PGN - Documento 201603071712592

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal Radicación núm: 021-71590-2002

Disciplinado: Ángel Villadiego Hernández Cargo y entidad: Gobernador del departamento de Córdoba Quejoso: Jorge Enrique Escobar Fecha queja: 24 de abril /2002

Fecha hechos: Agosto a diciembre de 2000

Asunto: Fallo de Primera Instancia (Art. 170 Ley 734/02).

Bogotá, D.C., 23 de septiembre de 2005 Conforme a lo dispuesto en el artículo 170 de la ley 734 de 2002, procede este Despacho a proferir fallo de primera instancia, dentro de la investigación disciplinaria adelantada contra ANGEL VILLADIEGO HERNÁNDEZ, en su condición de Gobernador del Departamento de Córdoba. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado el 4 de diciembre de 2000, el abogado JORGE ENRIQUE ESCOBAR, en representación de COMCAJA, informó a la Procuraduría Regional de Córdoba el incumplimiento, por parte del departamento de Córdoba y el municipio de Montería, en la realización de los pagos a que estaban obligadas dichas entidades territoriales, en ejecución del contrato No. 1877, que tuvo vigencia entre el 1º de abril de 2000 y el 31 de marzo de 2001 y cuyo objeto fue la administración de recursos del régimen subsidiado de seguridad social en salud (Fols. 2-4). En la fecha del escrito de queja, la deuda de las entidades territoriales referidas alcanzaba la suma de trescientos ocho millones doscientos ochenta y cuatro mil

novecientos dieciséis pesos ($308284.916), que debían haber sido financiados con recursos provenientes del situado fiscal, con rentas cedidas y con recursos fosyga, tal como se discrimina a continuación: 1) Con recursos del situado fiscal agosto a septiembre /00 $ 17208.852 octubre a noviembre /00 $ 17208.852

Subtotal $ 34417.704 2) Con recursos rentas cedidas agosto a septiembre /00 $ 8288.391 octubre a noviembre /00 $ 8288.391

Subtotal $ 16576.782 3) Con recursos Fosyga Agosto a septiembre /00 $128645.215

EXPEDIENTE 021-71590 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 1

FALLO PRIMERA INSTANCIA Octubre a noviembre /00 $128645.215

Subtotal $257290.430 ____________

TOTAL DEUDA $308284.916

Con fundamento en el oficio suscrito por el señor JORGE ENRIQUE ESCOBAR, la Procuraduría Regional de Córdoba ordenó adelantar indagación preliminar, mediante auto del 19 de abril de 2001, con el objeto de establecer si existió falta disciplinaria e identificar al posible responsable de los hechos denunciados (Folios 6-7 Cuaderno No.1). Una vez perfeccionada la etapa de indagación preliminar, la Procuraduría Regional de Córdoba, por auto del 27 de noviembre de 2001, remitió las diligencias radicadas con el No. 082-001123/01, por competencia, a la Procuraduría Delegada para la

Vigilancia Administrativa (reparto) (Folio 29). Recibidas las diligencias por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, las devolvió a la División de Registro y Control, con el objeto de que se hiciera nuevo reparto, por estar radicada la competencia en la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, conforme a lo establecido en el literal a), numeral 1º, artículo 25 del Decreto 262 de 2000, por tratarse de posibles irregularidades cometidas en la ejecución del contrato No. 1877 de 2000 (Folios 3233). Recibidas las diligencias en la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, ésta, mediante auto del 31 de julio de 2002, dispuso adelantar investigación disciplinaria en contra de Ángel Villadiego Hernández, en su condición de gobernador del departamento de Córdoba, y Francisco Alberto Burgos de la Espriella, como alcalde de Montería, por el incumplimiento de los pagos a que estaban obligados en ejecución del contrato de administración de recursos del régimen subsidiado de seguridad social en salud No. 1877 de 2000 (Folios 35-37). EL CARGO Mediante auto del 28 de enero de 2003, se formuló cargo único contra ANGEL VILLADIEGO HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 3’783.075 de Cartagena, en su condición de gobernador del departamento de Córdoba, por el siguiente hecho: (Folios 117 - 124).

