PGN - Documento 201603081404472

Exp162-107919-2004 Fallo primera instancia Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación # 162-107919-2004 Implicado Iván Gerardo Guerrero Guevara y otro Cargo y entidad Gobernador del Departamento de Putumayo Informe Marino Cárdenas Patermina Fecha Hechos 10 de diciembre del 2002 Asunto Fallo de primera instancia Bogotá, D.C. 30 de noviembre de 2007

I. ASUNTO Procede la Delegada de conformidad con el artículo 170 de la Ley 734 del 2002, a proferir fallo de primera instancia en la investigación disciplinaria que se adelanta en contra de los servidores públicos de la Gobernación del Departamento del Putumayo, señores IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, en su condición de Gobernador; y JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, Secretario de Infraestructura Departamental, para la época de los hechos, por posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL El 21 de octubre del 2004, esta Delegada ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los servidores públicos de la Gobernación del Departamento del Putumayo, señores IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, en su condición de Gobernador; y JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, Secretario de Infraestructura Departamental, para la época de los hechos, por posibles irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de obra pública No. 63 del 10 de diciembre del 2002; decisión que les fue notificada a los implicados a través

de edicto que permaneció fijado entre el 18 y 22 de noviembre del 2004, previa citación el 4 de noviembre del mismo año. (fls. 155-159 y 172-179, cuaderno 1) El 19 de abril del 2005, se amplió en tres (3) meses el término de investigación disciplinaria; lo cual les fue comunicado el 28 de abril del 2004, a los implicados. (fls. 229 y 230-234, cuaderno 1) El 27 de julio del 2005, se dio traslado a los investigados, del informe técnico de esta Delegada de fecha 25 de julio del 2005; para lo cual el 3 de agosto del 2005, se enviaron las comunicaciones correspondientes y el 10 de agosto del 2005, se fijó estado. (fls . 237, 243-245 y 250, cuaderno 2) Posteriormente, mediante auto del 29 de septiembre del 2006, este Despacho evaluó la investigación, formulando cargos disciplinarios a los señores IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA y JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, los cuales fueron notificados personalmente el 20 y 23 de octubre del 2006, respectivamente; presentando descargos el 3 de noviembre del 2006. (fls. 256-266, 274, 275-283, 308 y 309-311, cuaderno 2) 1 Exp162-107919-2004 Fallo primera instancia En su escrito de descargos, el disciplinado IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, solicitó la nulidad de la providencia mediante la cual se le formuló pliego

de cargos, la cual fue negada mediante auto del 11 de enero del 2007; y notificada el 16 de octubre del 2007, por estado. (fls. 312-314 y 452, cuaderno 2) El 11 de enero del 2007, se ordenó la práctica de las pruebas solicitadas por los investigados en sus memoriales de descargos; decisión que les fue comunicada el 5 de febrero del 2007. (fls. 315-316 y 317-320, cuaderno 2) El 26 de octubre del 2007, se dio traslado por el término de cinco (5) días para alegatos de conclusión; decisión que fue notificada por estado que permaneció fijado el 9 de noviembre del 2007, en el Centro de Notificaciones de esta entidad. (fls. 454 y 467, cuaderno 2) El 22 de noviembre del 2007, el señor IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, a través de apoderado, presentó alegatos de conclusión. El señor JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN guardó silencio. (fls. 468-473, cuaderno 2)

III. IDENTIDAD DE LOS DISCIPLINADOS IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.533.622, elegido Gobernador del Departamento del Putumayo, por voto popular para el período constitucional 1º de enero del 2001 al 31 de diciembre del 2003, cargo del cual tomó posesión el 2 de enero del 2001, ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Mocoa – Putumayo. (fl. 190, cuaderno 1)

JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.958.691, nombrado mediante decreto No. 10 del 9 de enero del 2001, para desempeñar las funciones de Secretario de Infraestructura Departamental, cargo del cual tomó posesión el mismo día. (fls. 201-202, cuaderno 1)

IV. SINOPSIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS, DESCARGOS

Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1. Al señor IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, en su condición de Gobernador del Departamento del Putumayo, se le formuló el siguiente cargo: CARGO ÚNICO. Haber celebrado el contrato de obra pública No. 63 del 10 de diciembre del 2002, posiblemente sin la debida planeación y desconocimiento de los principios de planeación, responsabilidad, economía y transparencia en la dirección, manejo y control de la actividad contractual a que estaba obligado, al celebrar el contrato de obra pública No. 63 del 10 de diciembre del 2002, sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales en las etapas previa, precontractual y contractual, exigidos en la ley 80 de 1993, y en el artículo 71 del decreto 111 de 1996, Estatuto

