PGN-DISCIPLINARIO-valoración del error vencible en el que incurrió al interpretar erróneam

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación: 097-0998-03

Investigado: Angel María Mejía Gamez

Cargo y entidad: Director Departamento Administrativo de Fomento

Ecoturistico del Amazonas

Quejoso: Oficio Fecha Queja: Septiembre 10 de 2002

Fecha Hechos: Marzo 15 de 2001

Asunto: Fallo Segunda Instancia

Bogotá, D.C. 03 MAR. 2005 l. ASUNTO Se procede a decidir el recurso de apelación interpuesto oportunamente por el disciplinado Ángel María Mejía Gámez, contra la Resolución No. 02 del 15 de enero de 2004, por medio de la cual la Procuraduría Regional del Amazonas, profirió fallo de primera instancia, en su contra como Director del Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas, imponiéndole una sanción disciplinaria consistente en multa equivalente a once (11) días de salario. (folio 201 a 211).

II. DEL CARGO IMPUTADO El siguiente fue el cargo que se le imputó al señor Ángel María Mejía, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.287.982 de Bogotá, en su condición de

Director del Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas.

Cargo Único: "Omitir dar respuesta adecuada a la petición presentada el día 15 de Mayo ante su Despacho por el Grupo de Veeduría ciudadana del Amazonas representado por la señora LUCILA GARCIA GARZON, lo que motivó que ésta organización ciudadana instaurara acción de tutela para la protección de

su derecho constitucional". Normas presuntamente infringidas Se le endilgó haber incurrido presuntamente en falta disciplinaria tipificada en el numeral 1º del artículo 40 y numeral 9 del artículo 41 de la Ley 200 de 1995, por infringir los artículos 6, 23, 40 y 123 de la Constitución Política y artículo 31 del Código Contencioso Administrativo (folio 167 a 174). Constitución Política y artículo 31 del Código Contencioso Administrativo (folio 167 a 174). La naturaleza de la falta se encuentra determinada como grave por su trascendencia y efectos, relacionados con la violación de un derecho fundamental así reconocido constitucionalmente, y fue cometido a título de Culpa, representada en una errónea interpretación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, desacierto por las circunstancias de ocurrencia, la personalidad del agente y su conocimiento de la administración pública.

III. EL FALLO IMPUGNADO Evaluado el recaudo probatorio arrimado al expediente, la Procuraduría Regional del Amazonas decidió sancionar disciplinariamente al recurrente Ángel María Mejía Gámez, en su condición de Director del Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas para la época de los hechos por que con su conducta incurrió en falta grave contenida en los artículos 6, 23, 40 y 123 de la Constitución Política, artículo 31 del C.C.A., y los artículos 40 numeral 1 y 41 numeral 9 de la Ley 200 de 1995.

IV.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO El apelante solicita revocar el fallo de primera instancia, con fundamento en lo

siguiente: Que al responder el derecho de petición de la señora Lucia García, su intención fue que ella se remitiera a los entes regionales encargados de dar tal información, ya que no tenía en ese momento la posibilidad de conocer y responder a las preguntas por ella formuladas. (folio 233). Que al momento de ser condenado, el Procurador Regional, no tuvo en cuenta la valoración del error vencible en el que incurrió al interpretar erróneamente la sentencia C-1338 de octubre 4 de 2000 de la Corte Constitucional, cuando en su condición de funcionario de la ciudad de Leticia entendió que las veedurías ciudadanas no podían ejercer un control sobre la gestión pública hasta tanto el Congreso de la República tramitara la correspondiente ley ordinaria. (folio 235). Afirma que para ese momento se encontraba completamente convencido que su actuación e interpretación de la jurisprudencia era válida y que por lo tanto la señora Lucila García como presidenta de la Veeduría Ciudadana del Amazonas no podía elevar esta clase de peticiones. Agrega, que de no haber sido por que la Corte Constitucional, decidió revisar el fallo, a él el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, le hubiera dado la razón, pues la segunda instancia revocó el fallo amparatorio del juzgado segundo penal municipal, que había tutelado el derecho de petición de la veeduría ciudadana del amazonas en su contra. (folio 236).

