PGN - Documento 201603101155034

Dependencia: PROCURADURIA DELEGADA PARA LA ECONOMIA Y

LA HACIENDA PÚBLICA

Radicación 028-137192/06 Disciplinado MARIO SOLANO CALDERON Cargo y Entidad Gerente General de Cajanal SA EPS Quejoso De Oficio

Fecha Queja: 13-02-06

Fecha hechos: 2003-2004

Asunto: Fallo de Primera Instancia

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2007 Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1o literal b) del artículo 25 del Decreto 262 de 2000 y el artículo 19 de la Resolución 017 del mismo año, proferida por el Procurador General de la Nación, procede esta Delegada a definir en primera instancia el proceso disciplinario adelantado contra el doctor MARIO SOLANO CALDERON en su condición de Director de CAJANAL S.A. EPS. 1.- ANTECEDENTES Con fundamento en la queja suscrita por la doctora FANNY SANTAMARIA TAVERA, Liquidadora de Cajanal S.A., en documento enviado al Procurador General de la Nación, mediante providencia del 21 de marzo de 2007, se ordenó iniciar investigación disciplinaria contra el doctor MARIO SOLANO CALDERON, Director de Cajanal S.A. EPS en Liquidación, para la época de los hechos, orientada a establecer las presuntas irregularidades en que pudo incurrir al suscribir el acuerdo del 1° de diciembre de 2003, con Fressenius Medical Care Colombia S.A. para la realización del pago de servicios médicos con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que tenían destinación específica, sin haberse expedido el certificado de disponibilidad previo y por el incumplimiento de los trámites

presupuestales, contables y de tesorería necesarios para la autorización y el pago del compromiso. 2-. CARGOS: Al doctor MARIO SOLANO CALDERON, Gerente de Cajanal, cargo que desempeñó desde el 7 de octubre de 2003 hasta el 22 de junio de 2004, se le requirió disciplinariamente por: “Utilizar en forma irregular la suma de $9.000.000.000 que había sido objeto de medida cautelar en la cuenta de ahorros Nº 126-045721-32 denominada CAJANAL EPS FOSYGA SALUD del Banco de Colombia y destinarla para el cumplimiento del acuerdo de pago suscrito el 1° de diciembre de 2003 con Fressenius Medical Care Colombia S.A., en cuantía de $8.520.499.062, a pesar de que esos recursos pertenecían al Sistema General de Seguridad Social en Salud, por concepto del recaudo de las cotizaciones de los afiliados, sin que dichos recursos se hubieran compensado previamente a cada una de las empresas prestadoras del servicio de salud en proporción al número de afiliados cotizantes, por el sistema de Unidades de Pago por Capitación (UPC). Igual proceder irregular se pudo estructurar con la suma de $479.500.938 que se aplicó a favor de la UT Massalud Chocó. De otra parte, para atender dichos acuerdos de pago al parecer se omitió la expedición del certificado de disponibilidad previo y del registro presupuestal correspondiente, a fin de garantizar la existencia de recursos que permitieran atender esos compromisos y la coherencia entre la fuente de financiamiento y el objeto de la

obligación.” Se citaron como normas transgredidas los Artículos 9°, 182, 205 y 220 de la Ley 100 de 1993; artículos 1° y 3° del Decreto 1013 de 1998; artículos 8°, 21 y 22 del Decreto 115 de 1996; Ley 734 de 2002 artículo 34, numerales 3, 4 y 21 y artículos 6° y 48 de la Constitución Política y la Resolución Nº 002577 del 09 de mayo de 1994 “Por la cual se aprueba el Manual Especifico de Funciones y Requisitos, de los diferentes empleos de la Planta de Personal de la Caja Nacional de Previsión Social” (folios 166A al 168 del c.o.). La falta se calificó como GRAVE a título de DOLO. 3 -PRUEBAS: El Cargo se sustentó en las siguientes pruebas allegadas al plenario: - Acuerdo de pago del 1° de diciembre de 2003, entre la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANALy Fressenius Medical Care Colombia S.A., para la realización del pago de servicios médicos con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, (folios 1 al 4 del c.o.). - Copia del oficio suscrito por Mario Solano Calderón, Presidente de Cajanal SA EPS, a través del cual solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia que endosara el título a favor de Fressenius Medical Care de Colombia, de fecha 28 de enero de 2004. (Folio 34 del c.o.) - Certificación expedida por la doctora DORA CECILIA MARTINEZ V, Coordinadora del Grupo de Presupuesto de Cajanal, donde hace constar que no se encontró