Orgánico de Presupuesto. Las posibles faltas se calificaron provisionalmente como de naturaleza gravísima, de conformidad con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 del 2002, que tipifica como falta gravísima “Participar en la etapa pre-contractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los

principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa 2 Exp162-107919-2004 Fallo primera instancia contemplados en la Constitución y en la ley”; siendo la responsabilidad a título de dolo. Como normas presuntamente violadas se le señalaron los artículos 123 y 209 de la Constitución Política; numeral 5 del artículo 26, y los numerales 3 y 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; el artículo 71 del decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto; y los numerales 1° del artículo 34 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 del 2002. Alegaciones de descargos presentados el 3 de noviembre del 2006, a través de apoderado. (fls. 275-283, cuaderno 2) Sostiene el disciplinado que si bien es cierto como Gobernador del Departamento del Putumayo, fue quien suscribió el contrato de obra No. 63 del 10 de diciembre del 2002, no por ello se le puede atribuir la comisión de falta disciplinaria, por cuanto de hacerlo se estaría incurriendo en la imputación de una responsabilidad objetiva, aspecto que se encuentra proscrito de los cánones disciplinarios. En síntesis respecto al desconocimiento de los principios de la Ley 80 de 1993, precisa lo siguiente: Tratándose del principio de planeación, alega que el 19 de septiembre del 2002, el Secretario de Planeación Departamental del Putumayo, señaló que en la base de datos del Banco de Programas y Proyectos Departamental BPID, se encuentra registrado el sub-proyecto denominado “Construcción y ampliación de la Unidad de

Urgencias de la E.S.E. San Francisco de Asís, del municipio de Puerto Asís Putumayo, indicando la apropiación, el cual fue registrado con el número 02-86-00251. Por lo tanto, considera que la celebración del contrato si estaba previsto dentro de los planes, proyectos y programas a desarrollar por la entidad y en ningún momento fue producto de improvisación pues se incorporó oportunamente en el Banco de Proyectos, se hizo la apropiación presupuestal correspondiente y fueron elaborados los estudios de conveniencia y oportunidad por parte del Secretario de Infraestructura Departamental, así como los términos de referencia. (fls. 44-63 y 7981, cuaderno 1) En lo que se refiere al principio de transparencia, alega que de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, la selección del contratista se hizo a través de contratación directa, en razón de la cuantía; para lo cual se elaboraron los términos de referencia conforme a lo previsto en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80, participaron 3 proponentes que fueron evaluados objetivamente, seleccionando la administración el más favorable a la entidad. Respecto al desconocimiento del principio de economía, considera que en el pliego de cargos se hizo de manera ambigua al citársele los numerales 3 y 6 del artículo 25 de la Ley 80, sin precisar en que consistía la presunta trasgresión de la norma. Señala que no fue el quien adelantó la etapa precontractual la cual se delegó en las secretarías del despacho, pasando luego el contrato a la firma del gobernador, previa revisión de la oficina jurídica en quien igualmente se delegó la responsabilidad de

avalar el trámite surtido una vez revisados los procedimientos contractuales. Concluye afirmando que no está demostrada objetivamente la falta ni prueba suficiente que demuestre su responsabilidad, teniendo en cuenta que no existe una 3 Exp162-107919-2004 Fallo primera instancia sola prueba que comprometa su responsabilidad y menos que señale o determine que su actuar fue doloso. Alegatos de conclusión presentados el 22 de noviembre del 2007, a través de apoderado. (fls. 468-473, cuaderno 2) En los alegatos el investigado presentó un resumen de sus descargos y como elementos nuevos en su defensa aportó los siguientes:  En virtud de la delegación de funciones en las etapas previa y precontractual, el secretario de infraestructura departamental y la oficina jurídica lo mantenían informado, lo que significa que siempre ejerció el control sobre la actividad contractual.  En ningún momento trasladó el manejo y dirección de la actividad contractual.  Respecto al principio de economía, el contrato se celebró con fundamento en unas consideraciones de carácter técnico elaboradas por la secretaría de infraestructura, dependencia especializada en ese campo. Solicita en consecuencia, se le absuelva por no haber desconocido las reglas y procedimientos contractuales, no actuó bajo ninguna motivación reprochable, no estuvo precedido de dolo en su comportamiento y de haberse presentado situaciones tales como la solicitud de la disponibilidad presupuestal, no le son imputables, ni siquiera a título de culpa.

