PGN - Documento 201603071713401

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación: 162-43502-00

Disciplinado: Gilberto Pulido Perdomo Cargo y entidad: Gobernador del Vichada

Quejoso: De oficio

Fecha Queja: Abril de 1999

Fecha Hechos: 23 de Junio de 1998

Asunto: Fallo de Primera Instancia

Bogotá D.C., 30 de Enero de 2003

1. ASUNTO Procede el Despacho a proferir fallo de primera instancia en la investigación disciplinaria adelantada contra el señor GILBERTO PULIDO PERDOMO, en su condición de Gobernador del Departamento del Vichada para la época de los hechos.

2. HECHOS El 23 de junio de 1998 se suscribió un convenio interadministrativo de Colaboración Mutua entre el Departamento de Vichada y el Instituto Regional del Cáncer de la Orinoquía –IRCAOcuyo objeto fue la transferencia de recursos por parte del Departamento del Vichada y la prestación de servicios por parte del Instituto Regional del Cáncer que se comprometía a prestar al Departamento del Vichada los servicios de exámenes y Diagnósticos que generara el equipo de Resonancia Magnética S.A. que se adquiriría con la transferencia de recursos, la cual ascendió a la suma de $421.380.000.oo El certificado de disponibilidad presupuestal que respaldó tal convenio tiene fecha 24 de junio de 1998, esto es un día después de firmado el citado convenio.

3. ACTUACIÓN PROCESAL La presente Investigación Disciplinaria se originó de oficio, el día 3 de septiembre de

1999, previa delegación efectuada mediante auto de 9 de Abril de 1999 emanado del despacho del Procurador General de la Nación (Cfr. Folio 1). Posteriormente, mediante oficio No.0709 del 16 de junio del 2000, la Procuraduría Regional del Vichada, remite por competencia las diligencias disciplinarias a las Procuradurías Delegadas para la Contratación Estatal (r), ( Cfr. Folio 27) correspondiéndole conocer a ésta Procuraduría Delegada. Por medio de Auto de fecha 18 de Abril de 2001, se abrió investigación disciplinaria en contra del señor Gilberto Pulido Perdomo, auto que fue debidamente notificado. (Cfr. Fls 29 al 33). Posteriormente mediante auto de fecha 22 de Noviembre de 2001, se formula pliego de cargos en contra del señor Gilberto Pulido Perdomo, en su condición de Gobernador del Departamento del Vichada (Cfr. folios 81 al 86) recibidos los descargos el 17 de julio del presente año y practicadas las pruebas ordenadas, procede esta Delegada a adoptar la decisión que corresponda. 1

4. SÍNTESIS DE LA PRUEBA RECAUDADA Obran en el expediente los siguientes elementos: Fotocopia del Convenio Interadministrativo de colaboración mutua entre el Departamento del Vichada y el Instituto Regional de Cáncer de la OrinoquíaIRCAO(Folio 11,12 ),Cuenta de cobro de fecha 25 de junio de 1998 de la Gobernación del Vichada para el pago del valor del Convenio al IRCAO (folio 14),Copia del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 501 del 24 de Junio de

1998(folio 15),Copia del Certificado de registro presupuestal No. 506 del 24 de Junio de 1998(folio 16),Copia de la Resolución No. 83705 del 31 de diciembre de 1997 del Ministerio de Minas y Energía(folios 17, 18),Certificación expedida por la asesora del área financiera de la Comisión de Regalías, mediante el cual informa que existe disponibilidad para el proyecto de adquisición de un equipo de Resonancia Magnética de 1.0 Tesla por valor de ($1.500.000.000), (folio 19),Constancia de tiempo de servicio, de fecha 23 de mayo de 2001, en la cual el Secretario General (E) de la Gobernación del Vichada, certifica cargo y sueldo devengado del señor Gilberto Pulido Perdomo( folio 47 ),Declaración rendida por Janet Ramírez , Jefe de Nominas y Liquidaciones de la Gobernación del Vichada (folio 55),Acta de Visita Especial Practicada en la Oficina de Presupuesto de la Gobernación del Vichada. (folio 56 ),Decreto 139 del 18 de mayo de 1998,por medio del cual se efectúa una adición de Rentas y Ingresos y Gastos de la Gobernación de Vichada, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° y el 31 de diciembre de 1998 (folio 57 y 58 ),Solicitud de Certificado de disponibilidad Presupuestal y registro presupuestal de fecha 23 de Junio de 1998,suscrita por el Gobernador del Vichada (folio 59),Copia del libro de control de presupuesto inversión 1998 (folio 60).

