PGN - Documento 201603081405188

Dependencia: DELEGADA PARA LA ECONOMIA Y LA HACIENDA

PÚBLICA

Radicación 028-84234/03 Disciplinado BETTY GONGORA PEDRAZA y otros funcionarios Cargo y Entidad Rectora, Vicerrector Administrativo y Coordinador de Presupuesto Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Quejoso Contraloría General de la República Fecha Queja: 11 de Marzo de 2001

Fecha hechos: 15 de Marzo de 2001

Asunto: Fallo de 1º Instancia

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2005 Procede esta Delegada en virtud de la competencia otorgada en el numeral 1º literal c) y parágrafo del artículo 25 del Decreto 262 de 2000 y el artículo 19 de la Resolución 017 del mismo año, proferida por el Procurador General de la Nación, a definir en primera instancia, la situación disciplinaria de los doctores señores BETTY GONGORA PEDRAZA, GABRIEL LAGOS DÍAZ y JOSE DAVID DELGADO TELLEZ, en sus condiciones de Rectora, Vicerrector Administrativo y Coordinador de Presupuesto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNADal no observar en el trámite de la investigación, irregularidad que vicie de nulidad el proceso disciplinario. 1ANTECEDENTES Con fundamento en las diligencias remitidas por la Contraloría General de la República mediante providencia de agosto 25 de 2003, se inició investigación disciplinaria contra los funcionarios de La Universidad Nacional Abierta y a Distancia que participaron en la celebraron irregular de tres (3) contratos de

prestación de servicios y la expedición de catorce (14) resoluciones de prestación de servicios de docentes, los cuales fueron imputados a un rubro distinto al que por la naturaleza del gasto debieron haber sido cargadas, a más de que estas últimas se profirieron sin que previamente se expidiera el certificado de disponibilidad 2 presupuestal y el respectivo registro presupuestal. (Folios 109 a 113 del Cuaderno numero 1) 2CARGOS 2.1. A la doctora BETTY GONGORA PEDRAZA se le requirió disciplinariamente en el ejercicio del cargo de Rectora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD y Representante Legal de la Entidad, por los siguientes hechos: 2.1.1 Por haber suscrito en los meses de junio y julio de 2001 las catorce resoluciones que se relacionaron en el pliego de cargos, mediante las cuales se vinculó mediante la modalidad de prestación de servicios a igual numero de docentes por un período académico determinado, las cuales ascendieron a la suma de $35,262,992, sin que previamente se expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal y el respectivo registro presupuestal. 2.1.2. A más de lo anterior, por haber imputado al rubro denominado compra de bienes para la venta, las catorce (14) resoluciones descritas, las cuales se repite, expidió para vincular igual número de docentes durante la vigencia fiscal de 2001. 2.13. Y finalmente porque imputó al rubro denominado compra de bienes para la venta, el valor del contrato 267 del 14 de septiembre/01 por la suma de $35 millones, cuyo objeto fue el transporte o envío de mercancías, módulos, muebles y

enseres, a diferentes Centros Regionales. Las faltas atribuidas a la doctora BETTY GONGORA PEDRAZA, se consideraron graves y a titulo de dolo, en la medida en que quedó demostrado, que la funcionaria investigada expidió las catorce (14) resoluciones sin la existencia previa de los certificados de disponibilidad y registros presupuestales, es decir, que contrajo obligaciones sin el lleno de los requisitos previos consagrados en la ley, para imputarlos posteriormente a un rubro diferente al cual legalmente correspondía, violando flagrantemente otras disposiciones sobre la materia, destacándose el he hecho de que a la fecha de la suscripción del contrato 267 el 14 de septiembre/01, el saldo de apropiación del rubro denominado “comunicaciones y transporte”, contra el cual debió imputarse el mismo, carecía de saldo de disponibilidad presupuestal. 3 2.2. Al doctor GABRIEL LAGOS DÍAZ, Vicerrector Administrativo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la época de los hechos, se le requirió por haber imputado al rubro denominado compra de bienes para la venta, el contrato 040 del 15 de marzo/01 por la suma de $20 millones y su adicional por la suma de $15 millones, cuyo objeto fue el transporte o envío de mercancías, módulos, muebles y enseres, a diferentes Centros Regionales. La falta atribuida al investigado se calificó como grave y a título de dolo, por cuanto la suscripción del contrato 040 del 15 de marzo/01 no se enmarcaba dentro de la naturaleza y definición del gasto para afectar el rubro denominado compra de bienes

