PGN - Documento 201603071713273

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN

ESTATAL

Radicación No. 165-26762-99.

Disciplinado: JAIRO CORAL ROMO.

Cargo y entidad: DIRECTOR GENERAL CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL.

Quejoso: PENSIONADOS Y AFILIADOS A CAJANAL

Fecha Queja: 02 DE MARZO DE 1999

Fecha Hechos: 26 de febrero de 1999

Asunto: CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE

TRANSPARENCIA Y DEL DEBER DE SELECCIÓN OBJETIVA.

Bogotá, D. C., 7 ABRIL 2003 Se encuentran las diligencias al Despacho a fin de tomar la decisión que en derecho corresponda, a lo que se procede conforme con el contenido de los siguientes capítulos.

I. ANTECEDENTES 1.1. La actuación disciplinaria se inició por queja formulada por algunos afiliados, pensionados y beneficiarios de CAJANAL de la provincia de Sugamuxi, a través de documento vía fax que obra a los folios 6 a 22 del Cuaderno 1. 1.2. Precisa la aludida acusación presentada el 1º de marzo de 1999, que desde 1997 y 1998 se recibían los servicios de la I.P.S. denominada UNIDAD MEDICA DE URGENCIAS DE SAN MARTIN de la ciudad de Sogamoso, en forma satisfactoria, y CAJANAL les suspendió dicho servicio sin ningún motivo, asignándoselo a la I.P.S.

POR SALUD LTDA. del Departamento del Casanare, quien no cuenta con la

infraestructura física ni locativa necesaria para la prestación del servicio en la ciudad de Sogamoso. Continúa expresando que CAJANAL está prestando el servicio de Salud de manera arbitraria, pues no realizó convocatoria alguna, ni licitación previa a la asignación de estos contratos que adjudicó a POR SALUD LTDA. Además que con esa decisión no se estaba estimulando al Departamento de Boyacá, aún cuando en él existen personas capacitadas para la prestación del servicio, con lo cual estima que se ha 1 violado lo dispuesto en el Capítulo I, Artículo 153, numeral 4º de la ley 100 de 1991, sobre (libre escogencia) y el artículo 159, numeral 4º del mismo Estatuto, sobre (garantías a los afiliados). 1.3. Por auto de 4 de junio de 2001 ( fls. 89 a 94 Cd.1), se ordenó abrir investigación disciplinaria contra JAIRO CORAL ROMO y JOAQUIN ROMERO HERRERA, y se dispuso se allegaran al expediente documentos tales como: términos de referencia de la contratación directa, estudios técnico, legal y financiero, solicitud de oferta o invitación pública y copia del contrato de prestación de servicios de salud No. 1074 de 1999. Igualmente se pidieron los antecedentes del proceso de escogencia de la Unión Temporal Servir, San José y otros, junto con la calificación o evaluación de las ofertas y la inscripción en el registro especial nacional del Ministerio de Salud, que exige la ley 10 de 1990. 1.4. En el proveído de 14 de mayo de 2002 se dijo que según lo anotado en el auto de 28 de enero de 2002, obrante a los fls. 301 y 302 de este averiguatorio, con

anterioridad al contrato 1074 de 14 de diciembre de 1999, la SOCIEDAD POR SALUD LTDA. ya estaba prestando los servicios de salud en Sogamoso, situación por la cual en auto de 28 de enero se dispuso oficiar a CAJANAL BOYACÁ para que remitiera con destino a la investigación la documentación que acreditara la contratación de la Sociedad POR SALUD LTDA. como institución prestadora de Salud en Sogamoso, con anterioridad al contrato 1074 de 19 de diciembre de