...en el ejercicio de su cargo como Gobernador de Córdoba, le correspondía cumplir las obligaciones contraídas con el contrato 1877, celebrado el 1º de abril del año 2000 con Comcaja y se abstuvo de hacerlo, en el momento que incumplió el pago o giro de los recursos correspondientes a los meses de agosto, Septiembre, octubre y noviembre de 2000, faltando al principio de responsabilidad de La Ley 80 de 1993.

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FALLO PRIMERA INSTANCIA El pliego de cargos estableció, como normas vulneradas, las siguientes: artículo 4º, inciso 2º, y artículo 6º de La Constitución Política; artículo 5º, numeral 1º; y artículo 26, numerales 1º y 5º de la ley 80 de 1993, y artículo 40, numerales 1º, 2º y 22º de la ley 200 de 1995. La falta atribuida al disciplinado, se calificó como GRAVE, teniendo en cuenta su jerarquía y la falta de consideración de éste para con los administrados, conforme al artículo 27 de la Ley 200 de 1995. Además, se consideró que el incumplimiento del contrato 1877 de 2000 fue ocasionado por la negligencia en el giro oportuno de los recursos que financiaban dicha obligación contractual. Por otra parte, en el mismo auto, se ordenó el archivo definitivo de la investigación adelantada en contra de FRANCISCO ALBERTO BURGOS DE LA ESPRIELLA, Alcalde de Montería, conforme a lo establecido en el artículo 164 de la Ley 734 de 2002, por haberse establecido que los recursos que debían ser girados en ejecución

del contrato 1877 de 2000 eran administrados, exclusivamente, por el departamento de Córdoba.

DESCARGOS.

El disciplinado presentó memorial de descargos el 12 de marzo de 2003 (Folios 9-12 Anexo 3). Entre los argumentos planteados en su defensa, indicó que “nunca se proyectó” en forma voluntaria para incumplir los pagos sobre el contrato 1877 del 1 de abril de 2000 y, por lo tanto, su actuación no fue negligente. Aceptó el disciplinado que está plenamente demostrado el incumplimiento de la obligación de pagar los recursos correspondientes a los meses agosto a noviembre de 2000, conforme al contrato 1877 de ese mismo año, pero expresó que se presentaron circunstancias que justifican tal incumplimiento, entre las que destacó las siguientes:

1. En el departamento de Córdoba, durante su administración, se produjo una reestructuración para reducir gastos, bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, y se aplicó el Programa de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional. La Secretaría de Desarrollo de la Salud (antes Departamento Administrativo de Salud) del departamento de Córdoba sufrió un recorte sustancial de personal, pasando de tener 180 cargos y contratos de prestación de servicios, a contar tan solo con 39 cargos, lo cual implicó una modificación radical de las funciones de cada cargo.

Fue necesario, entonces, hacer modificaciones y ajustes a los ítems del presupuesto, así como a los procesos y los procedimientos en esta Secretaría, como consecuencia de la reestructuración, lo que ocasionó el retraso en los pagos a todas las ARS del departamento. Con el objeto de probar este

hecho, solicitó el disciplinado que se adelantara una inspección a todos los documentos relacionados con la reestructuración que fueran pertinentes para tal efecto, así como escuchar el testimonio de la doctora María del Rosario Domínguez, funcionaria adscrita a la Secretaría de Desarrollo de la Salud, quien manejó la parte logística de la reestructuración.

2. En la época de los hechos, el Ministerio de Salud, en virtud de que los municipios estaban en mora con el pago de los ICN (ingresos corrientes de la EXPEDIENTE 021-71590 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 3

