PGN-DISCIPLINARIO-Que se ordene la verificación de nuevos escrutinios de la votación

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C. 26 de abril de 2007 Concepto número 026/2007 Doctor

FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA

Consejero Ponente Sección Quinta

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 110010328000200600122-00

Radicado Interno número: Acumulados 4055, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4077 y 4079

Actor: CLARA LÓPEZ OBREGÓN y otros Asunto: Nulidad de la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral de Bogotá, para el período 2.0062.010.

Respetado señor Consejero: Dentro del término de traslado para presentar alegatos de conclusión, como Agente del Ministerio Público dentro del proceso de la referencia a continuación presento a consideración de la H. Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I-ANTECEDENTES

1. Demanda incoada por el ciudadano RAMIRO BORJA AVILA

Radicado interno PROCESO No. 4055 El ciudadano señalado en la referencia en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral solicito se efectuaran las siguientes declaraciones: 1 “1. Que se declare la nulidad del Acuerdo No 0010 del 05 de junio de 2006, acto administrativo por medio del cual el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de Representantes a la Cámara, para el

período 2006-2010, por la circunscripción territorial de Bogotá, D.C., se ordenó expedir las respectivas credenciales y se tomaron otras decisiones consecuenciales.

2. Que se declare la nulidad del acta de escrutinio general practicado por la Comisión Escrutadora de Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre los votos emitidos ante las mesas de votación en las elecciones de Representantes a la Cámara, celebradas el domingo 12 de marzo de

2006, en la circunscripción electoral de Bogotá D. C.

3. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se cancelen las credenciales expedidas por el Consejo Nacional Electoral a los Representantes a la Cámara, para el período 2006-2010, por la

circunscripción territorial de Bogotá, D. C.

4. Que las anteriores decisiones se comuniquen al Consejo Nacional Electoral, al Congreso Nacional y de modo particular a la Cámara de Representantes y a las demás autoridades que deban conocer de este fallo.

5. Que se ordene la verificación de nuevos escrutinios de la votación efectuada para Representantes a la Cámara para el período 2006-2010,

por la circunscripción territorial de Bogotá, D.C., que se llevarán a cabo en la fecha y hora que se señale para tal efecto.

6. Que, una vez verificados los nuevos escrutinios, conforme a sus resultados se declare la elección de Representantes a la Cámara, por la

circunscripción territorial de Bogotá, D.C., para el período 2006-2010.

7. Que los nuevos resultados se notifiquen, publiquen y comuniquen en debida forma a las personas y autoridades respectivas para su conocimiento, acatamiento y cumplimiento.”.

Hechos de la demanda Se pueden sintetizar en los siguientes términos: Previo un trámite administrativo, que no se ajustó al ordenamiento jurídico, mediante el Acuerdo No. 10 del 5 de junio de 2006, el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de Representantes a la Cámara, por la circunscripción territorial de Bogotá, D.C., para el período 2006-2010, dispuso la expedición de las respectivas credenciales a los ciudadanos que 2 conforme a ese proceder resultaron favorecidos en los escrutinios aludidos y tomó otras determinaciones. El mencionado acto administrativo fue notificado en estrados el 5 de junio de 2006 y se advirtió que contra el mismo no procedía recurso alguno de conformidad con el artículo 14 del Código Electoral. Los ciudadanos a quienes se les expidieron las respectivas credenciales fueron los siguientes: a. Por el Partido Social de Unidad Nacional: Sandra Ceballos, Luís Enrique Salas, Nicolás Uribe y Lucero Cortés. b. Por el Partido Radical: Germán Varón Cetrino, Luís Felipe Barrios Barrios, José Fernando Castro Caicedo y Ángel Custodio Cabrera Báez. c. Por el Polo Democrático Alternativo: Wilson Alfonso Borja Díaz, Germán Navas Talero y Venus Albeiro Silva Gómez. d. Por el Partido Liberal Colombiano: Germán Alonso Olano Becerra y Pablo Enrique Salamanca Cortés. e. Por el País Que Soñamos: David Andrés Luna Sánchez y Simón Gaviria Muñoz. f. Por el Movimiento Mira: Gloria Stella Díaz Ortiz. g. Por el Partido Conservador Colombiano: Fernando Tamayo Tamayo.

