PGN - Documento 201603071713348

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Contratación

Estatal. Radicación # 154-54396-01 Disciplinado y/o investigado: Jaime Arias Ramírez y Otros.

Cargo y entidad: Presidente del ISS.

Quejoso: Fecha Queja Fecha Hechos: noviembre 21 de 2000.

Asunto: Fallo de primera instancia.

BOGOTA, D.C., 03 de mayo de 2002

ANTECEDENTES: La Procuraduría General de la Nación inició indagación preliminar por hechos relacionados con la suscripción del contrato de prestación de servicios No. 319 suscrito por el ISS el 21 de noviembre de 2000 con una entidad sin animo de lucro, por auto del 25 de abril de 2001, abrió investigación disciplinaria por auto del 16 de mayo de 2001 y por auto del 26 de junio de 2001 formuló cargos contra varios funcionarios del ISS.

CARGOS (folios 425 a 450 cuaderno No. 3.)

1. A JAIME ARIAS RAMIREZ 1.1. Suscribir el contrato de prestación de servicios No. 319 del 21 de noviembre de 2000 con la Fundación Leonor GoelKel de Chegwin, sin el lleno de los requisitos legales para desarrollar la actividad de prestación de servicios en el Departamento del Quindío, pues no contaba con la personería jurídica otorgada por el Ministerio de Salud, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Decreto 1088 de 1991, los artículos 3 y 26 num 1° de la ley 80/93, el artículo 6 de la C.P., y los

numerales 1, 2, 13, 21 , 22 del artículo 40’ de la ley 200 de 1995. La falta se calificó provisionalmente como grave y a título de dolo si se tiene en cuenta que el funcionario con su conducta, al parecer de manera deliberada con el fin de favorecer al contratista, no tuvo en cuenta la disposición legal que le exigía el cumplimiento de un requisito, como lo es la autorización legal para desarrollar su actividad en ciudades distintas al Distrito Capital de Bogotá, por la jerarquía y mando que el funcionario investigado ostenta, el mal ejemplo dado a los subalternos y la falta de consideración para con los administrados. 1.2. Adjudicar el contrato de prestación de servicios No. 319 del 21 de noviembre de 2000 con la fundación Leonor GoelKel de Chegwin en forma irregular, puesto que el proceso de selección al parecer fue diseccionado con el fin de favorecer los intereses de dicha entidad, pues permitió de manera reiterada antes y después de la solicitud de oferta del 5 de octubre de 2000, que la fundación aludida adecuara la propuesta a las necesidades del Instituto, desconociendo de esta manera los principios de transparencia, economía, responsabilidad y deber de selección objetiva dispuestos en los artículos 24 num 8°, art 25 num 3, art. 26 num 1 y art. 29 de la Ley 80/93, inobservancia de lo plasmado en el artículo11 del Decreto 855/94 puesto que no se obtuvo previamente por lo menos dos ofertas, no obstante que formalmente se cumplió con este requisito, lo cierto es que la propuesta de la fundación contratista

fue objeto de diversas modificaciones para que pudiera llenar los requisitos legales con el fin de suscribir el contrato, situación que no se presentó con la sociedad Fressenius Medial Care S.A., a quien no se le solicitó que hiciera los ajustes del caso, desconociendo con ello el principio de igualdad consagrado en los artículos 13 y 209 de la C.P, por incumplimiento de los deberes establecidos en los numerales 1, 2, 13, 21, 22 del artículo 40 de la ley 200/95. La falta se calificó como grave y a título de dolo puesto que el funcionario de manera deliberada direccionó el proceso de selección con el fin de favorecer los intereses de la fundación contratista, por la jerarquía y mando del disciplinado, el mal ejemplo dado a los subalternos y la falta de consideración con los administrados.