FALLO PRIMERA INSTANCIA Nación), que éstos administraban con destino a las ARS, y teniendo en cuenta las numerosas quejas presentadas por éstas, adoptó como medida de presión, la retención de los dineros del Fosyga, hasta tanto los municipios no se pusieran al día, lo que ocasionó un retraso en el giro de estos recursos por parte del Ministerio de Salud y afectó, en forma directa, el pago oportuno del contrato 1877 de 2000, ya que con dichos recursos se financiaba una parte del mismo. Solicitó el señor ANGEL VILLADIEGO, para probar este hecho, que se recibiera el testimonio del señor Juan Carlos Cervantes, funcionario de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, quien, por sus funciones, tuvo amplia información sobre el particular y conoció a fondo las determinaciones y medidas adoptadas por el Ministerio de Salud. De igual forma, requirió que se allegara al expediente toda la documentación del Ministerio de Salud

relacionada con el comportamiento de los municipios respecto del manejo de los ingresos corrientes de la nación, que reposa en la misma Secretaría del ramo del departamento de Córdoba. Por otra parte, solicitó el disciplinado ser escuchado en versión libre, para ampliar las explicaciones respecto de las causas que originaron la actuación que se le reprocha. PRUEBAS DE DESCARGOS Por auto del 31 de marzo de 2003, este Despacho decretó la práctica de las pruebas solicitadas por el disciplinado en sus descargos y, para tal efecto, comisionó a la Procuraduría Regional de Córdoba (Folios 129 –130 cuaderno principal). ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Afirmó el defensor del disciplinado que, con fundamento en las pruebas solicitadas en los descargos, decretadas por la Procuraduría y debidamente allegadas, se demuestra que el trastorno generado por la reestructuración del departamento de Córdoba retrasó el pago a las ARS de todo departamento (Folios 144-150 del cuaderno principal). Al respecto, resaltó los siguientes apartes del testimonio de la señora María del Rosario Domínguez, los cuales consideró de gran importancia, por el conocimiento de causa de la declarante: Ya no teníamos secretaría, todo pasó al nivel de Gobernación. Para (sic) el año 2000 los municipios reportaban deudas grandísimas para (sic) las ARS, principalmente recursos del ICN, lo que fue puesto en conocimiento de la Procuraduría, también fue de conocimiento de la Superintendencia, por ello el ministerio de Salud adopta una

medida de retener los giros del FOSYGA hasta tanto los alcaldes se pusieran al día con los ICN. Esta medida de control fue telefónicamente (sic) a cada secretaría. Vemos que este contrato que se inicia en abril de 2000 y termina en marzo 31 de 2001 (sic) los giros para el segundo cuatrimestre (agosto, septiembre, octubre y noviembre) fueron girados en mayo de 2001, enseguida la secretaría autoriza la elaboración de cuentas. Recordemos que la administración está en un proceso lento en lo que respecta a EXPEDIENTE 021-71590 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 4 FALLO PRIMERA INSTANCIA trámites y procesos de cuentas. Por otra parte la caja de Compensación COMCAJA tenía deudas que pasaban de 360 días con diferentes IPS públicas y privadas del departamento, las cuales llegan a un acuerdo y COMCAJA autoriza cesión de crédito a las diferentes IPS lo cual también retrasó el acuerdo de pago a ella. También indicó que, con el testimonio del doctor Juan Carlos Cervantes, a quien consideró testigo excepcional de las determinaciones adoptadas por el Ministerio de Salud, y las demás pruebas solicitadas en los descargos, practicadas y allegadas al averiguatorio, se demuestra “que nunca tuvo vida una omisión voluntaria – recordando la noción de culpa – ... “en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho”, pues con lo demostrado operaban unas circunstancias difíciles o casi imposibles de salvar para el cumplimiento de aquellas obligaciones.”. Solicitó tener en cuenta lo manifestado en el memorial de descargos, en cuanto a

que los pagos que se echan de menos en la investigación fueron realizados una vez se superaron los obstáculos que impidieron su cumplimiento oportuno, por lo cual estimó que no se causó perjuicio con la omisión que se le reprocha. Finalmente, expresó (folios 148-149): ...me permito relievar o recordar, el conocimiento que con toda (sic) su Despacho tiene, de que uno de los elementos de la culpa es el daño o perjuicio que se causa con el comportamiento culposo. Este no ha existido o por lo menos la investigación no lo mostró, no lo señaló, y consecuentemente no existe probado, el elemento del daño, es decir la culpa no se generó.