evidencia de la expedición de un compromiso presupuestal ni orden de pago a favor de Fressenius Medical Care Colombia por valor de nueve mil millones de pesos ($9.000.000.000) (folio 46 del c.o.). - Certificación expedida por la Tesorera General de Cajanal SA EPS en Liquidación, donde certifica que: (folio 45 c.o.) “Que el día 27 de diciembre de 2002, fue embargada la cuenta de ahorros 126-045721-32 de Bancolombia, cuenta rentable del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por NUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000.000), para dar cumplimiento a medida decretada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, Proceso Ejecutivo Singular, de MASSALUD COMFACHOCO, Nit 800.115.140 contra Cajanal EPS.” “Que a partir del informe del Coordinador Jurídico de fecha 22 de septiembre de 2005, en el que se manifiesta que el Tribunal Administrativo de Antioquia levantó el embargo en el mes de enero de 2004, procedí a verificar si el producto de ese título ingresó por caja del nivel central o seccional, a cuentas propias de Cajanal, a cuentas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y constaté que dicha suma no fue reintegrada a ninguna de las cuentas anteriormente descritas”. “Que revisados los egresos de la sociedad no se encontró registro contable, ni soporte que documente el pago a FRESSENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. NIT 830.007.355-2, por $9.000 millones el día 28 de enero de 2004, ni en fecha posterior, con el cheque de gerencia

No. 0613832 del Banco Agrario de Colombia por dicha suma”. - Copia del cheque Nº 0613832 del Banco Agrario de Colombia, de fecha 28 de enero 2004 a nombre de Fressenius Medical Care Colombia SA, por valor de ($9.000.000.000), visible a folio 36 del expediente. - Sentencias del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión del 12 de diciembre de 2003 y 22 de junio de 2004. (Folios 20 al 36 del c.o). - Oficios suscritos por MARIO SOLANO CALDERON, Gerente General de Cajanal y dirigidos al Tribunal Contencioso Administrativo de Medellín y de Antioquia, autorizando el endoso del título valor a favor de Fresenius Medical Care. (Folios 33 al 35 del c.o.) - Oficio suscrito por LUCY MALAGON SANDOVAL, dirigido al Banco Agrario de Colombia, solicitando se expidiera cheque a nombre de Fresenius Medical Care. (Folio 39 del c. o.). - Actas de visita adelantadas en Cajanal EPS. (Folios 112 a114 y 211 al 214 del c. o.). - Ficha técnica de depuración contable Nº 0042 del 26 de abril de 2006, reclamaciones asistenciales de Fressenius, con sus respectivos soportes, visible a folio 1 del cuaderno anexo.

4. DESCARGOS: La Apoderada consideró que existen dos conductas que se imputan al implicado: La primera “Utilizar de manera irregular recursos del sistema General de Seguridad Social en Salud, por valor de 9 mil millones que se hallaban en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 126-045721-32 supuestamente embargada desde el 27 de

