PGN - Documento 201603071713272

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL Radicación #: 165-58240-01

Disciplinado y/o investigado: CESÁREO ORDÓÑEZ GÓMEZ.

Cargo y entidad: ALCALDE DE MITÚ.

Quejoso: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Fecha Queja: 31 DE JULIO DE 2000: Fecha Hechos: 17 marzo 1999.

Asunto: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Bogotá D.C., 17 JULIO 2003 Procede el Despacho a decidir en primera instancia el proceso adelantado contra CESÁREO ORDÓÑEZ GÓMEZ, en su calidad de alcalde Municipal de Mitú, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la ley 734 de 2002. ANTECEDENTES Las presentes diligencias disciplinarias tuvieron su origen en el oficio de 31 de julio de 2000 suscrito por Nilsa Etelvina Bernal Lizcano, Gerente Departamental del Vaupés, de la Contraloría General de la República, dirigido a la Procuraduría Regional del Vaupés, donde informó sobre presuntas anomalías cometidas por funcionarios de ese municipio. (folios 1 a 7 ) ACTUACIÓN PROCESAL Por auto de 17 de agosto de 2000, el Procurador Regional del Vaupés, dispuso la indagación preliminar contra funcionarios de dicha entidad territorial, a fin de verificar las presuntas irregularidades atribuidas (folios 97 y 98 C.O.1) Por proveído de 18 de mayo de 2001, el anterior Despacho ordenó remitir las presentes diligencias, por competencia, a la Procuraduría Delegada para la

Contratación Estatal reparto.(folio 108 C.O.1) Correspondiendo el despacho a esta Delegada, con auto de 29 de enero de 2002, ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la práctica de pruebas, comisionado al Procurador Regional del Vaupés (folios 111 a 119 C.O.1), quien una vez evacuadas las remitió con auto de12 de junio de 2002 (folio 280 C.O.1) Por proveído de 20 de mayo de 2003, el Despacho dispuso correr traslado al implicado para alegar de conclusión, sin que se hubiera presentado memorial alguno. PRUEBAS RECAUDADAS De las pruebas recaudadas en la etapa de investigación, se allegaron entre otras las siguientes:

1. Informe de la auditoría integral realizada al Sector de Educación del Departamento del Vaupés para la vigencia de1999, donde se manifiesta que dentro de la investigación se detectaron presuntas irregularidades de los funcionarios seccionales (folios 1 a 7 C.O.1).

2. Contrato No. 024 de 17 de marzo de 1999, suscrito con OVERLY HERNANDEZ, para la compra de canecas de pintura y otros elementos, por valor de $5.000.000

(folios 17 a 19 y 239 a 241 C.O.1).

3. Contrato No. 026 de 5 de abril de 1999, celebrado con JAIRO ANTONIO ESCOBAR GALVIS, para la compra de pintura y otros elementos por cuantía de $5.000.000. (folios. 28 a 30 y de 264 a 266 C.O.1).

4. Contrato No. 027 de 5 de abril de 1999, celebrado con JAIRO ANTONIO ESCOBAR GALVIS, para la compra de pintura y otros elementos por cuantía de $5.000.000. (folios. 38 a 40 y de 223 a 225 C.O.1).

5. Contrato No. 030 de 7 de abril de 1999, celebrado con JAIRO ANTONIO ESCOBAR GALVIS, para la compra de uniformes por cuantía de $4.998.000 (folios. 210 a 212 C.O.1).

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6. Contrato No. 069 de 9 de julio de 1999, celebrado con CONSUELO PINILLA DE OLARTE, para la reparación y adecuación del Colegio de Anaya por valor de $9.548.250 (folios. 51 a 54 y de 254 a 257 C.O.1).

