PGN - Documento 201603071713281

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

Dependencia: Segunda Delegada para la Contratación Estatal

Radicación #165-38508-00 Disciplinado y/o investigado CECILIA DUQUE DUQUE Y ERNESTO ORLANDO BENAVIDES Cargo y entidad Gerente y Subgerente Administrativo y Financiero de Artesanías de Colombia S. A. Quejoso Contraloría General de la República Fecha Queja22 -03 -2000 Fecha Hechos22 -02 -1999 Asunto Fallo de primera instancia Bogotá, D.C., 27 SEP 2002 Perfeccionada como se encuentra la investigación disciplinaria radicada bajo el número 165-38508, este Despacho procede a fallar en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 200 de 1995, aplicable a este caso.

1. ANTECEDENTES La presente investigación tuvo origen en el oficio 115300-0347 de 15 de febrero de 2000, remitido por el director Sector Infraestructura Industria y Desarrollo Regional de la Contraloría General de la República, JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE, informando sobre las presuntas irregularidades halladas en ejercicio de la Auditoría integral para la vigencia fiscal de 1999, en los contratos de prestación de servicios GER99008 y GER99009, celebrados por ARTESANÍAS DE COLOMBIA con BURNS DE COLOMBIA S.A. y CASALIMPIA L TDA. el 22 de febrero de 1999 (fls. 37 y 38). 2.- ACTUACIÓN PROCESAL Esta Delegada, por auto de 10 de julio de' 2001, abrió investigación disciplinaria contra CECILIA DUQUE DUQUE y ERNESTO ORLANDO BENAVIDES, gerente y

subgerente administrativo y financiero de Artesanías de Colombia (fls. 41 a 44), y el 6 de julio de 2002 se formuló auto de cargos en contra de los mismos funcionarios (fls, 136 a 143).

3. ACERVO PROBATORIO

1 Al diligenciamiento se allegaron, además del informe de la Contraloría y sus anexos (fls. 1 a 38), la documentación aportada por el señor Ernesto Orlando Benavides y los disciplinados en sus escritos posteriores al auto de cargos(fls. 54 a 133). 4.- SINOPSIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS Dentro de la presente investigación se formularon los siguientes cargos: A CECILIA DUQUE DUQUE "CARGO UNICO: Haber legalizado hechos cumplidos con la suscripción el 22 de febrero de 1999 de los contratos GER99008 y GER9909, con SEGURIDAD BURNS DE COLOMBIA S.A. y CASALIMPIA S.A., ya que estos venían siendo ejecutados con anterioridad, dado que su término de duración era de 12 meses contados desde el1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Constitución Política Artículo 352, que establece que en la ley orgánica del presupuesto se regulará la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Ley 80 de 1 993 Artículo 41, inciso 2°, que indica que para la ejecución de los contratos se requerirá la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias futuras, de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto.

Ley 482 de 15 de noviembre de 1998. (Por la cual se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999). 2 Artículo 9, que establecía la prohibición de "... tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma". Resolución No. 036 de la Dirección General del Presupuesto Nacional Artículo 2, en que se indica el trámite a seguir para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, haciendo obligatorio, previo a adquirir compromisos, el otorgamiento de tal documento. En consecuencia, aparentemente con estas conductas se comprometió disciplinariamente, al tenor de las siguientes normas: 1.- Constitución Política, artículos, 6° que indica que los servidores públicos son responsables, además de la infracción de la constitución y las leyes, por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, y 209 que indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 2.- Ley 80 de 1993, artículo 26, numerales 2 y 5, que señala que los servidores públicos deben responder por sus actuaciones y omisiones antijurídicas, y que la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual será del jefe o

representante legal de la entidad estatal. 3.- Ley 200 de 1995, vigente a la época de los hechos, artículos 38, 40, numerales 1 y 2. PRUEBAS EN QUE SE FUNDAMENTA EL CARGO Prueban el anterior cargo, las copias de los contratos GER99009 y GER99008, que establecen en la cláusula quinta el término de duración aludido (fls. 15 a 19 y 83 a 88). 3 A ERNESTO ORLANDO BENAVIDES CARGO UNICO: Haber solicitado el 25 de enero de 1999 los certificados de disponibilidad presupuestal de los contratos GER99008 y GER9909 correspondientes a CASALIMPIA S.A. y SEGURIDAD BURNS DE COLOMBIA S.A., no obstante que era evidente que de esa forma se estaban legalizando hechos cumplidos, habida consideración de que aquellos se venían ejecutando desde el primero de enero de 1999. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Constitución Política Artículo 352, que establece que en la ley orgánica del presupuesto se regulará la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Ley 80 de 1993 Artículo 41, inciso 2°, que indica que para la ejecución de los contratos se requerirá la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias futuras, de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. Ley 482 de 15 de noviembre de 1998. (Por la cual se decretó el Presupuesto de

Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia (1) fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999). Artículo 9, que establecía la prohibición de "... tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma". 4 Resolución No. 036 de la Dirección General del Presupuesto Nacional Artículo 2, en que se indica el trámite a seguir para la expedición del e certificado de disponibilidad presupuestal, haciendo obligatorio, previo adquirir compromisos, el otorgamiento de tal documento. Acuerdo 008 de 3 de diciembre de 1998. expedido por la Junta Directiva de Artesanías de Colombia S.A., estableciendo la Estructura Orgánica de la entidad. Artículo tercero, numeral 17, que prevé como función de la subgerencia administrativa y financiera adelantar las gestiones tendientes a la oportuna disposición de recursos financieros, tanto para la ejecución de programas de inversión, como para garantizar la operación y funcionamiento de la entidad. En consecuencia, aparentemente con estas conductas se comprometió disciplinariamente, al tenor de las siguientes normas: 1.- Constitución Política, artículos, 6° que indica que los servidores públicos son responsables, además de la infracción de la constitución y las leyes, por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, y 209 que indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de

los fines del Estado. 2.- Ley 80 de 1993, artículo 26, numeral 2, que señala que los servidores públicos deben responder por sus actuaciones y omisiones antijurídicas. 3.- Ley 200 de 1995, vigente a la época de los hechos, artículos 38, 40, numerales 1 y 2. PRUEBAS EN QUE SE FUNDAMENTA EL CARGO Prueban el anterior cargo, las copias de los contratos GER99009 y GER99008, que establecen en la cláusula quinta el término de duración aludido (fls. 15 a 19 y 83 a 5 88); y las solicitudes de Certificado de Disponibilidad presupuestal de 25 de enero de 1999 (fls. 20 y 113). Se señaló que al parecer los disciplinados actuaron dolosamente, es decir, con la intencionalidad y pleno conocimiento al realizar las conductas cuestionadas, calificándose las faltas como graves. 5.- RESUMEN DE ALEGACIONES PRESENTADAS EN LOS DESCARGOS: Los disciplinados, una vez notificados en debida forma del auto de cargos el 24 y 26 de julio de 2002 (fls. 147 y 151), presentaron diferentes escritos exculpatorios. En primer lugar, el 26 de julio del presente año, en memoriales separados pero de contenido similar (fls. 152 -153 y 159 -160), las dos personas inculpadas solicitan que en aplicación del principio constitucional del Debido Proceso, consagrado en el artículo 29, y referido a que nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho, puesto que por las mismas circunstancias el Procurador Primero Delegado ante la

Contratación Estatal, se abstuvo de abrir investigación disciplinaria, ordenando el archivo de la misma. Para probar lo anterior anexan copia del auto de 25 de abril de 2002, proferido por la Primera Delegada en Contratación Estatal dentro del expediente No. 021-48556, en la que se abstiene de abrir investigación contra la señora CECILIA DUQUE DUQUE (fls. 154 a 158 y 161 a 165). En segundo lugar, el 9 de agosto de 2002 la señora CECILIA DUQUE DUQUE presenta descargos a la imputación formulada, de los cuales se hace el siguiente resumen: Con base en el argumento de su inicial escrito, solicita se declare la nulidad de la actuación, no obstante lo cual, se pronuncia sobre el cargo endilgado rebatiendo cada una de las normas que se consideraron violadas. 6 Refiriéndose al artículo 352 de la constitución Política, aduce que de alguna manera las contrataciones de vigilancia y aseo les son impuestas por el Estado mismo, en la medida en que se trata de custodia y conservación de patrimonio estatal, máxime si se tiene en cuenta que la sede de la entidad en cuestión tiene carácter de Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, Monumento Nacional, cuya protección es un imperativo sustentado en disposiciones contenidas en la Constitución Política. Que si para algo cuentan de antemano con recursos presupuestales las entidades del Estado, son para cubrir sus necesidades de atención de la vigilancia y aseo de su sede. Diferente sería si se contratara a la mayor brevedad sin importar si hay