diciembre de 2002, por proceso que cursara ante el Juzgado 10 Civil del Circuito de Medellín, el que fuera iniciado por MASSALUD COMFACHOCO contra Cajanal EPS”, lo cual dice no es cierto, porque la precitada cuenta no estuvo embargada durante la vigencia 2003, como se advierte de la Resolución 281 de marzo 1 de 2004, de la Superintendencia Nacional de Salud, a través de la cual se levantó la autorización para administrar y operar el régimen contributivo a Cajanal, en cuyos apartes se señaló que en esa cuenta registrada como del FOSYGA se presentaron desembolsos por conceptos diferentes a los asociados con el proceso de compensación, durante los meses de junio y septiembre de 2003, es decir, no habilitados por el Fosyga. Hecho que corroboró además el informe del Revisor Fiscal de Cajanal de esa época, circunstancia por la que no puede atribuírsele dolo al investigado respecto de un supuesto interés en usar recursos del Sistema de Seguridad Social ubicados en dicha cuenta, porque en todos los documentos suscrito por él siempre se refirió a la cuenta 126-04846453 de Bancolombia que manejaba el Tribunal Administrativo de Antioquia, luego no existió intensión de utilizar los recursos del Fosyga para cancelar deudas adquiridas por Cajanal en su condición de EPS . Y la segunda “Atender los Acuerdos de pago suscritos con Fresenius Medical Care y con Massalud-Confachoco sin la expedición del certificado de disponibilidad previo y del registro presupuestal correspondiente, a fin de garantizar la existencia de recursos que permitieran atender esos compromisos y la coherencia entre la fuente

de financiamiento y el objeto de la obligación”, hecho que se originó entre otros en las afirmaciones del oficio de queja de fecha 31 de enero de 2005 suscrito por la liquidadora Fanny Santamaría, según los cuales no se encontró registro contable ni presupuestal, ni soporte que pruebe el pago a FRESENIUS MEDICAL CARE COLMBIA S.A., por concepto de los 9 mil millones de pesos, pero que sin embargo, afirma la apoderada, luego de revisiones se comprobó que la deuda debidamente adquirida con esa Firma durante los años 1997 a 2003 superaba los 16 mil millones de pesos representadas en facturas y cuentas de cobro entregadas a Cajanal, deuda debidamente adquirida porque en el momento de adquirir cada compromiso cumplió con los trámites presupuestales del CDP y registro presupuestal que se perfeccionaron conforme a la Ley y que obligaban a la Entidad a cancelar los servicios debidamente recibidos y que a esa fecha se encontraban solo las facturas pendientes de pago, y que según el Concepto del Consejo de Estado, los compromisos una vez ejecutados por el contratista debidamente adquiridos y perfeccionados deben ser cancelados por la Entidad. Agregó la defensa que las actividades objeto de los acuerdos de pago suscritos con la precitada firma corresponden a obligaciones debidamente adquiridas por Cajanal EPS con cargo a contratos o autorizaciones realizadas desde 1997 a 2002 que ya no eran objeto de ingreso y apropiación y compromiso en la vigencia 2003 y que estaban calificadas como deuda en el pasivo del Balance de Cajanal EPS, luego no era posible volverlas a considerar en el presupuesto de la entidad pues tenían que

estar debidamente provisionadas, y que para verificar esta afirmación obra el Balance Comparativo de Cajanal EPS con corte a Diciembre de 2003, las notas a los estados financieros del mismo año y el informe preliminar de saldo consolidado de la EPS a diciembre de 2003 de la Vicepresidencia Financiera. Que las facturas objeto del acuerdo para diciembre de 2003 no estaban contabilizadas en el presupuesto de 2003 de Cajanal EPS, sino en el Balance de Cajanal, aspecto reglado taxativamente por la Ley Orgánica de Presupuesto y el Decreto 115 de 1996, en el sentido de que se presupuestan los ingresos a causar en la vigencia y los gastos a comprometer en la misma vigencia, esto es, en virtud del principio de anualidad, teniendo en cuenta que se eliminó el concepto de vigencias expiradas, al presentarse una doble presupuestación. Asegura la Apoderada que el Acuerdo de pago que se suscribió en diciembre de 2003, no fue un acto administrativo con el que se adquirieron los compromisos de pago, porque existían desde 1997 facturas con las que se podía requerir el pago por vía judicial, sino que éste fue un instrumento para definir la forma en que la entidad pagaría con su patrimonio y no con recursos del presupuesto de la vigencia, haciendo alusión al sistemas SIDEF de la Contraloría General de la República, que se implementó precisamente al no existir claridad al respecto, y que fuera remitido con oficio S.P.A No. 18 de abril 23 de 2004 al Coordinador del Grupo de Contabilidad de CAJANAL, previniéndole de la necesidad de preparar la información que se requería para diligenciar el módulo de flujos económicos, en los cuales se ordenó

