PGN - Documento 201603071713296

DELEGADA PARA LA MORALIDAD PUBLICA

Radicación: 162-43100-00

Investigados: JOSE ARCESIO MURILLO, RAMIRO ALFEREZ, JORGE PICON ACUÑA y REINALDO MARTINEZ DASNEVEZ Cargo y entidad: Gobernador, Secretario de Educación, Secretario de Obras, Técnico Operario de la Secretaria de Obras, del

Departamento del Amazonas

Quejoso: JESUS ALBERTO ESTUPIÑAN HURTADO, Contralor

Departamental del Amazonas.

Fecha Queja: 26 de agosto de 1998

Fecha Hechos: Julio y agosto de 1998

Asunto: Fallo de primera instancia

Bogotá, D.C., 27 de mayo de 2003

I. ASUNTO Al entrar a regir el nuevo Código Disciplinario Único, Ley 734 el 5 de mayo del 2002 es pertinente señalar que el trámite procesal de la presente actuación disciplinaria continuará rigiéndose por la Ley 200 de 1995, pues así lo establece el artículo 223 de la Ley 734 de 2002, que señaló que los procesos disciplinarios en los que ya se hubiese proferido auto de cargos continuarán rigiéndose por el procedimiento anterior.

Se procede a proferir fallo de primera instancia en contra de los doctores JOSE ARCESIO MURILLO, RAMIRO ALFEREZ, JORGE PICON ACUÑA y REINALDO MARTINEZ DASNEVEZ, Gobernador, Secretario de Educación, Secretario de Obras, Técnico Operario de la Secretaria de Obras, del Departamento del Amazonas.

II. HECHOS El Doctor ARCESIO MURILLO RUIZ, quien se desempeñó como Gobernador de

Amazonas, mediante manuscrito fechado el 8 de junio de 1998, solicitó al Secretario de Educación del Departamento tener en cuenta para los trabajos de reparación y pintura al señor JHON BELTRAN FILO. Dicho Gobernador suscribió el contrato 023 del 24 de julio de 1998 con la señora MARIA EUGENIA BARROS MEJIA, esposa de JHON BELTRAN FILO, cuando la contratista presentó dos cotizaciones con precios diferentes y su inscripción en la Cámara de Comercio de Leticia se produjo después de presentada su propuesta a la administración. Por una integrante del Comité de Veeduría designado para vigilar el contrato y por la Contraloría Departamental se denunció la posible existencia de sobrecostos, con fundamento en los precios acordados en otro contrato de pintura celebrado por el Departamento en fecha cercana. Adicionalmente, la obra se recibió a satisfacción, pero posteriormente el interventor y la Contraloría Departamental del Amazonas verificaron que no se había ejecutado toda la obra contratada.

III. PRUEBAS RECAUDADAS El dossier disciplinario esta compuesto por las siguientes pruebas:

1. Testimoniales.

Rindieron declaración JESUS ALBEIRO ESTUPIÑAN Contralor Departamental del Amazonas (Fl. 180 c. 1), ALFONSO SOTO FRANCO Técnico Fiscal (Fl. 182 c. 1), MARIA EUGENIA BARRIOS MEJIA (Fl. 337 c. 2) y WILMER MENDOZA ROJAS (Fl. 339 c. 2).

