PGN - Documento 201603071713286

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación 162-44912-00 Disciplinado Guillermo Cuervo Clavijo Cargo Director Nacional Entidad Escuela de Administración Pública ESAP Quejoso Milena González Fecha Queja Abril 21 de 1999 Asunto Fallo de Primera Instancia Bogotá, D.C., 14 de marzo de 2003 ASUNTO Procede el Despacho a proferir la decisión de primera instancia que en derecho corresponde, dentro de las diligencias disciplinarias radicadas bajo el No. 162-4491200, seguidas contra el Dr. GUILLERMO CUERVO CLAVIJO, en su condición de Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, una vez culminada la etapa probatoria y no observándose causal de invalidez que afecte la actuación. H E C H O S Dio origen a la presente investigación disciplinaria, el escrito de queja presentado al parecer por funcionarios de la Escuela de Administración Pública ESAP, en la que denunciaron la comisión de posibles irregularidades relacionadas con la violación al régimen de contratación, al suscribirse contratos sin contar con los registros presupuestales correspondientes. (folios 2 a 58). C O M P E T E N C I A De conformidad con lo establecido en el Decreto 350 de 1960, en concordancia con el Decreto-Ley 2083 de 1994, la Escuela Superior de Administración Pública, es un establecimiento público del orden nacional, de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y autonomía académica.

Por su parte, el numeral primero, literal b) del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, determinó las funciones y competencias disciplinarias de las Delegadas, estableciendo que éstas conocen en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los gerentes, directores y miembros de las juntas directivas, o sus equivalentes, de los organismos descentralizados del nivel nacional. De igual forma, el artículo 19 de la Resolución 0017 de 2000, asignó las funciones y competencias a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, precisando el conocimiento en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los directores de los organismos descentralizados del orden nacional, por la comisión de irregularidades en materia contractual. En consecuencia en aplicación a las normas citadas, este despacho es el competente para proferir fallo de primera instancia dentro de las presentes diligencias. AUTO DE CARGOS La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, mediante auto del 9 de enero de 2001, formuló el siguiente reproche disciplinario. (folios 129 a 135): “De conformidad con las pruebas allegadas en las etapas de indagación preliminar e investigación disciplinaria, se desprende que existió conducta irregular por parte del Dr. GUILLERMO CUERVO CLAVIJO, en su condición de Director Nacional de la Escuela Superior de Educación Pública ESAP, en razón, a que en forma irregular ordenó la ejecución de la orden de Prestación de Servicio No. 01-1-11-01-00-0023-0-99 de marzo 3 de 1999, con el objeto

de dictar un ciclo de 16 horas de clases de inducción a funcionarios de la ESAP, en cuantía de $ 800.000.00, durante los días del 8 al 12 de marzo de 1999, imputado al rubro 510-1501-16-20, en razón, a que el requisito esencial previo a toda contratación que afecte las apropiaciones presupuestales consistente en la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, se omitió en el presente caso.” “Las pruebas recaudadas revelan que el objeto de la orden de prestación de servicios No. 01-1-11-01-00-0023-0-99, se realizó del 8 al 12 de marzo de 1999, configurándose un hecho cumplido, irregularidad imputable al implicado toda vez que fue quien suscribió la orden de prestación de servicios (folio 75) y la resolución No. 0198 de abril 9 de 1999, por medio de la cual reconoció una obligación y ordenó un pago” D E S C A R G O S Dentro del término legal, el implicado contestó el pliego de cargos, solicitando en primer lugar (i) nulidad por imprecisión de las normas en que se fundamentó el cargo formulado, petición basada en el artículo 131, numeral 3º de la Ley 200 de 1995. (folios 139 a 147). En segundo lugar, (ii) aduce el implicado no ser cierto el cargo formulado en su contra, porque al Director Nacional de la ESAP, no le corresponde elaborar o expedir los certificados de disponibilidad presupuestal, porque para ello existen dependencias especializadas con funcionarios responsabilizados de ejecutar esas

