PGN - Documento 201603071149580

FALLO SANCIONATORIO-Responsabilidad disciplinaria INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS PÚBLICOS-Sistema general de participaciones De igual forma, la Procuraduría General de la Nación a través de la circular unificada No. 034 de 2010 recuerda sobre la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones, los de regalías, incluida la fuente de recursos en DNP-Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Sistema de Seguridad Social y las Rentas Incorporadas al Presupuesto General de la Nación. “En materia de embargos den aplicación a la normatividad y Jurisprudencia de las Altas Cortes que regulan lo relacionado con la inembargabilidad de los recursos de: EL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, REGALÍAS, DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LAS RENTAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, so pena de incurrir en posibles irregularidades constitutivas de falta disciplinaria, penal o fiscal”. CONTRATO DE ENCARGO FUDUCIARIO-Reservas para pago de pensiones Por lo anterior, es necesario tener en cuenta que el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP-, es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica y adscrita al Ministerio de la Protección Social, cuyos recursos son administrados a través de encargo fiduciario (artículo 130 de la ley 100 de 1993), los cuales están reservados para el pago de pensiones en el régimen de prima media con prestación definida, motivo por el que son inembargables, por estar destinados de manera específica al pago de

pensiones reconocidas. COBRO COACTIVO-Prohibición para cobrar cuotas partes pensionales La Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social a través del instructivo número 032 de del 8 de septiembre de 2008, previene a los Gerentes y/o Directores de las empresas industriales y comerciales del Estado y de economía mixta del orden Nacional, Departamental y Municipal, para que acaten los preceptos legales que disponen la imposibilidad legal de cobrar mediante jurisdicción coactiva los valores que se adeuden por concepto de cuotas partes pensionales. La mencionada Corporación, indicó que las entidades públicas que quieran repetir contra CAJANAL, por pago de cuotas partes pensionales, no lo pueden hacer a través de la Jurisdicción Coactiva, toda vez que no existe norma taxativa que autorice tal situación. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10826 1 ACREENCIAS LABORALES-Imposición de medida cautelar Es de anotar, que de conformidad con la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha aceptado la imposición de la medida cautelar cuando se busque garantizar el pago de créditos laborales, argumento dado por el disciplinado y que no es de recibo para ésta delegada, porque no se trataba del cobro de acreencias laborales por parte de un trabajados como quiere hacer ver. Por lo anterior, no se puede considerar como un crédito laboral, pese a su origen, debido a la calidad de los sujetos involucrados en el proceso de jurisdicción coactiva, motivo por

el cual el escrito de apelación carece de razón cuando aduce que se encontraba cumpliendo una labor de intermediación entre el pensionado y el fondo obligado a la cuota parte, porque como se manifestó, el acreedor es el Departamento del Huila y no los pensionados como tal, ya que cada entidad que efectúa el pago es la encargada de realizar los trámites correspondientes y ajustados a derecho, para recobrar los dineros adeudados; además, una vez dictada la resolución sobre el reconocimiento, pasan a ser obligaciones distintas a la pensión, que obran a favor y en contra de las diferentes entidades. EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD-Error invencible/EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD-Ignorancia de la ley no sirve de excusa Por otro lado, el apoderado del disciplinado solicita en su escrito de apelación que se de aplicación a la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria contemplada en el numeral 6° del artículo 28 del Código Único Disciplinario, como quiera que el disciplinado, no tuvo conciencia de la antijuricidad de la conducta desplegada, creyó que le era permitido, legal, procedente, además que fue la interpretación que en su momento le dio; por ende, actuó bajo un error invencible, es decir, el autor supone una errada representación, por valoraciones equivocadas de que su actuar es lícito. Es de anotar que para que proceda la causal de exclusión de responsabilidad, el error debe ser invencible, es decir, que no se pueda superar, notándose que en el presente caso podía haberse resarcido, si se hubiera realizado el análisis de las normas que se le