IV. CONSIDERACIONES DE LA DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA Del hecho motivo de investigación Se encuentra como hecho probado, dentro de la presente investigación disciplinaria, que la señora Lucila García Garzón, como presidente del Grupo de Veeduría

Ciudadana del Amazonas, elevó el 15 de marzo de 2001, ante el señor Ángel María Mejía Gamez, en su condición de Director del Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas, un derecho de petición donde le solicitaba una copia de la ejecución presupuestal correspondiente a los ingresos y egresos de los años 2000 y 2001, además le exigía que le diera estricto cumplimiento a la publicación ordenada por el artículo 51 del Estatuto Anticorrupción. Norma que establece el deber para las oficinas o secciones de compras de todas las dependencias estatales, de publicar en sitio visible una vez al mes, una relación singularizada de los bienes adquiridos y servicios contratados, su valor, objeto, destino y nombre de adjudicatario, así como las licitaciones declaradas desiertas. Petición ésta que fue respondida por el señor Mejía Gámez, el 16 de marzo de 2001, donde le informaba a la peticionaria señora Lucila García Garzón que las copias solicitadas debía pedirlas al Departamento Financiero de la Gobernación del amazonas, y que el cumplimiento de la publicación ordenada por el artículo 51 correspondía a la Oficina Jurídica, por lo que era a dicha dependencia a donde debía remitir su solicitud. De la responsabilidad del señor Ángel María Mejía Gámez, en su condición de Director del Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas. El cargo imputado al señor Ángel María Mejía Gámez, en su condición de Director del Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas, consistió

en haber omitido dar respuesta adecuada al derecho de petición de fecha mayo 15 elevado por la señora Lucila García Garzón. (Subraya el despacho). Así como fue formulado el cargo al disciplinado, se podría inferir en un primer momento que la conducta no existió, pues se le reprocha no haber dado respuesta a un derecho de petición presentado el 15 de mayo, en su despacho, hecho que no es cierto, pues en esa fecha la señora Lucila García no formuló ninguna petición a la administración del señor Mejía Gámez, y mal podría el disciplinado dar respuesta a una petición que jamás recibió. Sin embargo, esta Delegada al valorar el material probatorio arrimado a la presente investigación se colige que se , trata del derecho de petición presentado por la señora Lucila García " Garzón ante el señor Ángel María Mejía Gámez, el día 15 de marzo y no como erradamente lo consignó el operador disciplinario de primera instancia, en el auto de cargos proferido el 8 de agosto de 2003, razón por la cual y en aras de los principios de celeridad y economía procesal este Despacho procede a decidir de fondo previa las siguientes consideraciones: Con relación al Derecho de Petición del 15 de marzo de 2001 Teniendo en cuenta la conducta imputada al disciplinado consistente en haber omitido dar respuesta a la petición, es preciso resaltar que el señor Mejía Gámez, inmediatamente recibió la solicitud de la señora Lucila García Garzón, procedió a dar respuesta a la misma, informándole a la peticionaria, a qué instancias debía dirigirse con el fin de obtener las copias que requería su grupo de Veeduría Ciudadana,

asimismo le indicó qué dependencia era la encargada de cumplir con el mandato del artículo 51 de la Ley 190 de 1995. Para esta Delegada, el disciplinado Mejía Gámez, dio respuesta a la petición formulada ante su despacho, inmediatamente al día siguiente de haberla recibido, es decir que su actuación fue brindarle al Grupo de Veedurías Ciudadanas una respuesta urgente con el fin de que acudieran prontamente a las instancias pertinentes donde su solicitud sería despachada satisfactoriamente. Así las cosas, el cargo endilgado al señor Ángel María Mejía Gámez, no puede sostenerse, pues si bien es cierto el disciplinado tenía el deber de dar traslado a las respectivas instancias, también lo es que el a-quo no le formuló reproche alguno por esta conducta, únicamente se limitó a imputarle responsabilidad por haber omitido dar respuesta a una petición, circunstancia que como ya se anotó si realizó el disciplinado, pues su actuar fue atender y responder con prontitud, celeridad y urgencia una petición, indicándole a la peticionaria qué instancias le imputó al aquí disciplinado no haber dado respuesta a la petición, en consecuencia está Delegada procederá a revocar en su totalidad la Resolución No. 002 de enero 15 de 2004. Con relación al Derecho tutelado por la Corte Constitucional De otra parte, es necesario aclarar que el problema jurídico resuelto por la Corte Constitucional en sentencia T-596 de 2002, a raíz de la tutela instaurada por el Grupo de Veeduría Ciudadana del Amazonas, tuvo su origen en el segundo derecho

de petición formulado por la señora Lucila García Garzón ante el Director del Departamento de Fomento Turístico del Amazonas, consistió en que: "Puede una entidad estatal negarse a suministrar información acerca de su ejecución presupuestal, a un grupo de ciudadanos asociados para fiscalizar la labor estatal, debido a que éstos actúan bajo la denominación de Veeduría"? Después de haber recibido la respuesta al primer derecho de petición, valga decir el de marzo 15 de 20001, el Grupo de Veeduría Ciudadana, elevó un nuevo derecho de petición, pero esta vez, en los siguientes términos: "Es obvio que la Veeduría Ciudadana en nombre de la Sociedad Civil organizada desea conocer el manejo de los bienes y recursos del estado que se han ejecutado, están en ejecución y están en proyecto de ejecutar por parte de la Entidad puesta bajo su Dirección Administrativa; es por ello que en el punto primero del Derecho de Petición se le solicita la Ejecución Presupuestal del año 2000 y del presente año 2001 correspondiente a la Institución que Ud. Dirige por ser hoy como su nombre lo indica un Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico (antes Secretaría de Turismo y Fronteras). Al punto 2 del Derecho de Petición no tiene objetivo distinto que el de recordar a su Despacho por ser un Departamento Administrativo, el cumplimiento del artículo 51 de la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción (...) En virtud de lo anterior y si el Señor Director del Departamento Administrativo de Fomento Ecoturistico considera que su Despacho no es el competente para resolver el Derecho de Petición, con el debido respeto le solicitamos dar

