PGN - Documento 201603101155015

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Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal Radicación: 021-116368-2005

Disciplinado: ROBERTO ENRIQUE FIGUEROA BELTRAN

Cargo y Entidad: Contralor Departamental de Bolívar Quejoso: Auditoria General de la República Fecha Hechos: 5 de mayo de 2003

Fecha Queja: 21 de enero de 2005

Auto: Fallo de primera instancia

Bogotá D.C. 28 de abril de 2008 Procede este despacho a emitir el fallo correspondiente a la investigación disciplinaria adelantada en contra de ROBERTO ENRIQUE FIGUEROA BELTRAN, en su condición de Contralor Departamental de Bolívar.

1. ANTECEDENTES El 15 de septiembre de 2005, este despacho ordenó la apertura de indagación preliminar contra funcionarios indeterminados de la Contraloría Departamental de Bolívar, con el objeto de establecer sí, tal como lo manifestó la Auditoria General de la República en su informe, el contrato No. 065 de 2003 fue celebrado con anterioridad a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (fol. 94) El 15 de noviembre de 2006, esta delegada ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra ROBERTO ENRIQUE FIGUEROA BELTRAN, en su condición de Contralor Departamental de Bolívar, en la época de los hechos. En el citado auto se expuso (fols. 107 al 111): El 5 de mayo de 2003, la Contraloría Departamental de Bolívar, representado por Roberto Enrique Figueroa Beltrán suscribió la orden de servicios No. 065 con Plinio

Puello Marrugo, con el objeto de que el contratista se comprometiera con la entidad a prestar sus servicios profesionales como ingeniero de sistemas, con un término de tres meses y un valor de $3.600.000.oo (fols. 98 y 99). El 6 de mayo de 2003, ARIEL HERRERA GUERRERO, en su condición de Jefe División Financiera de la Contraloría Departamental de Bolívar, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3245 por valor de $3.600.000.oo, con el fin de cubrir los honorarios de Plinio Puello Marrugo (fol. 100). Ese mismo día, el citado funcionario expidió el registro presupuestal No. 3244 (fol. 101).

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María Isabel Carrillo. Fallo de primera instancia 2 Con fundamento en lo anterior, se puede advertir la existencia de una posible irregularidad, en relación con la suscripción de la orden de servicios No. 065 de

2003. En efecto, este negocio jurídico fue suscrito el 5 de mayo de 2003, y un día después fue expedido el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.

Mediante decisión del 31 de agosto de 2007, esta Procuraduría Delegada profirió pliego de cargos contra ROBERTO ENRIQUE FIGUEROA BELTRAN, identificado con la C.C. No. 7.883.362 de Arjona (Bolívar), en su condición de Contralor Departamental de Bolívar, en el siguiente sentido (fols. 132 al 137): CARGO UNICO ROBERTO ENRIQUE FIGUEROA BELTRAN, en su condición de Contralor Departamental de Bolívar, el 5 de mayo de 2003, suscribió la orden de servicios No.

0065 con Plinio Puello Marrugo, con el objeto de que el contratista se comprometiera con la entidad a prestar sus servicios profesionales como ingeniero de sistemas, por el término de tres meses y un valor de $3.600.000, sin que se hubiera expedido, con antelación, el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. En efecto, e l 6 de mayo de 2003 , ARIEL HERRERA GUERRERO, en su condición de Jefe División Financiera de la Contraloría Departamental de Bolívar, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3245 por valor de $3.600.000, con el fin de cubrir los honorarios del citado contratista. Este Despacho calificó provisionalmente la conducta materia de reproche, como una falta GRAVISIMA a título de culpa.

2. DESCARGOS El señor ROBERTO FIGUEROA BELTRAN presentó descargos el 27 de septiembre de 2007, así (fols. 146 al 162): Afirmó que el cargo que se le imputa versa sobre la prescripción de no hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluido al presupuesto, pero que el hecho que se investiga no transgrede esa previsión dado que, sobre la orden de servicios No. 0065, no se hizo erogación alguna sobre un gasto no incluido o inexistente en el presupuesto.