2. Documentales Nota del 8 de junio de 1998 suscrita por el Gobernador del Amazonas y dirigida al

Secretario de Educación departamental (Fl. 5 c. 1); informe de visita fiscal No. 029 rendido por ALFONSO SOTO FRANCO, Técnico Fiscal de la Contraloría Departamental del Amazonas (Fl. 8 c. 1); fotocopia del contrato de obra No. 023 del 24 de julio de 1998 suscrito por el Gobernador del Departamento del Amazonas JOSE ARCESIO MURILLO y la señora MARIA EUGENIA BARRIOS MEJIA, junto con la fotocopia de sus soportes, como son garantías, disponibilidad presupuestales, dos cotizaciones presentadas por la contratista, acta de iniciación de obra, acta de recibo final, constancia de los miembros del comité veedor, copia del registro de proponentes de la contratista (Fl. 9 a 30, 48 a 59 c 1); fotocopia del contrato 026 del 13 de julio de 1998 celebrado entre el Gobernador del Amazonas y el contratista ALVARO DE JESUS ALVAREZ OSORIO junto con algunos de sus soportes (Fls. 31 a 43 c. 1); oficio remitido por ROSALIA MARTINEZ Veedora de la Normal Superior de Leticia al Gobernador del Amazonas fechado el 12 de agosto de 1998 en el que hace algunos reparos a la ejecución del contrato de pintura 023 de 1998 y su correspondiente respuesta del Secretario de Educación Departamental (Fls. 44 a 47 c. 1); certificado expedido el 19 de agosto de 1998 por la Junta Directiva de ASOTRACAM en el que se menciona el valor del metro cuadrado de pintura en vinilo y adjuntan copia de un presupuesto de mano de obra y pintura de la escuela

san Vicente de Paúl (Fls. 60 y 61 c. 1); fotocopia del informe de medición del contrato 023 presentado por el Técnico Operativo REINALDO MARTINEZ DASNEVES al Secretario de Obras Públicas el 9 de octubre de 1998 (Fl. 188 c. 1); certificados de antecedentes disciplinarios de HECTOR NORIEGA, ROSALBA MARTINEZ, JOSE ARCESIO MURILLO, JORGE ENRIQUE PICON, REINALDO MARTINEZ y ANA LUCIA HINCAPIE (Fl. 150 a 156 c. 1). Fotocopia de los documentos que prueban la vinculación de JOSE ARCESIO MURILLO RUIZ como Gobernador del Amazonas: Acta de escrutinio (Fl. 108 c.1), acta de posesión No. 001 del 1 de enero de 1998 (Fl. 106 c. 1) y certificado de tiempo de servicio y sueldo devengado para el año de 1998 (Fl. 110 c.1). Fotocopia de los documentos que prueban la vinculación de JORGE PICON ACUÑA como Secretario de Educación Departamental. Resolución de nombramiento No. 06 del 1 de enero de 1998 (Fl. 112 c. 1), acta de posesión No. 007 del 1 de enero de 1998 (Fl. 113 c.1), certificado de tiempo de servicio y sueldo devengado para el año 1998 (Fl. 114 c.1). Fotocopia de los documentos que prueban la vinculación de RAMIRO ALFEREZ como Secretario de Obras Públicas Departamental: Resolución de nombramiento

No. 007 del 1 de enero de 1998 (Fl. 117 c. 1), acta de posesión No. 008 del 1 de enero de 1998 (Fl. 116 c. 1), certificado de tiempo de servicio sueldo devengado para el año de 1998 (Fl. 118 c.1). Fotocopia de los documentos que prueban la vinculación de REYNALDO MARTIENZ DASNES como Técnico Operativo de la Secretaría de Obras Públicas Departamental: Decreto de nombramiento No. 034 del 27 de enero de 1983 (Fl. 120 c. 1), acta de posesión No. 016 del 28 de enero de 1983 (Fl. 121 c.1), certificado de sueldo devengado para el año 1998 (Fl. 124 c. 1), resoluciones 705 del 25 de julio de 1984 y 1326 del 27 de diciembre de 1984 por la cual se le impusieron las sanciones disciplinarias (Fls. 122 y 123 c. 1). Fotocopia de la sentencia de la Corte Constitucional C-892 del 10 de noviembre de 1999 8Fl. 250 c. 1) y concepto presentado por el Procurador General para efecto de la misma (Fl. 232 c. 1). Después de los descargos se allegaron las siguientes pruebas documentales: Informe rendido por el citador de la Procuraduría Regional del Amazonas y su ratificación (Fl. 326 y 329 c. 2); fotocopia de las funciones del cargo de Secretario de Obras Públicas del departamento de Amazonas (Fl. 330 a 332 c. 2); oficio del