h. Por el Partido Convergencia Ciudadana: Rubén Darío Salazar Orozco. Para la expedición del acto administrativo de declaración de elección y el mandato de expedición de credenciales, ahora acusado, no se respetó el ordenamiento jurídico que regula el proceso electoral. El 12 de marzo de 2006 se efectuaron las votaciones para elegir Senadores y Representantes a la Cámara para el período constitucional 2006-2010. El martes 14 de marzo de 2006, se inició el proceso de los escrutinios, por parte de la Comisión Escrutadora Distrital designada por el Honorable 3 Tribunal Superior de Bogotá, integrada por la Doctora AÍDA BEATRIZ MUÑOZ, Juez 19 Penal del Circuito y el Doctor JAIRO FRANCISCO LEAL ALVARADO, Juez 14 Civil del Circuito de esta ciudad. En esa ocasión la Comisión Escrutadora Distrital expresó que su función era “practicar el escrutinio de los votos” y “resolver las apelaciones concedidas por las Comisiones Auxiliares de las 20 localidades de Bogotá, para las elecciones celebradas el domingo 12 de marzo de 2006.” Agregó que “los desacuerdos que se susciten entre los miembros de dichas comisiones serán resueltos por la Comisión Escrutadora Distrital, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 62 de 1988.”. Así mismo señaló que “contra las decisiones de la Comisión Escrutadora Distrital procede el recurso de apelación ante los Delegados del Consejo Nacional Electoral”. Como en la fecha en que se inició el ejercicio de sus funciones no llegaron

los documentos de las Comisiones Auxiliares, se decretó un receso hasta el día siguiente, miércoles, a las nueve de la mañana, oportunidad en la que se repitió la misma situación y se originó otro receso hasta el jueves 16 de marzo, y otro más hasta el viernes 17 de marzo, cuando se empezó la lectura de las actas parciales de escrutinio E-26. Durante los días siguientes y hasta el seis (6) de abril de 2006 continuó actuando la Comisión Escrutadora Distrital, lapso en el que recibió múltiples reclamaciones de parte de las candidatas CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN y MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, las cuales constan en las pruebas documentales que se allegarán durante el trámite del proceso. Las aludidas reclamaciones fueron rechazadas en forma equivocada y las impugnaciones respectivas también fueron decididas con violación del ordenamiento jurídico. 4 El seis (6) de abril de 2006 terminó su actuación la Comisión Escrutadora Distrital. Sin haber terminado su trabajo la Comisión Escrutadora Distrital, el 19 de marzo de 2006 empezó el escrutinio general por parte de los Delegados del Consejo Nacional Electoral, el cual terminó el 9 de abril de 2006. El desconocimiento del ordenamiento jurídico, se concretó en que –pese a que las reclamaciones y los recursos de apelación y de queja se interpusieron con el lleno de los requisitos formales contemplados en la ley, ese estatuto dictado por la Comisión Escrutadora Distrital sirvió de soporte para que: a.) El Consejo Nacional no decidiera de fondo las reclamaciones que, por

primera vez, se presentaron ante esa instancia. b.) No fueron decididas en el fondo por el Consejo Nacional Electoral las apelaciones oportunamente interpuestas contra las decisiones tomadas por sus Delegados durante los Escrutinios Generales del Distrito Capital. c.) No fuera resuelto en el fondo el recurso de queja interpuesto por el ciudadano y candidato Simón Gaviria Muñoz. Las actuaciones descritas violan el principio constitucional fundamental consagrado en el artículo 29 de la Carta, en cuanto desconocen la garantía primaria del debido proceso. Las candidatas Maria Victoria Vargas Silva y Clara Eugenia López Obregón, a través de sus Apoderados, y diversos testigos electorales, presentaron un conjunto de apelaciones contra otras tantas decisiones tomadas por los Delegados del Consejo Nacional Electoral designados para efectuar los aludidos escrutinios. Estas apelaciones tampoco fueron resueltas en el fondo por esa instancia. 5 Durante el trámite de los escrutinios, las candidatas Maria Victoria Vargas Silva y Eugenia López Obregón, a través de sus apoderados, y diversos testigos electorales, presentaron un conjunto de apelaciones contra otras tantas decisiones tomadas por los Delegados del Consejo Nacional Electoral designados para efectuar los eludidos escrutinios. Estas apelaciones tampoco fueron resueltas en el fondo. El ciudadano y candidato Simón Gaviria Muñoz presentó un recurso de queja que el Consejo Nacional Electoral no estudió ni decidió de fondo. Las reclamaciones y las apelaciones no resueltas en el fondo por el Consejo Nacional Electoral constituyen una violación al debido proceso porque conforme al Código Electoral y al Código Contencioso Administrativo, antes

