PGN-DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES-Hace parte de los procesos de

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por omisión de vigilancia por parte de la superintendencia de sociedades a la liquidación del frigorífico san martín de Porres. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Contractual y extracontractual/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Los hechos y sus sustentos probatorios deben ser analizados conforme lo establece el artículo 90 superior, que es el principio general. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Fundamento constitucional y legal/RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADOEl Estado es responsable de los daños antijurídicos que le sean imputables, por la acción o la omisión de las autoridades públicas/RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Dos sistemas de imputación. Pues bien, debe tenerse en cuenta que el término “antijurídico” que aparece en el texto normativo del artículo 90 de la Constitución, ha dado lugar a varias interpretaciones, que hacen necesario precisar que no sólo tiene las características de antijuridicidad el daño proveniente de una acción u omisión reprochable de la entidad pública, sino también aquel daño que recibe un sujeto pasivo que no se encontraba en el deber jurídico de soportarlo, aun cuando el daño provino del actuar conforme a derecho de la autoridad estatal. Se ha considerado la aplicación de dos sistemas de imputación de responsabilidad del Estado, conformados por el régimen subjetivo – modalidad falla del servicio - y el régimen objetivo - modalidades de daño especial y riesgo excepcional. Por ello, el régimen de imputación de responsabilidad del Estado no es uniforme, sino que se aplica aquel que

resulte más adecuado para las peculiaridades del caso concreto. Ahora bien, el régimen subjetivo y el objetivo de imputación tienen en común que en los dos se aplican los siguientes tres requisitos para que se configure la responsabilidad del Estado: La acreditación del daño, que éste resulte imputable a una entidad estatal, y el nexo de causalidad entre estos dos elementos. De manera más amplia, así lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado: “Del mencionado precepto constitucional la jurisprudencia de esta Sala ha concluido, en cuanto tiene que ver con los elementos cuya acreditación resulta necesaria en el proceso para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en un título jurídico subjetivo u objetivo de imputación, que deben concurrir en el plenario los elementos demostrativos de la existencia de: (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado o determinable, que se inflige a uno o a varios individuos; (ii) que resulte jurídicamente imputable a una autoridad pública, y (iii) cuando hubiere lugar a ella, una relación o nexo de causalidad entre ésta y aquél, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la acción o la omisión atribuible a la entidad accionada”. DAÑO-De acuerdo a lo probado dentro del proceso, esta delegada del ministerio público puede advertir que la falla endilgada a la superintendencia de sociedades generó presuntamente en el actor un menoscabo económico. I Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Expediente No. (57.365) 25001-23-36-000-2013-01888-01 FALLA DEL SERVICIO-En el régimen subjetivo de imputación. En el régimen subjetivo de imputación a título de falla del servicio, para que sea procedente declarar la responsabilidad del Estado, es necesario acreditar tres elementos: el daño, la falla del servicio entendida como una falta a los deberes por parte de la entidad estatal, y el nexo de causalidad entre estos dos elementos (daño y falla). NEXO DE CAUSALIDAD-En cuanto a la responsabilidad de la superintendencia de sociedades. De acuerdo a lo visto en el expediente, esta Delegada del Ministerio Público considera que el daño sufrido por la parte actora no puede ser imputado a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES ya que dentro del plenario no se probó que el daño fuera consecuencia de la inactividad funcional por parte de la entidad y en consecuencia su responsabilidad; por el contrario, de acuerdo a las pruebas surtidas en primera y segunda instancia se aprecia que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES en ejercicio de su deber funcional adelantó las actuaciones administrativas en procura de ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control de la Sociedad Frigorífico San Martín de Porres en liquidación, las cuales están contenidas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995 así: “ARTICULO 83. INSPECCION. La inspección consiste en la atribución de la