Señaló que el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, lo que establece es que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales cuenten con

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3 certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atenderlos, pero, sí el certificado como tal no se expidió, pero hay la evidencia de la apropiación suficiente, no se deja de garantizar el gasto en que se incurriría, por tal razón, no hay materialización de la conducta, pues el certificado, por si solo, se expide para garantizar la existencia de apropiación para atender el gasto. Agregó que el Estatuto Contractual en el artículo 25, numeral 6, exige que solo es posible abrir procesos de contratación cuando “existan las respectivas partidas y disponibilidades presupuestales”, es decir, es un requisito previo al contrato o proceso contractual, pero ello se debe armonizar con lo establecido en el inciso 2 del artículo 41 de la ley 80 de 1993, que dispone otra cosa, cuando establece cuales son los requisitos de ejecución de un contrato, y expresa que: Para al ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades correspondientes (…) Reitera que siendo el Contralor el ordenador del gasto, la verificación de la existencia de la disponibilidad era un asunto que bien podía llevarse a cabo sin que expidiera el documento certificado, pues su responsabilidad es tener la certeza que no está comprometiendo a la entidad sobre apropiaciones que no existen, y que en el caso que nos ocupa si existieron si no que quién preparó la orden de servicios erró en la fecha, que solo es de un día de diferencia, y que, finalmente, la existencia de la disponibilidad es un aspecto real y no formal.

Para concluir señaló que todos los requisitos formales y sustanciales fueron cumplidos a cabalidad, dado que en la misma orden se consignó el rubro a cargo del cual se imputaría el gasto, lo cual solo se puede hacer si se tiene certeza de la existencia de la apropiación y de su monto.

3. PRUEBAS DE DESCARGOS Esta Delegada mediante decisión del 2 de noviembre de 2007, se pronunció sobre las pruebas de descargos, en el sentido de acceder a la práctica de las pruebas solicitadas por el disciplinado, siendo estas (fols. 183 al 187): 1) Inspección ocular en la oficina de contabilidad y tesorería de la Contraloría Departamental de Bolívar, con el fin de determinar, en primer lugar, la existencia

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María Isabel Carrillo. Fallo de primera instancia 4 de la apropiación para el pago de la orden de servicios No. 0065 de 2003, en segundo lugar, la existencia del certificado expedido por el jefe de presupuesto en relación con la existencia de la apropiación, y en tercer lugar, establecer que la ejecución y el pago de la orden se llevaron a cabo el 6 de mayo de 2003 (fol. 227). 2) Testimonio de ISAURA DIAZ DE OCHOA (fol. 229). En la diligencia, la declarante, quién se desempeño como Profesional Universitario del Despacho del Contralor, para la época de los hechos, se manifestó en el siguiente sentido: “(…) Yo como profesional universitario del despacho de señor Contralor apoyo al Contralor en el proceso de contratación, solicitando previamente disponibilidad y registro presupuestal

para la elaboración de la ordenes de servicios y contratos que requiera el Contralor en ejercicio de la misión constitucional; con respecto a la orden que hace mención, se presentó un error de trascripción o tipeo de la orden de servicios, como bien lo puede constatar el jefe del área financiera ARIEL HERRERA GUERRERO, quien (sic) tiene la responsabilidad de la expedición de las respectivas disponibilidades y registros previos a la elaboración de la orden de servicios o contratos, por lo que considero que en este caso lo único que se presentó , vuelvo y lo ratifico, fue un error de transcripción o tipeo. Ratifico que previamente ya existía la disponibilidad presupuestal en este caso concreto”. 3) Testimonio de ARTURO MATSON CARBALLO (fol. 228). En la diligencia, el declarante, quién se desempeño como Asesor de la Oficina Jurídica de la Contraloría, para la época de los hechos, se manifestó en el siguiente sentido: “(…) yo lo que puedo recordar es que en todas las contrataciones que celebrazada (sic) la entidad, se constaban (sic) siempre la existencia de disponibilidad suficiente, con el área de presupuesto a cargo del señor ARIEL HERRERA”. 4)Testimonio de MARIA EUGENIA GARCIA MONTES (fol. 231): En la diligencia, la declarante, quién se desempeño como SubContralora Departamental, para la época de los hechos, se manifestó en el siguiente sentido: “(…) en efecto primero se expidió la disponibilidad especifica para esa orden de servicio y luego se hizo la orden pero, al fechar la orden lo cual se hace fuera del despacho, se cometió el

erre (sic) de ponerle a la orden un día antes, pero como bien lo pudo decir el jefe de presupuesto, para esas fechas tanto para el 5 como para el 6 había apropiación suficiente para atender ese gasto” 5) Testimonio de ARIEL HERRERA QUINTERO (fol. 230). En la diligencia, el declarante, quién se desempeño como Jefe de la División Financiera y Presupuestal de la Contraloría, para la época de los hechos, se manifestó en el