JRM 223 de 2001 de la Cámara de Comercio del Amazonas (Fl. 350 c. 2); certificado del Registro de proponentes de MARIA EUGEIA BARRIOS MEJIA (Fl. 351 c. 2); fotocopia de seis oficios cruzados centre la Secretaria de Educación y la Secretaría de Obras de Amazonas (Fls. 399 a 404 c. 2).

3. Exposiciones Libres y espontáneas.

Rindieron exposición ANA LUCIA HINCAPIE, docente y coordinadora de la Normal Superior de Leticia (Fl. 171 c. 1), ROSALIA MARTINEZ MOJICA, docente y miembro del Consejo Directivo del mismo establecimiento educativo (Fl. 173 c. 1), REINALDO MARTINEZ DASNEVEZ Técnico Operativo de la Secretaria de Obras Públicas del Departamento (Fls. 175 c. 1), HECTOR NORIEGA LOPEZ, Rector de la Escuela Normal de Leticia (Fls. 178 c. 1), RAMIRO ALFEREZ Secretario de Obras Públicas (Fl. 184 c. 1) y JORGE ENRIQUE PICON ACUÑA, Secretario de Obras públicas (Fl. 189 c. 1); informe sobre medición efectuada a la parte exterior de la Escuela San Vicente de Paúl sobre los trabajos ejecutados en el contrato 023 de 1998 (Fls. 405 a 408 c. 2)

4. Inspecciones Judiciales: Inspección judicial practicada por la Unidad Treinta y tres de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Juzgado Penal del Circuito de Leticia, realizada en la División

Administrativa de la Secretaría de Educación Departamental del Amazonas (Fl. 280 c. 1); e inspección judicial practicada en la Escuela San Vicente de Paúl por la Fiscalía 32 de la Dirección Seccional de Fiscalía de Cundinamarca.

5. PERICIALES Rendidos por el Ingeniero Civil HERNEY HORMIGA RENGIFO en relación con el costo de pintura en la escuela san Vicente de Paúl según el contrato 023 de 1998

(Fl. 431 c. 2) y sobre la medición de la misma obra (Fl. 527 c. 3)

IV. SINOPSIS DE LOS CARGOS Y LOS DESCARGOS Resumen de los Cargos

1. Se le imputó al doctor JOSE ARCESIO MURILLO en su calidad de Gobernador del Amazonas, que presuntamente pudo incurrir en las faltas disciplinarias contenidas en el artículo 40 numeral 1 del Código único disciplinario por incumplir la Ley, al vulnerar el principio de transparencia contenido en el artículo 24 numeral 8 de la Ley 80 de 1993, el principio de responsabilidad contenido en el artículo 26 numeral 1 ibídem, el deber de selección objetiva contemplado en el artículo 29 ibídem, así como en las faltas disciplinarias establecidas en el artículo 40 numerales 2, 22 y 23, por que el Gobernador mediante un escrito dirigido al Secretario de Educación le recomendó tener en cuenta para los contratos de reparación y pintura al señor JHON BELTRAN FILO, y posteriormente suscribió el contrato con la señora MARIA EUGENIA BARRIOS MEJIA, esposa del recomendado, pues la contratista

presentó dos cotizaciones por diferentes ítems y valores, sin que en el proceso precontractual existan otras ofertas, ya que adjuntó el certificado de inscripción, clasificación y calificación con fecha 14 de julio de 1998, en el que se indicó que no informó sobre la ejecución de contrato alguno relacionado con las actividades en las que se inscribió, calificando su conducta como dolosa (Fl. 202 a 205 c. 1).