2. A CARMEN DEVIA VALDERRAMA 2.1. Ordenar a la Dirección Jurídica Nacional del Instituto de Seguros Sociales según oficio del 13 de octubre de 2000, la elaboración del contrato de prestación de servicios No. 319 del 21 de noviembre de 2000 con la Fundación Leonor GoelKel de Chegwin, sin tener en cuenta que esta no reunía los requisitos legales para desarrollar la actividad de prestación de servicios de salud en el departamento del Quindío, puesto que no contaba con la personería jurídica otorgada por el Ministerio de Salud que le diera tal capacidad, violando lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Decreto 1088 de 1991, pues solo tenía capacidad para hacerlo en el Distrito Capital

en la medida en que contaba con personería jurídica otorgada por la Secretaría de Salud del Distrito Capital de Bogotá, y desconociendo además los artículos 3 y 26 num 1° de la ley 80/93, el artículo 6 de la C.P., y los numerales 1, 2, 13, 21 , 22 del artículo 40’ de la ley 200 de 1995. La falta se calificó provisionalmente como grave y a título de dolo puesto que la funcionaria de manera deliberada no tuvo en cuenta la disposición legal que le exigía que la fundación contratista debía tener autorización legal para desarrollar su actividad en ciudades distintas al Distrito Capital de Bogotá; por la jerarquía y mando que ostentaba como vicepresidenta de IPS del ISS, el mal ejemplo dado a los subalternos y la falta de consideración para con los administrados. 2.2. Intervenir en el proceso de selección del contrato de prestación de servicios No., 319 del 21 de noviembre de 2000, de manera irregular, puesto que dicho proceso fue orientado con el fin de favorecer los intereses de la entidad contratista, pues posteriormente a la solicitud de oferta, en su calidad de Vicepresidenta del ISS, apremió a la fundación contratista con el fin de que adecuara la propuesta a las necesidades del contratante, desconociendo los principios de transparencia, economía, responsabilidad y deber de selección objetiva previstos en los artículos 24 num 8°, art 25 num 3, art. 26 num 1 y art. 29 de la Ley 80/93, e inobservando lo plasmado en el artículo 11 del Decreto 855/94 referente a la obtención de por lo

menos 2 ofertas, pues a pesar de que formalmente se presentaron, a la favorecida le permitió adecuación de propuesta mientras que a la otra no. La falta se calificó provisionalmente como grave y a título de dolo ya que la funcionaria de manera deliberada encaminó el proceso de selección con el fin de favorecer los intereses de la fundación contratista; por la jerarquía y mando que 2 ostentaba, el mal ejemplo dado a los subalternos y la falta de consideración con los administrados.

3. A FRANCISCO JOSE YEPES LUJAN 3.1. Ordenó a la Dirección Jurídica Nacional del ISS según oficio del 25 de octubre de 2000, la elaboración del contrato de prestación de servicios No. 319 del 21 de noviembre de 2000 con la Fundación Leonor GoelKel de Chegwin, sin tener en cuenta que esta no reunía los requisitos legales para desarrollar la actividad de prestación de servicios de salud en el departamento del Quindío, puesto que no contaba con la personería jurídica otorgada por el Ministerio de Salud que le diera tal capacidad, violando lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Decreto 1088 de 1991, pues solo tenía capacidad para hacerlo en el Distrito Capital en la medida en que contaba con personería jurídica otorgada por la Secretaría de Salud del Distrito Capital de Bogotá, y desconociendo además los artículos 3 y 26 num 1° de la ley 80/93, el artículo 6 de la C.P., y los numerales 1, 2, 13, 21 , 22 del artículo 40’ de la ley 200 de 1995.

La falta se calificó provisionalmente como grave y a título de dolo puesto que la