1999. 2 1.5. En cumplimiento al aludido auto, el Jefe de la División Administrativa y financiera de CAJANAL Boyacá remitió el contrato de prestación de servicios de salud número 224 de 26 de febrero de 1999 celebrado entre CAJANAL EPS, representada por CORAL ROMO, y POR SALUD LIMITADA (fls. 330 y 331 a 340, Cd.1), con cobertura geográfica para todo el Departamento de Boyacá, de lo cual se dedujo en el auto de 14 de mayo de 2002 que por haberse suscrito dicho acuerdo de voluntades antes de la queja (1º de marzo de 1999), bien pudieron haberse desconocido en relación con él, de manera presunta, los principios rectores de la contratación estatal, respecto a la libre escogencia de la institución prestadora de salud de los pensionados, afiliados y beneficiarios de CAJANAL en la ciudad de Sogamoso, y las garantías debidas a los mismos que refiere la queja al folio 6 del Cuaderno 1, razón por la cual se dispuso continuar las averiguaciones disciplinarias solamente respecto de JAIRO CORAL

ROMO, en lo concerniente exclusivamente al aludido contrato, que en su parte superior derecha tiene impreso el número 0694, y que en la parte izquierda tiene el número 224. ( fl. 331 Cd.1), pero que en la realidad se trata del mismo acuerdo de voluntades.

II. EL AUTO DE CARGOS 2.1. Por Resolución de 12 de noviembre de 2002 (fls.350 a 358, Cd.1), esta Delegada formuló cargos al señor JAIRO CORAL ROMO, en su condición de director General de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL “CAPRECOM”, para la época de los hechos investigados. 2.2. Allí, en punto a normas y deberes vulnerados se sostuvo que “Con la conducta atrás descrita, el Dr. JAIRO CORAL ROMO incumplió con el deber de observar los principios de transparencia y de selección objetiva que en su orden consagran los artículos 24, numeral 1º, y 29. inciso 3º, de la Ley 80 de 1993, ya que dichos preceptos le imponían escoger al contratista previo el cumplimiento de las exigencias previstas en los artículos 3º y 11 del Decreto 855 de 1994, esto es, obtener previamente por lo menos dos (2) ofertas que contuvieran la información básica sobre las características generales y particulares de los bienes, obras o servicios requeridos, condiciones de pago y término para su presentación, así como la 3 invitación pública a través de un aviso fijado en lugar visible de la entidad, buscando con ello asegurar la selección imparcial y objetiva del contratista.”(fl.356,Cd.1).

2.3. En lo tocante con la calificación de la falta, en este proveído se afirmó: “La falta se califica como grave, toda vez que CORAL ROMO como Director de CAJANAL estaba obligado a conocer el régimen de contratación estatal que regía para la entidad que representaba, la Ley 80 de 1993 en los artículos 24, numeral 1º y 29 inciso 3. Además, resulta imposible entender que una persona de las capacidades del imputado no supiera que con su actuar puede poner en peligro los intereses oficiales de la entidad atrás mencionada ( numeral 1º del artículo 27 de la Ley 200 de 1995). La jerarquía y mando del imputado, Director General de la entidad, le imponía deber más rigurosos (numeral 6º ibídem) y el mal ejemplo suministrado para quienes administrando dineros públicos ( literal a) numeral 7º ibídem), hacen aún mas reprochable la conducta.”(fls. 356 y 357,ib.). 2.4. Y en punto a la forma de la culpabilidad, se argumento que “Tal imputación subjetiva por la falta grave cometida, se hace a título de dolo, puesto que, como Director General de CAJANAL el funcionario CORAL ROMO estaba en la obligación de saber que no podía suscribir el acuerdo de voluntades 224 a favor de la sociedad “POR SALUD LTDA.”, sin el lleno de los requisitos previos atrás reseñados, contemplados en el artículos 3º y 11 del Decreto 855 de 1994, y el artículo 24, numeral 1º de la ley 80 de 1993, que se exigen para la contratación directa por

menor cuantía. “Resulta por demás inexcusable que existiendo un Registro Especial Nacional de personas naturales o jurídicas que prestan servicios de salud, CORAL ROMO en su condición de Director de una entidad de salud como CAJANAL, no haya exigido por lo menos dos (2) ofertas dentro de las personas que se encontraban inscritas en dicho registro, como lo exige expresamente el aludido artículo 11 del Decreto 855 de 1994, para celebrar acuerdos de voluntad como el contrato 224/99, cuya modalidad correspondía a la de contratación directa.” (ib.357).