funciones. Depone que la entidad posee una organización administrativa y para cumplir el funcionamiento de la misma descentraliza las tareas a desarrollar, y es por ello que el director para el cumplimiento de sus funciones se apoya en el buen juicio, criterio, eficiencia, diligencia y responsabilidad de sus colaboradores por la imposibilidad de revisar y estudiar absolutamente todos los documentos que someten a su consideración. Expresa que el jefe de la unidad de atención a entidades nacionales Dr. Corvacho Coll, recibió toda la delegación para tramitar todos los asuntos a su cargo, sobre todo aquellos que se sometían al proceso de ordenación y pago del director, no siendo una excepción el pago efectuado al señor Riveros Pinzón. Que los documentos correspondientes a la orden de prestación de servicios No. 01-1-01-00-0023-099, tenían el visto bueno del Dr. Francisco Corvacho Coll, Jefe de la Unidad de Atención a Entidades Públicas y de la Secretaria General Yasmín Carreño, situación que lo hizo presumir que se habían surtido todos los trámites previos. Argumenta además que el Dr. Corvacho Coll, mediante oficio del 26 de julio de 1999, respecto de la orden de prestación de servicios de Rafael Riveros Pinzón, en contestación a requerimiento efectuado por la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública, que aquella se hizo con antelación y que por el excesivo trabajo existente en las oficinas de la ESAP, generados por el cambio de sistemas y procesos, el pago de diversas cuentas no se tramitó a tiempo. Circunstancias desconocidas para él como director. Aduce que la orden de pago 0292 del 21 de abril de 1999, autorizada por el Director

Nacional, se realizó bajo la presunción de que el documento y los soportes cumplían con todos los requisitos legales. Finaliza su exposición manifestando que el Director Nacional de la ESAP, nunca conoció los hechos constitutivos de la irregularidad y menos aún él querer realizarla, que no se causó perjuicio económico a la entidad pues el objeto de la orden de prestación de servicios se cumplió. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURIA DELEGADA SÍNTESIS PROBATORIA. - Orden de pago No. 000292 del 21 de abril de 1999 a favor de Rafael Riveros Pinzón. (folio 88) - Constancia del 14 de abril de 1999, expedida por el jefe de la Unidad de atención a entidades del orden nacional, en la cual hace constar que el señor Rafael Riveros Pinzón, cumplió a satisfacción con la prestación del servicio (folio 89) - Copia de la Resolución No. 189, por medio de la cual se reconoce una obligación. (folio 90) - Copia del certificado de disponibilidad presupuestal No. 515 del 8 de abril de 1999, a nombre de Rafael Riveros Pinzón, con imputación al rubro 1501-16-05-20 (folio 91) - Copia del oficio No. 0073 del 23 de febrero de 1999, autorizando una orden de prestación de servicios (folio 92) La prueba documental relacionada es de pleno recibo dada su característica de documento público, la cual goza de su presunción de veracidad, en la medida en que fue suscrita por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. - Declaración jurada rendida por el señor FRANCISCO CORVACHO COLL. (folio

1. - Acta de visita especial practicada en la División Financiera de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, realizada por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública. (folio 85)

ANÁLISIS Y VALORACION JURÍDICO PROBATORIA.

1. El Decreto 568 de 1996, reglamentario de las Leyes Orgánicas del Presupuesto General de la Nación, definió en su articulo 19, que el certificado de disponibilidad es el documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal.

A su vez, el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, dispuso que los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deben contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la apropiación suficiente para atender los gastos y además prohíbe tramitar actos administrativos sin el lleno de los requisitos legales y que se configuren en hechos cumplidos. Por su parte el artículo 25 numeral 6º de la Ley 80 de 1993, dispuso que las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuéstales. Frente al anterior marco normativo, este despacho concluye que es requisito indispensable para la asunción de cualquier compromiso u obligación, que pretenda realizar alguna entidad estatal, la expedición previa del respectivo certificado de

disponibilidad presupuestal, el cual garantiza la existencia de apropiación disponible.

2. Ahora bien, del análisis realizado sobre el acervo probatorio aportado al investigativo, emerge la materialidad de los cargos imputados al Dr. GUILLERMO CUERVO CLAVIJO, así como la certeza sobre su responsabilidad subjetiva en la comisión de los mismos por las siguientes razones: Mediante visita especial practicada por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, en la División Financiera de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, el día 31 de enero de 2001, se logró establecer que la cuenta a favor del señor Rafael Riveros Pinzón, se tramitó de acuerdo con la orden de prestación de servicios 01-1-1-01-00-0023-0-99, suscrita el día 3 de marzo 1999, por el Director Nacional de la ESAP, Dr. GUILLERMO CUERVO CLAVIJO, mediante la cual se le contrató con el objeto de: “Dictar un ciclo de 16 horas de clases de inducción y realizar ejercicios de aplicación sobre procesos de selección de personal a un grupo de practicantes y funcionarios de la ESAP”, durante los días del 8 al 12 de marzo de 1999, por un valor de $ 800.000.00, los cuales se pagarían previa constancia de la prestación del servicio expedida por el Jefe de la Unidad de Atención a Entidades del Orden Nacional de la ESAP. (folio 85).