ponían de presente y no con la actitud caprichosa de negarse a atender las normas. El error invencible requiere además que quien lo alega demuestre los esfuerzos serios y razonables que hizo para salir de él, pese a lo cual no lo consiguió, que es lo que lo hace invencible. Basta en reiterar que por parte alguna se demostró que el sancionado hizo tales esfuerzos, como realizando consultas, solicitando conceptos autorizados, citando en su apoyo jurisprudencia que mostrara lo contrario, pues consta que le limitó a contestar negativamente, lo que demuestra que no hizo ningún esfuerzo real por salir del error, por tratar de vencerlo. Con todo lo anterior, no es viable alegar la ignorancia por parte del disciplinado ya que el mismo fue el que decretó el embargo de los dineros existentes en las cuentas corrientes, de ahorro, certificados de depósito a término fijo o cualquier otro tipo de inversión o depósito que se encontrara a nombre del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10826 2 – FOPEP-, además de haber dado respuesta a las peticiones elevadas tanto por el Gerente General del FOPEP como por el Procurador Judicial Ambiental y Agrario del Huila en su condición de Agente Especial del Ministerio Público. Por lo anterior, no es aceptable por este despacho la razón esgrimida por el implicado en cuanto sostiene que procedió bajo la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, pues se trataba de un error salvable y por ende inexcusable en razón a que

se le puso de presente la normatividad que estaba vulnerando. INFRACCIÓN DEL DEBER FUNCIONAL-Extralimitación de funciones En ese orden de ideas, es claro que el disciplinado, en su condición de Juez de Jurisdicción Coactiva de la Gobernación del Huila, infringió sus deberes funcionales, al extralimitarse en sus funciones en el momento en que ordenó decretar el embargo de los recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP.

DEPENDENCIA: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

RADICACIÓN: IUS 2009-126608 IUC D 2009-59-125043

IMPLICADO: MIGUEL HUMBERTO TELLEZ MURCIA CARGO: Profesional Especializado – Tesorero General – con funciones de Juez de Jurisdicción Coactiva del Departamento del Huila.

QUEJOSO: De oficio – Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la seguridad Social FECHA QUEJA: 24 de marzo de 2009

FECHA HECHOS: 05 de noviembre de 2008

ASUNTO: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Bogotá D.C. Septiembre 29 de 2011 Al Despacho de esta Delegada las diligencias radicadas bajo el IUS No. 2009126608, para resolver el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Regional del Huila, el 25 de noviembre de 2010, en virtud del cual se impuso al disciplinado MIGUEL HUMBERTO TELLEZ MURCIA

en su condición de Profesional Especializado – Tesorero General, con funciones de Juez de Jurisdicción Coactiva del Departamento del Huila para la época de los hechos, sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10826 3 mes, por encontrarlo responsable disciplinariamente del único cargo que le fue formulado. Es de aclarar que al señor JUAN CARLOS RAMON RUEDA en calidad de Profesional Especializado – Tesorero General, con funciones de Juez de Jurisdicción Coactiva de la Gobernación del Huila, fue absuelto en el proveído antes mencionado toda vez que “cuando tomó posesión del cargo el 5 de mayo de 2009, se encontraba perfeccionado con relación a la medida de embargo; los recursos y solicitudes presentadas estaban debidamente resueltas, por lo que las decisiones se hallaban en firme y debidamente ejecutoriadas y no le era posible tomar decisiones de oficio o contrarias a lo decidido por su antecesor”. ACTUACIÓN PROCESAL Mediante auto de fecha 14 de mayo de 2009 (visible a folios 39 y 40 cuaderno Número1), la Procuraduría Regional del Huila ordenó iniciar Indagación Preliminar al Juez de Jurisdicción Coactiva de la Gobernación del Huila, MIGUEL HUMBERTO TELLEZ MURCIA, toda vez que dio inicio al proceso de cobro por jurisdicción coactiva contra la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL

EICEI-, disponiendo el embargo de recursos que se encuentran depositados en la cuenta de reservas del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEPy con los cuales se garantiza el pago de los pensionados de las cajas y fondos del nivel nacional; además, éstos son inembargables, según lo consagrado por los artículos 19 del Estatuto orgánico de presupuesto, 6 de la ley 179 de 1994, 37 de la ley 1169 de 2007 y 177 del Código Contencioso Administrativo. La Procuraduría Regional del Huila, mediante auto de fecha 13 de agosto de 2009 (visible a folios 2035 a 2046 del cuaderno No. 7), ordena iniciar Investigación Disciplinaria a los doctores ARMANDO NINCO HERRERA, MIGUEL HUMBERTO TELLEZ MURCIA y JUAN CARLOS RAMON RUEDA, en sus condiciones de Tesoreros y Jueces de Jurisdicción Coactiva de la Gobernación del Huila. Posteriormente, mediante auto de fecha 26 de febrero del año inmediatamente anterior, formula pliego de cargos a MIGUEL HUMBERTO TELLEZ MURCIA en calidad de Profesional Especializado – Tesorero General, con funciones de Juez de Jurisdicción Coactiva de la Gobernación del Huila, endilgándole el siguiente cargo: CARGO ÚNICO Al señor MIGUEL HUMBERTO TELLEZ MURCIA se le formuló el siguiente cargo: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10826

4 “Al Doctor MIGUEL HUMBERTO TELLEZ MURCIA, en su condición de Profesional EspecializadoTesorero General del Departamento del Huila, actuando como Juez de Jurisdicción Coactiva de la Gobernación del Huila, decretó mediante auto del 5 de noviembre de 2008, dentro del proceso de jurisdicción coactiva radicado No. 2005-001 contra la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL -, el embargo de los dineros existentes en las cuentas corrientes, de ahorro, certificados de depósito a término fijo o cualquier otro tipo de inversión o depósito que este a nombre del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP Nit 900.178.299-4 en las siguientes entidades: Banco Agrario de

Colombia, Banco ABN AMOR BANK, BANCO ALIADAS S.A., BANCOLOMBIA,

BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA, BANCO CORFINSURA, BANCO DE

COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. (BANCOLDEX), BANCO DE

CREDITO HELM FINANCIAL SERVICES, BANCO DE LA REPÚBLICA, BANCO

DE OCCIDENTE, BANCO SUPERIOR DINERS CLUB, BANCO LLOYDS TBS

BANK S.A., BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA, BANCO SANTANDER,

BANCO SELFIN S.A., BANCO STANDARD CHARTERED COLOMBIA, BANCO

SUDAMERIS, BANCO UNION COLOMBIANO, BANCO DE BOGOTÁ, CITY

BANK, BBVA, BANCO POPULAR, BANCO COLMENA, BANCO AV VILLAS,

BANCO CAJA SOCIAL BSCS, BANCO MEGABANCO S.A., BANCO

DAVIVIENDA RED BANCAFE, BANCO DAVIVIENDA, BANCO TEQUENDAMA, ordenando el embargo de los dineros que el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP tuviera destinado para el pago de las obligaciones pensionales de CAJANAL, limitando la medida a la suma de diecisiete mil millones de pesos /$17.000.000.000.00) (flos 1038 y 1039), librando las comunicaciones al día siguiente (fls 1039 a 1083), ante lo cual la Directora Operativa del Banco Agrario de Colombia de Neiva, le informa a través del oficio del 12 de diciembre de 2008, que en esa fecha se procedió a embargar de la cuenta de ahorros No. 40230-300772-6 a nombre del Consorcio FOPEP la suma de $17.000.000.000.00, adjuntando copia del depósito judicial (fls 1169 y 1170), constituyéndose el título de depósito No. A 3699131 del 12 de diciembre de 2008, a nombre del Departamento del Huila cobro coactivo por dicho valor (fl. 1123)”. “Al adoptar esta decisión presuntamente vulneró disposiciones de carácter legal al decretar el embargo de recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP, los cuales son inembargables, toda vez que con los mismos se garantiza el pago de los pensionados de las cajas y fondos del nivel nacional cuya obligación de pago ha sido trasladada al FOPEP, siendo inembargables sus recursos en virtud de lo dispuesto en los artículos 19 del Estatuto Orgánico de

