toda intención de causar daño a la entidad o a terceros y solo se limitó a dar cumplimiento a la reorganización administrativa que adoptó el Distrito Capital en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 617 de

2000. Adicionalmente se tramitó en debida forma, razón por la cual no se vulneró ninguna de las normas que se enunciaron como fundamento de la acción.

4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.51285 (250002326000200900360-02) En el fallo proferido por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se argumentó la demostración de conducta dolosa o gravemente culposa, de los ex servidores públicos enjuiciados, lo cual no releva al comité de su obligación de dejar constancia expresa y justificada de las razones en que se fundamentan para iniciar la acción de repetición.

Excepciones: Inexistencia de toda actuación dolosa o gravemente culposa de los demandados en el ejercicio de sus funciones. 1.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal de Cundinamarca, en el fallo proferido el veintitrés (23) de enero de 2014, negó las pretensiones de la demanda, soportado principalmente en los siguientes: Consideró el tribunal que para la época de los hechos "no existía suficiente claridad respecto a los asuntos de fuero sindical, cuando la entidad pública debía adecuar las plantas de personal"; que, “el derecho de preferencia que tienen los empleados

de carrera sobre los de provisionalidad, no es absoluto, sino relativo, razón por la cual se debe estudiar cada caso, para establecer que empleado debe o no ser incorporado, para lo anterior la ley ha concedido el término de 6 meses, lapso de

tiempo que no fue sobrepasado en el caso en estudio, pues el señor Carlos Alberto Ruiz Peña, efectivamente fue reintegrado en dicho plazo, por lo cual estima la sala que no se configuró la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, establecida en el numeral 1° del art. 6 de la Ley 678 de 2001, para que pueda considerarse la conducta de los demandados como culpa grave. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.51285 (250002326000200900360-02) 1.4. Recurso de apelación El apoderado de la parte actora dentro del proceso referido en su recurso de apelación señaló los siguientes (fls. 245 a 253 del cuaderno del Consejo de Estado): Considera que el a quo en sus argumentos, olvida el estudio de las razones tenidas en cuenta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sala de DescongestiónSección Segunda, Subsección Tercera, en la sentencia del 29 de julio de 2004 (decisión confirmada por el H. Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección "B", el14 de septiembre de 2008) y que dieran lugar a la sentencia condenatoria en contra de la entidad, a fin de establecer la responsabilidad de sus agentes (hoy demandados) y si dicha actuación encaja o no en la calificación de gravemente culposa o dolosa.

Frente a la responsabilidad de los demandados, insiste en que el daño se produjo por la omisión, en la aplicación de normas en que debía fundarse el trámite, por tanto, es claro que no se aplicaron las normas que consagraban un derecho preferencial a favor del señor Carlos Alberto Ruiz Peña, generando así la violación manifiesta. Señala que el fallo acusado se limita a decir que como la administración decidió reintegrar al señor Ruiz Peña, dentro de los 6 meses que da la norma, no se configuró la violación manifiesta e inexcusable, olvidando lo verdaderamente relevante, esto es, el derecho preferente del actor en la constitución de la planta global de personal de la entidad, lo que a la postre ocasionó la condena al Departamento Administrativo de Planeación Distrital hoy Secretaría Distrital de Planeación y, consecuencialmente, el detrimento al patrimonio público. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Les asiste responsabilidad a título de dolo o culpa grave en calidad de Secretaria Distrital de Planeación a la señora María Carolina barco de Botero, y en