aplicación al artículo 33 del Código Contencioso Administrativo (...) Petición que mereció la siguiente respuesta por parte del Director del Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas: "En respuesta a sus oficios (...) me permito manifestarle que mediante sentencia C-1338 de octubre 4 de 2000 la Honorable Corte Constitucional, declaró la inexequibilidad de la Ley 563 de 2000 y consideró que la citada sentencia no priva a los ciudadanos del derecho de ejercer el control sobre la gestión pública, pero que mientras el Congreso de la República, no expida la correspondiente ley estatutaria, dicho ejercicio no podrá llevarse a cabo a través del mecanismo de las veedurías ciudadanas". Por considerar que el Director del Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas les estaba vulnerando su derecho de petición por tratarse de un Grupo de Veeduría Ciudadana solicita se le tutele éste derecho, amparo que fue concedido en sentencia del 17 de mayo de 2001 por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Leticia, Amazonas, que le ordenó al Director de la entidad, dar cabal respuesta a la solicitud elevada por Lucila García Garzón. Fallo que fue impugnado por el mismo director argumentando que la peticionaria estaba ejerciendo una indebida representación, pues actuaba como Presidenta del Grupo de Veeduría Ciudadana, en una calidad que no le correspondía, si se tenía en cuenta que mediante sentencia C-1338 de octubre 4 de 2000 la Honorable Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la Ley 563 de 2000.

En segunda instancia el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, decidió revocar, mediante providencia del 6 de julio de 2001, el fallo de tutela de primera instancia por considerar que la entidad accionada "satisfizo los requerimientos de la actora, sobre, por sustracción de materia pronunciarnos al respecto; además debemos considerar el último fallo de la H.C.C. sobre la inoperancia de las Veeduría frente a la gestión pública, razones más que suficientes para despachar desfavorablemente la petita incoada, deprecando el fallo de instancia. Decisión que fue revisada por la Corte Constitucional que en sentencia T-596 del 1 de agosto de 2002, que decidió revocar el fallo proferido el 6 de julio de 2001 y consecuencia ordenó al Departamento Administrativo de Fomento Ecoturistico dar dar respuesta de fondo a la petición presentada por la accionante, por considerar: “En conclusión, un grupo de ciudadanos, así se autodenominan veeduría ciudadana, asociados para fiscalizar la gestión estatal, puede solicitarle a una entidad pública que suministre de manera clara y completa la información que por mandato constitucional y legal debe ser pública. " En síntesis, el derecho de petición tutelado a la señora Lucila García Garzón, por la Corte Constitucional fue a raíz del segundo derecho de petición presentado por el Grupo de Veeduría Ciudadana del Amazonas el 29 de marzo de 2001 ante el Director del Departamento de Fomento Ecoturistico. Así las cosas, esta Delegada advierte que el operador disciplinario de primera

instancia, no formuló al disciplinado reproche alguno con relación a la situación atrás planteada, razón suficiente para que este despacho se abstenga de emitir pronunciamiento alguno. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, en uso de sus facultades legales. RESUELVE PRIMERO.- REVOQUESE el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional del Amazonas, mediante decisión del 15 de enero de 2004, a través de la cual sancionó al señor Ángel María Mejía Gámez, en su condición de Director Administrativo de Fomento Ecoturistico del Amazonas, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.287.982, con sanción de once (11) días de salario, y en su lugar ABSOLVERLO de responsabilidad disciplinaria, conforme a lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE la determinación tomada en el presente fallo a Ángel María Mejía Gámez, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno, para lo cual se librará comunicación a la carrera 22 # 14180 en la ciudad de Bogotá. TERCERO.- Cumplida la notificación de esta providencia la Unidad Coordinadora de esta Delegada, devolverá el expediente a la Procuraduría Regional del Amazonas, para que archiven las diligencias. CUARTO.- Por la Unidad Coordinadora de esta Delegada se remitirá el expediente al Centro de Notificaciones, para que allí se coordine la notificación de la decisión tomada y realizará las anotaciones en Gedis.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Moralidad Pública

JFRC/GHA

Expediente No. 097-00998-03