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Bancaria o sobre operaciones específicas de la misma. La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, de oficio, podrá practicar investigaciones administrativas a estas sociedades. ARTICULO 84. VIGILANCIA. La vigilancia consiste en la atribución de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES para velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente. Estarán sometidas a vigilancia, las sociedades que determine el Presidente de la República. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES-Hace parte de los procesos de insolvencia teniendo por objetivo la protección del crédito, la recuperación y conservación de las empresas. Lo anterior, da cuenta que contrario a lo señalado por el apelante, la entidad accionada si ha ejercido su deber de control, concretamente, sobre los socios y administradores; si bien el actuar de aquellos pudo causar un deterioro patrimonial al demandante, este no puede ser imputable a la entidad demandada dado que el material probatorio da cuenta que aquella ejerció su deber de control en el marco de su intervención en la sociedad FSMP. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co JOCASI Expediente No. (57.365) 25001-23-36-000-2013-01888-01 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Respecto de la función de control y vigilancia no cabe duda ejecutó su deber funcional. De tal suerte, que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES fue despojada del conocimiento del proceso de liquidación dado que si bien el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 8 de abril de 2013, dentro de la acción de tutela de Laurel Llda. contra la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, ordenó a la accionada decretar la apertura del trámite de liquidación judicial y en cumplimiento de dicho fallo judicial, la entidad profirió el auto 405-005059 del 10 de abril de 2013 decretando la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad FSMP, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil en sentencia del 9 de mayo de 2013 revocó la sentencia del Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá del 8 de abril de 2013 y negó el amparo solicitado por la sociedad Laurel Ltda como quiera que: CONCEPTO No. 060 / 2021 Bogotá D.C., 04 de agosto de 2021.

SEÑORES

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

JOCASI Expediente No. (57.365) 25001-23-36-000-2013-01888-01

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctora MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 25000-23-36-000-2013-01888-01 (57365) ACCIÓN: Reparación Directa – Ley 1437 de 2011

ACTOR: SOCIEDAD LAUREL LTDA.

DEMANDADO: NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Sentido del concepto: Se conceptúa que la sentencia de primera instancia, que no accedió a las pretensiones de la demanda, debe ser CONFIRMADA / No se probó el nexo de causalidad entre la Responsabilidad de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y el daño causado a la parte actora /La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES actuó en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control de conformidad con los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995 // Tema: Responsabilidad del Estado por falla en el servicio.

El Ministerio Público en cumplimiento de la función de intervención, actúa ante esta instancia dentro del medio de control de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público. Para lo cual, se presente el siguiente concepto:

1. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda – Pretensiones.

La demanda fue presentada por la SOCIEDAD LAUREL LTDA en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES en procura de obtener la reparación por los daños causados como consecuencia de la omisión de control y vigilancia que debió ejercer la entidad en el proceso de liquidación de la sociedad Frigorífico San Martín de Porres de donde la actora era socio, omisión que la parte actora sustenta en los siguientes argumentos:  No removió al liquidador Santiago Rojas Moyo, ni a Juan Pablo Uribe Clauzel, miembro de la Junto Directiva de la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda. en liquidación, después de haberlos acusado y sancionado. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co JOCASI Expediente No. (57.365) 25001-23-36-000-2013-01888-01  No haber declarado la ineficacia o suspensión del contrato de arrendamiento por no corresponder al giro ordinario de los negocios de la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda. en liquidación, al haberse celebrado sin autorización previa, siendo un acto que implicó continuidad en el objeto social de la sociedad en liquidación.  No haber suspendido la enajenación oculta, anticipada e irregular de los inmuebles y activos de la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda en liquidación, por haberse formalizado con antelación a la oportunidad legal, ocasionando un deterioro