funcionaria de manera deliberada no tuvo en cuenta la disposición legal que le exigía que la fundación contratista debía tener autorización legal para desarrollar su actividad en ciudades distintas al Distrito Capital de Bogotá; por la jerarquía y mando que ostentaba como vicepresidente de EPS del ISS, el mal ejemplo dado a los subalternos y la falta de consideración para con los administrados. 3.2. Intervenir en el proceso de selección del contrato de prestación de servicios No., 319 del 21 de noviembre de 2000, de manera irregular, puesto que dicho proceso fue orientado con el fin de favorecer los intereses de la entidad contratista, pues posteriormente a la solicitud de oferta, en su calidad de Vicepresidente de la EPS del ISS, apremió a la fundación contratista con el fin de que adecuara la propuesta a las necesidades del contratante, desconociendo los principios de transparencia, economía, responsabilidad y deber de selección objetiva previstos en los artículos 24 num 8°, art 25 num 3, art. 26 num 1 y art. 29 de la Ley 80/93, e inobservando lo plasmado en el artículo 11 del Decreto 855/94 referente a la obtención de por lo menos 2 ofertas, pues a pesar de que formalmente se presentaron, a la favorecida le permitió adecuación de propuesta mientras que a la otra no. La falta se calificó provisionalmente como grave y a título de dolo puesto que la funcionaria de manera deliberada no tuvo en cuenta la disposición legal que le exigía que la fundación contratista debía tener autorización legal para desarrollar su actividad en ciudades distintas al Distrito Capital de Bogotá; por la jerarquía y mando que ostentaba como vicepresidente de EPS del ISS, el mal ejemplo dado a los

subalternos y la falta de consideración para con los administrados.

4. A DIANA MARGARITA OJEDA VISBAL 4.1. Dar el visto bueno al proceso de selección del contrato de prestación de servicios No. 319 del 21 de noviembre de 2000, suscrito con la Fundación Leonor GoelKel de Chegwin, sin tener en cuenta que esta no reunía los requisitos legales para desarrollar la actividad de prestación de servicios de salud en el departamento del Quindío, puesto que no contaba con la personería jurídica otorgada por el

3 Ministerio de Salud que le diera tal capacidad, violando lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Decreto 1088 de 1991, pues solo tenía capacidad para hacerlo en el Distrito Capital en la medida en que contaba con personería jurídica otorgada por la Secretaría de Salud del Distrito Capital de Bogotá, y desconociendo además los artículos 3 y 26 num 1° de la ley 80/93, el artículo 6 de la C.P., y los numerales 1, 2 y 13 del artículo 40’ de la ley 200 de 1995. La falta se calificó provisionalmente como grave y a título de dolo puesto que la funcionaria de manera deliberada no observó el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la competencia para otorgar personería jurídica a las entidades sin animo de lucro, máximo cuando estaba a cargo de la Dirección Jurídica a nivel nacional del ISS, investidura que debe suscitar el máximo cuidado en la aplicación de las normas relacionadas con la prestación de servicios de salud; por la jerarquía y mando que ostentaba Directora Jurídica Nacional del ISS y por la

trascendencia social de la misma.

DESCARGOS:

1. JAIME ARIAS RAMIREZ (folios 767 a 782 del cuaderno No. 4.) Las solicitudes de oferta fue suscrita por la vicepresidencias de IPS y EPS, el puesto que la unidad renal debía funcionar dentro de las instalaciones de la clínica y porque la EPS es la encargada de garantizar la prestación de los servicios de salud de los afiliados, dichas solicitudes contenían las especificaciones técnicas, y los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios, por lo que se presentaron las ofertas de las dos firmas invitadas, el 6 y 7 de octubre de 2000, las cuales fueron evaluadas el 13 de octubre de ese año y enviadas a la Dirección Jurídica Nacional para la revisión y posterior elaboración del contrato, siendo devuelto para la firma del presidente el 10 de noviembre de 2000, por encontrarse ajustado a las normas legales y ser procedente su trámite, razón por la que el 21 de noviembre se firmó.

Las propuestas recibidas fueron analizadas por los asesores económicos, administrativos y médicos de la vicepresidencia de IPS, las que cumplían con el lleno de los requisitos técnicos exigidos en la invitación, sin embargo los valores agregados ofrecidos por la fundación contratista superaban plenamente los de la otra propuesta en varios puntos. La fundación contratista aunque tenga personería jurídica expedida por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, ha estado legalmente habilitada para celebrar contratos y prestar servicios en Bogotá o cualquier otra localidad del país, pues ello se desprende de la lectura de los artículos 18 y 19 del D. 1088/91 y de los