disponibilidad presupuestal o no, y que los contratos cuestionados contaron con disponibilidades previas a su suscripción, por lo que no se violó el inciso segundo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, situación que ya se había planteado a esta entidad, a pesar de lo cual se abrió investigación, lo cual entraña un contrasentido. Que para atender los servicios de vigilancia y aseo no es posible acudir a los mecanismos de comprometer vigencias futuras o aplicar la figura de la contratación de urgencia. Sobre la transgresión del artículo 9 de la ley 482 de 15 de noviembre de 1998, reitera que los contratos no se desarrollaron como un hecho cumplido, pues previamente existió -29 de diciembre de 1998-, el presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda para atenderlos, el cual fue desagregado al interior de la entidad, mediante acuerdo No. 001 de 21 de enero de 1999. Agrega que los argumentos anteriores sirven en su defensa respecto de la violación de la Resolución No. 036 de la Dirección General de Presupuesto Nacional, pues además, para contratar esos servicios de vigilancia y aseo con anterioridad al cierre de la vigencia presupuestal, se presentan varias dificultades, pues normalmente se celebran con fechas de corte a 31 de diciembre, pues las compañías no sostienen los mismos valores de sus cotizaciones al comienzo del año nuevo, pues todos los servicios se incrementan en enero, y difícilmente mantiene el ofrecido el año anterior. Que desde años anteriores ha celebrado el contrato de aseo y vigilancia con G Burns y Casalimpia, pues han dado buenos resultados, y no se requiere

7 proceso licitatorio, pues su valor ha sido siempre inferior a la menor cuantía de contratación. Y si se hubiera hecho el año anterior se hubiera presentado imbricación o yuxtaposición de contratos, lo cual no es permitido. Rebate las normas que disciplinarias presuntamente violadas, indicando que ha buscado la protección de los derechos sustantivos de Artesanías de Colombia S.A., sin que su proceder se pueda calificar de doloso, pues además, está exenta de responsabilidad de acuerdo con el numeral 1 del artículo 28 de la ley 734 de 2002, pues actuó "En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado", ya que el deber de protección, conservación y vigilancia de la sede es más importante que el documento físico que certifica la existencia de una situación presupuestal en todo caso de antemano reconocida por el Ministerio de Hacienda al expedir el presupuesto General. Así mismo, el numeral 4° del citado artículo y ley, indica que está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta "Por salvar un derecho propio o ajeno al cual debe ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación proporcionalidad y razonabilidad". Exime también de responsabilidad disciplinaria realizar la conducta "con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria", y que ella obró con la firme convicción de que no debía exponerse a ilicitudes de tipo penal y fiscal, si desatendía asegurar que a partir de 1 de enero de 1999, existieran real, material y verdaderamente los servicios físico de aseo y vigilancia. En igual sentido, tampoco violó con su conducta lo preceptuado en el artículo 38 de

la ley 200 de 1995. Respecto de la prueba aducida por esta Delegada, expresa que si bien se obró por la queja inicial de la contraloría, no se tuvo en cuenta el informe de auditoría gubernamental con enfoque integral Especial, en el cual ya no se hace glosa alguna sobre el particular de los dos contratos, antes bien manifiesta que existieron las correspondientes disponibilidades presupuestales, previas a la suscripción de los contratos. 8 Señala que en los contratos quedó escrito que los servicios son desde el 1 de enero, y el no haber incluido esa fecha en el contrato es una muestra de transparencia y de honradez, pues lo más fácil hubiera sido colocar la fecha de la disponibilidad presupuestal, pero ello constituye un delito, en el que no quería incurrir. Finalmente solicita se decreten o tengan como pruebas, las enumeradas por ella, sin que solicite la práctica de alguna en especial (fls. 1 a 11 anexo de descargos). 6.- ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Siendo este despacho competente, y sin observar la existencia de causal de nulidad alguna que vicie lo actuado hasta el momento, procede a analizar y evaluar el acervo probatorio que obra en el expediente con el objeto de tomar una decisión de fondo, y teniendo en cuenta las distintas formalidades y presupuestos consagrados en la ley 734 de 2002, realizando previamente las siguientes consideraciones: Sea lo primero referirse al planteamiento esgrimido en su defensa por los disciplinados, en el sentido de que sobre estos hechos ya hubo un pronunciamiento