calidad de Subdirector del Departamento de Planeación Distrital, por los perjuicios a que fue condenado El distrito Capital, Secretaría Distrital de Planeación, con ocasión de la condena impuesta el día 29 de julio de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el señor Carlos Alberto Ruiz Peña? 2.1.2. ¿Se cumplen en el presente caso los requisitos de procedibilidad establecidos para incoar la acción de repetición? 2.2. Marco teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada de la Procuraduría: 2.2.1. Régimen de responsabilidad aplicable Sobre el régimen de responsabilidad en la acción de repetición tenemos lo siguiente: Inicialmente, el Decreto 01 de 1984, actual Código Contencioso Administrativo, 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.51285 (250002326000200900360-02) anterior a la Constitución Política de 1991, estableció en los artículos 77 y 78 que los funcionarios públicos serán "responsables de daños que causen por culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones". La Constitución Política en su artículo 90 consagra la cláusula general de

responsabilidad del Estado, prescribiendo "El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas", pero a su vez, y consecuentemente establece el deber para el mismo que cuando esta reparación patrimonial se derive de una conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes debe repetir contra éste. 2.2.2. El Consejo de Estado, respecto de la responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público En repetidas oportunidades ha señalado el H. Consejo de Estado que son tres los elementos que deben resultar plenamente probados dentro del plenario para establecer la responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público vinculado a través de demanda de Repetición, siendo ellos: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados a las personas. b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria. c) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.51285 (250002326000200900360-02) 2.3. Pruebas obrantes Dentro del proceso quedaron aportadas las pruebas que se relacionan:

 Copia de la Resolución 182 del 30 de abril de 2001, mediante el cual se realizó nombramientos al cargo profesional especializado código 355 grado 17 y no se incluyó al señor Carlos Alberto Ruiz Peña (folios 13 a 18 c.2).  Copia de la Resolución 104 del 18 de marzo de 2002, a través de la cual se incorpora en la planta global de empleos del Departamento Administrativo de Planeación Distrital al señor Carlos Alberto Ruiz Peña (folios 34 a 36 c.2).  Copia de la sentencia 2001-07701 del 24 de julio de 2001, proferida por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declara la nulidad de las resoluciones 181 y 182 del 30 de abril de 2001 y 235 de mayo 31 y 243 de junio 11 de 2001, en cuanto determinaron el retiro del servicio de Carlos Alberto Ruiz Peña y se ordenó el pago de los emolumentos dejados de percibir (folios 45 a 61 c.2).  Copia de la Resolución 1227 del 26 de diciembre de 2008, mediante la cual la Secretaría de Planeación Distrital autorizó y ordenó el pago de veintiocho millones quinientos noventa mil cuatrocientos seis pesos mcte. $28.590.406, en cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de Estado (folios 69 a 84 c.2),  Copia de la orden de pago No. 3482 girada a la cuenta No. 009470176646 del Banco Davivienda, cuyo titular es el señor Carlos Alberto Ruiz Peña (folios 85

c.2). 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.51285 (250002326000200900360-02)  Copia del Paz y Salvo por el pago de sentencia suscrito por su beneficiario el señor Carlos Alberto Ruiz Peña (folio 117 c.2).  Copia del acta de Comité de Conciliaciones de la Secretaria Distrital de Planeación, en la cual se decide iniciar la acción de repetición contra los señores María Carolina Barco de Botero y Juan Francisco Forero Gómez. 2.4. Caso concreto Estudiadas las pruebas allegadas al plenario, y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, encuentra esta Delegada la Procuraduría, que la sentencia de primera instancia deberá ser revocada conforme a los siguientes argumentos: Sea lo primero mencionar que en el caso sub examine, la demanda versa sus pretensiones en el reembolso de la suma pagada por Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá al señor Carlos Alberto Ruiz Peña, por concepto de perjuicios representados en la salarios y prestaciones dejados de percibir en la cantidad de veintiocho millones quinientos noventa mil cuatrocientos seis pesos mcte. ($28.590.406) en cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de Estado (folios 69 a 84 c.2).