de expedirse el acto que declare la elección y ordene expedir las respectivas credenciales, deben quedar resueltas la totalidad de las reclamaciones y apelaciones que se hubieren presentado durante el trámite del proceso electoral. El sentido de haber dejado resueltas las reclamaciones y las apelaciones que efectivamente se hayan estudiado las razones de hecho y de derecho en que se fundaron y, con base en ese estudio, se hayan decidido tales reclamos e inconformidades. El Consejo Nacional Electoral, última oportunidad ciudadana para que la autoridad electoral verificara que el proceso democrático se ajustó al ordenamiento jurídico, no estudió las razones de hecho y de derecho que se pusieron en su conocimiento, vía reclamaciones y apelaciones. El “escrutinio realizado” al que se refiere la motivación del Acuerdo No. 10 del 5 de junio de 2006 y al que “no se hizo modificación” es el que efectuó la Comisión Escrutadora de Delegados del consejo Nacional Electoral, conformada por la Doctora MARTHA BAHAMÓN DE RESTREPO y el Doctor 6 GILBERTO CAICEDO ARCILA, diligencia iniciada el 19 de marzo de 2006 y que culminó el 9 de abril de 2006. Durante el trámite del mencionado escrutinio se presentaron varias reclamaciones, algunas de las cuales fueron denegadas mediante “resolución”, susceptible de apelación, como lo ordena el artículo 192 del Código Electoral y otras, violando la citada norma, fueron denegadas mediante autos de trámite de 7 de abril de 2002” (sic), los cuales, en principio, no tienen apelación, salvo que por su esencia o por mandato legal

esa decisión pueda ser apelada, más allá del “bautizo” que a la providencia le ponga el funcionario respectivo. El apoderado de la candidata CLARA EUGENIA LOPEZ OBREGON, para que se le abriera camino a la apelación, impugnó lo decidido mediante auto de trámite del 7 de abril de 2006 y en subsidio solicitó que se le expidieran las copias pertinentes para surtir el recurso de queja. La Comisión Escrutadora de Delegados del Consejo Nacional Electoral, el 9 de abril de 2006, mediante un nuevo auto de trámite confirmó el auto de trámite del 7 de abril retropróximo y expidió las copias para tramitar el recurso de queja, el cual fracasó ante el Consejo Nacional Electoral que, mediante el Acuerdo 002 del 24 de mayo de 2006, reiteró los argumentos de sus Delegados y por lo tanto repitió la violación del artículo 192 del Código Electoral. Sobre la anterior ilegalidad, se construyó el demandado Acuerdo 10 del 5 de junio de 2006. En cuanto a las reclamaciones que fueron rechazadas mediante “resolución”, la Comisión Escrutadora de Delegados del Consejo Nacional Electoral expidió las números 06,07,08 y 09 del 9 de abril de 2006 contra las cuales se interpusieron sendos recursos de apelación que, una vez practicadas las pruebas que de oficio decretó el Magistrado Ponente, fueron decididos 7 negativamente por el Consejo Nacional Electoral, mediante los Acuerdos 03,04 y 09 del 24 de mayo de 2006. Las razones de hecho y de derecho que invocó el Consejo Nacional Electoral en los Acuerdos 03,04 y 10 de 2006, en lo esencial son idénticas y por esa

