PGN - Documento 201511082203103

CIRCULAR NUMERO 024

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA: SERVIDORES PUBLICOS CON RESPONSABILIDADES EN EL

TEATRO DE OPERACIONES CREADO MEDIANTE DECRETO 333 DE 2002

ASUNTOS. SOBRE EL EJERCICIO DEL CONTROL PREVENTIVD

QUE DEBE REALIZAR EL MINJSTERIO PÚBLICO PARA LA

PLENA E IRRESTRICTA VIGENCIA DE LOS DERECHOS

HUMANOS Y DEL DERECHO HUMANITARIO EN EL TEATRO DE

OPERACIONES

FECHA: BOGOTA D.C. 5 DE ABRIL DE 2002

El Procurador General de la Nación, teniendo en cuenta, Que, mediante Decreto No. 333 del 28 de febrero de 2002, el Presidente de la Republica, con fundamento en el artículo 54 de la Ley 684 de 2001, activó un Teatro de Operaciones, en los municipios de: Vista Hermosa, Uribe, Mesetas, La Macarena, San Juan de Arama, Puerto Lleras, Granada y Lejanías en el departamento del Meta; Villa Rica en el Tolima; Cabrera y San Juan de Sumapaz en Cundinamarca; Algeciras y Colombia en el Huila; San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y Puerto Rico en el Caquetá; y, San José del Guavlare, Calamar y El Retorno en el Guaviare; Que, el citado Decreto establece que el control operacional del área estará a cargo del Comandante del Teatro de Operaciones quien velara, entre otros, por el estricto cumplimiento de las normas del derecho intemacional humanitario; Que en efecto, el ejercicio del deber del Estado de combatir a los grupos alzados

en armas, mediante e el uso legítimo de la fuerza pública, debe ser realizado en el marco del respeto estricto y riguroso de los derechos humanos y del derecho humanitario; Que en aras de garantizar el respeto y la protección de los derechos y libertades de los habitantes de estas localidades y con el propósito de desactivar factores de riesgo que pudieren vulnerar estos derechos, se hace necesario reiterar las obligaciones del Estado Colombiano en materia de respeto a los principios y normas del derecho; internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; En consecuencia, expresa: Que es deber constitucional del Procurador General de la Nación, de sus delegados y agentes, en cumplimiento del artículo 277 Superior, numerales 1, 2 y 6: vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad; ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes, e Imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley. b. Que, de acuerdo con las funciones otorgadas mediante el Decreto 262 de 2000 artículo 7, numerales 2 y 36, el Procurador General de la Nación esta facultado para formular criterios de vigilancia superior con fines preventivos, y, de promoción, protección y defensa de los derechos humanos; y, expedir, como Supremo Director del Ministerio Público, las directivas y circulares que resulten conducentes para el ejercido de las funciones publicas y para prevenir la comisión de faltas disciplinarias de los servidores públicos.

c. Que, conforme a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por Colombia, las obligaciones esenciales del Estado son: respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas. Así lo establece el Art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas y el Art. 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. d. Que la Corte Constitucional, conforme al artículo 93 de la Carta Política, ha reiterado en su jurisprudencia que las normas internacionales de derechos humanos se incorporan al bloque de constitucionalidad, esto es, que tienen fuerza jurídica prevalente . e. Que en situaciones excepcionales en las que la nación se encuentre en peligro, el Estado puede adoptar disposiciones, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la misma, que suspendan las obligaciones contraídas en los tratados y convenciones de derechos humanos (Art. 4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Art. 27 Convención Americana de Derechos Humanos); no obstante, B Estado no está autorizado a suspender derechos no derogables como son: el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personales, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el principio de legalidad, la libertad de conciencia y de religión, el derecho a la protección de la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, los derechos políticos, ni las garantías Judiciales indispensables para la protección de estos derechos. En todo caso, la suspensión de las obligaciones no debe ser Interpretada en el sentido de

suprimir el goce y ejerclclo de los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana. f. Que las normas del derecho internacional humanitario contenidas en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y su Protocolo II Adicional, suscritos y ratificados por el Estado, son aplicables en la actual situación de conflicto armado interno que sufre Colombia. g. Que por tanto, los funcionarios del Estado deben respetar y hacer respetar en forma estricta el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra que establece el tratamiento con humanidad a las personas que no participan directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa; y la prohibición absoluta de los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; la toma de rehenes; los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; y, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legalmente constituido, con garantías judiciales. h. Que los servidores del Estado deben también observar y hacer respetar las normas del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra que determinan el trato humano y las garantías fundamentales para las personas que no participen directamente en las hostilidades (Art. 4): el respeto de la persona, el honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas, y la prohibición de los atentados contra la

vida, la salud, la Integridad física y mental, los castigos colectivos, la toma de rehenes, los actos de terrorismo, los atentados contra la dignidad personal, el pillaje y las amenazas de realizar los actos mencionados. Igualrnente el referido Protocolo fija disposiciones para el respeto de las personas privadas de la libertad (Art. 5) y la protección de la población civil (Titulo IV).