2. Se les atribuyó a los doctores JOSE ARCESIO MURILLO en su calidad de Gobernador del Amazonas y JORGE PICON ACUÑA como Secretario de Educación del Departamento, que presuntamente pudieron incurrir en falta disciplinaria gravísima contenida en el artículo 25 numeral 4 de la Ley 200 de 1995, por que al suscribir el contrato 023 del 1 de julio de 1998 y el segundo al adelantar el trámite precontractual, buscaron favorecer económicamente al señor JHON BELTRAN FILO, celebraron el contrato con precios mas altos de los del mercado y aceptaron la no ejecución de parte de los trabajos y la mala calidad de los que realizaron; conductas que se calificaron como dolosas (Fl. 205 a 207 c. 1).

3. Se les reprochó a los señores JORGE PICON ACUÑA como Secretario de

Educación del Departamento de Amazonas, RAMIRO ALFEREZ como Secretario de Obras Públicas del Departamento, REINALDO MARTINEZ DASNEVEZ como Supervisor de las obras, que presuntamente incurrieron en la falta disciplinaria contenida en los deberes de los servidores públicos contenidos en el artículo 4 numerales 1 y 5, artículo 26 numerales 1 y 4 de la Ley 80 de 1993, por

que recibieron la obra sin tener conocimiento exacto acerca del desarrollo de las tareas realizadas por la contratista, a sabiendas de que la contratista no desarrolló ni dirigió la ejecución del contrato, ni se ejecutaron completamente los trabajos contratados, en forma dolosa (Fl. 207 c. 1). Se determinó provisionalmente la naturaleza de la falta, teniendo en cuenta la pluralidad de conductas de algunos de los investigados, caso en el cual se debe responder por la más grave, así: Para JOSE ARCESIO MURILLO y JORGE ENRIQUE PICON ACUÑA como gravísima por cuanto la falta disciplinaria contenida en el artículo 25 numeral 4 de la Ley 200 de 1995 que les fue imputada, se encuentra señalada por la Ley como gravísima y a RAMIRO ALFEREZ y REINALDO MARTINEZ DASNEVEZ como grave.

RESUMEN DE LOS DESCARGOS

Descargos de JOSE ARCESIO MURILLO RUIZ.

4. El investigado presentó sus descargos con los siguientes argumentos (Fl. 276 c. 1):  No es irregular la modificación de la cotización por un error.  Si se presentaron dos propuestas de diferentes personas.  No se requería la presentación del registro de proponentes.  No está probado el sobre costo del metro cuadrado de pintura.  Se cumplió con la cantidad y calidad de la obra.  Que le dio la recomendación al señor BELTRAN FILO, sabiendo que ello no tendría ninguna incidencia pues él era el único ordenador del gasto, pero como con el señor BELTRAN FILO no se suscribió contrato no existe irregularidad, ya que no sabía del parentesco entre él y la contratista, por o

que no pudo pretender favorecerlo.  Solicitó la nulidad del auto de cargos por ostensible vaguedad o ambigüedad, por la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, por violación del derecho de defensa, la cual se denegó mediante auto del 21 de septiembre de 2001 (Fl. 295 c.1) Descargos de JORGE ENRIQUE PICON ACUÑA.

5. El implicado respondió los cargos de la siguiente forma (Fl. 228 c. 1):  Solicitó la nulidad del auto de cargos por ostensible vaguedad o ambigüedad, por la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, por violación al derecho de defensa, la cual fue resuelta negativamente mediante providencia del 21 de septiembre de 2001 (Fl. 295 c.1).  Señala su inconformidad con el cargo imputado de recibir los trabajos de mala calidad, por que no existe prueba que lo demuestre y en cambio indican lo contrario.

Descargos de REINALDO MARTINEZ DASNEVES.

6. El investigado presentó sus descargos argumentado lo siguiente (Fl. 282 c. 1)  Relató como efectuó la revisión de la obra.  Los veedores verificaron la calidad de la pintura  Que no esta de acuerdo con la medición efectuada en la visita técnico fiscal y no se estipularon las características de cada una de las partes.  Que no pretendió beneficiar al señor BELTRAN FILO pues no goza de su simpatía.

