PGN - Documento 201603101155070

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación: 162-126935-05

Investigado: Raúl Tarud Jaar

Cargo: Director General

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Atlántico Informe: Corporación Autónoma Regional del Atlántico Fecha informe: 11 de abril de 2005

Fecha hechos: 16 de enero de 2003

Asunto: Declaratoria de Nulidad Parcial del Auto de Cargos y Fallo

de Primera Instancia Bogotá D.C., 10 de julio de 2007

I. ASUNTO Procede este despacho a declarar la nulidad parcial del auto de cargos y a proferir fallo de primera instancia dentro del presente proceso disciplinario adelantado contra RAÚL TARUD JAAR, Director General de la Corporación Autónoma Regional del

Atlántico.

II. ACTUACION PROCESAL Con base en informe del 11 de abril de 2005 presentado por el doctor Tohnny Palencia Londoño, Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la Procuraduría Regional del Atlántico, por auto del 19 de mayo de 2005 ordenó la apertura de indagación preliminar contra Raúl Tarud Jaar y Edgar Beltrán, en sus calidades de Director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico e Interventor del contrato núm. 00213 de 2002, por posibles irregularidades relacionadas con la falta de informes de interventoría, la modificación del porcentaje del anticipo sin que se cambiaran las pólizas, la suspensión del contrato sin que se ampliaran las pólizas y el incumplimiento del objeto contractual (folios 81 y 82).

Posteriormente, por auto del 26 de julio de 2005 la Procuraduría Regional remitió el

expediente a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal (Reparto), correspondiéndole a la Delegada para la Moralidad Pública. Mediante auto del 22 de septiembre de 2005, este Despacho, ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra RAÚL TARUD JAAR y EDGAR ENRIQUE BELTRÁN ROMERO, en sus condiciones de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico e Interventor del contrato 00213 de 2002, respectivamente, por posibles irregularidades en la celebración y ejecución del mencionado contrato (folios 107 a 109), la cual fue ampliada el 4 de abril de 2006 (folios 426 a 429).

III. DE LOS CARGOS Esta Delegada por auto del 13 de septiembre de 2006, formuló Auto de Cargos a RAÚL TARUD JAAR, Director General de la Corporación Autónoma Regional del

1 Atlántico, para la época de los hechos, en los siguientes términos (ver folios 483 y ss.):

“CARGO PRIMERO

A. Descripción de la conducta irregular El señor RAÚL TARUD JAAR, en su condición de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., no exigió el cumplimiento y ejecución idónea y oportuna del contrato 00213 de 2002 que suscribió con la firma D & K Ediciones E.U. con el objeto de llevar a cabo la edición y distribución de 5000 ejemplares de revistas de carácter institucional de la Corporación, con un plazo de ejecución de dos (2) meses, por cuanto a pesar de haber cancelado al contratista el

valor inicialmente pactado como anticipo, dentro del término del contrato no se entregaron a la entidad las revistas de carácter institucional, causando un detrimento del patrimonio público”. Se le señaló que con su comportamiento puede estar incurso en falta disciplinaria, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, por cuanto incumplió los deberes funcionales previstos en el artículo 34, numerales 1 y 2 de la citada ley, consistentes en cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio encomendado y que, además, posiblemente desconoció el principio de responsabilidad previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, numerales 1, 2 y 5, , por cuanto como servidor público estaba obligado a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, a proteger los derechos de la entidad y de los terceros que pudieran verse afectados por la ejecución del contrato, debiendo responder por sus actuaciones y omisiones, máxime cuando como Director General de la Corporación tenía la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual. La falta se calificó provisionalmente como GRAVISIMA, de acuerdo con el artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002 y a título de DOLO.

“CARGO SEGUNDO

A. Descripción de la conducta irregular El señor RAÚL TARUD JAAR, en su condición de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., al parecer el 16 de enero de 2003 suscribió el acta de suspensión y modificación

del contrato No. 0213 del 27 de agosto de 2002, realizando una descripción típica consagrada en la ley como delito, específicamente en el delito de falsedad ideológica en documento público (artículo 286 del C.P.)”. Con su comportamiento, se consideró que se vulneraron los deberes contenidos en el artículo 34, numerales 1° y 2° de la Ley 734 de 2002, por cuanto como servidor público tiene el deber de cumplir y hacer cumplir los deberes contenidos en la Constitución y la ley y cumplir con eficiencia, diligencia e imparcialidad el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso indebido 2 del cargo o función, teniendo en cuenta que el investigado en ejercicio de su cargo realizó objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, pues probablemente su conducta se adecua al delito de falsedad ideológica en documento público previsto en el artículo 286 del Código Penal. El auto de cargos fue notificado personalmente el 5 de diciembre de 2006, al investigado RAÚL TARUD JAAR (folio 498 del cuaderno 3), presentando escrito de descargos el doctor JAVIER ENRIQUE MÚNERA OVIEDO, dentro del término previsto en el artículo 166 del Código Disciplinario Único y solicitando la práctica de pruebas (folios 499 a 510 del cuaderno 3).

IV. DE LOS DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSION Dentro de su oportunidad legal, el doctor JAVIER ENRIQUE MÚNERA OVIEDO, presentó memorial de descargos solicitando la práctica de pruebas y mediante auto

del 6 de marzo de 2007, esta Delegada le reconoció personería jurídica para representar al investigado y ordenó la práctica de pruebas (folios 549 a 551). En el memorial de descargos (folios 499 a 510 del cuaderno 3), el apoderado del investigado cuestionó el auto de cargos, por las siguientes razones: PRIMER CARGO Manifiesta que la conducta imputada al investigado es omisiva, pues presuntamente no actuó estando obligado a actuar, generando un detrimento del patrimonio público, dado que habiendo pagado el anticipo al contratista, permitió el incumplimiento de éste, desconociendo los principios de la función administrativa. Al respecto considera que dicha conducta omisiva no ocurrió, por cuanto las partes del contrato suscribieron un acta de suspensión de su ejecución el 16 de enero de 2003 por un término de ocho (8) meses, con el fin de perfeccionar el informe de gestión semestral, que hubiese concluido la primera fase del programa denominado Ruta Verde del Atlántico y atendiendo la Directiva Presidencial de racionalización del gasto público expedida por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Agrega que el pago del anticipo no pudo realizarse en la proporción del 50% del valor total del contrato como había sido pactado en otrosí del 23 de noviembre de 2002, por razones no imputables a la Administración, sino por incumplimiento en los pagos por parte de la Alcaldía de Barranquilla, lo que causó un desequilibrio en la Tesorería de la Corporación. Afirma que la suspensión de términos es una modalidad que involucra la voluntad de

las partes con el fin de hacer viable el contrato y en este período el contratista no está obligado a realizar la entrega del objeto contractual. Manifiesta que posteriormente, el contratista insistió en el pago de anticipo, del cual solo pudo girarse un treinta por ciento el 2 de diciembre de 2002, debido a la situación económica de la Corporación y que al finalizar el término de ocho (8) meses de la suspensión la CRA no había terminado de elaborar la información que debía publicarse, lo que implicó que el contratista tuviera que esperar un tiempo adicional para proseguir con la producción del texto. 3 Agrega que el contratista realizó actividades que corresponden a sus obligaciones contractuales, como lo explicó el representante de la firma contratista a la Contraloría General de la República en documento del 21 de junio de 2005, destacando las actividades realizadas y las formas como aplicó los recursos recibidos por concepto de anticipo. Sostiene que el doctor Raúl Tarud se retiró del cargo el 15 de octubre de 2003, siendo reemplazado por el doctor Leonardo Múñoz, quien produjo una decisión unilateral de terminación del contrato, con base en la supuesta inacción del contratista, terminando unilateralmente el contrato en oportunidad indebida y sin causa lícita, no permitiendo que se cumpliera con el objeto contratado. Considera que las premisas que fundamentan el cargo primero son falsas, si se observa que la falta prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 exige un resultado dañoso que equivale a un detrimento del patrimonio público por causa de la conducta del servidor público que participe en la etapa precontractual o

contractual, lo que en su concepto no ocurrió en este caso, porque el doctor Tarud no omitió, retardó o realizó en forma tardía ninguna actividad correspondiente a sus funciones como jefe de la entidad, ya que el contrato estuvo suspendido por ocho (8) meses, como se registra en acta del 16 de enero de 2003 y además porque el programa de Ruta Verde no se encontraba realizado en su totalidad. Por ello, considera que se cumplieron los fines de la contratación estatal previstos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993. Además, manifiesta que las fechas de celebración del contrato y del otrosí son ciertas y que no ha existido mala fe, ni dolo en las condiciones de la póliza, cuya revisión no es de competencia del disciplinado, sino de Secretaria General, advirtiendo que su defendido no es abogado, sino ingeniero agrónomo. Agrega que no existe modificación del objeto del contrato porque inicialmente se contrató la realización de cinco (5000) mil revistas de cincuenta (50) páginas cada una, para un total de doscientas cincuenta mil (250.000) páginas y que si bien en el acta de suspensión se hizo alusión al número de revistas a editar, se trata de una redistribución, pero se mantienen el número de páginas y la calidad de los materiales de las revistas. SEGUNDO CARGO Con relación a este cargo, manifiesta que la supuesta falsedad en el acta de suspensión no se proyecta dentro de la órbita funcional del representante legal de la Corporación, de manera que requiera el acompañamiento del Subdirector de Planeación o interventor del contrato para producir un acto jurídico trascendente

como el acta de suspensión, por cuanto de acuerdo con la Ley 80 de 1993 como jefe de la entidad dirige todo el proceso contractual. Además, sostiene que el disciplinado contaba con la autorización legal para producir el acta de suspensión son su sola firma, que el acta es válida y produce efectos con la firma del representante legal, agregando que la firma del señor Edgar Beltrán es innecesaria e inútil y que el doctor Tarud suscribió el documento cuando las demás personas que lo otorgan aun no lo habían firmado. De otra parte, mediante auto del 30 de abril de 2007 se concedió término para alegatos de conclusión, el cual fue notificado al disciplinado y a su apoderado sin que 4 dentro del término concedido, el cual venció el 5 de junio de 2007, se presentara escrito alguno (folios 571 a 578). Vencido el término para alegatos de conclusión, el 8 de junio de 2007, el doctor Javier Múnera Oviedo, apoderado del investigado, presentó ante la Procuraduría Regional del Atlántico un escrito manifestando que la Contraloría Departamental del Atlántico en investigación Q-08-05-0048 en contra de Raúl Tarud Jaar estableció que no existen elementos de juicio suficientes para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal, adjuntando documento emanado de la Contraloría, solicitando que sea valorado el alcance de la decisión por no encontrarse materializado el daño imputado al disciplinado (folios 582 y ss). El mencionado escrito fue remitido por la Procuraduría Regional del Atlántico, siendo recibido en esta Delegada el 22 de junio de 2007.

V. MATERIAL PROBATORIO Obran en el proceso las siguientes pruebas allegadas en el informe del doctor Tohnny Palencia Londoño, Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico: certificado de disponibilidad presupuestal, solicitud de autorización para iniciar el proceso de contratación, estudios previos, términos de referencia, invitaciones y avisos, evaluación de las propuestas, contrato 00213 de 2002, otrosí, comprobante de pago del anticipo, acta de inicio, copia de varias comunicaciones, actas de concertación, actas de suspensión y modificación del contrato, acta de reinicio y ficha de revisión del contrato (folios 3 a 79).

Igualmente obran las siguientes pruebas practicadas dentro del término de indagación preliminar o de investigación disciplinaria, así:  Certificación relacionada con datos de la hoja de vida de Edgar Enrique Beltrán Romero (folio 96).  Versión libre y espontánea de Edgar Enrique Beltrán Romero (folios 99 a 101).  Versión libre y espontánea de Raúl Tarud Jaar (folios 102 a 104).  Oficio del 9 de octubre de 2005 de la Secretaria General de la entidad remitiendo documentos de la hoja de vida de los investigados (folios 116 a 132).  Certificación de Recursos Humanos respecto a los investigados (folio 161).  Acta de visita especial a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y documentos allegados en la misma: cuantías de contratación, carpeta del contrato 00213 de 2002, constancia de la Oficina de Recursos Humanos (folios 169 a 408).  Constancia de comparecencia de Edgar Enrique Beltrán Romero manifestando

que algunos documentos del contrato no son firmados por él (folio 417).  Estudio grafológico realizado a varios documentos del contrato que aparecen suscritos a nombre de Edgar Enrique Beltrán Romero (folios 433 a 445).  Oficio del funcionario comisionado remitiendo varios documentos relacionados con el contrato (folios 459 a 463). Se practicaron además, las siguientes pruebas de descargos:  Oficio 001390 del 21 de marzo de 2007, de la Gerencia Departamental del Atlántico de la Contraloría General de la República y documentos anexos (folios 21 a 52 del anexo 1). 5  Declaraciones juramentadas de Hugo Quijano Hernández y Jacqueline Ester Yepes Vásquez (folios 59 a 66 del anexo 1). Por último, el apoderado del investigado allegó el memorando de advertencia del 24 de abril de 2007 de la Contraloría Departamental del Atlántico respecto de la denuncia Q-08-05-0048 y la respuesta de fondo a esa denuncia dirigida a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (folios 583 a 586), documentos que si bien fueron aportados estando vencido el término probatorio previsto en el artículo 166 de la Ley 734 de 2002, serán tenidos en cuenta como prueba, con el fin de garantizar el derecho de defensa del investigado.

VI. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, literal a) y 19 de la Resolución 017 de 2000, esta Delegada es competente para proferir fallo de primera instancia en el proceso adelantado en contra de RAÚL TARUD JAAR, Director

General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.

2. Declaratoria de nulidad parcial del auto de cargos Siendo el momento procesal oportuno para proferir fallo de primera instancia, advierte el Despacho que se incurrió en causal de nulidad al formular el cargo segundo del pliego de cargos proferido el 13 de septiembre de 2006.

En efecto, mediante auto del 19 de mayo de 2005 se inició indagación preliminar contra Raúl Tarud Jaar y Edgar Beltrán, en sus calidades de Director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico e Interventor del contrato núm. 00213 de 2002, por posibles irregularidades relacionadas con la falta de informes de interventoría, la modificación del porcentaje del anticipo sin que se cambiaran las pólizas, la suspensión del contrato sin que se ampliaran las pólizas y el incumplimiento del objeto contractual (folios 81 y 82). Posteriormente, mediante auto del 22 de septiembre de 2005 se ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra los mismos disciplinados por posibles irregularidades en la celebración y ejecución del mencionado contrato (folios 107 a 109), la cual fue ampliada en término el 4 de abril de 2006 (folios 426 a 429). Por auto del 13 de septiembre de 2006 se formuló Auto de Cargos a Raúl Tarud Jaar, señalando en el cargo segundo: “El señor RAÚL TARUD JAAR, en su condición de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., al parecer el 16 de enero de 2003 suscribió el acta de suspensión y modificación del contrato No. 0213 del 27 de agosto de 2002, realizando una

descripción típica consagrada en la ley como delito, específicamente en el delito de falsedad ideológica en documento público (artículo 286 del C.P.)” (folios 488 y 489). Se observa entonces, que se adelantó la indagación preliminar por el término de seis (6) meses, la investigación disciplinaria por el término de seis (6) meses, siendo 6 ampliada por tres (3) meses más, sin que durante el tiempo de la instrucción se haya señalado que se estaba investigando la posible falsedad del acta de suspensión del contrato, como quiera que este hecho no fue objeto del informe oficial que dio origen a esta investigación. Así las cosas, considera este Delegada que con el cargo segundo se vulneró el derecho de contradicción y defensa del investigado, porque durante el término de indagación y de investigación disciplinaria no se le hizo saber que se investigaba la falsedad del documento y en consecuencia no pudo solicitar pruebas, ni ejercer su derecho de contradicción y defensa. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 143 de la Ley 734 de 2002 es causal de nulidad la violación del derecho de defensa del investigado, y de acuerdo con el artículo 144 ibídem, en cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo anterior, declarará la nulidad de lo actuado. En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en las normas citadas, este Despacho ordenará en la parte resolutiva de este auto declarar la nulidad del cargo segundo formulado en auto del 13 de septiembre de 2006.

3. Análisis de los descargos En este punto, se analizarán únicamente los argumentos expuestos por el apoderado del investigado respecto del cargo primero, como quiera que con relación al cargo segundo se declarará la nulidad.

Se le cuestionó al investigado en el cargo primero, que en su condición de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., probablemente no exigió el cumplimiento y ejecución idónea y oportuna del contrato 00213 de 2002 suscrito con la firma D & K Ediciones E.U. con el objeto de llevar a cabo la edición y distribución de 5000 ejemplares de revistas de carácter institucional de la Corporación, con un plazo de ejecución de dos (2) meses, por cuanto a pesar de haber cancelado al contratista el valor inicialmente pactado como anticipo, dentro del término del contrato no se entregaron a la entidad las revistas de carácter institucional, causando un detrimento del patrimonio público. En el memorial de descargos, el apoderado del investigado manifiesta que la conducta omisiva imputada al investigado no ocurrió, por cuanto las partes del contrato suscribieron un acta de suspensión el 16 de enero de 2003 y que el pago del anticipo no pudo realizarse en la proporción del 50% del valor total del contrato por razones no imputables a la Administración. De acuerdo con las pruebas obrantes al proceso, el contrato fue celebrado el 27 de agosto de 2002 (folios 291 a 295) y de allí en adelante el contrato, en orden cronológico, se desarrolló de la siguiente forma:  El 2 de septiembre de 2002 se aprobó la póliza (folio 298).

 El 28 de noviembre de 2002 se suscribió otrosí modificatorio del contrato, aumentando el valor del anticipo al 50% (folio 300).  El 2 de diciembre de 2002 se dio inicio al contrato (folio 302). 7  El 22 de diciembre de 2002 se canceló como anticipo la suma de $15.000.000 (folio 301).  El 10 de enero de 2003 se suscribió el acta de concertación (folios 57 a 60).  El 16 de enero de 2003 se suscribió el acta de suspensión y modificación del contrato (folios 62 a 64). Con relación al anticipo, inicialmente en el contrato se acordó un anticipo de $11.976.144 equivalente al 30% del valor del contrato, previa legalización del mismo y pagaderos una vez suscrita el acta de inicio (folios 32 a 36), pero posteriormente por otrosí del 23 de noviembre de 2002 el Director General modificó la forma de pago acordando un anticipo de $19.160.240 equivalente al 50% del valor del contrato (folio 40). Mediante comprobante de pago No. 3323 del 2 de diciembre de 2002, suscrito por varios funcionarios de la Corporación, entre ellos el doctor Raúl Tarud en su calidad de ordenador del gasto, se canceló al contratista el valor de $15.00.000 por concepto de anticipo (301), valor que es superior al 30% inicialmente pactado, pero que no equivale al 50% acordado en otrosí, lo que al parecer obedeció, según afirma el apoderado del doctor Tarud al incumplimiento en los pagos por parte de la Alcaldía