I. Que el acatamiento y respeto del derecho internacional humanitario se impone también para las fuerzas irregulares. Por ejemplo, la violación del Art. 3 Común por una de las partes, tal como el uso del terrorismo como método de combate, no puede ser invocado por la otra, como excusa para no cumplir las obligaciones del citado artículo.

Por lo tanto, el Procurador General de la Nación, como Supremo Director del Ministerio Público y defensor de los Intereses de la sociedad:

1. Advierte a los servidores del Estado a cargo del Teatro de Operaciones activado, medarte Decreto 333 de 2002, que el diseño y desarrollo de las operaciones militares en dicho Teatro deberá enmarcarse en el irrestricto respeto de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, tal como lo señala el Art. 8 de la Ley 684 de 2001. Del mismo modo, las autoridades están obligadas a adoptar medidas idóneas y efectivas para prevenir la violación de los derechos humanos y del derecho humanitario en el Teatro de

Operaciones.

2. Exhorta al Presidente de la Republica para que reglamente el procedimiento a seguir para el registro de la población en las áreas del Teatro de Operaciones

(Decreto 333 de 2002), en armonía con los principios y normas de los derechos humanos y sin vulnerar el núcleo esencial del derecho fundamental de circulación y residencia. Así rnismo, que instruya de manera expresa la forma como se llevara a cabo el registro, a fin de evitar atribuciones inadecuadas de las autoridades; determine de manera clara que el uso de la información deberá ser legal y respetar los derechos humanos, y establezca la autoridad bajo la cual estará la guarda y responsabilidad de la información.

3. Señala que las atribuciones establecidas en el Decreto 333 de 2002, respecto de la limitación de derechos es taxativa y que por lo tanto no se podrá hacer una interpretación extensiva de la misma. Recuerda que las normas de derechos humanos deben ser siempre Interpretadas en favor de la persona y que las normas que limitan los derechos deben interpretarse restrictivamente. 4..; Expresa que en relación con la captura de personas, por parte de miembros de la fuerza publica durante los operativos militares que sean llevados a cabo en el Teatro de Operaciones, se atenderá el criterio de flagrancia establecido en la Ley 684/2001, el cual no deberá extenderse a presunciones o a informaciones de Inteligencia. Cuando la fuerza publica disponga de tales Informaciones deberá remitirlas inmediatamente a la autoridad judicial competente para su evaluación y determinación sobre posibles órdenes de captura.

5. Advierte a las autoridades militares y judiciales, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 684/01 que regula lo atinente a capturas en flagrancia, ellas son las responsables de la vida e Integridad de las personas

capturadas, hasta tanto las mismas sean entregadas físicamente a la autoridad competente. Así mismo, que no deberán adelantar diligencias de policía judicial (interrogatorios, indagatorias, etc.), salvo lo dispuesto en el art. 59 de la referida ley; que en todo caso se atenderán las garantías de respeto a la dignidad, trato humano y debido proceso. Las autoridades judiciales deberán dar instrucciones precisas a la fuerza publica en relación con el capturado, según lo establecido en el art. art. 58; la entrega física de la persona detenida no deberá exceder las 36 horas que determina la Carta Política. Eh los casos de detención preventiva, los detenidos, serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes para que esta adopte la decisión correspondiente, según lo establecido en la Constitución.

6. Indica que los tratados y convenios internacionales de derechos humanos han establecido la necesidad de que toda persona tenga derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo que la ampare; en consecuencia reitera la vigencia irrestricta del habeas corpus.

7. Expresa que deberá permitirse el acceso de las autoridades publicas y a las entidades privadas cuando ellas cumplan misiones humanitarias; así como a los organismos de socorro.

8. Por último, señala que los servidores de la Procuraduría General de la Nación, especialmente los ubicados en las áreas geográficas en las que se ha activado un Teatro de Operaciones, ejercerán funciones de vigilancia preventiva de la conducta de los servidores públicos con responsabilidades en el referido Teatro, para que se eviten posibles vulneraciones de los derechos humanos y

del derecho humanitario. Así mismo, iniciarán las acciones disciplinarias correspondientes si fuere el caso.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación