PGN - Documento 201603071149590

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Incumplimiento de deberes FINALIDAD DE LA LEY DISCIPLINARIA-Prevención y buena marcha de la gestión pública Para decidir acerca de la situación de los servidores públicos, por razón de sus funciones o con ocasión de ellas, se toma en cuenta lo que al respecto ha dicho la Corte Constitucional: “La ley disciplinaria tiene como finalidad especifica la prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía de cumplimiento de los fines del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro. En ese contexto hay que precisar que el derecho disciplinario pretende garantizar la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, moral y la eficacia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo. ILICITUD SUSTANCIAL-Afectación de los deberes funcionales “La ilicitud sustancial disciplinaria debe ser entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública. Esta sencilla, clara lectura, es la que debe corresponder a la filosofía del derecho disciplinario, más allá de las imprecisiones de tipo semántico o gramatical en que pudo haber incurrido el legislador. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-No tiene carácter absoluto No se discute que al Estado le corresponda velar por el bien común de la sociedad, que se preocupe por la calidad de la educación que se imparte, que garantice en debida forma los derechos y deberes. Tampoco se pretende afirmar que la universidad en razón de su

autonomía pueda obrar como quiera, porque la autonomía no tiene carácter absoluto, en tanto está precisamente al servicio de la verdad y de la sociedad. El Estado en su labor de inspección y vigilancia debe regular, sin desconocer, la autonomía universitaria, la que no solo es un auténtico derecho de las universidades, sino 1

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750, ext. 10827. Fax ext. 10896 – www.procuraduria.gov.co de la sociedad y de la persona humana. Su competencia reguladora debe hacerse, precisamente, en defensa de los derechos fundamentales y en la búsqueda del bien común. La Universidad goza de autonomía constitucionalmente para organizar sus propios asuntos, razón por la cual bien puede consignar condiciones y requisitos para el desarrollo de actividades propias de la universidad, como en este caso, exigencias académicas para el desempeño de sus cargos. Nada impide a la universidad establecer exigencias mayores o adicionales a las previstas en otros regímenes o disposiciones, bajo el entendido, como lo ha dicho la ley, que las exigencias fijadas legalmente tienen carácter supletivo, para el evento en que no se haya establecido ninguna regulación por la universidad, en ejercicio de su autonomía. En esas condiciones, carece de razón lo alegado por la defensa. CALIFICACIÓN DE LA FALTA-Grave Por tanto, se mantiene la calificación de falta grave cometida con culpa grave, tomando en consideración que estaba a su alcance solicitar al funcionario correspondiente que certificara sí el nombrado cumplía los requisitos. Además, se debe hacer notar que fue él

quien expidió la constancia de desempeño laboral, no habiendo sometido la decisión del nombramiento a estudio y concepto de quien tenía asignada formalmente esa función, por lo que se puede asegurar que está debidamente demostrado que su actuar no fue diligente, ni con el cuidado que exigía su cargo. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-Inhabilidad general Demostrada la comisión de la falta, corresponde aplicar la sanción que se consagra, conforme al artículo 44 de la Ley 734 de 2002, donde se dispone que las faltas graves cometidas con dolo traen como sanción la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad. En consecuencia se confirmará el fallo de segunda instancia con respecto al Vicerrector. 2

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DEPENDENCIA : SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA :

ADMINISTATIVA RADICACIÓN : IUS 085-012358/2009

INVESTIGADO : JAIRO MUÑOZ HOYOS y otro

CARGO : RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO QUEJOSO : RODRIGO RODRÍGUEZ GÓMEZ FECHA QEJA : SEPTIEMBRE 12 de2008

Fecha HECHOS : AGOSTO 30 de 2008

ASUNTO : FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA.

Bogotá, D.C. NOVIEMBRE 11 DE 2011

Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación interpuesto contra el

fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Regional del Cauca con fecha 25 de octubre del año 2010. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN Procedente de la Procuraduría Regional del Cauca, se encuentran las diligencias radicadas con el IUS 087-004384/2009, con el fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el doctor Jhon Erick Chaves Bravo, apoderado de Jairo Muñoz Hoyos y Juan Andrés Villota Ramos, contra el fallo No. 07 del 25 de octubre de 2010, proferido por dicho Despacho, por medio del cual impuso sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por el término de DOS (2) MESES al señor Jairo Muñoz Hoyos quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como Rector de la Universidad de Nariño, sanción que implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria. En el evento que el mencionado no se encuentre vinculado actualmente al ente universitario, procede la conversión de la sanción en multa, conforme al salario devengado por el señor Muñoz Hoyos durante el año 2007, fecha de ocurrencia de la falta. 3

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750, ext. 10827. Fax ext. 10896 – www.procuraduria.gov.co Al señor Juan Andrés Villota Ramos se le impuso sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por el término de CUATRO (4) MESES, quien para la fecha de

los hechos se desempeñaba como Vicerrector Administrativo de la Universidad de Nariño e inhabilidad para ejercer la función pública en cualquier cargo distinto de aquel, por el mismo término. CARGOS FORMULADOS El 24 de abril de 2009, la Procuraduría Regional de Nariño formuló cargos a los investigados (fls 266 y ss), así: I.- A Jairo Muñoz Hoyos, Rector de la Universidad de Nariño. 1º.- “Por cuanto pudo haber incurrido en falta disciplinaria al incumplir la prohibición prevista para todo servidor público, consistente en nombrar para el desempeño de cargos públicos a personas que no reúnan los requisitos reglamentarios, para el caso se trataría de la designación que hiciera al doctor Juan Andrés Villota Ramos, mediante Resolución No. 5132 de 20 de diciembre de 2004, como Secretario General de la Universidad de Nariño, desempeñándose como tal, hasta el 30 de mayo de 2006; por cuanto, conforme al Acuerdo 194 de 1993, contentivo del Estatuto General de la Universidad, requería a su posesión título profesional y experiencia profesional no inferior a dos años. Lo propio acontecería, cuando, merced a la Resolución No. 3498 de 3 de septiembre de 2007, nombró en propiedad al mismo profesional, como Director de Consultorios Jurídicos, cargo que a términos del Acuerdo No. 019 de junio 30 de 2004, expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño, exige dedicación exclusiva y ser docente adscrito a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas y, contar con al menos dos años de experiencia

docente y dos años de experiencia profesional calificada, si se precisa que se vinculó con antelación con contrato laboral, como docente hora cátedra, a partir del 13 de agosto de 2007, en programa diurno y vespertino, adscrito al departamento de ciencias jurídicas; entonces, para el 3 de septiembre de 2007, fue nombrado en el cargo reprochado, tal actividad le impedía la dedicación exclusiva, amén de que no contaría con los requisitos enunciados, dado que conforme la certificación expedida por el Rector, se desempeñó como docente de formación humanística en Derechos Humanos por la duración de los cursos e 4

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750, ext. 10827. Fax ext. 10896 – www.procuraduria.gov.co intensidad horaria alcanzaría escasos tres (3) semestres, no correspondiendo al tiempo exigido, así mismo, el requisito de experiencia profesional calificada, tampoco lo tendría, por lo razonado en precedencia, al no encontrarse acreditada la misma”. “2º. Por cuanto el doctor Jairo Muñoz Hoyos, en su condición de Rector de la Universidad de Nariño, pudo haberse extralimitado en sus funciones, cuando el 13 de julio de 2007, hizo constar que el doctor Juan Andrés Villota Ramos, se desempeñó (sic) como Docente de formación humanística en Derechos Humanos, con 6 horas semanales en el semestre A y B de 2005 y Semestre A de 2006,

siendo que tal función, conforme a la Resolución 2628 de 22 de diciembre de 1993 contentiva del Manual de Funciones de la Universidad, está asignada al Jefe de la División de Recursos Humanos, en armonía con el 2772 de 2005, artículo 15, el cual regula que tal certificación la debe expedir “la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas”.

.- FORMA DE CULPABILIDAD.

La falta endilgada al señor Jairo Muñoz Hoyos encuadrada en el Artículos 29, literales a) y f), 54 del Acuerdo 194 de 1993; Acuerdo 019 del 30 de junio de 2004; numerales 1 y 4 de la Resolución 2628 del 22 de diciembre de 1993; 22, 23, 34, numerales 1, 2 y 15, 35, numerales 1 y 18 de la Ley 734 de 2002; 6, 123, numeral 2 y 209 de la Constitución Política, fue calificada como grave a título de culpa. En consecuencia, la imposición de la sanción que corresponde es la establecida en el artículo 44 del CDU. II.- A Juan Andrés Villota Ramos “1.- Por cuanto, proporcionó al parecer en su hoja de vida bajo juramento, datos inexactos que tendrían incidencia en su vinculación y permanencia como Secretario General de la Universidad de Nariño, designación materializada en la Resolución Rectoral No. 5132 de 20 de diciembre de 2004, desempeñándose como tal, hasta el 30 de mayo de 2006, dado que el Acuerdo 194, contentivo del Estatuto General de la Universidad, requería para ese desempeño titulo

profesional y experiencia profesional no inferior a dos años, experiencia que no 5

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750, ext. 10827. Fax ext. 10896 – www.procuraduria.gov.co tendría por cuanto no sería Asesor Jurídico de Corpotrigo como lo registró, porque la certificación del 28 de noviembre de 2001 que allegó, certifica que “… se encuentra vinculado … desde el 1 de febrero de 2001, en desarrollo del proyecto Saneamiento de Títulos en el Municipio de Guaitarilla ”. Por igual, con referencia a la condición que registró en su hoja de vida como “Asesor de Acreditación y Reforma Curricular” Universidad de Nariño, entre marzo y diciembre de 2002”, la misma no sería cierta, al establecerse con las copias obrantes en la misma hoja de vida, que según el Contrato de Trabajo No. 301, que suscribió con el Rector de la Universidad de Nariño, el 28 de febrero de 2002, prorrogado hasta el 30 de octubre de ese año, fue contratado para prestar sus servicios, como “Asistente de Acreditación” adscrito a la facultad de Derecho , con funciones referidas básicamente a coordinación de condiciones previas para el proceso de inscripción en el sistema, entonces, no sería “Asesor” como lo anotó. “2.-En su condición de Director de Consultorios Jurídicos de la Universidad de Nariño, por cuanto para tal designación en propiedad, materializada en la Resolución No. 3498 de 3 de septiembre de 2007, proporcionó al parecer en su

hoja de vida, datos inexactos que tendrían incidencia en su vinculación y permanencia hasta el 15 de enero de 2009, dado que a términos del Acuerdo No. 019 de junio 30 de 2004, expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño, para ese desempeño, se exige ser docente adscrito a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño para ese desempeño, se exige ser docente adscrito a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas y, contar con al menos dos años de experiencia docente y dos años de experiencia profesional calificada, en este evento no contaría con los requisitos enunciados, dado que la anotación que hace sobre desempeño como docente de formación humanística en Derechos Humanos, resultaría visiblemente inconsistente y por la duración de los cursos e intensidad horaria alcanzaría si acaso a tres (3) semestres, no correspondiendo a la exigida, que es de cuatro semestres o sea dos año”. “En la misma inteligencia, el requisito de experiencia profesional calificada, tampoco la tendría, por cuanto no sería Asesor Jurídico de Corpotrigo como lo registró, porque la certificación de 28 de noviembre de 2001 que allegó, certifica que: “…se encuentra vinculado… desde el 1 de febrero de 2001, en desarrollo del proyecto Saneamiento de títulos en el Municipio de Guaitarilla (N)… 6