proceder a detallar todo lo relativo a los acuerdos de pago suscritos y a los embargos efectivamente cruzados patrimonialmente para el pago de obligaciones de Cajanal EPS, concluyendo que en el informe de deuda realizado por dicha dependencia, el detalle de las obligaciones objeto del acuerdo de pago y de investigación, ya se había excluido de la deuda soportada por las facturas que reposaban en la Auditoría Financiera de la Entidad, y que lo que procedía era realizar en contabilidad el cruce de cuentas, entre activos y pasivos de los cuales tuvo conocimiento la Junta Directiva de la entidad, pues se requería de su autorización para hacerlos efectivos conforme a las normas legales y que así se hizo, en reunión de febrero de 2004 donde se le presentó a dicha junta el informe de viabilidad de Cajanal siempre que se pagara la provisión de pasivos IPS en un monto superior a los 72 mil millones de pesos, de los cuales tenía en su activo embargos en cuantía superior a 27 mil millones de pesos por los juzgados respectivos . (Folios 72 a 93) 5.- CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Este Despacho es el competente para proferir fallo de primera instancia dentro del presente asunto según lo dispuesto por el artículo 25, numeral 1, literal b) del Decreto 262 de 2000. - ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, Al confrontar y analizar el material probatorio y los argumentos expuestos por la defensa del doctor Mario Solano Calderón, este Despacho considera que el funcionario investigado debe ser sancionado disciplinariamente por las siguientes razones: La firma MASSALUD LTDA inició proceso ejecutivo en contra de CAJANAL EPS.,

por las sumas de dineros representadas en 19 cuentas de cobro que la primera le presentó a la segunda en virtud de la atención de los pacientes que atendió en desarrollo del contrato de prestación de servicios que suscribieron y que al momento de presentada la demanda ante la justicia ordinaria ascendía a $2.066.000.723.00, proceso dentro del cual el Juzgado 10 Civil del Circuito de Medellín ordenó mediante providencia de diciembre 19 de 2002, el embargo de $9 mil millones de pesos de la cuenta Número 12604846453 que tenía Cajanal en el Banco de Colombia. Es de anotar que el Juzgado 10 Civil del Circuito de Medellín realizó diligencia previa, en la que el Director Seccional de la entidad demandada no reconoció ni la firma ni el contenido de los documentos con los que se pretendía ejecutar a Cajanal. Posteriormente el proceso fue remitido por competencia al Tribunal Administrativo de Antioquia en virtud de lo establecido en el artículo 75 inciso primera de la Ley 80 de 1993, según la cual, todas las controversias que se originen en los contratos estatales son dirimidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, incluyendo los procesos de ejecución y cumplimiento; Despacho que luego de estudiar los documentos allegados al plenario, con providencia de diciembre 12 de 2003, negó el mandamiento de pago solicitado por la demandante en razón a que no se aportó el titulo ejecutivo idóneo que sirviera de fundamento a la ejecución como era el contrato de prestación de servicios y además el Director Seccional de la entidad demandada no reconoció ni la firma ni el contenido de las cuentas de cobro