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA: 1. hechos probados y análisis de la responsabilidad del disciplinado: El contrato para la administración de recursos del régimen subsidiado de seguridad social en salud No. 1877 fue suscrito entre el departamento de Córdoba, representado por su gobernador, Ángel Villadiego Hernández, el municipio de Montería, representado por su alcalde, Francisco Alberto Burgos de la Espriella y por la ARS COMCAJA, el 1º de abril de 2000, con el objeto de que la ARS administrara los recursos del régimen subsidiado en salud y llevara a cabo el aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado. Tuvo vigencia desde el 1º de abril de 2000 hasta el 31 de marzo de 2001, y el pago se pactó por periodos bimestrales (Folio 19). Si bien en el texto del contrato se alude a cláusulas generales que se encuentran al reverso, el mismo está

incompleto, dado que sólo fue aportada copia del anverso. En oficio No. 1631 del 22 de noviembre de 2002, el Secretario Seccional de Salud de Córdoba (E) indicó que el contrato No. 1877 de 2000, celebrado con COMCAJA, fue radicado en el Ministerio de Salud con el No. 002983, financiado con recursos del situado fiscal, fosyga y rentas cedidas, recursos administrados exclusivamente por el departamento de Córdoba (Folio 67).

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FALLO PRIMERA INSTANCIA La ley 100 de 1993, respecto del régimen subsidiado de seguridad social en salud determinó, entre otras cosas, lo siguiente: Artículo 211. Definición. El régimen subsidiado es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata la presente ley. Artículo 212. Creación del Régimen. Créase el régimen subsidiado que tendrá como propósito financiar la atención en salud a las personas pobres y vulnerables y sus grupos familiares que no tienen capacidad de cotizar. La forma y las condiciones de operación de este régimen serán determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Este régimen de subsidios será complementario del sistema de salud definido por la ley 10 de 1990. (...)Artículo 215. Administración del Régimen Subsidiado. Las direcciones locales, Distritales o Departamentales de salud suscribirán contratos de

administración del subsidio con las Entidades Promotoras de Salud que afilien a los beneficiarios del subsidio. Estos contratos se financiarán con los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector oficial de salud que se destinen para el efecto. Las Entidades Promotoras de Salud que afilien a los beneficiarios del régimen subsidiado prestarán, directa o indirectamente, los servicios contenidos en el Plan de Salud Obligatorio. Parágrafo. El Gobierno Nacional establecerá los requisitos que deberán cumplir las Entidades Promotoras de Salud para administrar los subsidios. (Subrayas fuera de texto). Artículo 216. Reglas Básicas para la Administración del Régimen de Subsidios en Salud.

1. La Dirección Seccional o local de Salud contratará preferencialmente la administración de los recursos del subsidio con Empresas Promotoras de Salud de carácter comunitario tales como las Empresas Solidarias de Salud. (Subrayas fuera de texto) El acuerdo No. 114 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, por el cual se establecen condiciones de operación del régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud, respecto del giro a las administradoras del régimen

subsidiado, establece: ARTÍCULO 2º.- GIRO A LAS ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN SUBSIDIADO. Las entidades territoriales, una vez recibidos los recursos, deberán girar en los plazos pactados en los contratos respectivos, los recursos de aseguramiento a las Administradoras del Régimen Subsidiado conforme al porcentaje de financiación de cada contrato según se trate de Ingresos Corrientes de EXPEDIENTE 021-71590 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 6

FALLO PRIMERA INSTANCIA la Nación, Situado Fiscal, Fosyga, Rentas Cedidas o Esfuerzo Propio, previa presentación por parte de las ARS del reporte de novedades de que trata el artículo 35 del Acuerdo 77. Cuando la entidad territorial no pague en los plazos pactados a la Administradora del Régimen Subsidiado, perderá la totalidad de los recursos de Cofinanciación del FOSYGA para la siguiente vigencia. Para los anteriores fines la Superintendencia Nacional de Salud informará y certificará tal hecho al Ministerio de Salud y al CNSSS, adelantará las investigaciones y aplicará las sanciones a que haya lugar. (Subrayas fuera de texto). El artículo 35 del Acuerdo 77 de 1997, también expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, por medio del cual se define la forma y condiciones de operación del régimen subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud, establece: ARTÍCULO 35.- Reporte de novedades. Las ARS, deberán presentar bimestralmente un reporte de novedades a las Direcciones Distritales, Locales o Seccionales de Salud, donde conste el comportamiento de los afiliados a la respectiva Administradora, en virtud de los contratos suscritos con las entidades territoriales. Dicho reporte de novedades deberá contener como mínimo la siguiente información: a) Nombre e identificación de los afiliados que se trasladaron al régimen contributivo. b) Nombre e identificación de los afiliados fallecidos. c) Nombre de las personas nacidas de afiliados en la respectiva ARS. d) Nombre e identificación de los afiliados que cambiaron su residencia.