Descargos de RAMIRO ALFEREZ.

7. El investigado presentó sus descargos de la siguiente forma (Fl. 287 c. 1):  Que las pruebas fueron erróneas e indebidamente valoradas en el auto de cargos, con interpretación y alcance equivocados, lo que significa que no existían los elementos esenciales establecidos para formular cargos, pues ellas no comprometen ni demuestran su responsabilidad, mucho menos a título de dolo, por el contrario demuestran su diligencia y eficiencia en el ejercicio del cargo.  Que tal vez pudo haber sido victima de un engaño por parte de sus subalternos, por lo que procede la causal cuarta de justificación (Art. 23 Ley 200 de 1995).  Que tampoco se demuestra el elemento a sabiendas, por que la veedora ROSALIA MARTINEZ suscribió el oficio el 12 de agosto de 1998, trece días después de que se suscribió el acta de recibo final de la obra, el cual no fue dirigido a él, al igual que la visita técnica de la Contraloría, es decir no existe prueba de que tuviera conocimiento de que el contrato no se había ejecutado cabalmente, y que según el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 está proscrita toda responsabilidad objetiva.  Que dentro de sus funciones no se encuentran las de hacer las mediciones de cantidades de obra en cada contrato, lo cual resultaría imposible e ilógico, pues lo procedente era repartir las tareas a sus subalternos para el seguimiento de las obras o trabajos que no tenía designado interventor mediante resolución o contrato, como se hizo, por lo que no incumplió sus

deberes, ya que no tenía la obligación de recibir la obra, pues la cláusula décima tercera señaló que le correspondía a una interventoría técnica.  Que tampoco era su función vigilar que la contratista desarrollara y dirigiera la ejecución del contrato, pues en la cláusula trigésima cuarta se estableció la autonomía del contratista, por lo que podía utilizar para le ejecución de los trabajos a otras personas, por lo que no existía ninguna relación laboral con la entidad contratante que obligara a la contratista a desarrollar o dirigir personalmente los trabajos y por que para eso había designado al revisor.  El funcionario de la Contraloría Departamental ALFONSO SOTO, no era idóneo para elaborar un dictamen sobre la calidad y cantidad de obra ejecutada, pues no se mencionan las calidades de los conocimientos técnicos o estudios que lo habiliten para emitir un concepto sobre una obra, por lo que se está ante la inexistencia de la prueba.

V. CONSIDERACIONES

1. El Código Único Disciplinario consagrado en la Ley 200 de 1995, determina en su artículo 118, que el fallo debe ser sancionatorio cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado; para lo cual puede aducirse cualquiera de los medios probatorios legalmente aceptados, claro está que aquellos que se aprecien y valoren deben corresponder a pruebas legalmente producidas, esto es, que deben ser practicadas con las formalidades legales, allegadas al proceso y valoradas en conjunto conforme a las reglas de la sana crítica

(artículo 122 Ley 200 de 1995), es decir, que le corresponde al juez disciplinario examinar las pruebas según la lógica, los principios generales del derecho, el sentido común, entre otros; ejercicio que permitirá obtener certeza sobre los hechos analizados disciplinariamente en forma razonada, comparando todas las pruebas que gocen de existencia y validez, determinando las que ofrecen credibilidad y coherencia y cuales no. En su totalidad, los medios de prueba arrimados al proceso poseen los atributos de existencia y validez, toda vez, que fueron practicados según las formalidades legales y no se encuentran afectados de nulidad alguna.