artículos 6, 14, 36, 62 y 65 Numeral 1 de ese mismo decreto, al igual que de la resolución No. 444 del 4 de mayo de 1999, por medio de la cual la Secretaría de Salud de Bogotá reconoció personería jurídica a la fundación contratista. Por otra parte, no es aplicable el Decreto 1088/91 puesto que el D. 2174/96 en su artículo 10 señala que todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, cada dos años y en forma obligatoria deben presentar ante las direcciones seccionales o distritales de salud, un documento en el cual declaran cumplir con los requisitos esenciales para la prestación de los servicios de salud, entonces la IPS o entidades 4 que se asimilen solo podrán ejecutar directamente o contratar los servicios con prestadores de servicios de salud que cumplan con los requisitos esenciales, por tanto la fundación contratista solo requería presentar la declaración de requisitos esenciales ante la secretaría de salud de armenia, pues no está plasmado como requisito para la celebración de contratos con entidades estatales, sino que se asignan competencias para efectos de control y vigilancia a organismos públicos para reconocimiento de personería jurídica a fundaciones o instituciones de utilidad común y asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro según el ámbito territorial en que la parte interesada pretenda prestar el servicio. La unidad renal fue instalada en la Clínica San José de Armenia y donde la Secretaría de salud de ese municipio determinó que cumplía con los requisitos mínimos exigidos.

2. En el mes de julio de 2000 llegaron dos propuestas espontáneas de las firmas Fresenius Medical Care y la Fundación Leonor Goelkel para la creación de una

unidad renal del ISS en Armenia, con las cuales se adelantaron conversaciones, después de los cual se les hizo formalmente la solicitud de propuesta en forma verbal el 21 de septiembre y en forma escrita el 4 de octubre de 2000. Las propuestas fueron presentadas el 6 y 7 de octubre y evaluadas el 13 de octubre por los asesores técnicos de la Vicepresidencia de IPS, quienes concluyen que la oferta de la fundación Leonor Goelkel es la mas favorable, remitiendo tales documentos a la Dirección Jurídica Nacional quienes luego de varios trámites envían la minuta a la fundación el 10 de noviembre para que se hagan ajustes técnicos que consideren necesarios y en esa misma fecha y una vez hechos los ajustes, los remite al presidente del ISS para la firma del contrato. No existe prueba que demuestre que se solicitara modificación de la propuesta de ninguno de los proponentes después del 4 de octubre, fecha en la cual el Instituto inició el proceso formal para la contratación de servicios, por tanto no se transgredieron los principios contractuales indicados en el auto de cargos ya que el proceso fue adelantado con claridad, la propuesta escogida fue la mas favorable, existió asesoría técnica en la escogencia y hubo objetividad en el proceso de selección

2. CARMENZA DEVIA VALDERRAMA (folios 500 a 523 del cuaderno No. 3).

1. Es falso que la Vicepresidencia de IPS ordenó la elaboración del contrato a la Dirección Jurídica Nacional puesto que esta dependencia no posee superioridad jerárquica frente a ésta. La actuación de la vicepresidencia se limitó a remitir a la Dirección Jurídica el oficio del 13 de octubre de 2000 para estudio y revisión y no a

ordenar la elaboración del contrato. La Dirección Jurídica Nacional depende directamente de la presidencia del Instituto, y entre sus funciones está la de asistir y asesorar a la Presidencia y demás áreas del instituto en la aplicación de las leyes, reglamentos y demás asuntos jurídicos; revisar, analizar y conceptuar sobre proyectos de contratos y demás actos administrativos que expidan la presidencia y el consejo directivo. Las comunicaciones dirigidas por la Dirección Jurídica a las Vicepresidencias de IPS y EPS se hicieron con el propósito de que se hagan los ajustes técnicos que se 5 consideren necesarios, situación que fue precisada mediante comunicaciones VEPS 5241 del 25 de octubre, 5439 del 3 de noviembre y, VIPS 2585 del 10 de noviembre de 2000. La Dirección Jurídica mediante comunicación DJN UUA No. 07156 del 10 de noviembre de 2000 remitió para la firma y consideración del Presidente del ISS, el proyecto de contrato, por encontrarse ajustado a las normas legales y ser procedente su trámite. Las actividades que se desarrollan en una organización se ejecutan a través de un cuerpo interdisciplinario de personas, cada una de las cuales ejecuta una función específica, y en ese sentido se responde por el hecho propio y no por el hecho ajeno. Entonces a la disciplinada le asiste el derecho de confiar en que los demás funcionarios que forman parte de su institución hacen las cosas bien, de acuerdo al rol que desempeñan, siendo así la Directora Jurídica Nacional fue a quien se le remitió la documentación para que hiciera el contrato, y como tal tiene que verificar el cabal cumplimiento de los requisitos legales, funciones que tiene asignadas dentro

de su rol, y quien no observó el cumplimiento de las normas vigentes.