2. Al señor JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, en su condición de Secretario de Infraestructura Departamental, se le formuló el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO. Haber adelantado el proceso para la celebración del contrato de obra pública No. 63 del 10 de diciembre del 2002, con desconocimiento de los principios de responsabilidad, economía y transparencia y sin el cumplimiento de los requisitos esenciales en las etapas previa, precontractual y contractual, exigidos en la ley 80 de 1993, y en el artículo 71 del decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto. Las posibles faltas se calificaron provisionalmente como de naturaleza gravísima, de conformidad con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 del 2002, que tipifica como falta gravísima “Participar en la etapa pre-contractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”; siendo la responsabilidad a título de dolo. Como normas presuntamente violadas se le señalaron los artículos 6, 123 y 209 de la Constitución Política; el artículo 26, y los numerales 2, 3 y 6 del artículo 25 y 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993; el artículo 71 del decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto; y los numerales 1° del artículo 34 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 del 2002. Alegaciones de descargos presentados el 6 de noviembre del 2006. (fls. 309-311, cuaderno 2) 4 Exp162-107919-2004 Fallo primera instancia

Alega el disciplinado que la necesidad de la contratación surgió de la Junta de Acción Comunal, se presentó a consideración del gobernador como ordenador del gasto y éste, previa consulta a los estados financieros y rubros de presupuesto verificó que la solicitud era viable. Se le confió entonces la elaboración del proyecto a un profesional con experiencia al cual se le dio viabilidad técnica y se pasó a Planeación donde se inscribió en el banco de proyectos; inscripción que en su concepto, incluye determinar su programación presupuestal, es decir, de donde saldrán los recursos, y el Consejo de Gobierno lo incluye en un decreto de inversiones verificando los rubros disponibles, dándole cabida presupuestal al proyecto; una vez agotado este paso, copia del decreto se envía a cada secretaría con el fin de que se inicie la etapa precontractual, decisión que es del ordenador del gasto y no de la secretaría. Señala además, que se elaboraron estudios de conveniencia y necesidad, términos de referencia, se seleccionó objetivamente y con transparencia el proponente más conveniente para la entidad, lo que indica que el proceso fue planificado y adecuado a los planes de inversión de la entidad en concordancia con el presupuesto y la ley de apropiaciones. Considera entonces, que observo los principios de economía, transparencia, selección objetiva y demás principios de que habla la Ley 80 de 1993. Alegatos de conclusión. Durante el término de traslado para presentar alegatos de conclusión, el disciplinado guardó silencio.

VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Precisión metodológica.

La Delegada procede al análisis de las pruebas allegadas al proceso y proferir fallo de primera instancia. Para tal fin, en primer término se ocupará de la competencia para conocer del presente asunto; en seguida, a partir de los fundamentos jurídico y fáctico, se analizará la conducta de los servidores públicos de la Gobernación del Departamento del Putumayo, señores IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA y JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, con el fin de establecer sus responsabilidades disciplinarias, en cuanto a la i) celebración del contrato de obra pública No. 63 del 10 de diciembre del 2002; ii) la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal; y iii) la elaboración de estudios técnico, económico y jurídico. Competencia. La Delegada es competente para proferir fallo de primera instancia en el proceso que se adelanta en contra de los servidores públicos de la Gobernación del Departamento del Putumayo, señores IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, en su condición de Gobernador; y JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, Secretario de Infraestructura Departamental, para la época de los hechos, de conformidad con el artículo 25 del decreto 262 del 2000. 5 Exp162-107919-2004 Fallo primera instancia Hechos probados y análisis de la responsabilidad de los disciplinados. En materia disciplinaria solo se proferirá fallo sancionatorio cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, conforme lo prevé el artículo 142 de la Ley 734 del