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María Isabel Carrillo. Fallo de primera instancia 5 siguiente sentido: “(…) El procedimiento es que se solicita antes de celebrar un contrato, si existe disponibilidad presupuestal para ese contrato, la parte financiera verifica con Presupuesto y si hay disponibilidad suficiente se expide dicho certificado. En todos los casos en que se solicitó la disponibilidad, si existía se Expedia el certificado para celebrar el contrato. El señor PLINIO PUELLO prestó el servicio a satisfacción”. Adicionalmente, se tuvieron como pruebas los siguientes documentos: 1) Copia de la versión libre rendida por el disciplinado ante la Procuraduría Regional de Bolívar, el 14 de febrero de 2007 (fols. 153 al 155), en la que manifestó lo siguiente: (…) si se observa el gasto ordenado si corresponde de (sic) de aquellos decretados en el presupuesto de la Contraloría y previamente, aprobado por la Asamblea Departamental de Bolívar, en el cual se aprueba el presupuesto Departamental de Bolívar. (…) Luego entonces no estamos frente al compromiso de partida inexistente que es lo que precisamente establece la carta Magna en su

articulo 345 y en cuanto a lo que ha dispuesto la ley 80 en su articulo 25 ya citado con anterioridad tampoco se ha violado, toda vez que dicha norma previene de que no se suscriba contrato sin que exista (sic) las correspondiente partidas y disponibilidad presupuestal (sic). Entonces tenemos como lo demuestro con dicho certificado que si existía la partida presupuestal y la disponibilidad, en la respectiva apropiación presupuestal, que es lo que en efecto establece la norma”. 2) Copia de la certificación suscrita por ARIEL HERRERA GUERRERO, como Jefe de la División Financiera y Presupuestal de la Contraloría Departamental de Bolívar, por medio del cual se hizo constar que en el presupuesto de gastos para la vigencia 2003, existía el rubro I.A.1.b.2.2.-HONORARIOS y que había disponibilidad para comprometer dicho rubro con un saldo disponible a mayo 5 de 2003, por $24.520.000.oo (fol. 156).

4. ALEGATOS DE CONCLUSION El 13 de febrero de 2008, se corrió traslado para alegar de conclusión, (fol. 233), término en el cual el disciplinado ROBERTO ENRIQUE FIGUEROA BELTRAN, presentó alegatos de conclusión, en los siguientes términos (fols. 240 al 249):

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María Isabel Carrillo. Fallo de primera instancia 6 Ratifica lo expuesto en los descargos, relaciona las pruebas que obran en el expediente, expresa que las mismas desvirtúan el cargo formulado y concluye lo siguiente:

1. Se puede concluir que se cumplieron los trámites de afectación y ejecución presupuestal, que fue un error involuntario de quién fechaba las órdenes de servicio la diferencia de un día entre la fecha de su firma y la fecha del certificado de disponibilidad presupuestal. 2) Siendo que la ejecución de los servicios se dio de acuerdo al compromiso presupuestal, se concluye que no había razón para suscribir una orden antes de la existencia de disponibilidad presupuestal, lo cual coincide con la certificación que obra en el expediente que expresa que para el 5 de mayo existía apropiación presupuestal suficiente. 3) Pese a ese error no se alteró ni el servicio prestado, ni la cuantía pactada y pagada, ni las fechas en las que se debía prestar el servicio, en conclusión los requisitos sustanciales se cumplieron cabalmente. 4) Expuso que ese error es inocuo frente a la realidad del compromiso, pues la orden se cumplió dentro de la fecha del día siguiente al error que consignó la orden, coincidente con la fecha del certificado y el registro presupuestal. No obstante el error, como ordenador del gasto, en la misma orden se consignó el rubro al cual se imputaría el gasto, lo cual se pudo hacer porque se tenía la certeza de la existencia de la apropiación y de su monto.

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO El cargo único formulado al señor ROBERTO FIGUEROA BELTRAN hace referencia al hecho de haber suscrito la orden de servicios No. 0065 de 2003, sin que se hubiera expedido, previamente, el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.