7. Contrato No. 071 de 12 de julio de 1999, celebrado con JAIRO ANTONIO ESCOBAR GALVIS, para la fase obra blanca de la construcción del teatro de la escuela Antonio Ricaurte, por valor de $10.425.000 (folios. 64 a 67 y de 199 a 202

C.O.1). 8 Contrato No. 072 de 12 de julio de 1999, celebrado con FABIO ANDRADE, para la construcción de La fase I –obra negrade un teatro de 166.8 m2 en la Escuela Antonio Ricaurte, por valor de $29.482.060 (folios. 77 a 81 y de 154 a 158C.O.1). CARGOS Al implicado, CESÁREO ORDÓÑEZ GÓMEZ, se le formularon los siguientes cargos

(folios 111 a 119 C.O.1) PRIMER CARGO. “Usted en su calidad antes anotada, suscribió los contratos Nos. 024 de 17 de marzo de 1999, suscrito con OVERLY HERNANDEZ, para la compra de canecas de pintura y otros elementos, 026 de 5 de abril de 1999, celebrado con JAIRO ANTONIO ESCOBAR GALVIS, para la compra de pintura y otros elementos, 027 de 5 de abril de 1999, celebrado con JAIRO ANTONIO ESCOBAR GALVIS, para la compra de pintura y otros elementos, 030 de 7 de abril de 1999, celebrado con JAIRO ANTONIO ESCOBAR GALVIS, para la compra de uniformes, 071 de 12 de julio de 1999, celebrado con JAIRO ANTONIO ESCOBAR GALVIS, para la fase obra blanca de la construcción del teatro de la escuela Antonio Ricaurte, y 072 de 12 de julio de 1999, celebrado con FABIO ANDRADE, para la construcción de La fase I –obra negrade un teatro de 166.8 m2 en la Escuela Antonio Ricaurte, sin que se hubiera expedido el certificado de disponibilidad presupuestal de que tratan los artículo 71 del Decreto 111 de 1996, 25 numeral, 6, y 26 numeral, 13, de la ley 80 de 1993”.

SEGUNDO CARGO: “Usted en su calidad antes mencionada, al celebrar el contrato No. 069 de 9 de julio de 1999, con CONSUELO PINILLA DE OLARTE, para la reparación y adecuación del Colegio de Anaya, omitió darle cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24,

3 literal c) numeral, 5 de la Ley 80 de 1993, al no relacionarse en la cláusula segunda de dicho negocio jurídico, las cantidades y valores unitario de los servicios a contratar”.

TERCER CARGO: “Usted en su condición antes reseñada, al suscribir los contratos Nos. 071 de 12 de julio de 1999, celebrado con JAIRO ANTONIO ESCOBAR GALVIS, para la fase obra blanca de la construcción del teatro de la Escuela Antonio Ricaurte, y 072 de la misma fecha, celebrado con FABIO ANDRADE, para la construcción de la fase I – obra negrade un teatro de 166.8 m2 en la Escuela Antonio Ricaurte, omitió hacer la invitación pública para que las personas interesadas presentaran sus ofertas, violando, al parecer, el principio de transparencia”.

DESCARGOS El acusado dentro de la presente investigación, por medio de apoderada de oficio presentó los correspondientes descargos, de la siguiente manera (folios 322 y 323 C.O.2) Respecto al primer cargo se limita expresar que se atiene a lo que se pruebe dentro del proceso disciplinario. Sobre el segundo cargo argumenta, que tal como lo manifestó en la versión y con fundamento en el contrato No. 069, se estableció que su objeto estaba claramente identificado y que por lo tanto al no hacerse la relación pormenorizada de las cantidades unitarias a contratar no actuó en forma dolosa sino por el contrario en forma negligente y desprevenida, ya que consideró que su deber llegaba hasta el señalamiento del objeto a contratar. Arguye que existiendo una oficina jurídica encargada de emitir conceptos jurídicos y

de elaborar los contratos celebrados por el entidad estatal, es posible que se haya limitado de buena fe a suscribir los contratos en una coyuntura que está determinada por otras prioridades locales. Con relación al tercer cargo afirma que siendo conocedor de sus obligaciones legales delega las funciones de hacer las invitaciones y confiado en la realización 4 efectiva de las mismas procede a celebrar los contratos, omitiendo en hacer la respectiva supervisión para confirmar el cumplimiento o no de obligación delegada, concluyendo que actuó de buena fe. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Habiéndose efectuado el traslado de ley, según constancia visible a folio 326 del informativo, y por no observarse dentro del trámite de la investigación disciplinaria irregularidades constitutivas de causal de nulidad que impida continuar con su adelantamiento, y garantizado el derecho de defensa, así como el debido proceso, se procede a emitir la decisión de fondo a que haya lugar. Estudiado la situación concreta del implicado CESÁREO ORDÓÑEZ GÓMEZ, como Alcalde Municipal de Mitú (Vaupés), se tiene que el primer cargo endilgado, consistió en haber celebrado los contratos Nos. 024 de 17 de marzo, 026 y 027 de 5 de abril, 030 de 7 de abril, 071 y 072 de 12 de julio de 1999, sin que se hubiera expedido el certificado de disponibilidad. Acerca de estos hechos el implicado en sus exculpaciones se limito simplemente a manifestar que se atenía a lo que se demostrara en le proceso. Así las cosas, es del caso afirmar que tanto el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, así como el numeral 6, del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, traen como obligación a