PARÁGRAFO 1.- El pago a las Administradoras, se efectuará de conformidad con la información presentada en el reporte de novedades. Para que sea reconocida la UPC correspondiente a los nacimientos, la ARS deberá hacer entrega al ente territorial del registro civil de nacimiento. (Subrayas fuera de texto). Se concluye, entonces, de una parte, que la responsabilidad del pago en ejecución del contrato No. 1877 de abril de 2000 era del Departamento de Córdoba, ya que los recursos con que se financiaba, situado fiscal, fosyga y rentas cedidas, eran administrados exclusivamente por dicha entidad territorial. De otra, que, conforme lo establecían las cláusulas del contrato, el pago debía realizarse por bimestres, una vez recibidos los recursos, y de acuerdo con el reporte de novedades que, previamente, debía presentar la ARS. Estos dos requisitos debían cumplirse, entonces, para que surgiera la obligación a cargo del Departamento de Córdoba de efectuar los giros aludidos.

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FALLO PRIMERA INSTANCIA Según la queja recibida en la Procuraduría el 4 de diciembre de 2000, los valores adeudados por el departamento de Córdoba y el municipio de Montería por ejecución del contrato 1877 de 2000, dejados de percibir por COMCAJA en el periodo 1º de agosto a noviembre 30 de 2000, eran los siguientes, discriminados de acuerdo con la fuente de los recursos con los cuales se financiaba el mismo: Con recursos del situado fiscal $ 34417.704

Con recursos rentas cedidas $ 16576.782 Con recursos Fosyga $257290.430

TOTAL DEUDA $308284.916

El cargo único formulado al señor Ángel Villadiego Hernández, mediante auto del 28 de enero de 2003, en su condición de gobernador del departamento de Córdoba, alude al hecho de haberse abstenido de cumplir las obligaciones contraídas en virtud del contrato 1877 del 1 de abril de 2000, celebrado con COMCAJA, por no girar oportunamente los recursos correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2000. Así las cosas, para establecer su responsabilidad, debe determinarse en qué momento surgió la obligación que se considera incumplida y en qué fecha se efectuó su pago. Sobre lo último, a folio 114 del cuaderno principal, obra la Resolución 0004909 de 10 de noviembre de 2000, suscrita por el gobernador del departamento de Córdoba, por la cual se ordenó pagar a COMCAJA la suma de $62751.629. Así mismo, en dicho folio obra el comprobante de pago de la Gobernación de Córdoba No. 3480 del 7 de diciembre de 2000, a favor de COMCAJA, por valor de $62.751.629, en el cual consta que se canceló dicha suma, por concepto de: “[p]ago a las ARS del segundo cuatrimestre (agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2000), del Régimen Subsidiado del Periodo de contratación abril de 2000 a marzo de 2001, por la afiliación en los Municipios de Montería y los Córdobas...”. No obstante,

en el espacio destinado a dejar constancia de la recepción, se lee: “Consignadas Banco Agrario por orden de embargo”, y no se observa firma o sello que hagan constar que los cheques fueron recibidos por la entidad beneficiaria. Este valor, según la relación adjunta al comprobante, incluía lo correspondiente a la ejecución del contrato 1877 de 2000 de los meses de agosto a noviembre de 2000, cuyas fuentes de financiamiento eran recursos del situado fiscal y rentas cedidas, es decir, las suma de $50994.486 ($34417.704 + 16576.782). Adicionalmente, de los comprobantes de egreso 2182 y 2184, obrantes a folios 112 y 113 del cuaderno principal, se desprende que el pago aludido no se hizo efectivo hasta el 5 de marzo de 2001. En dichos comprobantes consta que, en esa fecha, se entregaron, efectivamente, a COMCAJA, dos de los cheques que se habían relacionado en el comprobante de pago No. 3480 del 7 de diciembre de 2000. En el concepto del giro, se indicó que se cancelaban a las ARS los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2000, de los contratos vigentes de abril de 2000 a marzo de 2001, de “los municipios de Montería y los Córdobas”.