Dicho cargo se soportó en que: 1) El 5 de mayo de 2003, la Contraloría Departamental de Bolívar, representado por

Roberto Enrique Figueroa Beltrán suscribió la orden de servicios No. 065 con Plinio Puello Marrugo, con el objeto de que el contratista se comprometiera con la entidad a

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María Isabel Carrillo. Fallo de primera instancia 7 prestar sus servicios profesionales como ingeniero de sistemas, con un término de tres meses y un valor de $3.600.000.oo (fols. 98 y 99). 2) El 6 de mayo de 2003, ARIEL HERRERA GUERRERO, en su condición de Jefe División Financiera de la Contraloría Departamental de Bolívar, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3245 por valor de $3.600.000.oo, con el fin de cubrir los honorarios de Plinio Puello Marrugo (fol. 100). 3) Ese mismo día, el citado funcionario expidió el registro presupuestal No. 3244 (fol. 101). Con relación a los argumentos esgrimidos por el apoderado en los escritos de descargos y alegatos de conclusión, así como en la versión libre rendida por el investigado el 14 de febrero de 2007 (fols. 153 al 155), y que están enfocados básicamente hacía la distinción entre los conceptos certificado de disponibilidad presupuestal y disponibilidad presupuestal propiamente dicha, y a que la exigencia del artículo 25 numeral 6 de la Ley 80 1993, se refiere concretamente a este último, encuentra el despacho que son de recibo; en tanto que, en efecto, el artículo 25 numeral 6 de la ley 80 de 1993, señala que las entidades estatales abrirán

licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. Igualmente, el artículo 41 íbidem establece que para la ejecución de estos contratos se requiere la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. Es así como, a pesar de que, el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3245 del 6 de mayo de 2003 (fol. 100) que amparó el compromiso asumido en virtud de la orden que nos ocupa, fue expedido con fecha posterior a la suscripción del mismo, es decir, el 5 de mayo de 2003, con imputación presupuestal B 22 Honorarios, por valor de $3.600.000, con el objeto de pagar la prestación de servicios profesionales de PLINIO PUELLO MARRUGO, según lo manifestó el disciplinado, esto se debió a un error del funcionario que tenía a su cargo la operación de colocar la fecha, pero que sí se verificó la existencia de la disponibilidad para garantizar el pago de la obligación adquirida. Finalmente, el 6 de mayo de 2003, fue expedido el registro presupuestal No. 3244 (fol. 101), con el fin de cubrir los honorarios de PLINIO PUELLO MARRUGO, por

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María Isabel Carrillo. Fallo de primera instancia 8 valor de $3.600.000, por medio del cual se radicó la obligación a nombre del contratista, especificando concretamente el objeto del gasto. Ahora bien, en relación con el requisito previo denominado: “Certificado de Disponibilidad Presupuestal”, necesario para los procesos de selección o para la

celebración de los contratos estatales, debe este despacho centrar esta investigación en el sentido de establecer si este debe constar necesariamente en un documento, o sí es suficiente la verificación de la existencia de la disponibilidad en el presupuesto de la entidad. Al respecto la doctrina considera: El certificado de disponibilidad presupuestal es el acto mediante el cual la entidadnormalmente con la intervención del jefe o director de presupuestomanifiesta, mediante un documento, que en el presupuesto aprobado para la correspondiente vigencia existe un rubro para atender el gasto que se causará con ocasión del contrato. El registro presupuestal, por el contrario, es un acto posterior a la firma del contrato que radica definitivamente los recursos en función del gasto que se ha comprometido, y por consiguiente no ostenta un carácter general sino especifico; en él se precisa tanto el valor como el objeto del gasto y la persona que será beneficiada con el mismo. El requisito contenido en el E.C. [Estatuto Contractual] es de verificación de la existencia de las correspondientes partidas o disponibilidades presupuestales. No es necesario, en consecuencia, que se expida un certificado o documento en el que conste el cumplimiento del requisito, será suficiente que se examine si dentro del presupuesto existe una partida que pueda destinarse a cubrir el gasto. 1 La sala disciplinaria de este ente de control, en un caso similar al que en esta oportunidad se juzga, se pronunció a favor de la absolución del disciplinado en el siguiente sentido2: De conformidad con las pruebas descritas debe aceptarse que inconvenientes de orden técnico pudieron incidir en el hecho que el certificado de disponibilidad presupuestal no hubiera sido expedido con

1 JORGE PINO RICCI, El Régimen Jurídico de los Contratos Estatales, Página 172. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 2 Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, decisión del 28 de junio de 2007, aprobado en acta de Sala No. 27, expediente No. 161-3516, disciplinado: Director de CARSUCRE, apelación fallo de instancia.