Dicha orden de prestación de servicios se sustentó y canceló con fundamento en los siguientes documentos: - Certificado de disponibilidad presupuestal No. 515 de fecha 8 de abril de 1999,

mediante el cual el Coordinador de la Unidad de Presupuesto certifica que en el presupuesto de gastos de inversión para la vigencia fiscal de 1999 existe saldo disponible y no comprometido por valor de $ 801.600.00, para amparar el compromiso que se pretende asumir, a favor de Rafael Riveros Pinzón, el objeto del gasto es dictar un ciclo 16 horas de clases de inducción y realizar ejercicios de aplicación sobre procesos de selección de personal a un grupo de practicantes y funcionarios de la ESAP. (folio 91) - Resolución No. 0198 del 9 de abril de 1999, por medio de la cual, el Dr. GUILLERMO CUERVO CLAVIJO, reconoce y ordena el pago a favor del señor Rafael Riveros Pinzón de la suma de $ 800.000.00, por la prestación de servicios profesionales en la realización de un ciclo de capacitación en inducción y realización de ejercicios de aplicación de procesos de selección de personal a un grupo de practicantes y funcionarios de la ESAP. (folio 90) - Orden de pago No. 00292 del 21 de abril de 1999, a favor de Rafael Riveros Pinzón, por dictar un ciclo de 16 horas de clase de inducción y realizar ejercicios de aplicación sobre procesos de selección de personas a grupo practicantes y funcionarios de la ESAP, del 8 al 12 de marzo de 1999 por la suma de $ 800.000.00, la cual aparece suscrita por el Director Nacional de la ESAP, como ordenador. (folio 88) - Constancia suscrita por el jefe de la Unidad de Atención a Entidades del Orden Nacional, suscrita por el Dr. FRANCISCO CORVACHO COLL, fechada el día 14 de

abril de 1999, mediante la cual hace constar que el señor Rafael Riveros Pinzón, cumplió a satisfacción con el objeto de la orden de Prestación de Servicios No. 01-11-001-00-00023-99, dictando 16 horas de clase de inducción y realización de ejercicios de aplicación sobre procesos de selección de personal. (folio 89)

3. Como se evidencia, el objeto de la orden de prestación de servicios No. 01-1-1-0100-0023-0-99, se ejecutó, sin el cumplimiento previo de lo dispuesto por el artículo el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, norma oportunamente citada en el pliego de cargos, la cual dispone: “ ... Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender dichos gastos. (...) Cualquier compromiso que se adquiera con violación a estos preceptos creara responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones. “ En el caso objeto de estudio se tiene que la ESAP, expidió el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 515 con de fecha 8 de abril de 1999, mediante el cual el Coordinador de la Unidad de Presupuesto certifica que en el presupuesto de gastos de inversión para la vigencia fiscal de 1999 existe saldo disponible y no comprometido por valor de $ 801.600.00, es decir, casi un mes después, por cuanto los cursos fueron dictados del 8 al 12 de marzo de 1999.

La disponibilidad presupuestal es un requisito previo necesario para la contratación estatal, previsto además en el numeral 6º del artículo 25 de la ley 80 de 1993, en el

que se señala: “Las entidades estatales abrirán licitación o concurso e iniciaran procesos de suscripción de contratos cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuéstales”. (el resaltado es nuestro)

4. En este orden de ideas, la verificación de la disponibilidad presupuestal es previa a la contratación estatal, y se concreta a través de la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal –CDP-, requisito formal necesario para iniciar todo proceso de contratación, haciéndose por ello una parte inescendible de la actividad contractual del estado, que garantiza que la administración cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus compromisos y no adquiera obligaciones que no pueda cumplir.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, el Despacho encuentra que el hecho irregular cuestionado en el pliego acusatorio al Dr. CUERVO CLAVIJO, por no allegar el certificado de disponibilidad presupuestal previo al momento de suscribir la orden de prestación de servicios No. 01-1-1-01-00-0023-0-99, formalidad que se realizo un mes después de realizada el objeto de la orden, hecho que constituye una conducta omisiva, que puso en riesgo que el compromiso adquirido no pudiera cumplirse, configurándose por tanto en un hecho cumplido, situación de la que emerge responsabilidad disciplinaria, por cuanto omitió un deber funcional.