Presupuesto, numeral 2° del artículo 134 de la ley 100 de 1993, 6° de la ley 179 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10826 5 de 1994, 336 del inciso segundo del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, medida que mantuvo, no obstante los trámites correspondientes para solicitar su desembargo, que le hiciera el Gerente General del FOPEP, conforme al procedimiento que determina el artículo 37 de la ley 1169 de 2007, su reiteración y la petición especial que le hiciera el Procurador Judicial Ambiental y Agrario Huila – Caquetá, para que desembargara los recursos, actuando en su condición de Agente Especial del Ministerio Público, por designación expresa del señor Procurador General de la Nación, peticiones que siempre despachó con la negativa”. “Se le citaron como normas violadas, las siguientes: Constitución Política, artículos 6°, 48, 123 y 209; Ley 734 de 2002, artículo 34 numerales 1,2 y 3; artículo 35, numeral 1°, artículo 48, numeral 49; Decreto 111 de enero 15 de 1996, artículo 19; Ley 100 de 1993, artículo 134, numeral 2°; ley 179 de 1994, artículo 6°; Código de Procedimiento Civil, Artículos 336 y 513; así como la Circular No. 019 del 19 de mayo de 2005 proferida por el señor Procurador General de la Nación”. “Se le indicó que la conducta asumida por el disciplinado MIGUEL HUMBERTO

TELLEZ MURCIA, presuntamente vulneró los numerales 1, 2 y 3 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, teniendo en cuenta que al parecer se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al vulnerar las disposiciones legales que disponen que los recursos que se encuentran depositados en el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP, y con los cuales se garantiza el pago de los pensionados de las cajas y fondos del nivel nacional asumidos por dicho fondo, son inembargables, pues existe expresa normatividad que regula el manejo de estos recursos públicos”. “Se le señala el haber vulnerado el numeral 1° del artículo 35 de la ley 734 de 2002 toda vez que incumplió los deberes que le consagra la Constitución, la ley y los Decretos al disponer el embargo de los recursos que tenía en sus cuentas el FOPEP, cuando dichos dineros son inembargables”. FORMA DE CULPABILIDAD “La falta endilgada al señor MIGUEL HUMERTO TELLEZ MURCIA, consignada en el cargo único edificado en su contra, se califica definitivamente como GRAVE a título de CULPA GRAVE, toda vez que como Tesorero – Juez de Jurisdicción Coactiva de la Gobernación del Huila, actuó con negligencia y falta de cuidado al adoptar la decisión de embargo”. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10826 6 “La falta endilgada al doctor MIGUEL HUMBERTO TÉLLEZ MURCIA, si bien es

considerada como falta gravísima en el numeral 49 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, en aplicación a las normas antes transcritas, se califica definitivamente como GRAVE, toda vez que la misma se cometió con CULPA GRAVE, por la inobservancia de las normas que prohíben el embargo de estos recursos; como Juez de Jurisdicción coactiva, el disciplinado cumple funciones propias de un juez de la República y al disponer el embargo en cuantía de diecisiete mil millones de pesos del FOPEP, omite el cumplimiento propio de sus funciones, pues actúa con negligencia al no revisar en debida forma la decisión que dispuso el embargo de estos recursos, que le fuera proyectado por el doctor CARLOS FRANCISCO SANDINO, Asesor Jurídico Externo de la Secretaría de Hacienda Departamental del Huila, cuando fácilmente había logrado determinar que estos recursos eran inembargables por lo cual incurre así en la causal de mala conducta, conforme lo dispone el artículo 6° de la ley 179 de 1994, en armonía con lo dispuesto en el artículo 19 del decreto 111 de 1996”. RECURSO DE APELACIÓN El doctor ELÍAS CUELLAR TEJADA actuando en calidad de apoderado del Doctor MIGUEL HUMBERTO TÉLLEZ MURCIA, interpone recurso de apelación contra el fallo de primera instancia proferido el 25 de noviembre de 2010, por la Procuraduría Regional del Huila, con base en los siguientes argumentos: PRIMERO: “La Procuraduría General de la Nación en su pronunciamiento considera”:  “Que sobre los Recursos embargados es procedente la medida cuando se trate