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María Isabel Carrillo. Fallo de primera instancia 9 anterioridad a la fecha en que el disciplinado impartió la autorización el 1º de agosto de 2002, sino el día 9 de dicho mes y año, pero ello no significa que el implicado no se hubiera cerciorado de la existencia de apropiación disponible para la asunción de dicho compromiso, pues la orden impartida al señor (…) para poner a disposición de la Corporación un vehículo durante el mes de agosto, fue para ser utilizado en el transporte de los funcionarios a diversos municipios dentro del marco del Plan Estratégico para la Restauración y el Establecimiento de Bosques en Colombia “Plan Verde”: Bosques para la Paz (fl. 58 C.O.1), es decir, estaba relacionado su objeto con una específico programa, que a su vez contaba con recursos destinados específicamente a su ejecución que no podían ser utilizados para ningún otro fin, recursos que ascendía al monto de $13.576.160, de los cuales habían sido comprometidos previamente $10.500.000 (fls. 26, 27, 49 y 50 C.O.1), pudiendo aún comprometerse un saldo de $3.076.160, el cual no superó la orden impartida en agosto de 2002, que fue por $1.500.000. En consecuencia

es dable concluir que se cumplió con el propósito o finalidad del certificado de disponibilidad presupuestal, cual es tener la certeza de la existencia de apropiación presupuestal suficiente para atender el gasto, tan es así que fue expedido dicho certificado el día 9 de agosto de 2002 y el registro presupuestal en la misma fecha (fl. 57 C.O.1); razones que conducen a esta instancia a concluir que se debe absolver al disciplinado por esta imputación. (Subrayado nuestro). Con base en los planteamientos anteriores, se advierte que, en el presente caso, se cumplió con el propósito o finalidad del certificado de disponibilidad presupuestal, cual es tener la certeza de la existencia de apropiación presupuestal suficiente para atender el gasto. Es así como con antelación a la firma de la orden 065 de 2003 objeto de investigación, existía la respectiva partida o disponibilidad presupuestal para amparar dicho compromiso, ello se encuentra demostrado con la certificación expedida por ARIEL HERRERA GUERRERO, Jefe de la División Financiera y Presupuestal de la Contraloría Departamental de Bolívar, en la que hizo constar que en el presupuesto de gastos de la vigencia año 2003, existía un rubro denominado 1.A.1.b.2.2. HONORARIOS, y que había disponibilidad para comprometer dicho rubro, con un saldo disponible de $24.520.000 al 5 de mayo de 2003 (fol. 156).

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María Isabel Carrillo. Fallo de primera instancia 10 En efecto, se consignó en la orden de servicio No. 0065 que su valor, es decir,

($3.600.000), se imputaría al rubro 1.A.1.B.2.2 HONORARIOS (fol.161). Se prueba, entonces, que existía la disponibilidad presupuestal previamente al proceso contractual, como lo demuestra la citada certificación. En consecuencia, el cargo atribuido a ROBERTO FIGUEROA BELTRAN, queda desvirtuado, como quiera que se tiene probado que sí se verificó la existencia de apropiación presupuestal suficiente para respaldar la erogación a cargo de la orden objeto de investigación. Por tal razón, se hace imperativo el deber de absolver al disciplinado. Por tal razón, este Despacho considera que en el presente caso, no hubo responsabilidad por extralimitación u omisión en el ejercicio de funciones, como tampoco quebrantamiento de procedimiento normativo alguno por parte del investigado, por lo que se aceptan las exculpaciones presentadas, tanto en el escrito de descargos como en el de alegaciones previas al fallo, y se procede a absolverlo por el cargo único formulado y así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. Con fundamento en las razones anteriormente expuestas, la Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal RESUELVE: PRIMERO: Absolver del cargo único formulado en la presente investigación a ROBERTO FIGUEROA BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía 7.883.362 de Arjona (Bolívar), en su condición de Contralor Departamental de Bolívar, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar expuestas en la parte motiva de la presente providencia; y en consecuencia, se ordena el archivo definitivo de las diligencias.

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, NOTIFIQUESE esta providencia, a través de la Procuraduría Regional de

Bolívar, a ROBERTO FIGUEROA BELTRAN, en MANGA - AVENIDA CALIFORNIA

CONJUNTO RESIDENCIAL LOS GIRASOLES CASA 16, en Cartagena (Bolívar).

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TERCERO: Ordenar que, por la Unidad Coordinadora de las Delegadas para Contratación Estatal, se libren las comunicaciones y se hagan las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NORA CECILIA GÓMEZ MOLINA

Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal

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