para la venta al cual se imputó, y al rubro contra el cual al parecer debió imputarse el compromiso, denominado comunicaciones y transporte, carecía de saldo de disponibilidad presupuestal, como quedó establecido en acta de visita practicada a la Coordinación de Presupuesto de la UNAD. 2.3. Al doctor JOSÉ DAVID DELGADO TÉLLEZ, Coordinador de Presupuesto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la época e los hechos se le requirió disciplinariamente por haber expedido la disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal del contrato 040 del 15 de marzo/01 por la suma de $20 millones y su adicional por la suma de $15 millones, y del contrato 267 del 14 de septiembre/01 por la suma de $35 millones, cuyo objeto fue el transporte o envío de mercancías, módulos, muebles y enseres, a diferentes Centros Regionales con cargo al rubro denominado “compra de bienes para la venta”,. dicha imputación se llevó a cabo en el momento en que el implicado expidió como se dijo, los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales, donde se registra el rubro antes citado, fecha para la cual las resoluciones expedidas por la Rectora de la UNAD, constituían un hecho cumplido por cuanto habían sido suscritas en fecha anterior, sin que al parecer como todo lo indica, se hubieran expedido previamente los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales. La falta atribuida al doctor DELGADO TÉLLEZ, se consideró como en los demás casos, grave a título de dolo porque como quedó demostrado, expidió un certificado

de disponibilidad presupuestal para amparar la vinculación de docentes, con 4 posterioridad a la fecha de expedición por parte de la Rectora de la UNAD de las resoluciones a través de las cuales vinculó 14 docentes, amén de que el rubro afectado denominado “compra de bienes para la venta”, por la naturaleza y definición del gasto, no correspondía con la naturaleza de los compromisos, y más aún cuando el rubro contra el cual se debieron imputar las diversas resoluciones, denominado “servicios personales indirectos” y/o “comunicaciones y transporte”, respectivamente, carecían de disponibilidad presupuestal suficiente, motivo por el cual se acudió a la afectación del rubro “compra de bienes para la venta”. Se citaron como normas infringidas: de la Constitución Política, artículo 6° ; de la Ley 200 de 1995 Artículo 40.numerales 2, 18, 22,23; del Decreto Ley 111 del 15 de enero de 1996 los artículo 18, 71 incisos primero y segundo, de la Ley 628 del 27 de diciembre de 2000, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° y el 31 de diciembre/091 y el Decreto 2790 del 29 de diciembre/00, de liquidación del mismo, artículo 11, como se puntualizó en forma individual en la pieza inculpatoria. (Folios 64 a 81 del cuaderno 2) 3DESCARGOS 3.1. Doctora Betty Góngora Pedraza 3.1.1. con respecto al primer cargo, esto es haber suscrito en los meses de junio y

julio de 2001 las catorce resoluciones objeto de cargos, mediante las cuales se vinculó en la modalidad de prestación de servicios a igual numero de docentes por un período académico determinado, sin que previamente se expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal y el respectivo registro presupuestal suscrito, señaló que nunca suscribió acto administrativo que no presentara el sello de registro presupuestal con la correspondiente firma del Coordinador de Presupuesto como funcionario responsable especializado para el área de presupuesto, resaltando que el registro presupuestal estaba colocado como un sello dentro del cuerpo del acto administrativo al lado derecho donde se estampaba su firma y que por tanto, era condición de la misma que se contara con la disponibilidad para atender el 5 compromiso, es decir, que venía el correspondiente sello de imputación presupuestal con la firma del coordinador de presupuesto. Agregó que la contratación de tutores se efectuaba de manera manual, ascendiendo a 1800 resoluciones semestrales las cuales llegaban a su despacho por bloques, por centros regionales o por facultades. 3.1.2. Con relación al segundo cargo, manifestó que la Rectora no expide los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales, que la función de dirección, coordinación y control de los recursos financieros de la Universidad es competencia del Vicerrector Administrativo y la ejecución del presupuesto está en cabeza del Coordinador de Presupuesto. Que la funciones del rector contempladas en el Acuerdo 103 de 1993, artículo 19 literal I, de controlar la ejecución presupuestal e informar trimestralmente al Consejo