los entes públicos dentro de la etapa precontratual, el hecho de que antes de ordenar la apertura de licitación o concurso y de suscribir contratos se debe contar con la respectiva disponibilidad presupuestal, a fin de garantizar el pago de los mismos y así evitar que se contraigan obligaciones sobre apropiaciones inexistentes. En el presente caso los negocios jurídicos no contaban con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal previo a su suscripción. Por lo anterior se configura una violación por parte del acusado ORDÓÑEZ GÓMEZ, de las citadas disposiciones del Estatuto Orgánico de presupuesto y del numeral 1 5 del artículo 40 de la ley 200 de 1995. Desconoció los fines de la contratación estatal consagrados en el artículo 3 de la ley 80 de 1993, por lo cual su conducta es antijurídica en la medida que se desconocieron principios rectores de la misma pues en su calidad de jefe de la administración local tenía a cargo la dirección y manejo de la entidad que representaba y estaba en condiciones de conocer y aplicar las normas preceptivas sobre la disponibilidad de recursos antes de la apertura de los procedimientos de selección. Con relación al segundo cargo, que se contrae al hecho de haber celebrado el negocio jurídico No. 069 de 1999, para la reparación y adecuación del Colegio de Inaya, sin relacionarse las cantidades, ni los valores unitarios de los servicios a contratar, el implicado argumenta en síntesis que en dicho negocio jurídico estaba claramente identificado el objeto contratado y que su actuar no fue doloso, por cuanto la oficina jurídica es la encargada elaborar y revisar los proyectos de

contrato. Analizado el contrato materia de cuestionamiento disciplinario se observa que contrario a lo afirmado por el encartado, en la cláusula primera el objeto del mismo era la reparación del colegio Inaya, describiéndose en su cláusula segunda en forma global el valor por los diferentes conceptos, como se observa evidentemente a folio 51 del C.O.1, donde no se señalaron las unidades que se debían adquirir, ni su cuantía. Es menester recordar que el objeto del contrato es un elemento esencial del mismo, el cual puede consistir en obligaciones de dar, hacer o no hacer, pero su identificación no se cumple con la descripción sucinta y escueta e indeterminada sino que debe contener toda la información necesaria que permita determinar sus calidades y cantidades y características particulares de la prestación demandada por la administración pública, para la certeza jurídica y la salvaguarda del patrimonio público. Al no concretarse las actividades a desarrollar por el contratista no se cumplió con lo fines esenciales del Estado, que es fin último de la contratación estatal. 6 Lo anterior permite al Despacho afirmar que se configura una violación por parte del encartado ORDÓÑEZ GÓMEZ, del citado artículo 24. 5 numeral a) y el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, en razón a que incumplió el deber de cumplir la ley, desconoció los fines de la contratación estatal consagrados en el artículo 3 de la ley 80 de 1993, por lo cual su conducta oficial debe calificarse como antijurídica en la medida que se desconocieron principios rectores de la contratación de la administración pública, pues en su condición de jefe de la administración municipal,