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FALLO PRIMERA INSTANCIA Sin embargo, a folios 77 y 94 del cuaderno principal, en el “ACTA DE CONCERTACIÓN DE PAGOS Y DESCUENTOS DE LA DEUDA DEL DEPARTAMENTO A LA ARS COMCAJA”, suscrita el 8 de agosto de 2001 por el

Subdirector de Salud de COMCAJA y la Coordinadora del Área de Aseguramiento de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de la Gobernación de Córdoba, se hizo la siguiente anotación: NOTA: Por error involuntario la tesorería de la Secretaría de Desarrollo de la Salud canceló el 5 de marzo de 2001 la suma de $16744.246, por concepto de Rentas Cedidas segundo cuatrimestre de los municipios de Montería y Los Córdobas, el cual ya había sido cancelado. Acuerdan las partes se descuente del pago a realizar a la ARS Conforme a lo anterior, se tiene que el pago correspondiente al cuatrimestre agosto a noviembre de 2000, debido en virtud del contrato 1877 de 2000, en la parte que debía ser financiada con rentas cedidas ($16576.782.oo), fue cancelado antes del 5 de marzo de 2001, pero no se puede establecer, con exactitud, la fecha efectiva del pago, por no existir prueba de tal hecho. Lo que adeudaba el departamento de Córdoba, por la ejecución del contrato 1877 de 2000, correspondiente al cuatrimestre agosto a noviembre de 2000, cuya fuente de financiación eran los recursos del fosyga, fue cancelado a Comcaja, efectivamente, el 14 de septiembre de 2001, tal como consta en el comprobante de pago de la Gobernación de Córdoba No. 1450, elaborado el 31 de mayo de 2001 (Folio 116 cuaderno principal). Este pago había sido ordenado, mediante resolución, por el gobernador del departamento.

Así las cosas, se concluye que los pagos correspondientes a los meses de agosto a noviembre de 2000, que debía efectuar el departamento de Córdoba, en ejecución del contrato 1877 suscrito el 1 de abril de 2000, celebrado entre dicho ente territorial, representado por su gobernador, ANGEL VILLADIEGO HERNÁNDEZ, el municipio de Montería, y, la Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA, fueron realizados en tres instalamentos, el primero antes del 5 de marzo de 2001, en fecha no determinada; el segundo en dicha fecha, y el último el 14 de septiembre del 2001. También se concluye que el último pago mencionado correspondió a la parte financiada con recursos del Fosyga, y que los dos primeros pagos correspondieron, en su orden, a la parte financiada con rentas cedidas y con recursos del situado fiscal. Ahora bien, no se aportó al proceso prueba alguna que indique en qué fecha se presentaron, por parte de Comcaja, los reportes de novedades correspondientes a los bimestres agosto-septiembre y octubre-noviembre de 2000. Por tal razón, de acuerdo con lo expresado, no puede establecerse en qué fecha surgió la obligación, por parte del Departamento, de efectuar los respectivos giros, conforme al Acuerdo 77 de 1997, expedido por el CNSSS. Adicionalmente, en cuanto se refiere al giro de los dineros financiados con rentas cedidas, por no haberse establecido cuándo se hizo efectivo el pago, de cualquier manera, no se podría determinar si el giro respectivo se efectuó con retardo.