Directivo, es genérica producto de la información que prepara y reporta el Vicerrector Administrativo con las diferentes áreas que conforman esa dependencia, según lo establecido en el Decreto 2310 de 1994, artículo 15 literal b) dirigir, coordinar y controlar la administración de los recursos humanos, la prestación de los servicios administrativos y las actividades presupuestales y financieras de la institución, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, que en tal virtud, como invitado permanente al consejo directivo presentaba y argumentaba los temas de orden presupuestal y financiero. Que al interior de la Universidad se encuentran delimitadas las funciones y responsabilidades que debe asumir cada uno de los funcionarios, y que a la Rectora como Ordenadora del Gasto, no es responsable de la expedición de los certificados de disponibilidad y registros presupuestales. Que en virtud de lo establecido en el Decreto 2311 de 1994, conformó el Comité Financiero, presidido por el Vicerrector Administrativo, con el fin de lograr un manejo, ejecución y control eficiente y eficaz de los recursos de la universidad, comité que tomó la decisión en el acta del 29 de junio de 2001, de imputar al rubro compra de bienes para la venta los actos administrativos que suscribió. 6 3.1.3. Que como las funciones de dirección, coordinación, manejo y control de los recursos financieros de la Universidad están a cargo del Vicerrector Administrativo y la ejecución, registro, manejo y control del presupuesto es competencia del Coordinador del área respectiva, se desvirtúa la responsabilidad que se le quiere endilgar, a pesar de que siempre exigió el cumplimiento de la normatividad legal,

fiscal y tributaria vigente, previo a la suscripción de cualquier acto administrativo, que la imputación del contrato 267 por el rubro compra de bienes para la venta, se hizo teniendo en cuenta la prestación principal destinada en los compromisos que se pretendía efectuar y con cargo a este rubro se imputaron los demás costos inherentes o accesorios, en virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 780 de 2002, en desarrollo del principio general de derecho, según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Anexó concepto de 28 de mayo 2004 suscrito por la Directora de Presupuesto Público. Agregó que en el presupuesto de la Universidad los rubros correspondientes a Comunicaciones y transportes y demás gastos generales eran deficitarios, lo que obligaba a cargar los gastos de transporte de módulos y/o textos al rubro compra de bienes para la venta, como efectivamente ocurrió con el contrato objeto de cargos. Resaltó que entre otra aspecto de tuvieron en cuenta al momento de suscribir los compromisos cuestionado, el cumplimiento de los fines del Estado, como es la prestación del servicio educativo a más de 20.000 estudiantes de 43 centros regionales en todo el país; la evaluación de la Vicerrectoría Administrativa como responsable de los trámites presupuestales; del Comité financiero sobre el manejo, ejecución y control eficiente y eficaz de los recursos de la universidad y del coordinador presupuestal sobre el trámite que se sometía a consideración de la rectora, y del conocimiento especializado sobre la materia y adicionalmente, la información que recibió sobre la consecución de nuevos recursos para atender los

compromisos, adquiriendo de manera puntual algunos servicios docentes bajo los presupuestos normativos del rubro presupuestal por el cual se adquirieron los citados servicios. Advirtió que no comparte las apreciaciones sobre las supuestas normas infringidas, teniendo en cuenta que cumplió con la misión institucional ceñida a los preceptos 7 constitucionales y legales requeridos para cada caso, y por ende la culpabilidad que se le quiere atribuir tampoco corresponde, porque repite actuó de conformidad con las funciones que para el efecto se encontraban establecidas en el Estatuto General Acuerdo 103 de 1993, que actuó con la diligencia que se esperaba, en el entendido que las mismas se ajustaban a la ley, debiéndose tener en cuenta que existen competencias, responsabilidades y funciones para cada uno de los empleos que la conforman y que frente a las conductas que se le señalan actuó previendo que se habían surtido los trámites pertinentes , a más de los análisis de los expertos del tema en cuento a la aplicabilidad de las normas presupuestales que permitían la asunción de compromisos, que además que no existió trascendencia social de su conducta, como tampoco se causo perjuicio, en consideración a que para la época de los hechos primaba la realidad sobre las formalidades establecidas para tal efecto, por cuanto el deber ser de la rectora y ordenadora del gasto era garantizar el cumplimiento del cometido estatal de la educación superior para más de veinte mil estudiante. Solicito ser escuchada en versión libre, así como al doctor Gabriel Lagos, además adjuntó copia del Acta de Comité Financiero número 04 de junio 29 de 2001, del