2. El Decreto 1088 de 1991 es inaplicable en el presente caso.

La fundación Leonor Goelkel es una IPS y para prestar el servicio en la ciudad de Armenia solo requería presentar la declaración de requisitos esenciales ante el organismo de vigilancia y control (Secretaría de Salud de Armenia – Quindío) una vez haya montado el servicio y se encontrara operando la Unidad Renal (IPS), ya que antes de poner a funcionar el servicio, es imposible que el organismo de vigilancia y control pueda avalar el cumplimiento o no de los requisitos mínimos esenciales para prestar servicios de salud, pues el artículo 10 del Decreto 2174 del 28 de noviembre de 1996 dispone sobre la declaración de requisitos esenciales, según el cual todas las instituciones prestadoras de salud, cada dos años y en forma obligatoria, deben presentar ante las Direcciones Seccionales o Distritales de salud, un documento en el cual declaran cumplir con los requisitos esenciales para la prestación del servicio de salud. En los artículos 18 y 19 del Decreto 1088/91 no están plasmadas como requisitos para la celebración de contratos con entidades estatales sino que se asignan competencias para efectos de control y vigilancia a organismos públicos para reconocimiento de personería jurídica a fundaciones o instituciones de utilidad común y asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro según el ámbito territorial en que la parte interesada pretende prestar el servicio. Esas normas no pueden catalogarse como prohibiciones o inhabilidades para la celebración de contratos. No puede hablarse de una personería incompleta o condicionada a la prestación de un servicio, puesto que la personería jurídica es

una sola, y la fundación contratista cuenta con ella, otorgada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

3. Fresenius Medical Care y la fundación Leonor Goelkel ofrecieron la prestación de los servicios de diálisis renal para la ciudad de armenia, propuestas que fueron 6 analizadas por las vicepresidencias de la IPS y EPS, las cuales distaban mucho de las expectativas que el Instituto tenía especialmente con el plazo y los costos de las adecuaciones locativas y dotación de equipos en la Cínica San José de Armenia, luego de reuniones y de la aclaración de las propuestas, el 4 de octubre de 2000, mediante comunicación enviada a las dos firmas se indica que luego de haber realizado la reunión el 21 de septiembre entre la Vicepresidencia de IPS y de EPS, les solicitan para antes del 7 de octubre una propuesta para la prestación de servicios de salud intrainstitucional en la clínica San José de Armenia, propuestas que fueron presentadas por las dos firmas y que en la evaluación efectuada por las asesores médicos de la vicepresidencia de la IPS, se decidió escoger por favorable la de la Fundación Leonor Goelkel.

El 24 de octubre de 2000 la Directora Jurídica Nacional remite al Vicepresidente de EPS el proyecto de contrato, el cual precisa los aspectos técnicos a la Dirección Jurídica Nacional, quien el 10 de noviembre envía la minuta del contrato con la fundación, para que se hagan los ajustes técnicos que se consideren necesarios, y además solicita indicar el mecanismo de amortización de los valores de construcción y dotación para la unidad renal, toda vea que no se encuentran especificados en la oferta, circunstancia que es aclarada por la fundación el 10 de noviembre de ese