de créditos laborales”.  “Que el crédito objeto de cobro que dio origen a la medida cautelar no es una obligación laboral, porque el Acreedor es el Departamento y no los pensionados”. Lo anterior no es compartido por el apoderado toda vez que “La naturaleza jurídica del crédito no estriba en las partes comprometidas sino en el hecho generador; Es decir, es de naturaleza laboral toda obligación que tenga como fuente una relación de trabajo y en este sentido las cuotas partes pensionales de los Servidores Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10826 7 Públicos del Estado, llámese Trabajadores Oficiales o Servidores en Carrera o de Libre Nombramiento o Remoción o por Periodo Fijo o cualquier otra denominación proviene de una Relación de Trabajo, noción superior al contrato de Trabajo”. “Las cuotas partes cobradas, es la consecuencia de haberse peticionado el reconocimiento y pago de una pensión de Jubilación por un ex trabajador del Departamento”. “Al determinarse que el Peticionario cumplía los requisitos de Ley para su otorgamiento, el Departamento no tenía otra alternativa Jurídica que reconocerla y ordenar su pago”. “Cuando el peticionante del Derecho de la Pensión hubiere cotizado en la desaparecida CAJANAL o en otro fondo, es obligación de la Entidad que va a conceder la Pensión, enviar previo a su otorgamiento el Proyecto, determinando la Cuota Parte os cargo del Fondo, para que este por una sola vez la objete o manifieste su inconformidad”.

“Una vez se procede al reconocimiento del Derecho de Pensión por el Departamento, éste está obligado al Pago directo al Beneficiario y a su vez, a solicitar el pago de las Cuotas Partes al Fondo, en este caso el FOPEP, que sustituía para estos menesteres a CAJANAL”. “Es por esto que el Departamento no obra para si en interés directo, sino en labor intermediación entre el Pensionado y el Fondo obligado a la Cuota Parte, por haber cotizado en alguna época de su vida laboral a éste”. “Sin embargo quiso el legislador no dejar duda acerca de la naturaleza y el privilegio que goza las obligaciones derivadas de las CUOTAS PARTES PENSIONALES y al expedir la Ley 100 de 1993, consagró”: “Los créditos exigibles por concepto de las cotizaciones y los intereses a que hubiere lugar, tanto en el Sistema General de Pensiones como en el Sistema de Seguridad Social en Salud, pertenecen a la primera clase de que trata el Artículo 2495 del Código Civil y tienen el mismo privilegio que los créditos por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales”1. 1 Arts. 126 y 270. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10826 8 “Posteriormente en el tiempo se expide la Ley 1066 de 2006, que en los Arts. 1° y 4°, recogió lo dispuesto en los Arts. 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Dec. 1848 de 1969, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del código procesal

del Trabajo y de la seguridad social, sobre el fenómeno jurídico de la prescripción de tres (3) años en relación al cobro de cuotas partes pensionales. En este entender decimos que si el termino de prescripción para las obligaciones derivadas de las cuotas partes pensionales lo encontramos en el código procesal del trabajo, en el código sustantivo del trabajo y en las normas que regulan las relaciones de los trabajadores oficiales como conclusión lógica es que su NATURALEZA ES LABORAL”. “Además aparece abundante jurisprudencia de la H. Corte Constitucional que determina el tema de las CUOTAS PARTES PENSIONALES, como una OBLIGACAIÓN PRIVILEGIADA y cuya naturaleza permite el embargo de recursos públicos cualquiera que sea su destinación y contenido presupuestal, Al enfrentar contenidos de INEMBARGABILIDAD frente a derechos de contenido social como el de LOS PENSIONADOS y de población vulnerable por su condición de tercera edad”. “Todo lo anterior me lleva a concluir y a ello invito al organo de control que el actuar JURÍDICO-ADMINISTRATIVO del Dr. MIGUEL HUMBERTO TÉLLEZ como JUEZ DE EJECUCIONES FISCALES del DEPARTAMENTO DEL HUILA, fue ajustado al ESTADO DE DERECHO y proporcional a la necesidad de satisfacer derechos privilegiados de LOS PENSIONADOS”.