de la prenda común de los acreedores y favoreciendo a nueve socios (mayoritarios) con los remanentes de la liquidación, en detrimento de los demás, sin contar con la autorización previa de la entidad demandada.  No ordenó la liquidación judicial obligatoria, siendo competencia de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, conforme el numeral 7 del artículo 43 de la Ley 1429 de 2010 y en ese sentido, no dio cumplimiento a la Resolución No. 312-- 007016 de 11 de diciembre de 2012 donde la demandada había ordenado dicha liquidación. 1.2. Contestación de la demanda. 1.2.1 La demandada SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, no presentó escrito de contestación de la demanda, pero en sus alegatos finales en primera instancia señaló que no se demostró la omisión que alega la parte actora en cuanto a ejercer la facultad de control que le asiste, así como tampoco se demostraron omisiones que permitieran a la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda en liquidación ejecutar acciones que perjudicaron a la sociedad Laurel Ltda, ya que la entidad obró dentro de sus competencias, pues sometió a control a la sociedad Frigorífico San Martín de Porres mediante Resolución No. 341-002417 de 11 de julio de 2008, debido a controversias entre los socios, que han involucrado varios conflictos ante la justicia ordinaria, por lo que la Entidad ha realizado los trámites pertinentes, visitas, tomas de información con el fin de verificar los aspectos que los socios presentan para su estudio. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co JOCASI Expediente No. (57.365) 25001-23-36-000-2013-01888-01 Señala la entidad demandada que en ejercicio de su deber funcional impuso multa a Juan Pablo Uribe Clauzel debido al conflicto de intereses en que se encontraba, por ser miembro de la Junta Directiva de la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda en liquidación, y además haber suscrito un contrato de arrendamiento en calidad de representante legal de Frigorífico Ble Ltda., sin haber informado a la junto de socios. Que no es cierto que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES tenga responsabilidad por omisión al formular pliego de cargos a los socios de la familia Uribe Leyva y que guardara silencio en lo referente a los negocios irreales que se presentaron, pues el pliego de cargos es tan solo un auto de trámite que no constituye la decisión definitiva, sino que es la primera parte de la actuación administrativa, que posteriormente dará lugar a una decisión de fondo. Que en cuanto a la enajenación de los bienes o activos de la sociedad Frigorífico San Martín por parte del liquidador Santiago Rojas Maya, esta situación es competencia de la jurisdicción ordinaria y se encuentra suspendida por medida cautelar. Que como el proceso trata sobre una liquidación privada, es competente el liquidador para adjudicarlos cuando no hay pasivo externo o una vez cancelado, con el fin de poder someter a aprobación la cuenta final de liquidación, por lo que por el contrario se realizó una actividad tendiente a que la sociedad terminara la liquidación que inicio.

Que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES adelantó tareas en procura de la liquidación judicial de la Sociedad Frigorífico San Martín, lo que no pudo llevarse a cabo por cuanto esa decisión fue recurrida y luego de confirmada, la sociedad presentó el acto de aprobación y registro ante la Cámara de Comercio, por lo que ya no se podía iniciar una liquidación judicial por haberse aprobado un acto final de liquidación, así como también una sentencia de tutela que revocó la decisión adoptada por el juez concursal de apertura del proceso de liquidación judicial. Que no puede pretenderse que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES resuelva todos los conflictos que se suscitaron pues algunos son competencia del Juez Ordinario como es el caso de los contratos de arrendamiento. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co JOCASI Expediente No. (57.365) 25001-23-36-000-2013-01888-01 Y que no se adecuo a la realidad el hecho advertido por la actora referente a que ésta no recibiera el pago de la hijuela que le corresponde por el acto de liquidación final, puesto que ninguno de los socios ha recibido el pago, ya sea en dinero o en bienes, todo vez que la decisión se encuentra suspendida por medida cautelar e impugnada ante la Jurisdicción ordinaria. 1.2.2 El Ministerio Publico no rindió concepto sobre el caso.