año, y finalmente remite la minuta del contrato a presidencia para la correspondiente firma. Entonces, no existe prueba después del 4 de octubre de 2000 que demuestre solicitud de modificación de propuesta de ninguno de los proponentes, pues fue el 4 de octubre cuando el instituto inició el proceso formal para la contratación. No se transgredió el principio de transparencia, porque el proceso fue claro, tampoco el de economía porque la propuesta seleccionada es la mas favorable a los intereses del ISS, menos el de responsabilidad puesto que se adelantó con asesoría médica, concepto de área técnica, etc, y tampoco el de selección objetiva porque el proceso se adelantó con mucho celo teniendo en cuenta las tutelas instauradas por deficiencia en la prestación del servicio renal. Se infiere que los cargos son vagos por imprecisión de las normas en que se fundamenta, por la comprobada inexistencia de irregularidades sustanciales, puesto que en el cargo no se colocó la frase “presuntamente violó”, sino que lo afirmó, lo que conduce a un prejuzgamiento. Frente a la calificación de la falta se afirma que no hubo intencionalidad de pretermitir ninguna norma, de obtener un beneficio propio, de vulnerar ningún derecho, de favorecer a terceros, con lo que se concluye que de imputó una conducta en forma objetiva. Finalmente explica y detalla ítems que indican que la propuesta escogida era la mas favorable para los intereses de la entidad.

3. FRANCISCO JOSE YEPES LUJAN (folios 785 a 801 del cuaderno No. 5).

El primer cargo formulado carece de todo fundamento, ya que el contrato No. 309 había sido elaborado con anterioridad al 25 de octubre de 2000, tal como consta en el oficio UAA-DJN 05792 del 24 de octubre de 2000, mediante el cual la directora jurídica envía el contrato ya elaborado, con el propósito de que el Vicepresidente de 7 EPS se pronunciara sobre el valor, la forma de pago, obligaciones especiales del contratista, entre otras. El suscrito no ordenó ni solicitó la elaboración del contrato porque el oficio suscrito por el Vicepresidente EPS con fecha 25 de octubre, dirigido a la Directora Jurídica fue con el fin de que elaborara el contrato respectivo a nombre de la Fundación Leonor Goelkel y la verdad es que este oficio identificado con el No. VEPS 5241 y el 5439 del 2 de noviembre fueron como respuesta al oficio UAA – DJN 5792 del 24 de octubre de la Directora Jurídica en el que solicitó se revisaran los aspectos técnicos del contrato y se hicieran los ajustes que se consideraran pertinentes y se hiciera pronunciamiento expreso frente al valor, forma de pago, obligaciones especiales del contratista y puntos específicos de la propuesta. El hecho de que el oficio haya obedecido a requerimientos técnicos de la dirección jurídica, circunstancia que es corroborada con la versión rendida por la Directora Jurídica. Los artículos 18 y 19 del Decreto 1088 son disposiciones que establecen una competencia para efectos de determinar el funcionario que debe expedir o reconocer la personería jurídica de las entidades sin animo de lucro. No puede ser objeto de reproche el no contar con personería jurídica otorgada por

el Ministerio de Salud la fundación contratista, porque en aras de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares debe hacerse una interpretación sistemática en virtud de la cual se observa que los artículos mencionados, de ninguna manera establecen la prohibición de que una fundación o institución de utilidad común a quienes el gobernador o el alcalde de Bogotá les hubiera otorgado personería jurídica, no puedan ofrecer y prestar servicios en otra división política diferente a aquella en la cual se le hubiere otorgado, ya que dicha prohibición se encuentra determinada única y exclusivamente por el artículo 10 del mismo Decreto 1088/01 que establece que ninguna institución del sub sector privado del sector salud puede ofrecer servicios sin antes haber obtenido el reconocimiento de personería jurídica, pero en este caso la fundación si contaba con personería otorgada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, sería completamente impropio exigirle una nueva personería otorgada por el Ministerio de Salud. Estas entidades privadas sin animo de lucro, pueden por mandato del artículo 36 de citado Decreto, crear dependencias en otras partes del país. Frente al segundo cargo, se encuentra que carece de fundamentos fácticos y probatorios, pues no es cierto que el suscrito haya intervenido en el proceso de selección, en razón a que la selección surge de la evaluación técnica y económica de la propuesta, evaluación realizada por profesionales idóneos de la Vicepresidencia de IPS. Sin embargo, la propuesta de la fundación contratista fue la mejor, por tanto la afirmación de favorecimiento resulta infundada, pues no existe