SEGUNDO: “Por encontrarse probada la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria del Art. 28, numeral 6 del Código Único Disciplinario”. “La falta única imputada al disciplinado doctor MIGUEL HUMBERTO TÉLLEZ

MURCIA, es a título de Dolo, porque como Tesorero General del Departamento del Huila, y actuando en el uso de sus competencias legales y Constitucionales como Juez de jurisdicción coactiva de la Gobernación del Huila, decretó medida cautelar de embargo, dentro del proceso ejecutivo, contra la Caja Nacional de previsión Social EICE – ahora en liquidación -, de los dineros existentes en las cuentas corrientes, de ahorros y demás depósitos, del FOPEP, destinado para el pago de las obligaciones pensionales de Cajanal, recursos considerados inembargables”. “El doctor MIGUEL HUMBERTO TÉLLEZ MURCIA, no tuvo conciencia de la antijuricidad de su conducta, no existió en su mente ese nexo psicológico entre su Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10826 9 actuar y el resultado, -primera tesis argumentativa-, necesario para determinar su responsabilidad en la falta disciplinaria imputada, estuvo convencido que la acción desarrollada no produciría ruptura en el ordenamiento jurídico que contiene la prohibición legal y constitucional, pues, la orientación recibida de sus asesores jurídicos, fue el de considerar que la medida de embargo de las cuentas y recursos del FOPEP, estaba dirigida a cobrar acreencias laborales que tiene prelación, pues, trató de buscar la efectividad del derecho sustancial, la justicia material, respecto a los derechos de un conjunto amplio de pensionados del Departamento del Huila, es decir, el pago de cuotas partes pensionales. Su conducta estuvo inspirada en el cumplimiento de sus deberes sociales y

económicos para un grupo social que tiene una protección especial en el capo legal, constitucional y de los derechos humanos, consagrados en los Tratados internacionales, que deben ser aplicados de manera integral, y armónica buscando la coherencia interna y externa, es decir, con el bloque constitucional, propio de un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto y promoción de la Dignidad Humana, con el propósito de solucionar casos concretos, y búsqueda de un orden justo. Aprecie y valore señor Procurador, el criterio insistente del doctor MIGUEL HUMBERTO TÉLLEZ MURCIA, de que si bien son inembargables las rentas y recursos públicos, hay derechos prevalentes de carácter legal y constitucional, como es el de los pensionados, personas de la tercera edad, como la vida, salud, seguridad social, que son fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, y cuando el sujeto agente está convencido que con su actuar no está trasgrediendo la normatividad por acción y omisión, pues, pensó, creyó y actuó con la convicción de que el embargo de rentas y recursos del FOPEP, a pesar de la prohibición, en su sano criterio jurídico, era legal, lícita, conforme a los fines indicados e interpretaciones dada por su grupo asesor”. “Y es que así lo expresa de manera repetitiva en esta actuación: “…por lo que es factible proceder al embargo de rentas de destinación específica cuando no existen otros recursos para hacer efectivo el pago de las acreencias laborales…”. Como se puede apreciar señor Procurador, creyó que le era permitido, que la

prohibición en estos casos concretos y específicos, era legal, procedente, y esa fue la interpretación que en su momento le dio, cuando se le presentó el caso, se estudió, y decidió dar la orden de embargo, la mantuvo o continuó a pesar de las advertencias o requerimientos; de lo anterior se infiere que actuó bajo un error invencible como causal que excluye la responsabilidad disciplinaria conforme el art. 28 numeral 6° de la ley 734 de 2002 que expresa: “Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”. Y se da cuando el autor supone una errada representación, por valoraciones equivocadas que de que su actuar es lícito, es un error sobre la prohibición misma, o sobre una causa Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10826 10 de justificación, considerando convencido que era la mejor conclusión a la que debía llegar para cumplir la finalidad esperada, es decir la efectividad de los derechos de un determinado grupo social, a quienes el Estado debe tratar con una protección especial, como ocurre con los niños, o personas disminuidas física o sensoriales”. “(…) El doctor MIGUEL HUMBERTO TÉLLEZ MURCIA, como juez de la jurisdicción coactiva del Departamento del Huila, le dio un sentido y alcance diferente a las normas prohibitivas, actuando bajo un error de prohibición invencible, pues, el convencimiento fue el indicado y no otro, basta con apreciar las respuestas dadas durante su interrogatorio en este disciplinario, mantuvo su