III. LOS DESCARGOS 3.1. Después de vinculada formalmente, el implicado oportunamente presentó sus descargos, como así se ve del escrito visible a folios 362 a 370 de este Cuaderno, lo que hizo personalmente. 4 3.2. Los argumentos expuestos por el disciplinado en pro de su defensa se verán en el nomenclador 4.5 de este providencia, en el cual, a su vez, el Despacho hará su planteamiento respecto de los mismos.

Con la argumentación extendida en esos descargos, el acusado pide se le exonere de responsabilidad disciplinaria. 3.3. Proveído de pruebas como consecuencia de los descargos no fue dispuesto por esta Delegada, en razón a que el acusado no solicita que se practicara u ordenara ninguna, y el Despacho no tuvo para ordenar de oficio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA 4.1. Sea lo primero relievar que la decisión a tomar ha de ser de fondo, habida consideración que no se advierte causal alguna que pudiera invalidar lo actuado, en

todo o en parte. 4.2. De las pruebas legalmente allegadas al proceso, antes del auto de imputaciones, se establece lo siguiente: 4.2.1. Tras la diligencia de Visita Especial practicada el 17 de septiembre de 2002 (fls. 326 y 327, Cd. 1) en las instalaciones de la CAJANAL al expediente administrativo del correspondiente proceso contractual, donde quedaron consignados los pormenores con los que fue implementada la fase precontractual del acuerdo de voluntades número 224 de 26 de febrero de 1999, ajustado entre esa entidad y POR SALUD LIMITADA, quedó evidenciado que la única propuesta que se presentó fue la de la misma contratista. En ese acto probatorio que dejó expresa constancia, además, de la inexistencia de invitaciones a presentar propuestas, o de algún medio por el cual se hubiere efectuado alguna convocatoria, así como de la ausencia de documento por el que quedara establecida la necesidad inminente de contratar los servicios que se indicaron en el objeto del negocio jurídico en mención. 5 4.2.2. De acuerdo a la certificación que obra al folio 348 del Cuaderno 1, se tiene que el presupuesto fijado por la CAJANAL para 1999 fue de $642`612.315.000, calenda para la cual el salario mínimo fue de $236.460; por lo que el presupuesto de la misma en salarios mínimos mensuales fue de $2`717.636,45. De ahí que la menor cuantía para contratar por contratación directa era entre $70`938.001 y $236`460.000. 4.2.3. Como el contrato 224 de 1999 aludido se ajustó por $96`151.205,98, es claro

que el mismo alcanzó a ser de menor cuantía y, por tanto, podía celebrarse por contratación directa, debiendo cumplirse, como presupuestos previos a su suscripción, con los requisitos que exigen los artículos 3º y 11 del Decreto 855 de 1994, en concordancia con el artículo 24, numeral 1º, de la Ley 80 de 1993, esto es, con la invitación pública por medio de aviso, la presentación de por lo menos dos (2) ofertas y la respectiva evaluación de las presentadas. Sin embargo, JAIRO CORAL ROMO, como director general de la entidad, celebró el aludido contrato inobservando tales exigencias. 4.3. Del contexto de las pruebas anteriores, de aquellas otras que obran en el Anexo 1, se tiene entonces que respecto del citado acuerdo el disciplinado actuó con violación de los regímenes que constitucional y legalmente establecen las prohibiciones, deberes y responsabilidades de los servidores públicos, en cuanto se concluye que es el responsable de las consecuencias jurídicas de los hechos acaecidos el 26 de febrero de 1999, con la celebración del pacto en cuestión, en su condición de director general.

En efecto: En efecto, en voces de los artículos 24.1 y 29 de la Ley 80 de 1993, y 1º, 2º, 3º y 11 del Decreto 855 de 1994, aún en los procesos negociales que giran bajo la órbita de la menor cuantía, el funcionario público responsable de la actividad negocial de la entidad estatal, que para el caso lo es el director general como represente legal y ordenador del gasto de la misma, en términos del artículo 26.5 de aquella Ley, tiene