1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de fecha 14 de abril de 2016, no accedió a las pretensiones de la demanda y fijó agencias en derecho en favor de la NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES por cuantía de $1.506.995 decisión que sostuvo atendiendo los siguientes argumentos: Que teniendo en consideración el material probatorio encontró el Tribunal que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES no dio cumplimiento a sus propios actos administrativos, por medio de los cuales ordenó la liquidación de la Sociedad Frigorífico San Martín, sin embargo, también es cierto que la Superintendencia desde el año 2008 sometió a control a la sociedad en comento, y ha realizado diferentes actuaciones, tendientes a pretender liquidar dicha sociedad. Que las circunstancias que evitaron que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES pudiera dar cumplimiento a las Resoluciones No. 312-001471 del 20 de marzo de 2012 y No. 312-007016 del 11 de diciembre de 2012, que ordenaron terminar la liquidación voluntaria que se venía realizando en la Sociedad Frigorífico San Martín, para en su lugar someterla a liquidación judicial, se originó porque al expedir la entidad el acto administrativo que ordenó iniciar la liquidación judicial, la sociedad procedió en junta extraordinaria de socios a aprobar el Acta final de liquidación voluntaria (Acta No. 36 del 10 de enero de 2013) y a su vez la sociedad interpuso el recurso contra los actos administrativos ya referidos que con posterioridad a la decisión de la Superintendencia fue confirmado. Esto quiere decir, que la

orden de liquidar la sociedad judicialmente, no se encontraba en firme y esa situación fue aprovechada por dicha sociedad para liquidarse de manera voluntaria. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co JOCASI Expediente No. (57.365) 25001-23-36-000-2013-01888-01 Que luego de la expedición de los actos administrativos de la Superintendencia la cuenta final de liquidación se protocolizó por escritura pública No. 47 del 22 de enero de 2013, donde se transfirieron unos activos a los socios mayoritarios que a su vez se encuentra en anotación No. 17 del Certificado de Tradición y Libertad del inmueble de Frigorífico San Martín con número de Matrícula 50C-l 009638 a dichos socios. Que la cuenta final de liquidación voluntaria fue registrada por la Cámara de Comercio de Bogotá el 25 de enero de 2013 bajo el No. 01700453 libro IX del libro XV del Registro Mercantil, decisión confirmada mediante Resolución No. 1751 del 12 de abril de 2013. Que de lo anterior interpretó el Tribunal, que las circunstancias en que fueron expedidos dichos actos administrativos cambiaron, puesto que como quedó indicado, los socios expidieron la liquidación final voluntaria y posteriormente la registraron ante la Cámara de Comercio a pesar de que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES había expedido un

acto administrativo dando la orden de que dicho procedimiento de liquidación voluntaria culminara y se diera inicio a la liquidación judicial, en términos de la entidad demandada, porque el conflicto de los socios se intensificó, se generó un desequilibrio económico y se dilató la liquidación de la misma. Que el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá en acción de tutela profirió sentencia del 8 de abril de 2013, ordenando a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES a decretar la apertura del trámite de liquidación judicial, por lo que la Superintendencia expidió el auto 405-005059 del 10 de abril de 2013, decretando la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad Frigorífico San Martín. Que posterior a la expedición de sentencia de tutela el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria mediante providencia del 17 de abril de 2013, resolvió asignar la competencia a la Jurisdicción ordinaria civil respecto de las impugnaciones de las Actas de la junta de socios de Frigorífico San Martín y la posterior liquidación de dichos sociedades. Que basándose el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, en la providencia del Consejo Superior de la Judicatura que le correspondía conocer la impugnación de la sentencia de 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

JOCASI

Expediente No. (57.365)

25001-23-36-000-2013-01888-01 tutela, profirió la sentencia del 9 de mayo de 2013 y denegó el amparo solicitado por la sociedad Laurel Ltda., puesto que se insiste, el Consejo Superior de la Judicatura consideró que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES ya no es competente para conocer de este asunto de la sociedad Frigorífico San Martín, en cuanto a conocer de su liquidación judicial y las decisiones de sus socios, sino que el competente es la jurisdicción ordinaria. Que en cumplimiento del fallo de tutela la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES profirió el auto 400-008755 del 14 de mayo de 2013, dejando sin efectos el auto 405-005059, que había ordenado la apertura del trámite de liquidación judicial de la sociedad Frigorífico San Martín Ltda en liquidación. Que el fallo de tutela, fue el que le ordenó a la Superintendencia revocar el auto en virtud del cual daba inicio a la liquidación judicial, fundamentada en una decisión del Consejo Superior de la Judicatura, que al resolver el conflicto de competencia respecto del asunto, le otorgó la misma a la Jurisdicción Ordinaria Civil para conocer de las impugnaciones de las decisiones de los socios de la Sociedad Frigorífico San Martín, incluido el Acta final de liquidación voluntaria y su posterior liquidación como sociedad. Que no se puede hablar de falla del servicio en el presente caso, máxime cuando este asunto se encuentra en discusión ante la Jurisdicción Ordinaria Civil, donde se encuentran decretadas medidas cautelares de suspensión provisional del Acta final de liquidación, embargo de los bienes del liquidador Santiago Rojos Maya y la inscripción de la demanda en