5. Sobre este aspecto, se considera importante transcribir algunos apartes de la Sentencia No. 015 del 23 de enero de 1996, proferida por la Corte Constitucional, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Herrera Vergara, en la cual refiriéndose al

certificado de disponibilidad presupuestal, expresó: “En relación con la exigencia de disponibilidad presupuestal, ella hace parte del `principio de legalidad del gasto público, establecido en los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política. La disponibilidad se concibe como un instrumento mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado por encima del monto máximo autorizado por la correspondiente ley anual de presupuesto durante su ejecución. Así entonces, habrá disponibilidad cuando exista una diferencia entre el gasto presupuestado y el realizado, produciéndose un saldo que equivale a una suma disponible que puede ser utilizada para la adquisición de nuevos compromisos...” “...los objetivos de la disponibilidad son la protección de los recursos públicos para facilitar la realización de los fines estatales, los cuales no se podrían alcanzar si los ordenadores del gasto de las entidades públicas pudieran ejecutar sumas superiores a las disponibles, constituyéndose en una garantía para que los recursos incorporados en los presupuestos sean suficientes para atender los gastos y obligaciones contraídas por el Estado. No sería posible entonces ejecutar una correcta ejecución presupuestal si no hay disponibilidad, porque sin ella se ejecutarían partidas por encima de las presupuestadas en perjuicio de otras que no podrían efectuarse...” ( el resaltado es nuestro)

6. Para el Despacho no son aceptables las explicaciones presentadas por el acusado para justificar su conducta, por cuanto, si bien es cierto a él no le correspondía expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, también lo es que como ejecutor del gasto y representante legal de la entidad, le correspondía verificar la existencia

de los documentos previos que exige la ley como lo es el certificado de disponibilidad presupuestal, antes de suscribir cualquier obligación. Ahora bien, entiende este despacho que la ESAP como entidad descentralizada del orden nacional posee una organización interna, a través de la cual se adjudicaron funciones y procedimientos, en cada uno de sus servidores, situación que no exime de responsabilidad al Director Nacional, como ejecutor del gasto y quien compromete los recursos de la misma, por cuanto si los procedimientos previos para la suscripción de alguna obligación radica en cabeza de sus subalternos, él no podía suscribir la orden de prestación de servicios sin la totalidad de los documentos exigidos por la ley, pues es su deber, como eslabón final del proceso, corroborar la existencia de todos los documentos y el respeto de todos los pasos legales, antes de estampar su firma, con la cual se perfecciona el proceso. Era su deber como ejecutor del gasto, contar con el certificado de disponibilidad presupuestal, previo a la suscripción de cualquier obligación, en este caso de la orden de prestación de servicios No. 01-1-1-01-00-0023-0-99, deber funcional transgredido por el implicado CUERVO CLAVIJO, al suscribir la mencionada orden de prestación de servicios, con el señor RAFAEL RIVEROS PINZON, sin garantizar la apropiación de recursos suficientes para atender el gasto, por lo que configuró un hecho cumplido. Se tiene además, que el actuar del implicado desconoció la prohibición legal contenida en el artículo 24 numeral 8, de la Ley 80 de 1993, la cual señala: “(...) Las autoridades no actuaran con desviación o abuso de

poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto (...) “. Por cuanto, no podía eludir los requisitos establecidos en la ley. Actuación que genera responsabilidad, en virtud de lo establecido en el artículo 26 del Estatuto Contractual, el cual textualmente señala: “2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas (...) “.

7. La omisión en que incurrió el implicado al suscribir la orden de prestación de servicios No. 01-1-1-01-00-0023-0-99, sin el lleno de los requisitos exigidos lo hacen responsable disciplinariamente, cuando existiendo el deber jurídico no ejecuta el acto, lo que conlleva a la violación de las normas de carácter disciplinario que puntualizan la falta como consecuencia de la omisión señalada y cometida por desconocimiento de la ley sustantiva, descritas en el artículo 40 de la Ley 200 de 1995, el cual señalar los deberes de los servidores públicos, indicando en su numeral 1º: “ Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, los tratados públicos ratificados por el gobierno colombiano, la leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los estatutos de la entidad, (...) cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones, (...) “.

De La responsabilidad subjetiva.