concepto del Ministerio de Hacienda de mayo 28 de 2004, de los Decretos 2310 y 2311 de octubre 13 de 1994, artículos 15 y 3 respectivamente. (Folios 125 a 152) 3.2. El doctor Hernán Sánchez Prado, apoderado de oficio del implicado Gabriel Lagos, señaló que no estaba dentro de las funciones laborales de su defendido afectar un rubro presupuestal que esta es una labor que cumple el Coordinador del Área de Presupuesto, que es muy diferente la solicitud de disponibilidad presupuestal que fue la actuación de su representado, con la certificación sobre la existencia de esa disponibilidad, que dicha solicitud no constituye ninguna irregularidad, sino que le esta dando cumplimiento a las exigencias normativas que le imponen la obligación de hacerlo. Agregó que la disponibilidad fue expedida y certificada por el doctor José David Delgado Téllez, Coordinador del Área de Presupuesto y fue quien también realizó la imputación presupuestal, por tanto, si la falta se predica del ejercicio funcional, no se 8 le puede elevar un reproche por hechos ajenos, prueba de ello es que a éste funcionario se le formula cargos por realizado esas imputaciones. A más de solicitar que se tuvieran en cuenta como pruebas los documentos relacionaos con la disponibilidad y la imputación presupuestal que obran en el expediente, la declaración del Coordinador del área de Presupuesto de la Universidad, quien explicó con claridad el porque efectuó las imputaciones presupuestales objeto de investigación, se cite al implicado para que rinda versión libre y se le informe sobre la fecha de la misma. (Folio 160 a 163) 3.3. El doctor JOSÉ DAVID DELGADO TÉLLEZ, Coordinador de Presupuesto de la

Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la época de los hechos, manifestó: 3.3.1. Con respecto al primer cargo, que la decisión de imputar las resoluciones objeto de investigación por el rubro denominado “Compra de Bienes para la venta” obedeció en primer lugar, al déficit presupuestal del rubro gastos de personal, del cual oportunamente fue enterado el Comité financiero, en sesión del 29 de junio de 2001, en el cual se analizaron las causas, consecuencia de la desfinanciación para la contratación de tutores del segundo semestre y entre las alternativas estaba el traslado presupuestal, luego la adición presupuestal, pero desafortunadamente solo llegó el 3 de diciembre del 2001, entonces se aprobó acogernos a la autonomía que le corresponde a cada sección que conforma el presupuestal general de la nación, para evaluar dentro del objeto de la contratación si es procedentes imputarla a determinado rubro, cita el concepto de la Dirección General de Presupuesto. De esta última alternativa, analizó el origen e los fondos, esto es que el rubro del gasto es financiado con ingresos corrientes propios, recibidos por la venta de bienes y servicios de la actividad de la universidad; que el gasto que se va a cargar al rubro sea operacional, como es la contratación de los 14 docentes, esto es un gasto directo en la operación de la Entidad; que el no pago y reconocimiento de los emolumentos de los 14 docentes sería violatorio de lo establecido en el artículo 27 del capítulo III de los gastos, pues constituye mala conducta el incumplimiento del pago de las

prestaciones sociales, que además, imputar las 14 resoluciones y extender los respectivos certificados de disponibilidad y registros presupuestales impidió que se 9 iniciaran acciones legales en contra la Unad, como de reparación directa, tutelas, querellas, etc., las cuales incrementarían los costos de funcionamiento. Luego de analizar el concepto de la autonomía de la universidad, el principio de la especialización y la definición del rubro gastos de operaciones comerciales, agregó que la contratación de los 14 docentes podía imputarse a la subcuenta compra de bienes, por ser los gastos que realizan las empresas para adquirir servicios destinados a la comercialización, es decir, que como la misión de la universidad es la de prestar y comercializar el servicio educativo, es necesario contratar el servicio de docentes, que además las asignaciones presupuestales por parte del Ministerio de Hacienda son transferencias globales que incluyen únicamente una partida global con recursos de aporte nacional, que no incluyen los recursos propios, para facilitar el manejo del presupuesto mediante modificaciones presupuestales sin recurrir al Ministerio de Hacienda , es decir que los entes van a ser autónomos para modificar sus presupuestos, pues solo va ha existir diferencias entre funcionamiento e inversión. En segundo lugar dice que obedeció al incremento estudiantil comparado con el año anterior, lo cual significó la destinación de más tutores para atender el servicio educativo y por ende la asignación de mayores recursos, pero sin embargo, de acuerdo a los topes del Ministerio de Hacienda a través del Confis, los servicios personales no podían crecer más del 90% del IPC, y con los traslados presupuestales