misma razón los cuestionamientos a sus argumentaciones son iguales. Concepto de la violación Se argumentaron como bases conceptuales respecto a la legitimación del accionante y las causales que puede invocar para lograr la prosperidad de las pretensiones de la demanda, las siguientes: LA LEGITIMACIÓN SUSTANTIVA DEL ACTOR: No es acertada la concepción de que el accionante debió haberse hecho parte en la actuación administrativa electoral, porque de lo contrario, el actor habría dejado precluir la oportunidad para reclamar ante los jurados de votación o ante las respectivas comisiones escrutadoras, subsanando así la ilegalidad que en tales etapas administrativas se hubieren podido presentar; por cuanto, si la acción electoral es de carácter popular, esto quiere decir que toda persona es titular de esta facultad, sin que para su ejercicio tanga que acreditar calidad alguna diferente a la de mero ciudadano. Así las cosas, todo ciudadano está legitimado para pedir y obtener la nulidad de cualquier elección popular, por violación al ordenamiento jurídico, así el ciudadano haya o no participado en la etapa administrativa de los escrutinios. En tal virtud, para la titularidad de la acción electoral no es menester demostrar la condición de candidato, ni la de apoderado de este, ni la de testigo electoral. 8

LA CAUSA PETENDI: En este asunto la causa petendi está constituida por hechos que ocurrieron durante la actuación administrativa pero que el ciudadano demandante no podía invocar durante esa etapa electoral, si se tiene en cuenta que para formular reclamaciones e impugnaciones durante los escrutinios, la ley exige tener la calidad de candidato, o apoderado de este, o testigo electoral acreditado por un partido o movimiento político. No es suficiente en esa

etapa, ostentar la condición de mero ciudadano en ejercicio. De lo expresado se deduce que si el legislador, al regular la actuación administrativa electoral le cerró el paso al ciudadano común, es decir al que no tiene otra calidad especial que su condición de ciudadano, impidiéndole en esa etapa formular reclamaciones e impugnaciones, pero al mismo tiempo le abre la puerta de lo contencioso administrativo para ejercer la acción electoral, sin limitaciones, se concluye que en la etapa judicial el ciudadano puede obtener la nulidad de la elección si demuestra que esta se realizó violando la Constitución Política y las disposiciones legales a que debía sujetarse al procedimiento administrativo. Luego toda interpretación que conduzca a desconocerle esa posibilidad de acceso a la administración de justicia en acción popular, es violatoria del ordenamiento jurídico. CAUSALES GENERALES DE NULIDAD Se invocan como causales de nulidad de los actos demandados las generales que afectan a todo acto administrativo, consagradas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. 9 Desconocimiento de las normas a las que debían sujetarse los actos demandados. Durante el trámite del escrutinio practicado por la Comisión Escrutadora de Delegados del Consejo Nacional Electoral se presentaron varias reclamaciones, algunas de las cuales fueron denegadas por “auto de trámite” ,violando el artículo 192 del Código Electoral, pues esta norma manda decidir las reclamaciones mediante “resolución” contra la cual procede el recurso de apelación, sin que interese cual sea el argumento que se invoque para rechazar la reclamación, pero en este caso, rebelándose

contra la voluntad legislativa , la reclamación se decidió mediante auto de trámite. Esta circunstancia de ser “resolución” o ser “auto de trámite” podría ser una cuestión meramente formal, carente de relevancia, si interpuesta la apelación ella se hubiera concedido y decidido en el fondo; pero en esta ocasión ese cambio de “bautizo de la providencia” se tornó trascendente porque con ese simple argumento del nombre que se le puso, se denegó la apelación y – surtido el trámite de la queja – el Consejo Nacional Electoral – con el mismo argumento del bautizo dado a la decisión, bendijo la violación legal al denegar la queja. Las razones expresadas son suficientes para que se declaren las nulidades de los actos demandados, como quiera que se incurrió en la ilegalidad descrita durante el trámite de la actuación administrativa electoral que culminó con la declaración de elección y la expedición de credenciales. En esa ilegalidad incurrió el Consejo Nacional Electoral, mediante el Acuerdo 002 del 24 de mayo de 2006, cuando reiteró los argumentos y por lo tanto la violación del artículo 192 del Código Electoral, que se produjo durante el escrutinio de general practicado por la Comisión Escrutadora de Delegados del Consejo Nacional Electoral. Y toda esa actuación está integrada, en forma escindible en los actos demandados, es decir en el Acuerdo 10 del 5 10 de junio de 2006 y en el escrutinio de general practicado por la Comisión Escrutadora de Delegados del consejo Nacional Electoral. Como quiera que sobre la anterior ilegalidad se construyó el demandado