20021, Código Disciplinario vigente para la época de los hechos. Por lo tanto, la falta disciplinaria debe estar objetivamente demostrada y corresponder la adecuación de la conducta del implicado o implicados a la descripción legal de la irregularidad que se imputa, principio de legalidad; así mismo, su carácter antijurídico derivado de la infracción del deber funcional sin justificación alguna, ilicitud sustancial. Así las cosas, de acuerdo con el material probatorio recaudado, esta Delegada procederá al análisis de las pruebas allegadas al proceso, para determinar si en la celebración del contrato de obra pública No. 63 del 10 de diciembre del 2002, en la Gobernación del Departamento del Putumayo, se desconocieron por parte de los señores IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA y JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, los principios y requisitos legales esenciales en las etapas previa, precontractual y contractual exigidos en la Ley 80 de 1993, y en el artículo 71 del decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto. i) Celebración del contrato de obra pública No. 63 del 10 de diciembre del 2002. Está probado que el señor IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, en calidad de Gobernador del Departamento del Putumayo, celebró con la firma URCOSUR Limitada, el contrato de obra pública No. 63 del 10 de diciembre del 2002, cuyo objeto consistió en que: “El contratista se obliga para con el DEPARTAMENTO a

ejecutar por el sistema de precios unitarios la Construcción y ampliación de la Unidad de Urgencias de la E.S.E. San Francisco de Asís, Municipio de Puerto Asís, Departamento de Putumayo.”; por valor de $112.539.166.oo; y plazo de ejecución de 3 meses. (fls. 64-68, cuaderno original 1) Como lo señalaron en sus escritos de descargos los disciplinados, para la celebración del contrato, mediante decreto No. 263 del 19 de septiembre del 2002, el señor IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, Gobernador del Departamento, creó unos proyectos, subproyectos e hizo la distribución del presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2002, entre ellos, el siguiente: (fls. 8, 25 y 37, anexo 5) Proyecto 4.5.1.3.1.2 Construcción, dotación y funcionamiento IPS públicas de segundo nivel. Subproyecto 4.5.1.3.1.2.1 Construcción y ampliación de la Unidad de Urgencias de la E.S.E. San Francisco de Asís, Municipio de Puerto Asís Putumayo. Valor $120.000.000.oo Recursos Regalías 2002 1 Fecha de expedición 5 de febrero del 2002, fecha de entrada en vigencia 5 de mayo del 2002. Publicación Diario Oficial No. 44699 del 5 de febrero del 2002 6 Exp162-107919-2004 Fallo primera instancia En el artículo 3° del mencionado decreto 263, se ordenó al jefe de presupuesto la elaboración de los registros presupuestales correspondientes que permitieran la ejecución de dicha asignación.

Así mismo, contó la contratación con el Registro BPID No. 02-86-00251 del 19 de septiembre del 2002, del Banco de Programas y Proyectos Departamental, del proyecto denominado “Construcción y ampliación de la Unidad de Urgencias de la E.S.E. San Francisco de Asís, Municipio de Puerto Asís – Putumayo”. (fl. 82, cuaderno original 1) De otra parte, el 20 de septiembre del 2002, el ingeniero JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ G, Secretario de Infraestructura Departamental, elaboró los estudios de conveniencia y oportunidad (fls. 79-81, cuaderno original 1); los términos de referencia en los que la administración fijó las condiciones del contrato que en desarrollo del proyecto celebraría el departamento (fls. 44-63, cuaderno original 1); el 22 de octubre del 2002, se fijó en la Secretaría de Infraestructura Departamental el aviso de invitación para presentar ofertas (fl. 43, cuaderno original 1); y el 5 de noviembre del 2002, se evaluaron las 3 propuestas que se presentaron. (fls. 77-78, cuaderno original 1). En este orden de ideas, encuentra este Despacho que le asiste razón al señor GUERRERO GUEVARA, cuando considera que la celebración del contrato si estaba previsto dentro de los planes, proyectos y programas a desarrollar por la entidad y en ningún momento fue producto de improvisación, pues se incorporó oportunamente en el Banco de Proyectos, se hizo la apropiación presupuestal correspondiente y fueron elaborados los estudios de conveniencia y oportunidad por parte del Secretario de Infraestructura Departamental, así como los términos de referencia.

1. Expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.

De las piezas probatorias que obran en el proceso, se tiene lo siguiente: El 20 de noviembre del 2002, el ingeniero JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, Secretario de Infraestructura Departamental, solicitó a la sección de presupuesto la expedición de certificado de disponibilidad presupuestal, a nombre de Aldemar Arango Gómez y/o URCOSUR Ltda, de acuerdo a la propuesta evaluada y avalada por esa secretaría, para lo cual remitió el acta correspondiente y elaboró un cuadro en que se reflejaban los ítems, así como la descripción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total de cada uno de ellos, como soporte de la solicitud del certificado. (fls. 72-76, cuaderno original 1) En consecuencia, el jefe de la sección de presupuesto de la gobernación expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1212 del 25 de noviembre del 2002, por valor de $112.539.166.oo, a favor del contratista, para la construcción y ampliación de la Unidad de Urgencias de la E.S.E. San Francisco de Asís, Municipio de Puerto Asís, Putumayo. (fls. 70 y 71, cuaderno original 1) Como se observa, la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, el 25 de noviembre del 2002, fue posterior al aviso para presentar propuestas, 22 de octubre del 2002, e inclusive a la fecha en que se evalúo y avaló por parte del investigado la propuesta presentada por quien a la postre resultó favorecido con la

contratación, esto es, 5 de noviembre del 2002; es decir, que el proceso de 7 Exp162-107919-2004 Fallo primera instancia contratación lo adelantó el disciplinado JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, sin que previamente se hubiere expedido el certificado de disponibilidad presupuestal. El decreto 111 del 15 de enero de 19962, establece: “ARTICULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.” No obstante lo anterior, en las circunstancias analizadas, desde el 19 de septiembre del 2002, para la celebración del contrato de obra pública para la construcción y ampliación de la Unidad de Urgencias de la E.S.E. San Francisco de Asís, del municipio de Puerto Asís Putumayo, mediante decreto No. 263, el señor IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, Gobernador del Departamento, al crear el proyecto 4.5.1.3.1.2 Construcción, dotación y funcionamiento IPS públicas de segundo nivel, ya le había asignado el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2002, por valor de $120.000.000.oo, con cargo a los recursos de regalías.

En este orden de ideas, si bien es cierto que el proceso de contratación lo adelantó el disciplinado ENRÍQUEZ GUERRÓN, sin que previamente se hubiere expedido el certificado de disponibilidad presupuestal, la administración en cabeza del gobernador, a quien le compete la definición del gasto en la entidad, ya había garantizado la existencia de apropiación suficiente para atender dicho gasto, es decir, lo que permite establecer el certificado de disponibilidad; además, para la firma y perfeccionamiento del contrato ya se contaba con dicho certificado. Prueba de ello es la cláusula sexta del contrato de obra, en la que respecto a la apropiación presupuestal, se estipuló: “SEXTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. El presente contrato está amparado por el Certificado de Disponibilidad No. 1212 del 25 de noviembre del 2002, del presupuesto para la vigencia del 2002. CLASE DE GASTO: Inversión, ÁREA: Putumayo Saludable, SECTOR: Salud, PROGRAMA: Desarrollo Institucional en Salud, SUBPROGRAMA: Infraestructura y dotación de las instituciones de la Red Pública. PROYECTO: Construcción, dotación y funcionamiento IPS públicas de segundo nivel; SUBPROYECTO: 4.5.1.3.1.2.1 Construcción y ampliación de la Unidad de Puerto Asís, municipio de Puerto Asís Putumayo.” Así lo manifestó el señor ENRÍQUEZ GUERRÓN, en su escrito de descargos y la versión libre, en el sentido que el proceso fue planificado y adecuado a los planes de inversión de la entidad en concordancia con el presupuesto y la ley de apropiaciones.

2 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 8 Exp162-107919-2004 Fallo primera instancia iii) Elaboración de estudios técnico, económico y jurídico. Se le reprocho en el pliego de cargos al señor JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, Secretario de Infraestructura Departamental, que en la etapa previa a la contratación no obtuvo los permisos y licencias correspondientes, ni elaboró los estudios técnico, económico y jurídico, necesarios para la evaluación de las propuestas, de conformidad con el numeral 7 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. De las pruebas que obran en el proceso se establece lo siguiente: En el estudio de conveniencia y oportunidad del 20 de septiembre del 2002, el señor ENRÍQUEZ GUERRÓN, relaciona como elementos que lo soportan, el análisis de precios del mercado y los estudios técnico y jurídico, documentos que no fueron aportados al proceso; sin embargo, la duda se resolverá a favor del disciplinado, en consideración a que en este momento procesal no es procedente la práctica de nuevas pruebas. (fls. 79-81, cuaderno 1) A pesar de lo anterior, obra la propuesta elaborada por la Secretaría de Infraestructura, en la que se incluyeron los siguientes aspectos que permiten inferir que tales documentos si fueron elaborados: (fls. 44-63, cuaderno 1) “1.7 Descripción de las obras. La obra consiste básicamente en la CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA

UNIDAD DE URGENCIAS DE LA E.S.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO

DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO.