prueba que lleve al investigador a esta afirmación. No es cierto que el suscrito haya apremiado a la fundación para que antes y después de la presentación formal de su oferta, la adecuara a las necesidades del Instituto, el sustento probatorio de los cargos lleva afirmar que las pruebas se refieren a los mal denominados ajustes y modificaciones, pues para el 27 y el 2 de octubre de 2000, el Instituto no había exteriorizado formalmente, mediante acto 8 jurídico su intención de solicitar oferta para la celebración del contrato, sino que se estaba en la etapa previa de conversaciones con los posibles invitados. El acto jurídico que compromete al Instituto con los oferentes surge a la vida jurídica a través de oficio VIPS 2184 del 4 de octubre de 2000, luego el escrito de la fundación del 7 de octubre que toma el investigador inicial, debe valorarse no aisladamente, sino en conjunto con los demás documentos, trámites y reuniones que se dieron en la etapa previa. Finalmente hace un relato donde narra cronológicamente los hechos ocurridos previamente a la suscripción del contrato, de donde se destaca que previamente a la solicitud formal de propuestas, 4 de octubre de 2000, las fundaciones en forma unilateral habían presentado propuestas, y con ellas se sostuvo conversaciones sobre el objeto a contratar.

4. DIANA MARGARITA OJEDA VISBAL (folios 695 a 708 del cuaderno No. 4)

1. No es competencia de la Dirección Jurídica Nacional del ISS, participar en los procesos de selección y adjudicación, según se infiere de los artículos 14 del D. 1403 de 1994 y 2° de la resolución 4579 de 1995, además porque cuando el

contrato llegó da la Dirección Jurídica, ya estaba adjudicado, ella no participó en la evaluación ni revisión de las propuestas, sino que con posterioridad a la evaluación efectuada por la Vicepresidencia de IPS, llegó la orden de hacer el contrato.

4. El contrato estuvo ajustado a derecho, en donde además de la ley 80/93 y sus reglamentarias, el contrato fue elaborado con base en lo señalado en el artículo 1° del Decreto 2704/93, reglamentario de la ley 10/90, que es posterior al Decreto 1088/91, y con fundamento en el artículo 24 de la citada ley 10, artículo que se refiere al registro especial de las personas que prestan servicios de salud, contemplado en los artículos 2,3 y 4 del D. 2704/93.

Las normas indicadas en el cargo no tienen relación de causalidad con el cargo único formulado, puesto que la Dirección Jurídica Nacional del ISS en ningún momento ha desconocido tales preceptos. El Decreto 1088/91 es para efectos de control y vigilancia por parte del Ministerio de Salud, no limita la capacidad contractual ni la personería jurídica, ni el domicilio de las fundaciones, pues de las normas endilgadas se observa que no están plasmadas como requisito o restricciones para la celebración de contratos con entidades estatales, sino que asignan competencias para efectos de control y vigilancia, a organismos públicos para el reconocimiento de personería jurídica a fundaciones o instituciones de utilidad común y asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, según el ámbito territorial en que la parte interesada pretenda prestar el servicio. Tampoco las referidas normas pueden catalogarse como prohibiciones o

inhabilidades para la celebración de contratos estatales, porque las causales de inhabilidad son definidas por la ley de manera taxativa. Según el Código Civil la fundación contratista es persona jurídica y un decreto como el 1088 no puede crear incapacidades para contratar, tampoco puede hablarse de una personería jurídica incompleta, caso distinto es que teniendo restringida la 9 circunscripción en donde deba prestar el servicio , exceda el lím9ite territorial autorizado, ante lo cual la infractora de la norma es la fundación contratista. Nunca existió intencionalidad de infringir la norma, pues el Ministerio de Salud indicó que el desarrollo del objeto social de la fundación contratista se circunscribe únicamente a Bogotá pero no responde a la circunstancia de que el servicio contratado se desarrolla dentro de las instalaciones del ISS, lo que implica que es el propio Instituto el que presta el servicio en sus instalaciones con apoyo tecnológico de la fundación, razón por la que en ningún momento se presenta infracción a los artículos 18 y 19 aludidos.

HECHOS PROBADOS:

1. Jaime Arias Ramírez, Fr