Acuerdo 10 del 5 de junio de 2006, en esta forma se violó el debido proceso que garantiza el artículo 29 de la Constitución Política y se desconocieron los derechos de audiencia y de defensa, lo cual constituye causal de nulidad, según el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. En los Acuerdos 03,04 y 10, el Consejo Nacional Electoral consideró que no podía pronunciarse sobre “hechos nuevos que no han sido objeto de pronunciamiento en el acto recurrido” (ver página 7 del Acuerdo 3), con lo cual confundió la naturaleza de la actuación administrativa que permite – al decidir de fondoresolver sobre todas las cuestiones que hubieren surgido durante el trámite, con las limitaciones que existen en el proceso judicial en el que se debaten asuntos de interés particular. Así mismo, el consejo Nacional Electoral confundió “los hechos nuevos” con las “causales o motivos” de reclamación, que están contemplados en los doce numerales del artículo 192 del Código Electoral. En los mismos Acuerdo 03, 04 y 10 el consejo Nacional Electoral rechazó las apelaciones aludidas porque en cada caso consideró que “no es viable que una reclamación, respecto a una específica mesa, que ya ha sido decidida por la Comisión Escrutadora Distrital y ha sido objeto de recurso, se presente nuevamente ante la Comisión Escrutadora General, como si fuera por primera vez, aduciendo hechos nuevos y, adicionalmente, se interponga recurso de apelación contra la decisión de esa Comisión.” Erró también el Consejo Nacional Electoral al rechazar las apelaciones que decidió mediante los Acuerdos 03,04 y 10, en todos los casos con

fundamento en que “de ser ciertas las afirmaciones contenidas en el recurso” este no puede prosperar porque en todas las etapas las candidatas tuvieron 11 la oportunidad de reclamar e impugnar “prueba de ello es que de las 120 resoluciones expedidas, 33 de ellas se ocupan de resolver las interpuestas por sus Abogados y de las 9 dictadas por la Comisión General, 7 se refieren a peticiones suyas; ante la comisión Escrutadora General de Bogotá, presentó 95 nuevas reclamaciones, distintas de las anteriores, de primera vez.” Este mismo argumento se repitió en todos los Acuerdos que se vienen examinando y por lo tanto las reflexiones sobre las ilegalidades alegadas son las mismas para los citados Acuerdos 03,04 y 10. También se equivocó el Consejo Nacional Electoral al considerar – para rechazar las impugnaciones – que la inclusión, en los resultados finales, de unas mesas que no fueron escrutadas, no constituye error aritmético que fue la causal invocada por las candidatas. Este real o supuesto dislate en la denominación de la ilegalidad cometida, no puede justificar la reticencia de las autoridades electorales a verificar – así sea de oficio – si ocurrió el hecho invocado y analizar si tal circunstancia es o no relevante frente al derecho. De la misma manera obró con desacierto el Consejo Nacional Electoral al partir del supuesto de que “las causales de nulidad de la elección previstas en el Código Contencioso Administrativo no pueden ser decididas por el Consejo Nacional Electoral, por ser una labor privativa de la jurisdicción”. Esta premisa destruye un principio fundamental del derecho administrativo