a su cargo la obligación de el correspondiente procedimiento contractual mediante la implementación de los principios de transparencia y responsabilidad, y del deber de 6 selección objetiva, para lo cual está precisado a elaborar los pertinentes términos de referencia (arts. 25.7,25.12, 26.3, ib), junto con ellos a hacer las invitaciones del caso a fin de obtener la presentación de propuestas, a recepcionar las ofertas, a evaluarlas las presentadas, y, con sujeción a las orientaciones que traza el señalado artículo 29, a hacer la adjudicación a quien para la entidad hubiere presentado la propuesta más favorable. Como quedó probado, el acusado llegó al acuerdo en rigor, no obstante que previamente no hizo las invitaciones que el objeto requería, por lo mismo no obtuvo las ofertas que debía recoger pues tan solo obtuvo la de la contratista, y, dada esa ausencia, no hizo la valoración de la que pudiera ser la más favorable para los intereses de la entidad. 4.4. Fue con base en esas pruebas, con apoyo en lo expuesto, y con fundamento en los artículos 24.1 y 29 de la Ley 80 de 1993; y 3º y 11 del Decreto 855 de 1994, que este Despacho, por auto de 12 de noviembre de 2002, le hizo a JAIRO CORAL ROMO, en su condición de director general de la CAJANAL, este cargo: “En la calidad atrás indicada, al suscribir el contrato de prestación de servicios No. 224 de 26 de febrero de 1999 con la sociedad “ POR SALUD LIMITADA”, por valor de $ 96.151.205.98, pudo ud. haber violado los principios de transparencia y de

selección objetiva consagrados en su orden en los artículos 24 y 29 de la Ley 80 de 1993, el primero de ellos relacionado con que la escogencia del contratista se puede efectuar directamente en el caso de la menor cuantía, la cual requiere de las exigencias previstas en el artículo 3º del Decreto 855 de 1994, con las cuales ud. no cumplió, esto es, la obtención previa de por lo menos dos (2) ofertas que contengan la información básica sobre las características generales y particulares de los bienes, obras o servicios requeridos, condiciones de pago y término para su presentación, así como la invitación pública a través de un aviso fijado en lugar visible de la entidad; y el segundo según el cual, atendiendo el objeto a contratar y a los principios y finalidades de la ley, las entidades públicas deben ajustar los términos y condiciones pertinentes que aseguren la selección imparcial y objetiva del contratista, respetando las etapas y requisitos indispensables que en cada una de ellas deben surtirse. “Adicionalmente a lo anterior, conviene precisar que en tratándose de contratación para la prestación de servicios de salud, caso del acuerdo de voluntades No. 224 de 26 de febrero de 1999 atrás referenciado, el artículo 11 del citado Decreto 855 de 1994 es puntual, claro y concreto cuando exige que las entidades estatales que requieran la prestación de dichos servicios, deben obtener por lo menos dos (2) ofertas de personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el registro 7 especial nacional del Ministerio de Salud, de conformidad con la ley 10 de 1990, precepto aquél, que al igual de lo ocurrido con el artículo 3º ibídem, también fue

desconocido completamente por el implicado al suscribir el negocio jurídico en cita.” (fls.353 y 354, ib.). 4.5. Contra esa acusación el disciplinado se defiende exponiendo fundamentalmente estos argumentos: - Que la Ley 100 de 1993, posterior a la 80, estableció el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y organizó las Empresas Promotoras de Salud. Con base en ello, en marzo de 1996 la CAJANAL se convirtió en EPS y en Empresa Industrial y Comercial del Estado mediante la Ley 490 de 30 de diciembre de 1998. Señala que a propósito de tales entidades el Decreto 723 de 1997 dice que los contratos entre las entidades promotoras de salud y los prestadores de servicios de salud se podrán convenir de la forma que se ajuste a sus necesidades. Agrega que las cosas no sucedieron como las traza el auto de cargos, pues según la Ley 80 se pueden contratar por vía directa en casos de menor cuantía, de servicios de salud y en contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales industriales propios de la empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, especies negociales estas que fueron reglamentados por el Decreto 855 de 1994, el cual consagra seis procedimientos de adjudicación directa, siendo uno de ellos el aplicable para las empresas industriales y comerciales según su artículo 18. De ahí a la CAJANAL le sea aplicable ese artículo 18. Por ello es que en la celebración del contrato en cuestión no quebrantó ninguna norma ni cometió irregularidad sancionable disciplinariamente. - Añade que el citado decreto permite la celebración de contratos de menor cuantía