DE LA RESPONSABILIDAD DE JOSE ARCESIO MURRILO

2. El doctor JOSE ARCESIO MURILLO, cuando ocupaba el cargo de Gobernador del Departamento del Amazonas, con fecha 8 de junio de 1998, remitió nota manuscrita al Secretario de Educación Departamental, doctor JORGE PICON ACUÑA, en la cual le recomendó tener en cuenta para los contratos de reparación y pintura al señor JHON BELTRAN FILO, en los siguientes términos: “Le ruego tener en cuenta a Jhon Beltrán Filo para los trabajos de reparación y pintura que se presentan ahora en las vacaciones. Mil gracias.” (Fl. 5 c. 1).

El doctor JOSE ARCESIO MURILLO RUIZ reconoció que elaboró y suscribió esta nota en el escrito de descargos, cuando dijo “…“Si suscribí la nota donde recomendaba al señor BELTRAN FILO para un eventual trabajo de reparación y pintura, por el asedio a que fue (sic) sometido por este señor, quien día y noche

busco (sic) obtener este documento en el despacho y en mi residencia…” (Fl. 277 c.1). Por su parte, el doctor JORGE PICON ACUÑA aceptó conocer el mensaje, pues así lo manifestó en su versión (Fl. 189 c. 1). Se encuentra probado que para la época en que se suscribió la nota de recomendación y se celebró el contrato 023 de 1998, el doctor JOSE ARCESIO MURILLO RUIZ se desempeñaba como Gobernador del Departamento del Amazonas, así lo demuestran el acta de escrutinio de votos para la Gobernación del Amazonas (Fl. 108 c. 1), el acta de posesión Non. 001 del 1 de enero de 1998 (Fl. 106 c. 1), la certificación de tiempo de servicio (Fl. 110 c. 1), así mismo, que el doctor JORGE PICON ACUÑA ocupaba el cargo de Secretario de Educación departamental, con fundamento en el decreto de nombramiento No. 006 del 7 de enero de 1998 (Fl. 112 c. 1), el acta de posesión 007 del 7 de enero de 1998 (Fl. 113 c. 1) y la constancia de tiempo de servicio (fl. 114 c. 1). Señaló el doctor JOSE ARCESIO MURILLO RUIZ en sus descargos que la razón por la cual realizó y suscribió la citada comunicación fue “…considere (sic) que no comportaba alguna irregularidad, teniendo en cuenta que nadie diferente del suscrito tenía la ordenación del gasto y nunca realice contrato con el citado señor, en

resumen, lo hice exclusivamente para quitármelo de encima.” (Fl. 277 c. 1). El despacho no comparte los razonamientos efectuados por el doctor MURILLO RUIZ para fundamentar su explicación y la ausencia de intención en la comisión de la falta disciplinaria, esto es, cuando indica que “no tiene ningún sentido que hubiere recomendado a una era ante el secretario de educación, cuando el ordenador del gasto era el suscrito y en tal sentido era yo quien escogía al contratista…”, por que aunque efectivamente era el ordenador del gasto y el representante legal del Departamento, y quien en últimas suscribía el contrato, per se no significa la recomendación que emitió no tuviera ningún efecto sobre la contratación que adelantaba la entidad territorial, pues él no fue quien adelantó la etapa precontractual del proceso, ya que ella se realizó en la Secretaría de Educación, dirigida por el Secretario, doctor JORGE PICON ACUÑA, con la solicitud de las respectivas cotizaciones, así se encuentra demostrado en la versión que rindió este último cuando indicó “…La Secretaría de Educación Departamental solicitó las cotizaciones y se hicieron llegar por competencia al señor Gobernador…” (Fl. 190 c. 1); pues la emisión de la recomendación se explica en lo que posteriormente manifestó en su versión el Secretario de Educación, cuando respondió a la pregunta sobre la ingerencia que tuvo el gobernador en la escogencia de la contratista, toda vez que indico “… Considero que ninguna porque la cotización llegó a la Secretaría de Educación y yo se la llevé al Gobernador para que el decidiera lo pertinente…” (Fl. 191 c. 1)