con las que se pretendía ejecutar a Cajanal y en consecuencia, ordenó el levantamiento de la medida cautelar y la devolución del título. (Folios 20 a 29) Conocida la anterior decisión, los apoderados de las partes mediante escrito de enero 13 de 2004 solicitaron “…levantamiento de la medida cautelar que recae sobre la cuenta corriente Nro. 12604846453 de Bancolombia por la suma de Nueve mil Millones de Pesos M/cte ($9.000.000.000.oo)” y además, “…el fraccionamiento del título judicial a fin de cancelar, por una parte la suma acordada, esto es, CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($479.500.938.oo); a favor del accionante y la diferencia, esto es, OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CERO SESENTA Y DOS PESOS ($8.520.499.062.oo); serán entregados a la sociedad FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A… de conformidad con el acuerdo de pago de fecha 01 de diciembre de 2003, suscrito entre CAJANAL y FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. Finalmente solicitamos de mutuo acuerdo la terminación del proceso de la referencia, que no se condene en costas a ninguna de las partes y la renuncia de términos de traslado y ejecutoria”. (fls 33 a 35) El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de decisión, en providencia de enero 22 de 2004, se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno sobre la solicitud en

referencia, señalando que el auto que denegó el mandamiento de pago se encontraba en firme desde el 13 de enero de 2004, y que como lo señaló esa Corporación, en el caso puntual, no se trabó la relación jurídico procesal y por ende no puede decirse que existió proceso y por lo que el Tribunal, carecía de competencia para aprobar o negar la solicitud presentada. (folios 30 a 32). Con fecha enero 28 de 2004 el funcionario implicado solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia como Representante Legal de Cajanal que el título judicial que en virtud de la orden de desembargo emitida por ese Despacho, debía librarse a favor de la Entidad, se endosara a nombre de FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A, y fuera entregado al Representante Legal Suplente de dicha Compañía, doctor JHONNY WITHMAN IBARRA PEÑALOSA. (folio 34) En esa misma fecha, la doctora LUCY MECON SANDOVAL, a quien el implicado concedió poder, solicitó al Banco Agrario de Colombia Oficina Ciudad Botero, “que el cheque por el pago del depósito judicial de la referencia sea girado a nombre de FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A…lo anterior en virtud del acuerdo de pago suscrito entre Cajanal y Fresenuis Medical Care S.A….(folio39) Valoradas las pruebas se advierte que la orden judicial impartida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín a través del oficio 1707 de fecha 19 de diciembre de 2002 para que se embargarán los recursos propios que Cajanal manejaba en la cuenta corriente 12645721-32 del Banco de Colombia, no se aplicó

contra ésta, no obstante que existía orden expresa, sino que inexplicablemente se embargaron los recursos de la cuenta número 12604846453 del mismo Banco de Colombia en la que se depositaban los recurso del Sistema General de Seguridad Social en Salud, constituyéndose el titulo judicial número 413230000246424 por valor de $9 mil millones por parte del Banco Agrario de Colombia, no obstante que existía disponibilidad en la cuenta en la que se ordenó realizar la medida cautelar, situación que como lo puntualiza la defensa desvirtúa un supuesto interés de utilizar irregularmente los recursos del Sistema de Seguridad Social consignados en dicha cuenta, porque efectivamente en todos los documentos suscrito por él siempre se refirió a la cuenta 126-04846453 del Banco de Colombia en la que Cajanal manejaba los recursos propios. Sin embargo, subsiste el hecho irregular de haber suscrito el Acuerdo de pago con Fresenius Medical Care y con Massalud-Confachoco sin contar con la expedición del certificado de disponibilidad previo y del registro presupuestal correspondiente, a fin de garantizar la existencia de apropiación que permitiera atender esos compromisos y además asegurar que el objeto de la obligación correspondiera a la fuente de financiamiento de los recursos utilizados. En efecto, al tenor de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 115 de 1996, expresamente consagra que todos los compromisos o actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con el certificado de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos; a su turno el artículo 22 ibídem señala que no podrá tramitarse o legalizarse acto administrativo u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos

cuando no reúnan los requisitos legales, y en el evento de incumplirse esta exigencia legal, será responsable fiscal y penalmente el ordenador del gasto. En el caso subjudice, el acuerdo de pago que se cuestiona como ya se puntualizó requería de las operaciones presupuestales correspondientes, como son el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal, instrumentos de control que permiten determinar la existencia de apropiación presupuestal disponible para atender un compromiso y lo más importante, precisar de un lado, si el objeto de éste desarrolla la destinación que tiene el recurso a fin de no modificarla y quebrantar el ordenamiento legal por desconocimiento del principio de la especialización, es decir, que le era exigible al implicado, en forma previa a la suscripción del acuerdo en referencia y de dar la orden de que se giraran los recursos desembargados a favor de la precitada firma, adelantar el procedimiento legal previsto para la cancelación de cualquier obligación, trámite que de haberse cumplido, había evitado que se presentará la incoherencia que se suscito entre la fuente de financiamiento de los recursos utilizados y el objeto de la obligación que se canceló, por tratarse de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tenían destinación especial. En efecto, independientemente de la fuente de los recursos que utilizó el implicado para cancelar el Acuerdo que suscribió con la firma Fressenius Medical Care Colombia S.A., para el pago de servicios médicos derivados de la prestación de servicios en vigencias anteriores, durante las cuales, no se atendió el pago de dichas obligaciones con la fuente presupuestal inicialmente afectada para tal fin, hecho que

el implicado no desconocía pues en uno de los apartes del acuerdo se señaló que las acreencias eran “ obligaciones dinerarias con una vigencia mayor a trescientos sesenta y cinco días”, debió previo a suscribir el acuerdo, adelantar los trámites presupuestales correspondientes que garantizaran la existencia de recursos propios de la Entidad, en la medida en que, se repite, como no se cancelaron dentro de la anualidad en la que se adquirieron, principio este que desarrolla la temporalidad de los compromisos presupuestales, estos fenecieron, y por tanto, debió adelantarse nuevamente todos los trámites presupuestales que exige la ley para el pago de cualquier compromiso, no obstante lo anterior, el implicado al suscribir el Acuerdo de pago el 1 de diciembre de 2003, en el que a pesar del reconocimiento concreto de los valores a pagar, simplemente se limitó a señalar que la deuda se cancelaría directamente con los recursos de los desembargos de las cuentas que la Entidad tenía embargadas para ésa poca en las diferentes ciudades del país, incumpliendo así abiertamente los trámites presupuestales, contables y de tesorería exigidos legalmente para la autorización de cualquier pago. Grave resultó en consecuencia la conducta negligente del implicado, porque sin adelantar los trámites presupuestales que expresamente exigen las normas, luego de suscribir el acuerdo de pago objeto de investigación, se limitó a conceder el 27 de enero de 2004 poder amplio y suficiente a LUCY MECÓN SANDOVAL, para que endosara y recibiera en nombre de dicha entidad el título judicial que expidiera el Tribunal Contencioso Administrativo de Medellín y en similares términos se dirigió al

Tribunal Administrativo de Antioquia, ordenando que “… el título judicial que en consecuencia debe ser emitido a nuestro favor sea endosado a nombre de FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A., …. y sea entregado al Representante Legal Suplente de dicha compañía, Doctor JHONNY WITHMAN IBARRA PEÑALOZA…”, petición que la Entidad Bancaria hizo efectiva a través del cheque número 0613832 del 28 de enero de 2004, girado por la suma de $9.000 millones, y que confirma haber recibido Fresenius Medical Care, en oficio visible al folio 152 del cuaderno original, donde manifiesta que de los $9.000 millones recibidos, tomó $8.520.499.060 y que le entregó $479.500.938. a U.T. MASSALUD – COMFACHOCO, corroborándose así el incumplimiento de normas legales de obligatorio cumplimiento como ordenador del gasto de la Entidad. Debe advertirse que por tratarse de obligaciones adquiridas con una vigencia mayor a trescientos sesenta y cinco días, cuya fuente presupuestal inicialmente afectada se ejecutó dentro del término de la vigencia fiscal correspondiente, sin embargo como no se pagó feneció la apropiación que respaldaba dicho pago, pero como fueron obligaciones que legalmente se adquirieron porque cumplieron todos los tramites presupuestales, de todas maneras debían ser canceladas, como lo señaló la Apoderada del Implicado citando un concepto del Consejo de Estado, porque la administración no se puede enriquecer sin justa causa, pero se repite, una vez agotados los trámites presupuestales que garanticen la existencia de apropiación