con solicitud de oferta en forma verbal en los eventos previstos en su artículo 3º, que es dentro de los que se encuentra el contrato de marras. 4.6. Sin embargo, tales argumentos resultan inconsistentes en procura de eximirlo de responsabilidad, conforme pasa a verse. 4.6.1. Por un lado, porque siendo absolutamente cierto todo lo que el procesado refiere de las normas legales de que se prevalece para pretender excusarse de 8 responder, el hecho cierto que de esas mismas disposiciones surge es el de que ellas no relevan al responsable de adelantar un proceso negocial se cumplir con la obligación de elaborar términos de referencia, hacer junto con ellos las correspondientes invitaciones, obtener la presentación de propuestas, de avaluar objetivamente las presentadas y de hacer la adjudicación a la que para los intereses de la entidad resultare la más favorable, antes por el contrario, de su contexto integral lo que se concluye de manera inexorable es que refiere en el cumplimiento a tales presupuestos previos negociales. No desconoce el Despacho que la CAJANAL sea una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Nacional organizada como una Empresa Promotora de Salud, ante lo cual le son aplicables, cuando menos, los efectos previstos en el artículo 18 del Decreto 855 de 1994 y del Decreto 723 de 1997. Pero tampoco ignora que ni aquel precepto normativo ni este decreto no están eximiendo a las entidades a las que tales disposiciones expanden sus efectos de cumplir el deber de aplicar los principios de transparencia y responsabilidad, y el deber de selección objetiva. Por el contrario, el mismo Decreto 855 de 1994, del que se vale el acusado en sus

descargos, es meridianamente claro al precisar que “En la contratación directa el jefe o representante de la entidad estatal, o el funcionario en que hubiere delegado, deberá tener en cuenta que la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva, establecidos en la Ley 80 de 1993.”, según las voces de su artículo 2. El disciplinado pasa por alto, las precisas condiciones que establece la ley 80 de 1993 y el decreto 855 de 1994 para los casos en que las entidades estatales, de cualquier orden o nivel, pues la norma no establece distinción alguna, cuando deban contratar la prestación de servicios de salud. Tanto el artículo 24.1.l, como los artículo 3 y 11 del decreto 855 de 1994, establecen una régimen especial que debe ser observado por toda entidad pública de las que se mencionan en el artículo 2º de la misma ley, con la calidad de entidades estatales, en la celebración de tales contratos. De allí se colige inequívocamente la obligación mínima de obtener previamente dos ofertas, con lo cual dicho régimen exige la aplicación imprescindible de los factores de calificación para la adjudicación correspondiente. 9 Adviértase que la norma hace referencia a la contratación directa en términos generales. Como se observa, ella no particulariza ni se circunscribe a una especie en especial de la amplia gama que comprende ese procedimiento negocial. Es decir, cualquiera que fuere la especia convencional gestada por vía de contratación directa, en todo caso el jefe, representante de la entidad estatal o funcionario en quien

recayere la atribución de adelantarlo está en la obligación legal tener que aplicar y garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva; principios aquellos y deber este que, sin duda, no fueron observados por este disciplinado en el procedimiento contractual por vía directa que implementó y que lo condujo a la celebración del acuerdo de marras, estando obligado a ponerlos en efectivo funcionamiento por así tenerlo dispuesto la ley en una forma de carácter imperativo, cuyos efectos aparecen conjugados en los artículos 24.1 y 29 de la Ley 80 citada. En consecuencia, esta argumentación resulta inane con miras a desvirtuar las acusaciones del auto de cargos. 4.6.2. Por otro, porque si bien es cierto que el Decreto 855 de 1994 permite la celebración de contratos de menor cuantía mediante la solicitud en forma verbal de ofertas -por lo que en este caso el acusado podía ajustar el pacto en cuestión aún con solicitud de oferta verbal puesto que el mismo no superó el tope máximo de la menor cuantía-, no lo es menos que tal supuesto en este caso no tiene aplicación ni excusa al procesado de responder disciplinariamente. Por lo primero, en razón a que el mismo inciso tercero del artículo 3º del Decreto 855 de 1994 se encarga se precisar “No obstante lo anterior, la solicitud de oferta deberá ser escrita cuando la complejidad del objeto a contratar así lo amerite. ...”, y ocurre que resulta como incuestionable que dada la complejidad y la naturaleza del objeto del contrato número 224 de 26 de febrero de 1999, la invitación respectiva