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Por igual, con referencia a la condición que registró en su hoja de vida como “Asesor de Acreditación y Reforma Curricular” Universidad de Nariño, entre marzo y diciembre de 2002, la misma no sería cierta, al establecerse con las copias obrantes en la misma hoja de vida, que según el Contrato de Trabajo No. 301 que suscribió con el Rector de la Universidad de Nariño, el 28 de febrero de 2002, prorrogado hasta 30 de octubre de ese año, fue contratado para prestar sus servicios, como “Asistente de Acreditación” Adscrito a la Facultad de Derecho, con funciones referidas básicamente a coordinación con el Decano y el Comité Central de Acreditación la evaluación de condiciones previas para el proceso de inscripción en el sistema, entonces, no sería “Asesor” y menos durante el período que anotó”.

.- FORMA DE CULPABILIDAD.

La falta endilgada al señor Juan Andrés Villota Ramos se enmarcó en los Artículos 22, 23, 34, numerales 1, 2, 9, 15 y 35 de la Ley 734 de 2002 y 6, 123, numeral 2 y 209 de la Constitución Política, se calificó como grave a título de dolo (fls. 266 a 288), la cual se sanciona conforme a los parámetros del artículo 44 del CDU en concordancia con el 46 ibídem. DECISIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA Debido a la aceptación del impedimento presentado por el Procurador Regional de Nariño, a través del Fallo No. 07 del 25 de octubre de 2007, objeto del recurso de

Apelación, la Procuraduría Regional del Cauca, asignada para decidir el asunto, tomó la decisión de sancionar a los investigados, con base en lo siguiente:

I.- JAIRO MUÑOZ HOYOS RECTOR DE LA UNIVERIDAD DE NARIÑO.

Con relación al primer cargo sobre la designación irregular de Director de Consultorios Jurídicos, señaló que el Acuerdo 019 del 30 de junio de 2004 establece que para ser Director de Consultorios Jurídicos se requiere tener dos (2) años de experiencia profesional y dos (2) años de experiencia docente, además que “será nombrado por el Rector de la Universidad de Nariño, a proposición del Decano de la Facultad de Derecho”. 7

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750, ext. 10827. Fax ext. 10896 – www.procuraduria.gov.co Bajo ese precepto, correspondía al mencionado Decano, en tarea conjunta con el Rector, confirmar los requisitos presentados por el aspirante a desempeñar el cargo, lo cual no fue realizado por ninguno de los servidores públicos, pese a que pudieron hacerlo a través de la División de Recursos Humanos, si tenían duda al respecto. Al referirse al comunicado del Rector, afirma que no puede ser tenido en cuenta ese documento como corrección de la omisión, porque dicho funcionario había certificado una experiencia docente que a la postre resultó que no era ajustada a las horas efectivamente cubiertas en la cátedra. Le correspondía confrontar la información suministrada a la Universidad, porque era un dato relacionado intrínsicamente con la idoneidad del señor Villota Ramos

en el cumplimiento de tales requisitos. Más aún, sostiene que de ser cierta la afirmación sobre el número de horas que cumplía el señor Villota Ramos, no le permitía cumplir el requisito exigido, esto es, los dos (2) años de experiencia en docencia. El segundo cargo endilgado al doctor Muñoz, se refiere al hecho de suscribir constancia como Rector, en la que manifestaba que el doctor Juan Andrés Villota Ramos se desempeñó como Docente de formación humanística en Derechos Humanos, siendo que esa función de certificación le corresponde al Jefe de la División de Recursos Humanos, según el Manual de Funciones de la Universidad. Agrega, que el contenido de ese documento no corresponde con la realidad de las labores ejecutadas como docente por el señor Villota Ramos, ni fue el resultado de la confrontación o verificación con los funcionarios de la oficina de Talento Humano, porque se incluyó una intensidad horaria que cuando se verificó, resultó que el mismo no figuraba entre los docentes que en el lapso comprendido entre marzo y junio de 2005 habían cumplido con tal función. Tampoco coincide el pago con las horas orientadas durante los años 2005 y 2006. Señala como factor relevante el hecho de que el investigado en el escrito de descargos asevere que suscribió la constancia a petición del doctor Villota Ramos, quien había preparado la misma, dejando entrever que no realizó ninguna consulta 8