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FALLO PRIMERA INSTANCIA En relación con éste último giro y el correspondiente a recursos del situado fiscal, se probó que fueron ordenados mediante resolución expedida el 10 de noviembre 2000 por un gobernador encargado. Por tal razón, podría inferir esta delegada que, en esa fecha, el Departamento de Córdoba contaba con los recursos necesarios para efectuar el pago; sin embargo, por no haberse aportado prueba al respecto, como se ha dicho, no es claro que se hubieran presentado los reportes de novedades de los dos bimestres aludidos, lo que, en el caso del segundo, octubre-noviembre, parece, además, imposible, dado que, el día indicado, tal período no había terminado. Por tal razón, no puede deducirse desde qué fecha se cumplió la condición mencionada, establecida en el Acuerdo 77 mencionado, para que surgiera la obligación a cargo del departamento. De otra parte, debe advertirse que la responsabilidad del disciplinado, quien suscribió el contrato y debía ejecutarlo, cesa en la fecha en que dejó de ejercer el cargo de Gobernador del departamento de Córdoba, es decir, el 31 de diciembre de 2000, conforme lo certificó la Secretaria de Gestión Administrativa de dicho ente territorial (folio 66 cuaderno principal). Así las cosas, la mora imputable a él sólo se extendería hasta esa fecha. Adicionalmente, dado que la Resolución 0004909 de 10 de noviembre de 2000, a la que se ha hecho referencia, por la cual se ordenó el pago financiado con rentas cedidas y recursos del situado fiscal, a favor de Comcaja, fue suscrita por un gobernador encargado, cuya firma, en efecto, no coincide con la del

disciplinado Ángel Villadiego Hernández, que aparece en el acta de posesión y en el contrato 1877 (fols. 63 y 19), no puede tener certeza esta delegada sobre la fecha en que el señor Villadiego reasumió sus funciones y, por lo tanto, sobre el período respecto del cual le sería imputable la posible mora. Por lo demás, es claro para este despacho que la efectividad de los giros ordenados supone la expedición de los cheques y los comprobantes de pago, entre otros trámites, y que estos dos se llevaron a acabo el 7 de diciembre de 2000, esto es, poco menos de un mes después de expedida la resolución aludida. Así se desprende del comprobante 3480 anteriormente mencionado. No se conoce, sin embargo, cuál era el trámite necesario para que ello se cumpliera, ni la participación que el Gobernador tenía en él. De la revisión de dicho comprobante, se desprende que fue suscrito por el jefe de presupuesto, el jefe de contabilidad, el secretario de hacienda y el tesorero, y no se observa intervención alguna del Gobernador. Por tal razón, no puede establecerse su responsabilidad en la mora advertida en la expedición de tales documentos. Tampoco se conoce la normatividad interna de la entidad territorial que estableciera los pasos a seguir y las responsabilidades de los distintos funcionarios. Adicionalmente, como también se ha dicho, en el comprobante citado consta que, si bien los cheques fueron girados, se consignaron en el Banco Agrario “por orden de embargo”, lo que da cuenta de un hecho sobre el cual no obra prueba en el expediente y parece indicar que se presentó una circunstancia externa que impidió la

efectividad inmediata de los pagos. Por lo explicado, considera esta delegada que no se estableció en el proceso la responsabilidad del investigado, derivada del retardo en el giro de los dineros debidos a la ARS COMCAJA, en virtud del contrato 1877, celebrado entre dicha EXPEDIENTE 021-71590 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 10 FALLO PRIMERA INSTANCIA entidad, el Departamento de Córdoba y el Municipio de Montería, el 1º de abril de 2000, correspondientes a la parte financiada con los recursos de rentas cedidas y del situado fiscal. De otra parte, en cuanto se refiere al giro de la parte financiada con los recursos del Fosyga, se advierte lo siguiente: Respecto del giro de tales recursos por parte del Ministerio de Salud al Departamento, se tiene que, en sus testimonios, los señores Juan Carlos Cervantes Ruíz y María del Rosario Domínguez, funcionarios adscritos a la Secretaría de Desarrollo de la Salud del departamento de Córdoba, afirmaron que se cumplió en mayo de 2001. La señora María del Rosario Domínguez, profesional especializada adscrita a la dependencia mencionada, en testimonio rendido el 6 de mayo de 2003 (folios 23-24 anexo 2), explicó que tal giro sólo se hubiera hecho en esa fecha, indicando que, en el año 2000, los municipios reportaban deudas grandísimas para con las ARS, principalmente provenientes de recursos ICN, y que, por esa razón, el Ministerio de Salud decidió retener los giros del fosyga, hasta tanto los alcaldes se pusieran al día con los ingresos corrientes de la nación; dicha med