aprobados cubrieron ese tope, explicando que el incremento se presentó por la naturaleza propia de la modalidad de educación, la facilidad de ingreso a un sistema de educación que solamente exige el título de bachiller y el examen de estado sin restricciones y finalmente los bajos costos y la financiación que ofrece la universidad. En tercer lugar, manifestó la necesidad apremiante de vincular al personal docente de acuerdo a la programación académica anual, pero como en el año 2001 no se contaba con la totalidad de los recursos, fue necesario programarla en dos semestres, con la condición de no interrumpir el servicio docente ni académico, que la oficina de Recursos Humanos encargada de elaborar las resoluciones en aras de la eficiencia y obligada por la implementación del sistema financiero integrado, reservó determinado número de resoluciones y procedió a elaborarlas con la debida 10 anticipación y entonces cada una de las resoluciones elaboradas contenían de una vez el número y la fecha y procedían a remitirlas al grupo de presupuesto, que este procedimiento indujo en error en la fecha al momento de extender la disponibilidad y efectuar el registro. Al respecto solicitó escuchar en declaración al Jefe de la División Financiera Samir Lores, y Blanca Villamil Jefe de la División de Recursos Humanos. 3.3.2. Con respecto al segundo cargo, de imputar al rubro denominado compra de bienes para la venta los contratos 040 de marzo 15 de 2001 y su adicional y el 267 del 14 de septiembre de 2001, cuyo objeto fue el transporte o envío de mercancías, módulos, muebles y enseres a diferentes centros regionales, advirtió que en la

adquisición de muebles y enseres obedece al desarrollo de proyectos de inversión, y que dentro de las invitaciones o licitaciones los términos de referencia siempre incluyen el envío como gastos accesorio que los oferentes deben tener en cuenta para efecto de costos. Que ante la solicitud elevada al Ministerio de Hacienda de un traslado presupuestal para financiar los gastos generales, específicamente adquisición de servicioscomunicaciones y transporte - la respuesta fue negativa sin ninguna alternativa de solución, concluyó señalando que no hubo violación de las normas citadas, sino que por el contrario, la prestación del servicio educativo se cumplió con diligencia, eficacia e imparcialidad, a los bienes públicos se les dio la debida utilización acorde con los fines destinados, evitando futuras acciones contra el Estado, que no puede ser dolosa su conducta porque su intención no fue violar el ordenamiento jurídico, sino que siempre estuvo pendiente de gestionar la consecución de recursos ante los entes respectivos para el cumplimiento de los compromisos. (Folios 88 a 95)

4. PRUEBAS DE DESCARGOS Y ALEGATO DE CONCLUSIONES Mediante providencia de noviembre 2 de 2004, se ordenó practicar las pruebas solicitadas por los implicados, folios 181 a 187, y en tal virtud se escucho en versión libra a la doctora Betty Góngora Pedraza, y en declaración a los señores Samir Lores y Blanca Villamil Rozo (folios 195 a 198, 205 a 214) vencido el periodo probatorio, en marzo 9 de 2005, se ordenó el traslado para alegato de conclusiones previos al fallo, como lo dispone el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, respecto del cual se presentó

11 por parte de la doctor Góngora Pedraza y Delgado Téllez los escrito visibles a folios 260 a 272, los cuales se analizan en el aparte pertinente. (Folios 220 a 272)

5. CONSIDERACIONES Conforme al artículo 118 de la Ley 200 de 1995 vigente para la época en que ocurrieron los hechos, hoy artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a demostrar con certeza la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, es decir, se encuentre probada la realización material de la conducta, esta encuentre adecuación típica en las normas citadas como infringidas y el autor de la misma haya actuado con dolo o con culpa.

Sea lo primero precisar que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, “UNAD”, conforme lo establecido en la Ley 396 del 5 de agosto de 1997, es un establecimiento público de carácter nacional, y por tanto, se rige por los lineamientos del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, en consecuencia, en la ejecución de su presupuesto debe ceñirse a los parámetros legales allí contemplados, limitando los gastos e inversiones a las apropiaciones presupuestales existentes. En el presente proceso disciplinario la conducta censurada esta circunscrita a la ordenación irregular del gasto teniendo en cuenta que tanto los contratos objeto de cuestionamiento, como las resoluciones mediante las cuales se vinculó a igual número de docentes para la prestación de servicios, fueron imputados a un rubro distinto al que por la naturaleza del gasto debieron haber sido afectados, y además,