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que permitiera asegurar al doctor Muñoz Hoyos, que el contenido era verdadero. No aceptó esa instancia que para un determinado procedimiento se indique que la revisión de la documentación la haga la Oficina de Talento Humano, mientras que para otras lo tramite el Rector, con la justificación de que quien puede lo más puede lo menos. Sostiene que el aludido cargo se mantiene incólume, por la negligencia con la que actuó el Rector de la Universidad de Nariño.

I.- JUAN ANDRÉS VILLOTA RAMOS VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA

UNIVERSIDAD DE NARIÑO.

La primera endilgación se refiere al aporte de documentación e información en la hoja de vida que demostraba la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos para posesionarse como Secretario General de la Universidad de Nariño. Cargo del cual fue absuelto (flio 682). Respecto al segundo cargo endilgado, relacionado con la entrega de información inexacta para vincularse y permanecer hasta el 15 de enero de 2009 como Director de Consultorios Jurídicos de la Universidad de Nariño, se precisa que el Acuerdo 019 de 2004 requería que el candidato cumpliera con al menos dos años de experiencia docente y dos años de experiencia profesional calificada, indicándose que no contaba con los requisitos enunciados, por la inconsistencia de la anotación que hace como docente de formación humanística en Derechos Humanos. En cuanto a la duración de los cursos, estima que máximo alcanzan para acreditar tres semestres, no pudiendo por ello acatar la exigencia de dos años que era necesaria para el desempeño del cargo, motivo por el cual la Procuraduría Regional del Cauca no aceptó los planteamientos de la defensa.(fls.

642 a 690). I.- RECURSO DE APELACIÓN DEL DR JAIRO MUÑOZ HOYOS El doctor Jhon Erick Chaves Bravo, actuando en calidad de apoderado del doctor Jairo Muñoz Hoyos, interpone recurso de apelación contra el fallo de primera instancia proferido el día 25 de octubre de 2010, por la Procuraduría Regional del Cauca, con base en los siguientes argumentos: - Que la conducta del disciplinado es atípica. 9

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750, ext. 10827. Fax ext. 10896 – www.procuraduria.gov.co Señaló que el comportamiento cuestionado no se encuentra descrito en las normas disciplinarias, contrario a lo que establece el ente de control, en el sentido que se desatendieron los deberes determinados en los Acuerdos 194 de 1993 y 019 del 30 de junio de 2004, entre otras normas concordantes y complementarias, no obrando en el proceso prueba que determine que existió intención dolosa ni mucho menos afectación por parte de su poderdante. - Los Consejos de Facultad son incompetentes para regular requisitos de cargos. Para aplicar la sanción se tuvieron en cuenta los requisitos contemplados en el Acuerdo No. 019 del 30 de junio de 2004 del Consejo de la Facultad de Derecho y no los señalados por el Decreto 0765 de 1977. Consideró que el Consejo de Facultad es órgano incompetente para establecer dichos requisitos, pues al que corresponde reglamentarlos es al Consejo Superior

y si éste no lo hace, debe regirse por la Ley, en este caso el Decreto 0765 de 1977, situación que inclusive constituye una vía de hecho por violación de norma sustantiva; por lo tanto, la decisión se torna inaceptable, razón por la cual de no revocarse el fallo, se incurre en una clara vulneración del principio de legalidad. - Solicitó aplicar la excepción de ilegalidad. Lo anterior, porque existe contradicción entre la norma del Consejo de Facultad y la superior. En la primera fija unos requisitos, en tanto que la información suministrada al Decano de la época y al Rector, señalaba que si reunía los requisitos, por lo que debe inaplicarse dicho Acuerdo del Consejo de Facultad. - Sostuvo que en una investigación no es admisible el desconocimiento del principio de legalidad. Al aplicar la sanción, se vulnera el principio de legalidad, por cuanto no existe determinación de una conducta ilegal y hay ausencia de responsabilidad y tipicidad. - La aplicación del Acuerdo 019 del 30 de junio de 2004, constituye una vía de hecho por violación de norma sustantiva, por lo tanto la decisión se torna 10