8. De igual modo, este Despacho observa que el elemento subjetivo de la conducta irregular reprochada al señor CUERVO CLAVIJO, está dado por el conocimiento que

del régimen de contratación estatal, le es exigible a todo servidor público, más cuando se trata de un Director de Entidad, a quien dentro de sus funciones se le atribuye ser el ordenador del gasto y el de orientar los destinos de la entidad. Por otra parte, se tiene que, desde el mismo momento de su posesión, como servidor público en el cargo de Director de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, tenía conocimiento de los deberes legales y constitucionales que el cargo le exigía. Además tenía conciencia de la responsabilidad en la dirección y manejo de la actividad presupuestal y contractual, de la entidad que regentaba, obligación que lleva implícito el deber de conocer las normas que reglamentan la contratación estatal y el manejo del presupuesto. Normas que en forma voluntaria y consciente transgredió, toda vez que desconociendo lo preceptuado en los artículos 71 del decreto 111 de 1996, y artículos 24-8, 41 y 26-1-2 de la Ley 80 de 1993, descritos con anterioridad, No verificó la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal previo al momento de suscribir la orden de prestación de servicios No. 01-1-1-01-00-0023-0-99, configurándose por tanto en un hecho cumplido. La conducta irregular descrita y ejecutada en forma consciente y voluntaria por el aquí implicado, constituye una omisión en el ejercicio de sus funciones, la cual trajo como consecuencia un resultado típico y antijurídico, en el sentido de que incumplió los procedimientos establecidos en la ley, previos a la celebración de los contratos estatales. De la Sanción.

9. Para efectos de imponer sanción disciplinaria, es imprescindible demostrar plenamente (i) la existencia del hecho irregular y (ii) la responsabilidad del encartado, lo cual implica probar la relación de causalidad existente entre su comportamiento omisivo y el resultado del cual depende la existencia del hecho irregular.

En el caso in-examine, como se analizó con anterioridad se establece con certeza la responsabilidad del funcionario al suscribir la orden de prestación de servicios No. 01-1-1-01-00-0023-0-99, sin que previamente se expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal que garantizara la existencia de la apropiación suficiente para atender el gasto, cuando conocía expresamente la norma legal que como ordenador del gasto le prohibía expresamente comprometer el presupuesto de la entidad, sin que previamente existiera este requisito. Tal conducta constituye falta disciplinaria, puesto que omitió conciente y voluntariamente exigir un requisito previo a la celebración de la orden de prestación de servicios y de la cual emerge su actuar doloso, pues el implicado a sabiendas de su deber no actuó conforme el ordenamiento jurídico le exigía, elementos que permiten calificar la falta como grave, al tenor de lo establecido en el artículo 24 numeral 2º de la Ley 200 de 1995, norma sustancial aplicable al presente caso en atención al principio de favorabilidad. Por otra parte, atendiendo los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, descritos en el artículo 27 de la Ley 200 de 1995, considera este despacho para efectos de imponer sanción disciplinaria que ha de tenerse en cuenta a favor del

disciplinado que el resultado de la omisión cuestionada no causó detrimento patrimonial al estado, por cuanto los recursos estaban apropiados, razón por la cual, este Despacho considera procedente imponer como sanción disciplinaria al encartado CUERVO CLAVIJO, la de MULTA correspondiente a diez (10) días del salario; con su conducta el disciplinado incumplió con el deber funcional que le era exigible, mismo que es fundamento de su razón de ser y el cual había prometido cumplir fiel y cabalmente. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE DISCIPLINARIAMENTE al señor GUILLERMO CUERVO CLAVIJO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.061.972, en su calidad de Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, como autor de los hechos reprochados y tipificadores de faltas disciplinarias contenidos en el auto de cargos, los cuales se consideran no desvirtuados.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración de responsabilidad, SANCIONAR disciplinariamente al Dr. GUILLERMO CUERVO CLAVIJO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.061.972, en su calidad de Director nacional de la escuela de Administración Pública ESAP, con MULTA EQUIVALENTE A DIEZ (10) DÍAS DEL SUELDO QUE DEVENGABA PARA LA EPOCA DE LOS HECHOS, es decir la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL TREINTA PESOS M/cte. ($1.407.030.00), la cual deberá ser cancelada

en la Tesorería de la Entidad, para los fines establecidos en el Decreto 2170 de 1992.

TERCERO: Por la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, NOTIFICAR

personalmente al implicado esta decisión, en la Calle 57C No. 45 a 36, Bloque 58, apto. 202, Pablo VI segunda etapa, de la ciudad de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, con la advertencia que contra la misma procede el recurso de apelación debidamente sustentado (artículo 115 Ley 734 de 2002), para ante la Sala Disciplinaria (artículo 22.1 Decreto 262/00), dentro de los tres (3) días hábiles a aquel de su notificación CUARTO.- Por la Secretaría de esta Delegada, se dejarán las constancias y anotaciones en los libros de registro respectivos.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Procurador Delegado para la Moralidad Pública P.D Moralidad Pública 162-44912-00 JFRC/mmas/s.r.p.