2.4.1. Como se explicó, en el marco teórico de este concepto, para que proceda la acción de repetición, el Estado debe haber sido condenado a la reparación de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente o ex agente público y que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Todo lo anterior, debe ser establecido en el proceso por la parte demandante, con el aporte de copias de la 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.51285 (250002326000200900360-02) sentencia ejecutoriada que impuso la condena y de los documentos que prueben la cancelación de la misma, como también debe quedar acreditada la conducta dolosa o gravemente culposa del agente o ex agente público. De no demostrarse ello en debida forma, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, y se imposibilita la declaratoria de responsabilidad del funcionario estatal y la condena a resarcir el daño causado al patrimonio público. 2.4.2. De conformidad con las pruebas y documentos allegados, esta Delegada considera que se tiene probado que la Secretaría de Planeación Distrital dio cumplimiento a la obligación derivada de la sentencia arriba referida, mediante la Copia de la Resolución 1227 del 26 de diciembre de 2008 "Por la cual se autoriza y

ordena el pago de una sentencia, en cumplimiento de la decisión de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo” emanada de la Secretaría de Planeación Distrital, acto que reconoce la liquidación y el pago de salarios y prestaciones sociales a favor de Carlos Alberto Ruiz Peña. Adicionalmente se tiene la orden de pago No. 3482 de fecha 30 de diciembre de 2008 a favor del señor Ruiz Peña por valor de $28.590.406 por concepto de liquidación de la sentencia del Consejo de Estado a favor del funcionario Carlos Alberto Ruiz Peña. Por último se tiene la constancia de paz y salvo expedida por el señor Ruiz Peña de fecha 2 de febrero de 2009. 2.4.3 Ahora bien, para precisar la responsabilidad que le asiste a los demandados es pertinente citar algunas de las consideraciones expuestas en la sentencia proferida por el Tribunal de Cundinamarca en desarrollo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2001-7701, que dio origen a la presente acción de repetición, el Tribunal consideró que la Administración, en el proceso de restructuración no podía olvidar que las vacantes que se presentaran debían ser suplidas por los empleados con mejor derecho. En la sentencia del 29 de julio de 2004, se concluyó que: 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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“ …Es así, como la opción de incorporación se convirtió en la última alternativa de los funcionarios a quienes se les habían quebrantado sus derechos, ya que ante la reestructuración del Departamento Administrativo, permaneciendo el cargo de Profesional Especializado en la Entidad y conociéndose la circunstancia de que en él se venían desempeñando funcionarios que ostentaban derechos de carrera, ellos han debido inc01porarse como primera medida, y no proceder a desvincularlos del servicio -para nombrar personas con inferioridad de derechos-, y esperar que después los ex servidores que eran escalafonados, optaran por lo que inicialmente se les ha debido conceder.” "... al presentarse un retiro indebido por parte de la administración, surge indiscutiblemente la demostración de razones diferentes al mejoramiento de la prestación del servicio. Además se concreta la violación a las normas constitucionales y legales, que protegen los derechos del sistema de carrera administrativa, tal como ha quedado señalado. Finalmente y de otra parte, en aras de la claridad se entienden las circunstancias de los cargos de Profesional Especializado 335-17, que debieron permanecer vacantes en la planta de personal, teniendo si se requerían profesionales con perfiles profesionales distintos al ostentado por el actor, pero lo que no se acepta, es que no se haya incorporado desde el principio al actor dentro de los cargos para los que cumplía el perfil requerido, prefiriéndose personal en provisionalidad. "(Negrillas y sublineas fuera de texto) En tal sentido, esta Delegada del Ministerio Público, considera que le asiste razón al apoderado de la parte demandante en su escrito de apelación, al considerar que