presupuestal disponible para atender el compromiso.

CALIFICACIÓN DEL ELEMENTO SUBJETIVO DE LA FALTA

Y SANCION DISCIPLINARIA.

Del análisis del material probatorio precedente, se advierte que la calificación del elemento subjetivo de la falta asignada en el auto de cargos vario, al no advertirse dolo en la conducta del implicado, sin embargo considera este Despacho que dado el análisis expuesto, se advierte claramente que incurrió en falta grave a titulo de culpa por desatención e inobservancia de reglas de obligatorio cumplimiento, como era la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender el gasto y el registro presupuestal correspondiente, limitándose simplemente a solicitar al Tribunal Administrativo de Medellín y/o Entidad Bancaria, la entrega directa de los dineros desembargados a la firma acreedora, permitiendo incluso que entre ellas se hiciera la distribución de los recursos como a bien tuvieran, de lo cual dejó al descubierto la forma irresponsable como ejerció las funciones que el cargo le imponía, como máxima autoridad de la Entidad y ordenador del gasto. (artículo 43 numeral 1 y 4). En consecuencia, la sanción a imponer es la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos meses como sanción principal, e inhabilidad por el mismo término para ejercer funciones públicas, como sanción accesoria, conforme a los supuestos normativos contendidos en el artículo 47 numeral 1 literal j) de la Ley 734 de 2002, en la medida en que omitió con su proceder el trámite presupuestal analizado a

espacio en la presente providencia, no obstante que como Gerente de Cajanal, a más de llevar la representación legal de la Entidad, debía suscribir los actos conforme a las normas legales, labor que dada la jerarquía y mando le exigía mayor cuidado y responsabilidad en sus decisiones. Finalmente con el disciplinado laboró hasta el 27 de octubre de 2003, no es posible la ejecutoria de la sanción de suspensión, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, esta se convertirá en multa equivalente a 60 días, equivalentes a $10.687.838, sin perjuicio de la inhabilidad impuesta, la cual será consignada a favor de la Oficina de Bienestar Social de la Entidad. En mérito de lo anteriormente expuesto, el Procurador Delegado Para La Economía y la Hacienda Pública RESUELVE: PRIMERO: Sancionar disciplinariamente al doctor: MARIO SOLANO CALDERON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 79 334.793 expedida en Bogotá, en su calidad de Gerente General de Cajanal S.A. EPS, con multa de 60 días, equivalentes a $10.687.838 del salario mensual que devengaba para la época en que ocurrieron los hechos materia de cargos, como sanción principal, e INHABILIDAD POR DOS MESES para ejercer funciones públicas, como sanción accesoria.

SEGUNDO: Por el Centro de notificaciones de la Procuraduría General de la Nación, notifíquese en legal forma esta decisión a las partes procesales a quienes en la respectiva diligencia se les dará a conocer la facultad que tiene para interponer el

recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la entidad, dentro de los tres días siguientes al de la notificación, en caso contrario la providencia quedara en firme y ejecutoriada. En caso que no fuere posible efectuar la notificación personal, se realizará por Edicto, en los términos establecidos en el artículo 107 de la Ley 734 de 2002...

TERCERO: Por la Unidad Coordinadora, déjense las anotaciones de ley; así como las comunicaciones del caso.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

YOLANDA GOMEZ RESTREPO

Procurador Delegado

YGR/AA58