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750, ext. 10827. Fax ext. 10896 – www.procuraduria.gov.co inaceptable, razón por la cual de no revocarse la decisión contenida en el fallo precitado, se incurre en una vulneración al principio de legalidad. No obstante, el acuerdo No. 019 del 30 de junio de 2004, expedido por el Consejo

de Facultad, si bien contiene preceptos que contrarían de manera evidente normas jerárquicamente superiores, como bien se conoce en el Derecho Administrativo, gozan de legalidad, hasta tanto no sean atacados por vía de la jurisdicción contencioso administrativo; sin embargo, es claro que ante la solicitud de la defensa de inaplicarlos, es deber del investigador hacerlo y en este caso aplicar lo determinado en el Decreto 0765 de 1977con relación a los requisitos exigidos para desempeñar el cargo de Director de Consultorios Jurídicos. - Sostiene que su defendido cumplía los requisitos exigidos para ser Director de Consultorios Jurídicos. Reitera, que el Decreto 765 establece como requisito optativo la docencia o la práctica profesional. Así mismo, que al momento de la designación, el doctor Villota Ramos poseía la segunda, “que ni siquiera se exige como experiencia profesional que inclusive es como la misma procuraduría lo establece a partir de la terminación de estudios y la práctica profesional a partir de la licencia temporal que el designado la obtuvo desde el mes de junio de 2001, por ende, el designado, al cumplir estos requisitos desvirtúa el cargo atribuido (…)”. - La certificación expedida por el Rector no contiene información falsa Sostuvo que los cursos de formación humanística no se rigen de igual forma como las asignaturas de los diferentes programas, al menos en intensidad horaria, porque esos cursos los coordina una dependencia diferente a la facultad. Dichos cursos tienen como objetivo complementar la formación profesional de los futuros profesionales. (fls. 700 a 717). En la Resolución No. 3498 de 3 de septiembre de

2007, proporcionó al parecer en su hoja de vida, datos inexactos que tendrían incidencia en su vinculación y permanencia hasta el 15 de enero de 2009, dado que a términos del Acuerdo No. 019 de junio 30 de 2004, expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño, para ese desempeño, se exige ser docente adscrito a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas y, contar con al menos dos años de experiencia docente y dos años de experiencia profesional calificada, apareciendo que en este evento no contaría con 11

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750, ext. 10827. Fax ext. 10896 – www.procuraduria.gov.co los requisitos enunciados, dado que la anotación que hace sobre desempeño como docente de formación humanística en Derechos Humanos, lo cual resulta inconsistente, y por la duración de los cursos e intensidad horaria, alcanzaría si acaso a tres (3) semestres, no correspondiendo a la exigida, que es de cuatro semestres o sea dos años. “En la misma inteligencia, el requisito de experiencia profesional calificada, tampoco la tendría, por cuanto no sería Asesor Jurídico de Corpotrigo como lo registró, porque la certificación de 28 de noviembre de 2001 que allegó, certifica que: “… se encuentra vinculado … desde el 1 de febrero de 2001, en desarrollo del proyecto SANEAMIENTO DE TÍTULOS en el Municipio de Guaitarilla (N).