necesariamente tenía que se escrita, como así sin hesitación se concluye del contenido de su cláusula primera (fl.332,Cd.1), pues un objeto tal complejo y delicado con ese difícilmente queda comprendido y retenido mediante una invitación verbal. 10 Por lo segundo, porque auncuando el acusado dice en sus descargos que la invitación para convenir la ejecución de tan particular objeto la podía hacer en forma verbal, sin embargo se sustrajo de sostener que ciertamente la hubiere efectuado de aunque fuera de esa manera, aparte de que el acervo probatorio carece de todo indicio que pudiera referir que ello efectivamente así ocurrió. 4.7. Como quedó visto, al encartado se le hizo un solo cargo, el cual, de acuerdo con lo considerado precedentemente, da lugar a imponerle sanción, pues probado quedó que ajustó en mentado negocio jurídico sin hacer invitaciones, sin recepcionar propuestas ni sin hacer ninguna evaluación de las pudieron haberse presentado, y, ante ello, sin hacer la adjudicación al ofrecimiento más favorable. Se declarará, pues, la responsabilidad del acusado en lo tocante con esta imputación. 4.8. Esas conductas, así puestas de presente, indudablemente que son lesivas de los mandatos superiores y legales que como quebrantados se adujeron en la providencia de cargos, y de los cuales en este fallo se hizo acopio. Con todo ello faltó el acusado al deber que expresa que los servidores están al servicio del Estado y la comunidad y ejercen sus funciones en la forma indicada en ese estatuto, la ley y el reglamento; que tenía de cumplir la constitución y las leyes, de vigilar y salvaguardar los bienes e intereses del Estado que se le encomendó;

que le estaba prohibido ejercer funciones distintas de las atribuidas por la Constitución y la ley. El artículo 6º de la Constitución expresa que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución, las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El artículo 40 de Código Disciplinario Único prevé que son deberes de los servidores estatales cumplir y hacer que se cumpla la constitución y las leyes (num.1), y desempeñar con eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo (num.22). Los artículos 4º del Estatuto de Contratación, que establece la obligación de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto(1); 14 de ese ordenamiento que 11 impone al servidor el deber de dirección y control sobre la actuación contractual a su cargo; y 26, referente al principio de responsabilidad. 4.9. LA FALTA Y LA CULPABILIDAD. 4.9.1. El artículo 24 de la ley 200 de 1995 señala que las faltas disciplinaria son leves, graves y gravísimas, en tanto que el 27 establece criterios para determinar si la falta es leve o grave; ante lo cual la calificación que de grave provisionalmente se hizo en los cargos, aquí se mantendrá, tomando en consideración no solo lo sostenido en los nomencladores anteriores sino en lo previsto en los numerales 1º, 4º, 5º, 6º y 7º de dicha disposición, pues no cabe duda de la gravedad de tal falta dada la evidente culpabilidad del implicado, su falta de consideración para con los