analizado el fallo en que se fundamenta la presente acción de repetición, se observa que las imputaciones relevantes que originan la condena para el Departamento Administrativo de Planeación Distrital hoy Secretaría Distrital de Planeación, se centran en que la decisión de no incorporar al actor en la planta de reestructuración, resultó ser un acto ajeno al objetivo perseguido de lograr el mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas, lo cual se traduce en un acto viciado de nulidad. Es decir, lo que se cuestionó es que la Administración dispuso llenar parte de las vacantes con empleados en provisionalidad y si bien, el nominador tiene la potestad de seleccionar automáticamente quienes ocupan las plazas existentes en la reestructuración, no puede olvidar que éstas deben ser suplidas por los empleados 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.51285 (250002326000200900360-02) con mejor derecho, como el que ostentaba en su momento el señor Carlos Alberto Ruiz Peña. En consecuencia, se puede concluir que los hechos que tanto el Tribunal de Cundinamarca como el Consejo de Estado encontraron probados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho están referidos a los siguientes: 1) No haber incorporado al señor Carlos Alberto Ruiz Peña en la nueva planta de

personal, teniendo Derechos de Carrera. 2) El desconocimiento del derecho preferente del señor Carlos Alberto Ruiz Peña para ser incorporado a la planta global, frente a empleados en provisionalidad y 3) Personas con inferior derecho fueron incorporadas en cargos respecto de los cuales se reclamó la vinculación. 2.4.4. Ahora bien, en aplicación directa de lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Política, las condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición, consisten en que el Estado haya sido condenado o compelido de acuerdo con la ley, a la reparación de un daño antijurídico, y que haya sido consecuencia de la configuración de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. En el caso bajo estudio, respecto de la conducta dolosa o gravemente culposa en que pudo haber incurrido la demandada María Carolina Barco Isakson en su condición de Directora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de la ciudad de Bogotá, esta Delegada de la Procuraduría, considera que la prueba de la culpa grave se encuentra en los actos administrativos declarados nulos y en el desconocimiento de la ley, en este caso, por la omisión en la aplicación de normas en que debía fundarse el trámite, por tanto, es claro que no se aplicaron las normas que consagraban un derecho preferencial a favor del señor Carlos Alberto Ruiz Peña, generando así la violación manifiesta, la cual se evidencia al confrontar los hechos que dieron lugar a la condena y la norma contemplada en el parágrafo 1º. del artículo 39 de la Ley 443 de 1998 y el artículo 136 del Decreto 1572 de 1998,

13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.51285 (250002326000200900360-02) siendo la conducta inexcusable, pues son las normas mínimas que se debían observar dentro de un proceso de reestructuración. Por otra parte, estudiado el expediente, en relación con la responsabilidad del señor Juan Francisco Forero Gómez en su condición de Subdirector de la Secretaría Distrital de Planeación, no existe prueba sumaria de su actuar en la expedición de la resoluciones que afectaron la condición del señor Carlos Alberto Ruiz Peña. 2.4.5. En este orden de ideas, la prueba sumaria de la culpa grave, como ya se dijo, se encuentra en el desconocimiento de la ley y la falta del debido cuidado y diligencia en la aplicación de las normas pertinentes, lo que llevó al desconocimiento del derecho preferente que ostentaba el señor Carlos Alberto Ruiz Peña, para ser incorporado a la planta global, frente a servidores incorporados que no tenían derechos de Carrera Administrativa por ser provisionales, lo cual dio lugar a la demanda contenciosa que generó un fallo condenatorio contra la entidad, produciéndose un daño antijurídico por parte de la demandada al expedir el acto que reincorporó a varios profesionales especializados al código 335 grado 17, sin que fuese incluido el señor Carlos Alberto Ruiz Peña.

En consecuencia la responsabilidad de la servidora pública María Carolina Barco, en el marco constitucional, se encuentra en los artículos 6° "Los servidores públicos son responsables por infringir la ley, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones"; en el 121, ''Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las que le atribuyen la Constitución y la ley"; y en el 123, "Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento"; responsabilidad que se puede presumir de sus actuaciones y omisiones narradas en los hechos demandados. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.51285 (250002326000200900360-02) De igual manera, la responsabilidad de la demandada señora Barco frente a la condena impuesta por el Tribunal, analizada a la luz del artículo 90 de la Constitución Política y los artículos 77 y 78 del C.C.A.,