universal y es el principio de legalidad, puesto que tal situación le permitiría a la administración expedir, a sabiendas, actos viciados de nulidad, so pretexto de su incompetencia para evitarlos o corregirlos antes de la decisión final. Dijo el Consejo Nacional Electoral en el Acuerdo 04 del 24 de mayo de 2006. “Así mismo es bastante elocuente el “PROCEDIMIENTO DEL ESCRUTINIO” que expide la Comisión Escrutadora Distrital (sic) y que hace parte integral del Acta General de cuyo texto se desprende que todas las partes interesadas gozaban de amplias garantías en cuanto a la información necesaria para presentar reclamaciones y recursos. Además era perentoria la Comisión mencionada en cuanto a la oportunidad y preclusión para impetrarlos.” (subraya el demandante) 12 Es decir, el Consejo Nacional Electoral bendijo la ostensible violación de la Constitución Política (artículo 150 numerales 1° y 2°) en cuanto en estas normas se establece que la facultad de hacer, interpretar y reformar las leyes y los códigos corresponde al Congreso Nacional, pero en el acto demandado se “legitimó” que la Comisión Escrutadora Distrital, asumiera el papel de legislador y, adicionando la voluntad del Congreso Nacional, expidiera un estatuto, que denominó “PROCEDIMIENTO DEL ESCRUTINIO”, para sujetar los candidatos, sus apoderados y a los testigos electorales, cuya aplicación empezó en forma inmediata, sin haberse publicado en el Diario Oficial. El Consejo Nacional Electoral, en el Acuerdo 04 del 24 de mayo de 2004,

transcribió integralmente el “PROCEDIMIENTO DEL ESCRUTINIO”. Conforme al estatuto que fijó el procedimiento trascrito por el Consejo Nacional Electoral, si los candidatos, sus apoderados y testigos electorales no atendían las limitaciones de veinte (20) y de treinta (30) minutos como oportunidad “para acreditar sus reclamaciones” y “para presentar los correspondientes escritos de recursos que ante esta instancia proceden”, respectivamente, se les sancionaba con la “preclusión” de su derecho a reclamar o a recurrir, sin tener en cuenta esa Comisión, ni el Consejo Nacional Electoral, que el legislador, en el artículo 167 del Código Electoral, estableció que se podrían presentar reclamos o apelaciones “en el acto mismo del escrutinio” es decir mientras dure la respectiva diligencia de escrutinio, lo cual es distinto a las limitaciones de los veinte y de los treinta minutos establecidos en el citado estatuto procedimental. Así fue como en el aludido estatuto se contempló como sanción el fenómeno de la “preclusión” de la oportunidad para reclamar e impugnar, si tales derechos no se ejercían en los precisos términos de esas normas y de esa manera fue como el Consejo Nacional Electoral, acogiendo ese estatuto, violó el ordenamiento jurídico al expedir, primero el Acuerdo 04 del 24 de mayo y - con base en este – el Acuerdo 10 del 5 de junio de 2006 que es el acto administrativo final objeto de esta demanda. 13 CAUSALES DE NULIDAD ELECTORALESEn segundo lugar, invoco las siguientes causales especiales de nulidad,

consagradas en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988:

1. Ser falsos o apócrifos los elementos que sirvieron de base para su formación, causal que sustento en el hecho de que el contenido de las reclamaciones e impugnaciones presentadas durante los escrutinios contienen hechos ciertos, que determinan unas cifras diferentes a las que contiene el escrutinio general, para cuya demostración es necesario que se invaliden los actos demandados y, al verificar los nuevos escrutinios se estudien de fondo las aludidas reclamaciones e impugnaciones, con lo cual se establecerá que los elementos que sirvieron de base para su formación son falsos o apócrifos, en la medida en que esa nueva realidad mostrará unos nuevos resultados.

2. Por haberse computado los votos emitidos para la Cámara de Representantes para el periodo 2006-2010, por la circunscripción territorial

de Bogotá D.C., mediante violación del sistema electoral adoptado en la Constitución Política y en las leyes de la República, que la sustento en el hecho de que el proceso electoral lo constituye una etapa administrativa, a la cual se le aplican el Código Electoral y el código Contencioso Administrativo, cuyos desarrollos obligan a la administración a preservar, aún de oficio, el principio de legalidad, para cuyo propósito el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Escrutadora General no pueden abstenerse de examinar todos los aspectos de hecho o de derecho que incidan durante los escrutinios en la determinación de los resultados definitivos. Los cargos formulados con base en las causales generales de nulidad en su conjunto, constituyen una