administrados a quienes iban dirigidos los servicios encargados a la contratista, y ser él una de las cabezas principales de la organización pública contratante. 4.9.2. En lo tocante con la culpabilidad, esta Delegada acoge la posición que se adoptó en el auto de cargos, tanto por lo argumentado en los numerales que preceden a propósito de este aspecto como por ese comportamiento del servidor público investigado, pues partiendo del principio de que el servidor público está en la obligación de conocer la normatividad que regulan sus distintas actividades , entre ellas las relativas a la contratación estatal, en particular las disposiciones que imponen las obligaciones y deberes a acatar en la etapa prenegocial, entre ellos implementar términos de referencia, hacer invitaciones, recepcionar ofertas, evaluar éstas y hacer la adjudicación a la propuesta que resulte la más favorable a los intereses de la entidad, y que el implicado actuando con conocimiento de causa inobservó dichos fines contractuales. Es incuestionable que estando la actividad contractual absolutamente reglada, ello le impone al servidor público la obligación de actuar en consonancia con sus dictados, de donde se sigue que la inobservancia a tales preceptos -que además son de manejo consuetudinario, toda vez que buena parte de la administración pública se implementa mediante la celebración y ejecución de negocios jurídicos-, no tiene otra explicación objetivamente razonable más que el propósito deliberado del encartado de desatender el cumplimiento de la ley que le ordena desarrollar la fase 12 precontractual con apego a los dictados de la ley, y de actuar con absoluta responsabilidad alrededor de ello. Procedió, en consecuencia, este servidor público con dolo.

4.10. LA SANCIÓN.

Tomando como basamento lo considerado, y las consecuencias previstas en los artículos 29, 30 y 32 de la Ley 200 de 1995, aplicable a este asunto por así disponerlo el actual Código Disciplinario, al señor CORAL ROMO se le impondrá como sanción principal multa con destino al presupuesto de la CAJANAL por la suma equivalente a treinta (30) días del salario devengado en el momento de la comisión de la falta (1999), esto es de $5`328.931,50, teniendo en cuenta la certificación que sobre el salario devengado por él para la época de los hechos obra a folios 108 del cuaderno 1 del expediente.

V. D E C I S I Ó N En mérito de lo expuesto, la PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA CONTRATACION ESTATAL, en ejercicio de sus funciones legales, RESUELVE: Primero: DECLARAR al señor JAIRO CORAL ROMO, en su condición de Director General que fuera de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL “CAJANAL”, responsable del cargo que esta Delegada le hizo en el auto de acusaciones de 12 de noviembre de 2002.

Segundo: IMPONER al señor JAIRO CORAL ROMO, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 12964.356, quien para la época de los hechos aquí investigados desempeñaba las funciones de Director General de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL “CAJANAL”, como sanción principal la de MULTA por la

suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS

TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

($5`328.931,50), que equivale a treinta (30) días del salario de $5`328.931,50, que devengaba para el año de 1999 momento en el que cometió la falta, conforme con la 13 certificación que obra a folios 108 del Cuaderno 1 del expediente, y con destino al presupuesto de la citada CAJANAL.

Tercero: ORDENAR que la sanción principal impuesta en el numeral anterior, a términos del artículo 31 de la Ley 200 de 1995, el sancionado podrá pagarla mediante descuentos proporcionales durante los ocho (8) meses inmediatamente siguientes a esta imposición, siempre y cuando continúe vinculada a la entidad. En caso contrario, ella deberá consignar su monto en el Banco Agrario de Colombia a favor de la entidad, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que esta providencia quede ejecutoriada. Si vencido este plazo no se cancela, La CAJANAL deberá recurrir de inmediato ante la jurisdicción coactiva correspondiente para adelantar su cobro y obtener su pago, evento en el cual el deudor sancionado pagará sobre el monto debido intereses comerciales moratorios.

Cuarto: ORDENAR que se hagan las comunicaciones, registros y anotaciones conforme lo manda la ley. Por la Unidad de Coordinación de esta Delegada, procédase de conformidad. Mándese copia de este fallo al actual Director general de la CAJANAL para efectos de obtener el pago y cobro de la suma respectiva.

Quinto: ORDENAR notificar esta resolución personalmente al sancionado o a su

defensor reconocido como tal en este plenario. En el acta de notificación déjese expresa constancia que contra este fallo procede el recurso de apelación, el cual podrá interponer y deberá sustentar dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de dicha notificación (art.111,C. D. U.). La Unidad de Coordinación de esta Delegada adelante las diligencias para esta notificación, para lo cual deberá proceder en la forma y términos señalados en los artículos 101 y 107 del actual Código Disciplinario Único. Déjense en el expediente las respectivas constancias. Para notificar este fallo al sancionado, que se encuentra domiciliado y residenciado en el Departamento de Nariño, con amplias facultades legales y términ