criterio jurídico, de negar el levantamiento de la medida cautelar decretada por él en ejercicio de sus funciones, y con plena competencia, la decisión fue continuar con la medida y el trámite normal del proceso ejecutivo, sin negar el uso de las garantías legales y constitucionales para las partes, propias del DEBIDO PROCESO. En su mente estuvo siempre presente el convencimiento de la legalidad en su actuación, téngase en cuenta que el doctor MIGUEL HUMBERTO TÉLLEZ MURCIA no es abogado, es decir, no tiene conocimiento jurídicos, sin que ello sea el fundamento de la justificación, y ausencia de su responsabilidad, sino como elemento de valoración que debe ser apreciado en conjunto con los demás medios de prueba existentes y los que se traerán a la presente actuación”. “El aspecto subjetivo de la conducta, de la falta disciplinaria imputada al doctor TELLÉZ MURCIA no se presenta, no existió dolo en su actuar, no tuvo conocimiento de la situación típica, ni antijurídica, la voluntad no se dirigió a causar daño, a lesionar bienes jurídicos, no obedeció a acciones caprichosas, o arbitrarias”. “Téngase en cuenta que la continuación en su actuación como juez, tuvo su motivación también en el aumento de la obligación por un largo tiempo, ante el incumplimiento de CAJANAL a sus acreencias laborales a los pensionados del Departamento del Huila, creía que su actuar estaba ajustado a derecho, apoyado y fundado en disposiciones legales y constitucionales, en interpretaciones de otras autoridades y de terceras personas, específicamente de sus asesores jurídicos.

Criterios de valoración aceptados en nuestro ordenamiento jurídico, así sean equivocados o errados. Estuvo seguro que las cuotas partes pensionales por pagar, a cargo del Departamento del Huila y a favor de los pensionados se asimilan a obligaciones de naturaleza laboral y tienen prelación en el ámbito legal, pues tiene su fundamento en una relación de trabajo de interés público, y no en motivación particular”. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Cra 5 No. 15-80.Piso 8.PBX 5878750 Ext10826 11 “Sobre este tema de controversia jurídica, y que determinó la actuación del doctor TÉLLEZ MURCIA, para solicitar su exclusión de responsabilidad, fue también la aplicación de los arts. 1° y 4°, de la ley 1066 de 2006 que recogió lo dispuesto en los arts 41 del Dec 3135 de 1968 y 102 del Dec. 1848 de 1969, 488 del código sustantivo del trabajo y 151 del código procesal del trabajo y de la seguridad social, sobre el fenómeno jurídico de la prescripción de tres (3) años en relación al cobro de las cuotas partes pensionales. Al punto, la Procuraduría General de la Nación mediante instructivo 033 del 16 de octubre de 2008, dirigido al Ministerio de la Protección social, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, CAJANAL, Instituto del Seguro Social, Fonprecom, Caprecom, GOBERNADORES y alcaldes, fue el de requerir a los representantes legales de dichas entidades al pago oportuno de las deudas por concepto de cuotas partes pensionales, precisamente

para evitar la prescripción y evitar la violación de derechos de este grupo social que tiene una prelación especial, y es el Estado que a través de sus representantes legales, el garante de tales derechos laborales; en consecuencia, el doctor TÉLLEZ MURCIA con criterio sano, altruista y jurídico, en su interpretación consideró que entre sus deberes especiales como servidor público estaba el mecanismo del cobro coactivo para