Y es que los contratos administrativos no son actos discrecionales de la administración sino actos reglados, por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, los cuales establecen la observancia de ciertos procedimientos para efecto de la escogencia del contratista, y es desde ese momento desde el que el futuro contratista debe comenzar a participar; y es aquí donde cobra importancia la recomendación que emitió el señor Gobernador JOSE ARCESIO MURILLO dirigida al Secretario de Educación, ya que para poder adjudicar el contrato a determinada persona era necesario que la dependencia que iba adelantar el proceso precontractual, en este caso, la Secretaría de Educación, solicitara la correspondiente cotización, como efectivamente se hizo, pues así lo afirmó el doctor JORGE PICON ACUÑA en su exposición (Fl. 190 c.1). Si bien la cotización para la limpieza, raspada y pintura de exteriores de la Escuela Vicente de Paúl de la ciudad de Leticia no fue presentada por el señor JHON BELTRAN FILO sino por la señora MARIA EUGENIA BARRIOS MEJIA con fecha 1 de julio de 1998 (Fl. 63 c.1), y el siguiente 21 de julio de 1998 el Gobernador del Amazonas JOSE ARCESIO MURILLO RUIZ, suscribió el contrato 023 de 1998 con la referida señora para la confección de la obra señalada (Fl. 9 y 48 c. 1), lo cierto es que todas las gestiones relacionadas con la presentación de la oferta, celebración y ejecución de dicho contrato las realizó el señor JHON BELTRAN FILO, pues así lo

afirmó su esposa MARIA EUGENIA BARRIOS MEJIA, toda vez que ella solamente firmó el contrato, recibió el cheque y estuvo presente en el momento del recibo de la obra, hechos que se extraen de las siguientes expresiones: “Este contrato se lo dieron fue a TOÑO o sea a JHON ANTONIO BELTRAN FILO, mi esposo, no sé cómo consiguió este contrato, pero el problema fue que como él no podía firmar contrato lo hizo a mi nombre y por eso firmé haciéndole el favor, esto fue cuando estaba el gobernador ARCESIO MURILLO, no se que hizo la gobernación para adjudicarle dicho contrato a mi esposo, lo único que hice fue firmar el contrato, mi esposo fue quien consiguió la gente para que pintaran o hicieran el trabajo, yo no supe nada de quienes fueron los trabajadores, sé que el trabajo se hizo en el Colegio Vicente de Paúl, ahora Normal Superior, no se qué material se utilizó ara hacer el trabajo, supe que estaban trabajando 6 muchacho (sic) a los que les pagaba 12 mil pesos diarios, pero no se cuento les pagó a cada uno de ellos, nunca fui al lugar donde se realizó el trabajo, sólo fui una sola vez que fue el día de entrega de la obra porque tenia que estar presente …recibí el cheque del anticipo y se lo entregué inmediatamente a TOÑO para la compra del material, pero quien cobró el restante cheque fue entre DON PLINIO GUZAMN o TOÑO mi esposo, porque Don PLINIO fue quien le dio los materiales para ejecutar las obra. De sea (sic) plara no me comí ni un confite, me dijo que esa plata era para hacer la casita que iba hacer.- Yo