5. LOS CARGOS Mediante auto de 22 de Noviembre de 2001, esta Delegada formuló pliego de Cargos

al señor GILBERTO PULIDO PERDOMO en su condición de Gobernador del Departamento del Vichada para la época de los hechos, en los siguientes términos (folios 81 al 86). “El Arquitecto GILBERTO PULIDO PERDOMO, en su condición de Gobernador del Departamento del Vichada, suscribió el Convenio Interadministrativo 002 del 24 de junio de 1998, de colaboración mutua entre el Departamento del Vichada y el Instituto Regional del Cáncer de la Orinoquía, sin que previamente se hubiese expedido el certificado de disponibilidad presupuestal, pues el texto del documento (fl.15), se desprende que este se emitió un día después24 de junio de 1998de celebrarse el contrato23 de junio de 1998desconociendo el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, que dispone que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. También desconoció el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que dispone que las entidades estatales iniciaran procesos de suscripción de contratos, cuando existan las partidas o disponibilidades presupuestales…”. 2 Como normas posiblemente infringidas se le citaron los artículos 71 del Decreto 111 de 1996 y el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la falta se calificó provisionalmente como grave y cometida a título de dolo.

6. DE LOS DESCARGOS

GILBERTO PULIDO PERDOMO, a través de su apoderada, doctora Carmen Hilmenda González Pinilla, dentro del término de ley argumenta la ausencia de responsabilidad disciplinaria, con fundamento en las siguientes razones: En primer lugar, sostiene, haberse sometido el disciplinado al procedimiento administrativo de contratación expedido por la Gobernación del Vichada mediante Resolución 177 de 1998 (Cfr. folios 119 al 134). En segundo lugar, la defensa alega ausencia de ilicitud sustancial. Sobre el particular fundamenta su exposición en la existencia de apropiación presupuestal, de tal forma que el certificado de disponibilidad No.501 del 24 de junio de 1998 (folio 15), recoge el contenido literal del Convenio Interadministrativo 002 de Junio 23 de 1998 (folios 11,12) por el cual el Departamento de Vichada transfiere al IRCAO la suma de $421.380.000.00 para la adquisición de un equipo de Resonancia Magnética de 1.0 Tesla, para el Instituto Regional de Cáncer de la Orinoquía-IRCAO.

7. CONSIDERACIONES De conformidad con los artículos 128 y siguientes de la Ley 734 de 2002, para proferir fallo de carácter sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, aspectos que podrán ser demostrados con cualquiera de los medios probatorios reconocidos legalmente y apreciados en conjunto de conformidad de las reglas de la sana critica.

Para mejor entendimiento del presente caso conviene realizar un análisis de los antecedentes del Convenio Interadministrativo 002 de Junio 23 de 1998 (folio 11 y

12), suscrito entre el disciplinado GILBERTO PULIDO PERDOMO en su condición de Gobernador del Vichada para la época de los hechos y el Gerente del Instituto Regional de Cáncer de la Orinoquía IRCAO a saber: El Estado como propietario de los recursos naturales no renovables, salvo derechos adquiridos, recibe como contraprestación a la explotación de los mismos unas regalías distribuidas con límites legales entre los entes territoriales en los que se adelanta la explotación o en los cuales se establecen los puertos marítimos y fluviales para el transporte de dichos recursos y/o sus derivados. (Art.332, 360,361 de la Constitución Política). Con los ingresos provenientes de la regalías no asignado a los Municipios y Departamentos citados en el párrafo anterior, se creó el Fondo Nacional de Regalías, con destinación especifica para financiar proyectos que beneficien a Departamentos no productores que pertenezcan a la misma región de aquellos departamentos cuya participación se reduce (Art. 361 Constitucional y artículos 7, 49, 51,54 de la Ley 141 de 1999, parágrafo 3 del artículo 19 del Decreto 1747 de 1995). 3 En este orden ideas, la Comisión Nacional de Regalías en Octubre 20 de 1997 aprobó mediante Acta 16 la asignación de recursos para la financiación del proyecto adquisición de un equipo de Resonancia Magnética de 1.0 Tesla para el Instituto Regional de Cáncer de la Orinoquía, en Villavicencio, certificándose la existencia de disponibilidad de recursos, el 23 de diciembre de 1997, razón por la cual en