“Por igual, con referencia a la condición que registró en su hoja de vida como “ASESOR DE ACREDITACIÓN Y REFORMA CURRICULAR” Universidad de Nariño, entre marzo y diciembre de 2002, la misma no sería cierta, al establecerse con las copias obrantes en la misma hoja de vida, que según el Contrato de Trabajo No. 301 que suscribió con el Rector de la Universidad de Nariño, el 28 de febrero de 2002, prorrogado hasta 30 de octubre de ese año, fue contratado para prestar sus servicios, como “ASISTENTE DE ACREDITACION” ADSCRITO A LA FACULTAD DE DERECHO, con funciones referidas básicamente a coordinación con el Decano y el Comité Central de Acreditación la evaluación de condiciones previas para el proceso de inscripción en el sistema, entonces, no sería “Asesor” y menos durante el período que anotó” Al referirse al doctor Juan Andrés Villota Ramos, señaló que la Resolución 2628 del 22 de diciembre de 1993 (Manual de Funciones), estableció que para desempeñar un cargo directivo debía acreditar título profesional y experiencia mínima de tres (3) años en los cargos administrativos, tarjeta profesional o matrícula. Si se tiene en cuenta que los hechos ocurrieron en diciembre de 2004, no se podría aplicar al presente caso la valoración de la experiencia profesional contemplada en el Decreto 2772 de 2005, que señala “los requisitos de estudios y experiencias que se fijan en el presente decreto para cada uno de los grados salariales por cada nivel jerárquico, sirven de base para que los organismos y

entidades a quienes se aplica este decreto elaboren sus manuales específicos de 12

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750, ext. 10827. Fax ext. 10896 – www.procuraduria.gov.co funciones y de requisitos para los diferentes empleos que conforman su planta de personal”. II.- RECURSO DE APELACIÓN DEL DR JUAN ANDRES VILLOTA RAMOS El Dr. Juan Andrés Villota Ramos, actuando en su propio nombre interpone recurso de apelación contra el fallo de primera instancia proferido el 25 de octubre de 2010, por la Procuraduría Regional del Cauca, con el cual lo sancionó, fallo que ataca con base en los siguientes argumentos: Se le acusa de haber aportado datos inexactos en su hoja de vida, lo que tendría incidencia en su vinculación y permanencia en el cargo de Director de Consultorio jurídico de la Universidad de Nariño, y que según el fallo de primera instancia, los requisitos aplicables para ocupar el mencionado cargo se encontraban consignados en el Acuerdo No. 019 de junio 30 de 2004, expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño. Para ese desempeño se exige ser docente adscrito a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas y, contar con al menos dos años de experiencia docente y dos años de experiencia profesional. Dijo que la discusión jurídica tiene que ver con la juridicidad y la vigencia de los requisitos que son determinados para ocupar el cargo de Director de Consultorio

Jurídico y que en la actualidad se encuentra vigente el Decreto 0765 de 1977, que regula los requisitos para ese empleo los cuales son: “Estar dirigido por un abogado titulado, dedicado exclusivamente al consultorio que tenga experiencia en docencia universitaria o práctica profesional no inferior a 5 años, quien debe ejercer el profesorado en la facultad, (..) Por otro lado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño profirió mediante acto administrativo, el acuerdo 019 de 2004, reglamento de consultorio jurídico, en donde se consignan otros requisitos para ocupar el cargo de Director de Consultorio Jurídico, para la cual debe tener al menos dos años de experiencia profesional y dos años de experiencia docente. La discusión se centra por lo tanto en la aplicación del decreto 0765 de 1997, norma general expedida por el ejecutivo nacional y plenamente vigente, o en la 13

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750, ext. 10827. Fax ext. 10896 – www.procuraduria.gov.co aplicación del acuerdo expedido por la Universidad de Nariño. Al respecto, es necesario acudir, como lo hace el fallo de primera instancia, al concepto y desarrollo de la Autonomía Universitaria, que se encuentra regulada por la ley 30 de 1992. Efectivamente la Constitución de Colombia en su artículo 69 indica que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. En desarrollo de ese precepto Constituci