en el caso de las resoluciones, fueron expedidas sin que previamente se expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal y el respectivo registro presupuestal En efecto, el contrato 267 suscrito con la firma Portes de Colombia por valor de $35 millones, el cual tenía por objeto el envió de mercancía y muebles para los diferentes CREAD del país, según el Certificado de Disponibilidad 1.121 del 21 de agosto de 2001 y el Registro Presupuestal 5.096 del 7 de septiembre del mismo año, fue imputado al rubro denominado “Compra de bienes para la Venta”, no obstante que por su naturaleza los gastos correspondían al rubro denominado “Comunicaciones y 12 transporte”, irregularidad que se observa de la simple lectura del objeto materia del contrato. El contrato 40 de fecha 15 de marzo de 2001 suscrito también con la firma Portes de Colombia por $30 millones y el adicional por $15 millones, celebrado con el mismo objeto del anterior, también se presentó la situación descrita, al quedar plenamente demostrado en el plenario que fueron imputados al rubro denominado “Compra de bienes para la Venta”, no obstante que por su naturaleza los gastos correspondían al rubro “Comunicaciones y transporte”, situación que se comprueba con el certificado de disponibilidad presupuesta 51 del 21 de febrero de 2001 y registro presupuestal 5.538 de la misma fecha, correspondiente al contrato inicial y el certificado de disponibilidad presupuestal 417 del 17 de abril de 2001 y registro presupuestal 1.818 de marzo 7 del mismo año, con respecto al contrato adicional, expedidos por el Coordinador de Presupuesto, doctor JOSÉ DAVID DELGADO TÉLLEZ. (Folios 101,

242 y 243 del cuaderno 1) Similar situación se presentó respecto a las resoluciones 2555, 2562 , 2771, 3008, 3012, 3075, 3132, 3135, 3141, 3145, 3146, 3153, 3154, 3189 de fechas junio 15 las dos primeras y del 12 de julio las restantes, por medio de las cuales se contrato por un período académico la prestación de servicios docentes, las cuales se imputaron por el rubro denominado “compra de bienes para la venta” no obstante que existía dentro del presupuesto de la UNAD un rubro específico denominado “servicios personales indirectos”, por el cual se debió cancelar dichos gastos, teniendo en cuenta que como se puntualizó en la pieza inculpatoria, con cargo a este rubro se cancelaran todos los gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. Se infringió, en consecuencia, abiertamente el principio de Especialización consagrado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto o Decreto 111 del 15 de enero de 1996, artículo 18, según el cual, las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas, teniendo en cuenta que, se repite, para cancelar las obligaciones descritas se afectó un rubro que por su naturaleza no se 13 enmarca dentro de la definición del gasto concebida para el mismo, generando la violación evidente de las normas que exigen la ejecución estricta de recursos en la

forma previamente programa o establecida. Es claro que existiendo dentro del presupuesto de la UNAD, los rubros específicos, en el primer evento del transporte o envío de mercancías, módulos y enseres y en el segundo, de la vinculación del personal docente, debió la UNAD imputar esta clase de gastos a los precitados rubro, pero por el contrario, se afectó en los dos eventos aún tratándose de gastos diferentes, el mismo rubro, esto es el denominado “compra de bienes para la venta”, que en manera alguna se relacionan con el objeto contratado. En efecto, como se puntualizó en el pliego de cargos, por el rubro denominado “comunicaciones y transporte”, se imputan los compromisos adquiridos por concepto de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de elementos. Igualmente incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano, y por el denominado “Servicios Personales Indirectos” todos aquellos gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta, además dicha definición incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional para desarrollar actividades netamente temporales, así como las prestaciones sociales a que tengan derecho y las contribuciones a que haya lugar. El presupuesto de la UNAD tenía un rubro específico para cada uno de los casos cuestionados como eran los denominados “comunicaciones y transporte” y “Servicios Personales Indirectos” a los cuales se debió imputar los compromisos objeto de

investigación, teniendo en cuenta que en el primer caso se contrató el transporte o envío de mercancías, módulos, muebles y enseres a diferentes Centro Regional de la Universidad, y en el segundo caso, se vinculó a varios docentes para la prestación de servicios personales como tal, es decir, que resulta a todas luces irregular afectar el rubro “compra de bienes para la venta” no obstante que los mismo no se enmarcan dentro de la definición de dicho rubro, circunstancia por la que se estructuró la violación del principio presupuestal de especialización. 14 A más de lo anteriormente expuesto, también se comprobó, según información obtenida directamente en la Dirección de Presupuesto de la UNAD, que el certificado de disponibilidad presupuestal 1.175 que amparó los precitados actos administrativos, a través de las cuales se vinculó al personal docente relacionado en el pliego de cargos, fue expedido con fecha 3 de agosto de 2001, es decir, con post