diciembre 31 de 1997 mediante Resolución No. 83705 el Ministro de Minas y Energías en su condición de Presidente de la Comisión de Regalías asigna y transfiere a varios Departamentos de la Orinoquía, la suma de $1500.000.000.oo., para ser ejecutados por las respectivas Gobernaciones, contándose entre estos entes territoriales el Departamento del Vichada al que se le asignó y transfirió la suma de $421.380.000, correspondientes al 28.092% del total de los $1.500.000.000.oo (folios 17 a 19). Consecuentemente, el disciplinado GILBERTO PULIDO PERDOMO en su condición de Gobernador del Vichada para la época de los hechos, mediante Decreto 139 de Mayo 18 de 1998 (folios 57 y 58), adicionó el presupuesto de Rentas Ingresos y Gastos del Departamento del Vichada, para la Vigencia fiscal de 1998, incorporándose así legalmente la transferencia efectuada por la Comisión Nacional de Regalías. El disciplinado solicitó certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, por valor de $ 421.380.000. con el objeto de comprar el equipo de Resonancia Magnética aludido, en junio 23 de 1998 (folio 59 ), fecha que coincide con la de celebración del Convenio Interadministrativo 002 celebrado entre el Departamento del Vichada y IRCAO (folio 11 y 12 ), sin embargo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 501 (folio 15), debiendo ser previo a la celebración del Convenio citado figura con fecha junio 24 de 1998.

Si bien se efectuó registro presupuestal en junio 24 de 1998 un día después de celebrado el convenio y luego se ordena la transferencia del valor de $421.380.000, de cuenta del Departamento del Vichada a cuenta de IRCAO (folios 16 y 13).es claro que en modo alguno se afectó el principio de planeación ya que la operación se encontraba prevista desde el año anterior, autorizada por la Autoridad correspondiente y existía la disponibilidad aunque no se hubiese expedido el certificado. De manera que no hubo por parte del disciplinado, desprotección de los recursos públicos para facilitar la realización de los fines estatales, no se observa interferencia de la función pública asignada al disciplinado, sobre el particular resulta pertinente lo señalado por la Doctrina y la jurisprudencia nacional en planteamientos que se transcriben a continuación: “El ilícito disciplinario comporta un comportamiento del deber. Empero, no es el mero quebrantamiento formal el que origina el ilícito disciplinario, sino que se requiere un quebrantamiento sustancial. (…) Significa lo anterior que para entender sustancialmente quebrantado el deber se requiere que la conducta enjuiciada haya desconocido no solamente el ropaje jurídico del deber, sino también la razón de ser que él mismo tiene en un Estado social y democrático de derecho. (…) 4 Por tanto todo deber, cuyo quebrantamiento comparte el ilícito disciplinario, impone la constatación que con la conducta indebida sea cuestionado las funciones del Estado social y democrático de derecho, esto es, la persona no ha obrado conforme a la función social que le compete como servidor público...(…)”1

El derecho disciplinario no puede ser entendido como protector de bienes jurídicos en el sentido liberal de la expresión, toda vez que se instauraría una errática política criminal, habida cuenta que no existiendo diferencias sustanciales entre derecho penal y derecho disciplinario por virtud de ello, llegaría el día en que el legislador, sin más ni más, podría convertir sin ningún problema todos los ilícitos disciplinarios en injustos penales. Si, como lo afirmó la exposición de motivos “el quebrantamiento de la norma sólo merece reproche disciplinario cuando la misma está concebida para preservar la función pública, y la infracción, en el caso concreto, la vulnera o la pone en peligro”3, tal cometido, sin que se presente a interpretaciones diferentes, se logra con la modificación propuesta.” Para la Corte, como se desprende de las consideraciones preliminares que se hicieron en relación con la especificidad del derecho disciplinario, resulta claro que dicho derecho está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones2. En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el

desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta. 1 GOMEZ PAVAJEAU Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario. Universidad Externado de Colombia. Bogotá Colombia Octubre de 2001.Primera Edición pag.129,130,166). 2 Ver Sentencia C-417/93 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 5 Así ha podido señalar esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria3. Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por si misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines. 4 Como quiera que se ha acreditado que el disciplinado GILBERTO PULIDO PERDOMO no incurrió en infracción sustancial disciplinaria, deberá ABSOLVERSE ya que su conducta no es constitutiva de falta disciplinaria En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, RESUELVE: PRIMERO: ABSOLVER al señor GILBERTO PULIDO PERDOMO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.520.164 Expedida en Bogotá, en su condición de

Gobernador del Departamento de Vichada, para la época de los hechos, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la decisión al Señor GILBERTO PULIDO PERDOMO,

y/o a su apoderada CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA en la calle 90 No. 11 a34 Oficina 206 Telefax 610 03 85 de esta ciudad.

TERCERO: Teniendo en cuenta que la presente investigación se adelantó de oficio de conformidad con lo conceptuado por la Procuraduría Auxiliar en concepto No. 5348 de fecha septiembre 4 del año 2000, no hay lugar a notificación del quejoso, en consecuencia en firme esta decisión, archívense las diligencias Por la Unidad Coordinadora de Contratación Estatal,. Se harán las anotaciones y comunicaciones correspondientes.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Procurador Delegado para la Moralidad Pública P.D. Moralidad Pública

Exp: No. 162-43502-00.

JFRC./L. de la OE. S.D. 3 Ver Sentencia C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett. 4 S.C-948/02 6