tenía a cargo la dirección y manejo de la entidad que representaba. Con el tercer cargo se le atribuyó al implicado el hecho de suscribir los contratos Nos. 071 y 072 de 12 de abril de 1999, con JAIRO ANTONIO ESCOBAR GALVIS y FABIO ANDRADE, para la construcción de la obra blanca y negra (fases primera y segunda) de la construcción del teatro de la Escuela Antonio Ricaurte, respectivamente, omitiendo hacer las invitaciones públicas. Revisada las presentes diligencias se observa a folios 69, 72, 73, 205 y 206 del C.O. 1, las propuestas presentadas por Luis Fernando Pérez Correa, Jairo Antonio Escobar Galvis y Freddy Corredor, ante la administración municipal de Mitú, respectivamente, para efectuar los trabajos de construcción de la segunda fase del teatro de la Escuela Antonio Ricaurte, y que se materializó en el contrato No. 071 de 12 de julio de 1999. Igualmente visible a folios 84 a 85, 159 a 160, 161 a 162 86 a 87 y 91 a 92 del C.O.1 se encuentran las propuestas presentadas, ante el burgomaestre de Mitú, por Norberto Cardozo, Rafael Bueno González y Fabio Andrade, en su orden, para la construcción de la primera fase del teatro de la Escuela antes referida. Así las cosas, se puede inferir lógicamente que ha debido existir invitaciones por parte de la administración local de Mitú (Vaupés) para obtener propuestas para la construcción del teatro fase primera y segunda fase de la escuela Antonio Ricaurte, por lo cual de acuerdo con la prueba documental reseñada, se advierte que la

actuación reprochada por la Delegada no comporta irregularidad constitutiva de falta 7 disciplinaria, siendo en consecuencia procedente ordenar el archivo definitivo por el tercer cargo atribuido al implicado CESAREO ORDÓÑEZ GÓMEZ Respecto a primera conducta endilgada fue calificada como grave a título de culpa ya que a juicio del Despacho la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal no correspondía al burgomaestre de Mitu, sino al servidor público que tenía a su cargo el manejo de la ejecución presupuestal, pero que no obstante como director del desarrollo de la gestión contractual debía estar atento en el momento de suscribir los contratos verificar que tal requisito se había cumplido. En lo atinente a la segunda imputación fue calificadas como grave, a título de dolo, por que celebración del contrato No. 069 de 1999, corresponde a una actividad que ha debido desplegar directamente el acusado y que una vez conocido el texto ha podido establecer que en la cláusula segunda no se había concretado de manera clara y determinada los precios unitarios de los servicios a contratar. Conforme a lo expuesto, es procedente sancionar con multa equivalente a la suma de sesenta días de salario devengada al momento de la comisión de las faltas de conformidad con lo dispuesto en le artículo 32 de la Ley 200 de 1995 inciso segundo y el 29 numeral 2 ibídem. En mérito a lo expuesto, el PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: Declarar legalmente probados y por lo tanto no desvirtuados los dos

primeros cargos que le fueron formulados mediante auto de 23 de julio de 2002 a CESÁREO ORDÓÑEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.201.034 de Mitú (Vaupés) en su calidad de Alcalde Municipal de Mitú (Vaupés).

SEGUNDO: En consecuencia imponer a CESÁREO ORDÓÑEZ GÓMEZ, en su calidad y condición aludida, sanción de 60 días del salario que devengaba para la época de los hechos equivalente a $5.674.512.

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TERCERO: Declarar legalmente no probados y por lo tanto desvirtuado el cargo tercero que le fue formulado mediante auto de 23 de julio de 2002 a CESÁREO

ORDÓÑEZ GÓMEZ.

CUARTO: por lo anterior, ordenar el archivo definitivo de las diligencias, respecto al tercer cargo formulado al implicado ORDÓÑEZ GÓMEZ.

QUINTO: Por Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, líbrese el comunicado del caso para el nominador respectivo, advirtiéndole una vez ejecutoriada que debe proceder a hacerla efectiva de conformidad dentro del término de 10 días, contados a partir del siguiente de recibo del mismo, como lo prevé el parágrafo del artículo 172 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO: Notificar al interesado el presente proveído, acorde con lo establecido en los artículos 101 y siguientes de la Ley 734 de 2002, para lo cual se comisiona al

Procurador Regional del Meta.

SÉPTIMO: Contra esta providencia procede el recurso de apelación el cual deberá

interponerse ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002

OCTAVO: Por la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, harán las comunicaciones, registros y anotaciones del caso.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ

Procurador Delegado 9 Exp. 165-58240

MRML/CCMM.- PRIMERA INSTANCIA.

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