de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal. Es así como a folios 90 a 94 aparece que esa Delegada tramitó un proceso disciplinario a instancias del órgano de control fiscal, en el que una de las supuestas anomalías era la de haber celebrado e iniciado la ejecución de los contratos aludidos, sin que existieran previamente los certificados de disponibilidad presupuestal, y en fallo de 25 de abril de 2002 se concluyó: "a. Las pruebas allegadas al expediente acreditan que los contratos GER 99008 y GER 99009 si contaron con los certificados de disponibilidad desde el momento que la entidad consideró necesario realizar los negocios jurídicos. En efecto, para el acuerdo de voluntades GER 99008 celebrado el 22 de febrero de 1999, el Sub gerente Administrativo y Financiero solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal el 25 de enero de 1999, por un valor de $54.984.000.00 para cubrir el compromiso de vigilancia, y ese mismo día se expidió por el coordinador del Presupuesto el certificado de disponibilidad 001, por la suma referida (fl 6 del anexo 1). Para el contrato GER 99009 suscrito el 22 de febrero de 1999, el Sub gerente 9 Administrativo y Financiero solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal el 25 de enero de 1999, por un valor de $26.884.751.00 para cubrir el compromiso de servicio de aseo, y ese mismo día se expidió por el Coordinador del Presupuesto el certificado de disponibilidad 002, por la suma referida" (fIs. 90 y 91).

Así mismo, en dicho fallo se transcribió un aparte del informe final sobre los resultados de la auditoría que dio inicio a la investigación, respecto de los mismos negocios jurídicos: "... para la suscripción de los contratos en mención se contó previamente con los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal dando cumplimiento estricto a los certificados 21 y 22 de la ley 80/93. En el contrato GER 99008 fue suscrito el 22 de febrero de 1999 y la disponibilidad presupuestal No. 001 es del 25 de enero de

1999. El contrato GER 99009 fue suscrito el 22 de febrero de 1999 y la disponibilidad presupuestal No. 002 es del 25 de enero de 1999, lo que significa que las disponibilidades fueron previas a la suscripción de los contratos".

Por las razones expuestas, finalmente la aludida Delegada resuelve abstenerse de abrir investigación disciplinaria en contra de CECILIA DUQUE DUQUE (fl. 94). Con base en lo anterior, es preciso indicar que los hechos investigados en la Primera Delegada para la Contratación Estatal, aunque están relacionados con los cargos aquí endilgados, no son similares, puesto que el cuestionamiento de este Despacho se refiere a que con la suscripción de los contratos GER99008 y GER9909 el 22 de enero de 1999 se legalizaron hechos cumplidos que venían siendo ejecutados desde el primero de ese mes y año. Por lo que no se está desconociendo el principio del Nom bis ídem, puesto que no se está juzgando a los disciplinados por los mismos hechos. Ahora bien, respecto de los demás argumentos expuestos por la disciplinada

CECILIA DUQUE DUQUE, no puede desconocer el Despacho la relevancia que para las entidades de cualquier orden representa la defensa y cuidado de sus instalaciones, así como el servicio de aseo, los cuales son de carácter prioritario. Pero eso, en principio no descarta la responsabilidad que tenía como directora de Artesanías de Colombia de haber adelantado el proceso contractual correspondiente 10 en término, más aun cuando aun cuando los recursos estaban disponibles desde el año anterior en el Ministerio de Hacienda. Es decir, si los contratos de vigilancia y aseo se vencían en una fecha determinada, que para este caso era el 31 de diciembre de 1998, la entidad debió con anticipación adjudicar los contratos y estar preparada para que no se diera la ausencia de la vigilancia y aseo a partir del 1 de enero de 1999. Ahora bien, si en atención a las dificultades de fin de año expuestas por la encartada, no fue posible que el contrato se suscribiera con fecha de 1 de enero, la solución tampoco podía ser el permitir que de hecho las mismas empresas que venían prestando esos servicios lo siguieran haciendo, puesto que las formalidades previstas en la ley de contratación no son caprichosas, y allí precisamente se indica la forma que debe revestir el contrato estatal. En el presente caso, desde el 1 de enero hasta el 22 de febrero las actividades de las empresas Seguridad Burns de Colombia S.A. y Casalimpia S.A. no estuvieron amparadas por ningún acuerdo contractual, situación que llevó la entidad a legalizar estos hechos mediante la suscripción a los 42 días de los contratos GER99009 y GER99008 (fls. 15 a 20 y 31 a 36).