violación al sistema electoral adoptado en la Constitución Política y en las Leyes de la República. 14 RECLAMACIONES DE ACTA DE ESCRUTINIO 1.) Por Acuerdo No. 002 del 24 de mayo de 2006, el Consejo Nacional Electoral, resuelve el RECURSO DE QUEJA interpuesto por la candidata a la Cámara de Representantes, periodo 2006-2010, por el Polo Democrático Alternativo, número 102 en la lista CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN, presentado ante el Consejo Nacional Electoral, a través de su Apoderado HENRY VILLARRAGA OLIVEROS Y Acuerda: Denegar el recurso de QUEJA interpuesto, “por carecer de fundamentos jurídicos.” 2.) Por Acuerdo No. 003 del 24 de mayo de 2006, el Consejo Nacional Electoral, resuelve el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la candidata a la Cámara de Representantes, período 2006-2010, por el Polo Democrático alternativo, Número 102 en la lista, CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN, presentado ante la comisión Escrutadora General del Distrito Capital, a través de su Apoderado EDGAR ZAPATA BARRIOS, Y Acuerda: “CONFIRMAR la resolución No. 006 del 9 de abril de 2006, expedida por la Comisión Escrutadora General del Distrito Capital, mediante la cual resolvió las reclamaciones presentadas por la candidata a la Cámara de Representantes, No. 102 en la lista, por el partido Polo Democrático, CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN.” 3.) Por Acuerdo No. 04 del 24 de mayo de 2006, El Consejo

Nacional Electoral, resuelve el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la candidata a la Cámara de Representantes, periodo 2006-2010, por el Partido Liberal, número 108 en la lista, MARIA VICTORIA VARGAS SILVA, ante la Comisión Escrutadora General del Distrito Capital, a través de su Apoderado CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES, y Acuerda: “CONFIRMAR las resoluciones números 07,08 y 09 del 9 de abril de 2006, expedidas por la Comisión Escrutadora General del Distrito Capital de Bogotá, resolviendo las reclamaciones interpuestas por la candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano…” 15 4.) Por Acuerdo No. 009 del 5 de junio de 2006, el Consejo Nacional Electoral, RECHAZA por no reunir los requisitos legales, el RECURSO DE QUEJA presentado por el Apoderado del Doctor SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ, candidato a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Electoral de Bogotá D.C., en la lista del Movimiento “Por el País que Soñamos”, contra la Resolución número 002 de abril 7 de 2006, expedida por los Delegados del Consejo Nacional Electoral de la Comisión Escrutadora del Distrito Capital. 5.) ACLARACIÓN DE VOTO. El Doctor MARCO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ, Magistrado del Consejo Nacional Electoral, aclara el voto respecto del recurso de queja presentado por el Apoderado del Doctor SIMON GAVIRIA MUÑOZ, Representante a la Cámara por la Circunscripción Electoral de Bogotá D.C., en la lista del Movimiento “Por el País que Soñamos”.

CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURIA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificado los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede esta Delegada a emitir el respectivo concepto de rigor. En el asunto en examen la parte actora pretende que se declare la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección de los Representantes a la Cámara por Bogotá, toda vez que en su sentir, no se respeto el ordenamiento jurídico que regula el proceso electoral. De manera previa al estudio del asunto de fondo, considera esta Agencia del Ministerio Público advertir que el demandante ha solicitado la nulidad del acto administrativo por medio del cual se declaró la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Distrito 16 Capital, el cual se contiene en el Acuerdo número 10 del 5 de junio del 2006 expedido por el Consejo Nacional Electoral; así mismo solicitó la nulidad del Acta de Escrutinio General practicado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral, pero omitió señalar los actos sobre los que recae la causal de nulidad que propone el demandante y que está referido con el “Desconocimiento de las normas a las que debían sujetarse los actos demandados”. Además se refiere a actos o trámites generales, imprecisos, vagos, etéreos que imposibilitan un análisis debido del cargo y un ejercicio del derecho de defensa en debida forma, ejemplo de ellos son las alocuciones que el demandante trae en su demanda tales como: i) Que el trámite administrativo previo a la declaratoria de elección no se ajustó al ordenamiento jurídico;

1. que “para la expedición del acto administrativo … no se respetó el ordenamiento jurídico que regula el proceso electoral”, iii) que “durante los día siguientes y hasta el seis (6) de abril de 2006 continuó actuando la Comisión …lapso en el que recibió