En el anexo 2 de relacionan las cantidades de obra con sus unidades respectivas. El proyecto y sus planos técnicos forman parte esencial de los insumos para la ejecución de la obra.” Señalando a continuación cada uno de los ítems y su descripción, los que aparecen relacionados por unidad y cantidad en el cuadro anexo elaborado por la Sección de Ingeniería e Infraestructura Hospitalaria del Hospital Puerto Asís, Departamento Administrativo de Salud de la Gobernación del Putumayo. (fls. 59-62, cuaderno 1) “1.8 Acabados especiales por servicios. Servicio de urgencias. 1.9 Especificaciones técnicas. Serán especificaciones técnicas TODAS las relacionadas con el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS vigentes, normas sanitarias pertinentes y las relacionadas con la construcción de estructuras en concreto reforzado para sistemas de abastecimiento de agua y/o acueductos y sistemas sanitarios. (…) 1.9.1 Generalidades. (…) El constructor deberá cumplir las normas particulares para alcantarillados, sanitarias, RAS vigente. Deberá cumplir las normas ambientales vigentes frente a la autoridad Ambiental Competente y los requisitos pertinentes ante las oficinas municipales, debe conseguir el certificado de que la obra está acorde con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Municipal. 9 Exp162-107919-2004 Fallo primera instancia (..) 1.9.3 Normas Los materiales y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos se

exigen para la presente contratación con base en las normas del Ministerio de Desarrollo Económico para Agua Potable y Saneamiento Básico.” Entre ellas, ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas Técnicas, RAS vigenteReglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico, ASTM - American Society for Testing and Materials, y CCCSR - Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes. Así mismo, se anexó a la propuesta el cuadro de análisis de precios unitarios elaborado por la Sección de Obras, para ser presentado por los proponentes. (fl. 63, cuaderno 1) Además de las anteriores pruebas, contribuyen a corroborar las circunstancias en que se adelantó el proceso de contratación, las versiones libres del 9 de agosto del 2007, del señor IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA; y el 10 de septiembre del 2007, del señor JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, en las que en esencia afirman lo dicho en sus escritos de descargos. (fls. 393-394 y 433-436, cuaderno 2) Así las cosas, en la Gobernación del Departamento del Putumayo, en la celebración del contrato de obra pública No. 063 del 2002, no se incurrió en irregularidades, por lo tanto, no prosperan los cargos que se les imputó a los disciplinados IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA y JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, de haber celebrado y adelantado el proceso de contratación, respectivamente, con posible desconocimiento de principios y requisitos legales esenciales en las etapas

previa, precontractual y contractual, exigidos en la Ley 80 de 1993, y en el artículo 71 del decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto. Conclusión. En este orden de ideas, procederá el Despacho a la absolución de los servidores públicos de la Gobernación del Departamento del Putumayo, señores IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, en su condición de Gobernador; y JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, Secretario de Infraestructura Departamental, para la época de los hechos, por la celebración del contrato de obra pública No. 63 del 10 de diciembre del 2002, conductas que les fueron reprochadas en el pliego de cargos. En merito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, RESUELVE PRIMERO. ABSOLVER a los servidores públicos de la Gobernación del Departamento del Putumayo, señores IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. No. 10.533.622, en su condición de Gobernador; y JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ GUERRÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.958.691, Secretario de Infraestructura Departamental, para la época de los hechos, de los cargos que les fueron formulados, por las razones expuestas en esta providencia. 10 Exp162-107919-2004 Fallo primera instancia SEGUNDO. NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión a los señores

IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA y JESÚS ARTEMIO ENRÍQUEZ

GUERRÓN, o sus apoderados, a través de la Procuraduría Regional del Putumayo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 734 del 2002. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al señor Marino Cárdenas Patermina (Barrio El Carmen, carrera 10, Municipio de Puerto Asís – Putumayo), de conformidad con la Ley 734 del 2002. CUARTO. La Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, adelantará las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta providencia.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Delegado para la Moralidad Pública

SGS/MGL

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