Alega en su defensa la disciplinada, que su conducta está exenta de toda responsabilidad, pues no es antijurídica a la luz de lo previsto en el artículo 28 de la ley 734 de 2002, numeral 2, que exime de ella cuando se realiza en "... estricto cumplimento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado". Sobre esta causal, se pronunció el señor Procurador en la introducción a la edición del nuevo código disciplinario: “Anteriormente, sólo se hablaba del estricto cumplimiento de un deber legal el cual exigía la proveniencia del deber de la constitución o la ley y la relación funcional del agente con el hecho. En la ley 734 esta misma causal se plantea en el contexto de un deber incumplido frente a otro de mayor jerarquía cuyo soporte igualmente ha de encontrarse en la constitución o la ley" "Esta causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, ha sido denominada en la doctrina del derecho sancionatorio colisión de deberes. Los requerimientos de la 11 causal exigen dos deberes de parte del sujeto disciplinable, uno de los cuales impone una determinada forma de actuar, mientras que otro le señala una distinta, sí, si el deber que resulta cumplido es de mayor importancia que el sacrificado no puede afirmarse que existe una exclusión de la antijuricidad, dejando activa la tipicidad de la conducta. La selección de un deber de mayor importancia, permite que se cumpla con los fines superiores del ordenamiento jurídico de tal manera que se actúa conforme a la esencia de la función, social que cumple un Estado social y democrático de derecho" 11

Cabe preguntarse entonces, ¿el deber de garantizar los servicios de aseo y vigilancia de la sede en cuestión, estaba por encima del deber de cumplir con los requerimientos de la ley 80 de 1993 sobre la formalidad del contrato estatal? Si ambas situaciones se hubieran presentado a partir del mismo instante, habría que concluir que sí; pero en el asunto que nos ocupa, se llegó a la necesidad e legalizar hechos cumplidos por el descuido y negligencia de los funcionarios que no actuaron en su debida oportunidad conforme a la ley contractual. Por tanto, no es aceptable la causal de justificación invocada por la disciplinada. Así mismo, la disciplinada alega como causal de justificación el haber actuado con "... la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria". Considera la Delegada, que esta causal mal puede alegarla una persona de las calidades y conocimientos que se supone debe reunir quien dirige una entidad del orden nacional, como es Artesanías de Colombia. Por tanto, esta causal de justificación también será desechada. La Ley 482 de 1998, aprobatoria del presupuesto de 1999, en su artículo 9, era clara en el sentido de prohibir la tramitación de actos administrativos u obligaciones que afectaran el presupuesto cuando no reunían los requisitos legales o se configuraran hechos cumplidos, lo cual en concordancia con las demás normas citadas, lleva a concluir que efectivamente fueron transgredidas por los disciplinados. 1 Código Disciplinario Único" Ley 734 de 2002, Procuraduría General de la Nación, Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2002, pg. 35.

12 CONCLUSIONES DEL DESPACHO Es evidente que con los contratos GER99008 y GER99009, la señora CECILIA DUQUE DUQUE legalizó una situación de hecho que se venía cumpliendo desde el 1 de enero de 1999, pero igualmente, que pese al error cometido, en la plasmación hecha en los mismos negocios jurídicos obró con honestidad al indicar en la cláusula quinta como inicio del término de duración una fecha anterior a la del contrato. Igualmente, dado que se observa cómo ni las instalaciones físicas de Artesanías de Colombia, ni el servicio de aseo quedaron desprotegidos, sin que haya sufrido menoscabo alguno el patrimonio de la entidad, este aspecto será tenido en cuenta por esta Delegada, así como la falta de dolo en su actuación. Ahora bien, respecto de la conducta de ERNESTO ORLANDO BENAVIDES, considera la Delegada que al tramitar los certificados de disponibilidades presupuesta les (fl. 14), incurrió en responsabilidad disciplinaria, de la cual cabe hacer las mismas consideraciones de la señora CECILIA DUQUE DUQUE, por lo que igualmente, se impondrá la respectiva sanción. Así las cosas, con las anteriores consideraciones, el Despacho considera que los cargos imputados a la Gerente General y al Subgerente Administrativo y Financiero de artesanías de Colombia, CECILIA DUQUE DUQUE y ERNESTO ORLANDO BENAVIDES, no han sido desvirtuados por lo que impondrá la sanción correspondiente, teniendo en cuenta las circunstancia anteriormente anotadas.