el registro mercantil, y la prohibición de realizar entrega del bien que fue adjudicado a los socios mayoritarios. Por lo anterior, el Tribunal estimó que no se encuentra demostrada la omisión en el cumplimiento del control que le asiste a la entidad, puesto que se evidenció que la Superintendencia desde el año 2008, cuando sometió a control a la sociedad Frigorífico San Martín, ha efectuado actuaciones tendientes a lograr que la misma se liquidara y tomó medidas tendientes a solucionar el conflicto de los socios, tanto así que impuso multa al liquidador y a uno de los miembros de la junta directiva. Que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES no pudo ejecutar su decisión de liquidar la sociedad, como consecuencia de las múltiples impugnaciones interpuestas contra su 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co JOCASI Expediente No. (57.365) 25001-23-36-000-2013-01888-01 decisión de iniciar la liquidación judicial, y porque mientras dejaba en firme su decisión la junta de socios aprobó la liquidación final y la registró ante la Cámara de Comercio. Y cuando nuevamente expidió un acto administrativo para iniciar la liquidación judicial, se determinó que la competencia para conocer este asunto le asiste a la jurisdicción ordinaria civil. Que en el ejercicio de esa competencia de la jurisdicción ordinaria, a la fecha se han

decretado medidas cautelares respecto de las actuaciones que ha efectuado el liquidador en el ejercicio de la liquidación voluntaria que efectuó la sociedad Frigorífico San Martín, como prohibir la entrega de los bienes que fueron adjudicados a los socios mayoritarios, en ejecución de un contrato de arrendamiento con la sociedad Frigorífico Ble Ltda y el embargo de los bienes del liquidador. Que con las medidas cautelares que se encuentran decretadas dentro de los procesos que se llevan en la actualidad ante la jurisdicción civil, respecto de los cuales aún no se ha expedido sentencia, no se evidencia un daño antijurídico que ocasione los perjuicios alegados por el actor, pues el hecho de no haber recibido suma alguna por concepto de su aporte de capital en la sociedad o por los ingresos dejados de percibir desde que se inició la liquidación voluntaria de dicho sociedad, no se han generado en razón a que se decretaron medidas cautelares que no permiten la entrega de los bienes de la sociedad, se embargaron los bienes del liquidador y se suspendieron los efectos del acto definitiva de liquidación. Que en ese orden de ideas concluyó el Tribunal, que la parte demandante no probó la falla del servicio que le endilgó a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES por los argumentos antes señalados y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda. 1.4. Argumentos de las apelaciones. El apoderado de la parte actora, presentó recurso de apelación, solicitando que, en sentencia de segunda instancia, se revocara la decisión adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 14 de abril de 2016, y