no he sacado ningún Registro de Cámara de Comercio, eso lo hizo TOÑO (JHON BELTRAN FILO), no sé si esa licencia está o fue renovada, no sé nada de eso.- Yo firmaba esos documentos porque le tenia mucho miedo ya que me amenazaba cuando yo no quería firmar, él firmaba, sabia mi numero de cédula, todo, inclusive el falsificaba mi firma mejor que yó … Yo fui utilizada por TOÑO, no hablé con nadie, sólo firmé el contrato, firmé el contrato en la Secretaría de educación y recibí el cheque del anticipo y nada más ya … (Fl. 337 c. 2) (Resaltado fuera de texto) Este testimonio prueba que la celebración del contrato con la señora MARIA EUGENIA BARRIOS MEJIA, solo fue una apariencia y que efectivamente existe un vínculo entre esta y el señor JHON BELTRAN FILO, y esta prueba junto con las declaraciones de WILMER MENDOZA ROJAS (Fl. 339 c. 2) y la exposición de REINALDO MARTINEZ DASNEVES (fl. 175, 282 c. 1), quienes manifestaron que dicho señor fue quien realizó las actividades para la ejecución de la obra, demuestran que el verdadero contratista fue el señor JHON BELTRAN FILO. Entonces, las citadas pruebas se constituyen en hechos indicadores que llevan a estructurar la prueba indiciaria que demuestra que el doctor JOSE ARCESIO MURILLO RUIZ, al celebrar el contrato 023 de 1998 con la señora MARIA EUGENIA BARRIOS MEJIA, benefició al señor JHON BELTRAN FILO, persona que había sido recomendada por él mimo para ser tenido en cuenta en trabajos como los que versó

el objeto del contrato. Y es que a pesar de que el doctor JOSE ARCESIO MURILLO RUIZ, manifieste que no le consta que ningún parentesco existente entre el señor BELTRAN FILO y la contratista, lo cierto es que el reproche no se centra en esta circunstancia de la existencia o no de un vínculo matrimonial sino en el beneficio que el Gobernador realizó en la persona de JHON BELTRAN FILO a través de la contratación celebrada por la entidad territorial que lideraba, a través de otra persona. Por la misma razón, no tiene incidencia alguna en la valoración de la conducta, el hecho de que se haya enterado de que el señor BELTRAN FILO haya entregado el documento manuscrito al señor Contralor Departamental, dado que el motivo para que esto sucediera no pudo ser el hecho de que no se le hubiese dado ningún contrato (Fl. 277 c. 1), por que como se demostró, el verdadero contratista del contrato 023 de 1998 fue el señor JHON BELTRAN FILO. El deber de selección objetiva contemplado en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, determina: “ARTÍCULO 29. DEL DEBER DE SELECCIÓN OBJETIVA. La selección de contratistas será objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y

concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido. El menor plazo que se ofrezca inferior al solicitado en los pliegos, no será objeto de evaluación. El administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. En caso de comparación de propuestas nacionales y extranjeras, se incluirán los costos necesarios para la entrega del producto terminado en el lugar de su utilización. “ El artículo 29 de la Ley 80 de 1993, al desarrollar el deber de selección objetiva, además de definirlo con gran claridad, como la escogencia que se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva, señala a modo de ejemplo lo que se entiende como el ofrecimiento más favorable aportando pautas para dicho análisis en el caso de sopesar algunos factores como el precio y el plazo e indica lo que se debe estudiar en dichas comparaciones. En la misma exposición de motivos de la Ley 80 de 1993, se señaló esta vista de interpretación cuando se dijo: “En este sentido, los artículos 24 y 29 del proyecto consagran

expresamente ese deber de aplicar tal criterio de escogencia del contratista, para resaltar cómo la actividad contractual de la administración debe ser en un todo ajena a consideraciones caprichosas o subjetivas y que, por lo tanto, sus actos deben llevar siempre como única impronta la del interés público.”. La Corte Constitucional en la Sentencia C-400-991, señaló al respecto: “…El texto transcrito pone de manifiesto el interés del legislador en que el proceso de selección del contratista sea ajeno a cualquier consideración subjetiva o discriminatoria. Intención que resulta también explícita cuando se leen los antecedentes legislativos de la Ley 80…” El consejo de Estado al analizar el contenido del deber de selección objetiva, señalado en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, indicó: “El Estatuto de Contratación de la Administración Pública vigente, contenido en la ley 80 de 1993, impone a la entidad pública licitante el deber de seleccionar al adjudicatario en forma objetiva. Ese deber, se traduce en la escogencia de la propuesta más favorable entendida no só