NATURALEZA DE LA FALTA PROBADA Y SANCION

En el proceso disciplinario el funcionario responderá ya sea por omisión o extralimitación de funciones, lo cual determina si hay mérito para un fallo sancionatorio, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política, leyes, decretos, y en especial el artículo 118 del C.D.U., ley 200 de 1995, 'aplicable a este caso. Ahora bien, corresponde a este despacho fijar el grado de la sanción de acuerdo a la finalidad que cumplen las mismas como son la prevención y la garantía de la buena 13 marcha de la gestión pública, para el cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos. Del artículo sexto constitucional se derivan una serie de responsabilidades, tipificadas de acuerdo a un estado social de derecho que atienden a los actos por los cuáles se responde, el bien o valor jurídico tutelado y el sujeto pasivo involucrado en su aplicación. Partiendo de este precepto constitucional y acorde a las disposiciones contenidas en el régimen disciplinario de los servidores públicos, Ley 200 de 1995, vigente a la época, se procede a especificar la naturaleza de la falta probada y su correspondiente sanción para el investigado en los siguientes términos: Conforme a su jerarquía y la posición de los disciplinados en Artesanías de Colombia S.A., como ente físico que realiza la tarea del Estado, comporta una serie de obvias obligaciones especiales, de aquél con éste, Llamadas a mantener el orden Interno de la organización y el logro de los objetivos estatales respecto a los administrados en general. Por tanto, se toman con pruebas relevantes para determinar la responsabilidad de

CECILIA DUQUE DUQUE Y ERNESTO ORLANDO BENAVIDES, las arriba mencionadas; elementos probatorios que determinan de forma clara y precisa la misma en los hechos investigados materia de cargos, por cuanto no fueron desvirtuados en manera alguna, no siendo aceptables tampoco las causal es de justificación alegadas; en este orden de ideas, considera el Despacho que deben responder disciplinariamente y soportar la correspondiente sanción, en cuanto que con su actuar incumplieron con los deberes previstos en el artículos 6 de la Constitución Política; 26, numeral 2 y 5 de la ley 80 de 1993; y 40, numerales 1 y 2, de la ley 200 de 1995, vigente a la época, lo cual constituye falta disciplinaria al tenor del artículo 38 de esta norma, sancionable de acuerdo a su gravedad.

CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA FALTA DISCIPLINARIA

14 Con fundamento en los criterios establecidos en el articulo 27 de la ley 200 de 1995, para la determinación de la gravedad de la falta disciplinaria procede el Despacho a calificar en forma definitiva la cometida por CECILIA DUQUE DUQUE Y ERNESTO ORLANDO BENAVIDES: No obstante que el proceder de los disciplinados fue negligente y descuidado, pero dado que no se perturbó el servicio, así como tampoco se produjo daño patrimonial a la entidad, el Despacho considera que son responsables a título de CULPA, calificando definitivamente la falta como LEVE, sancionable con AMONESTACIÓN

ESCRITA EN LA HOJA DE VIDA.

En mérito a lo expuesto, el PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA CONTRATACION ESTATAL, en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: DECLARAR PROBADOS Y NO DESVIRTUADOS los cargos atribuidos a CECILIA DUQUE DUQUE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.469.020 de Armenia, y a ERNESTO ORLANDO BENAVIDES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.967.913 de Pasto, quienes se desempeñaban como Gerente General y Subgerente Administrativo y Financiero de Artesanías de Colombia S.A., para la época de los hechos, de conformidad con las motivaciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Imponer SANCIÓN DISCIPLINARIA a CECILIA DUQUE DUQUE, Y a

ERNESTO ORLANDO BENAVIDES, consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA EN

LA HOJA DE VIDA.

TERCERO: Por intermedio de la Unidad Coordinadora, notificar en forma legal esta decisión a los disciplinados CECILIA DUQUE DUQUE Y ERNESTO ORLANDO BENAVIDES, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelación para ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, el cual deberá interponerse verbalmente al momento de la notificación o por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes y sustentarse en los términos señalados en los artículos 97 y 104 de la ley 200 de 1995, aplicable a este caso.

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CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por la Unidad Coordinadora, remitir copia a

la División de Registro y Control de la Viceprocuraduría General de la Nación, para los fines pertinentes, lo mismo que al señor Presidente de la República y a la Gerencia General de Artesanías de Colombia, a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 94 y 95 de la Ley 200 de 1995, con la comunicación debida a la Procuraduría General de la Nación.

QUINTO: Por la Unidad Coordinadora, déjense las correspondientes 8 constancias y háganse las anotaciones del caso.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CESAR JULIO VALENCIA COPETE

CJVC/oadc Exp. No. 165-38508/01 16