en consecuencia se concedan las pretensiones formuladas; argumentando, en síntesis, lo siguiente: 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co JOCASI Expediente No. (57.365) 25001-23-36-000-2013-01888-01 Que no comparte la decisión adoptada por el fallador de primera instancia por cuanto incurrió en un error porqué las medidas cautelares a las que hizo referencia no fueron decretadas por la Superintendencia en ejercicio de sus funcione, sino que corresponden a actuaciones autónomas e independientes de la sociedad demandante ante la jurisdicción ordinaria. Que con relación a el embargo de los bienes del liquidador debe precisarse que esta medida cautelar fue levantada por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES mediante providencia de fecha 11 de diciembre de 2015, consecutivo 2015-91-508049; que se trató de una medida de carácter judiciales y no administrativas, proferidas dentro de un proceso mercantil sin relación alguna con el cumplimiento de las funciones que le impone a la Superintendencia el régimen de control al que sometió a la sociedad Frigorífico San Martin de Porres en liquidación de acuerdo con la Resolución No. 341-002417 del 11 de julio de 2008, que por lo tanto a la fecha no existen medidas cautelares vigentes que hayan sido decretadas por la entidad demandada dentro del marco del control que ejerce respecto de la sociedad en liquidación.

Que respeto de los daños económicos probados durante el proceso, señala el apelante, que aquellos se siguen causando por la inactividad de la entidad demandada tal como lo señaló en los alegatos de conclusión. Que en cuanto a la omisión en iniciar y terminar el proceso de liquidación judicial, es obvio que no existe ningún impedimento legal para que sea decretado y el reproche que sobre el particular cierne la parte actora es que la Superintendencia omitió cumplir de manera injustificada con todas las actuaciones y obligaciones originadas en la Ley y en los actos administrativos que se aportaron al proceso. Que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES mediante la Resolución No. 341002417 del 11 de julio de 2008 sometió a control a la sociedad Frigorífico San Martin de Porres en liquidación e injustificadamente omitió controlarla; que mediante la Resolución No. 312007016 del 11 diciembre de 2012, que confirmó la Resolución No. 312-001471, que ordenó su liquidación judicial obligatoria e injustificadamente omitió realizarla, pues se limitó a la mera formalidad de expedir los actos administrativos sin que realmente adoptara alguna medida sustancial o de fondo para ejercer el control eficaz de la sociedad objeto de dicha medida, y además, omitió ejecutar los pasos previstos en la ley para su liquidación judicial 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (57.365)

25001-23-36-000-2013-01888-01 obligatoria. Que la omisión alegada se sustenta en la inaplicación de las normas previstas en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995 y el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010. Que una vez fueron sancionados pecuniariamente por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES los administradores de la sociedad en liquidación (el liquidador Santiago Rojas Maya) y de la sociedad Frigoríficos Ble Ltda. (el representante legal Juan Pablo Uribe Clauzel) por el conflicto de intereses en el cual incurrieron por la suscripción del contrato de arrendamiento para la explotación del inmueble de propiedad de la sociedad Frigorífico San Martin de Porres, continuaron hasta la fecha, con la ejecución del contrato de arrendamiento, pese a las graves advertencias realizadas en su oportunidad por la Superintendencia, los Jueces y Tribunales de lo contencioso administrativo y por el Consejo de Estado como tribunal constitucional. Que esa conducta deliberada y rebelde de persistir en la ejecución del contrato de arrendamiento en conflicto de intereses, con el consecuente desequilibrio económico, constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial para la Superintendencia por no haber adoptado ninguna de las medidas a las que se refiere la Ley dentro del marco del control que ejerce para subsanar esta situación. Que si la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES hubiera cumplido con sus deberes, no se habría producido el desequilibrio económico en la ejecución del contrato de arrendamiento ni el perjuicio a la sociedad demandante. Que las cifras contenidas en los

estados financieros de la sociedad Frigoríficos Ble Ltda., revelan que como consecuencia de la ejecución del contrato de arrendamiento, se desviaron los ingresos producidos mediante la operación de los activos de la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda., en liquidación. Que de tal manera mediante la operación del contrato de arrendamiento suscrito con Frigorífico Ble, se sustrajeron definitiva y deliberadamente de los remanentes de la liquidación de dicha sociedad, y aún de la distribución de utilidades que habría podido corresponder a la sociedad accionante por aplicación del artículo 241 del Código de Comercio. Que debe tenerse en cuenta que en este caso los activos sociales de la sociedad disuelta exceden en más del doble el monto del pasivo externo. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 119