de Barranquilla, lo que causó un desequilibrio en la Tesorería de la Corporación. Afirma además el apoderado que las premisas del cargo primero son falsas, porque el doctor Tarud no omitió, retardó o realizó en forma tardía ninguna actividad, ya que el contrato se encontraba suspendido, no causándose un detrimento patrimonial con su conducta. Respecto a este punto, es necesario entrar a valorar las pruebas de descargos practicadas, así: En primer lugar, mediante declaración juramentada rendida por Hugo Quijano Hernández, quien se desempeñó como Subdirector Técnico de la entidad se manifestó: “Con relación a mi cargo y como era encargado de uno de los programas bandera de la administración como era la ruta verde del atlántico (sic) de cuya eficacia y desarrollo de proyecto dependía la información a suministrar para la elaboración de las revistas o difusión informativa por parte de la Corporación a través de la subdirección de planeación de la misma Corporación, durante el desarrollo del contrato sucedieron varios eventos los cuales se tomaron en cuenta para la ejecución del mismo, por una directiva presidencial hubo necesidad de suspender la ejecución de unos contratos que no tuvieran la prioridad necesaria para su inmediata ejecución con el objetivo de racionalizar el gasto aún si hubiera compromisos contractuales contraídos (…)” (folio 59 del anexo 1). En segundo término, se allegó como prueba de descargos el oficio 001390 del 21 de marzo de 2007 de la Contraloría General de la República, mediante el cual informan que en su sistema figura la denuncia ciudadana Q-08-05-0048 y corresponde al

contenido del expediente disciplinario 162-126935-05, trámite dentro del cual solicitaron al contratista pruebas documentales que justifiquen el manejo del anticipo, manejo de póliza y cumplimento del objeto contractual, remitiendo copia de los documentos allegados por el contratista (folios 21 a 52 del anexo 1). 8 Efectivamente, el señor Lincoln Moscarella Noguera, Representante Legal de D & K Ediciones EU, mediante comunicación del 21 de junio de 2005, dio respuesta al organismo de control, manifestando lo siguiente: En cuanto al manejo del anticipo, señala que en producción periodística de la revista se invirtieron $25.349.902 equivalentes al 63.5% del valor del contrato, sin que fuera posible realizar la impresión y distribución de la revista pues no se permitió por la nueva administración de la entidad. Agrega que se entregó como anticipo la suma de $15.000.000 equivalentes al 37.5% del valor total del contrato siendo invertidos más de $25.000.000, inversión que se encuentra discriminada en cuadro visto a folio 24 del anexo 1 y que fue realizada entre el 2 de diciembre de 2002, fecha de inicio del contrato y el 16 de enero de 2003, fecha de suspensión del mismo. Con relación al manejo de pólizas manifestó que constituyó una póliza única que fue aprobada el 2 de septiembre de 2002, la cual no fue ampliada, pues se suspendió el contrato y finalmente respecto al cumplimiento del objeto contractual, señala que se hizo en la forma establecida en la cláusula primera con las características determinadas en el proyecto y en la propuesta presentada, anexando copia del

documento elaborado. Con posterioridad a los descargos, el 8 de junio de 2007 ante la Procuraduría Regional del Atlántico, el apoderado del investigado presentó un escrito solicitando que se valore el alcance de los documentos que anexa, los cuales son: memorando de advertencia de fecha 24 de abril de 2007 de la Gerencia Departamental del Atlántico de la Contraloría General de la República dirigido al Director General de la

C. R. A. con relación a la posible omisión de las obligaciones contenidas en la Ley 80 de 1993 en la liquidación del contrato 0213 de 2002 y el oficio 001988 del 24 de abril de 2007 dirigido al mismo funcionario respecto a la denuncia Q-08-05-0048 presentada por el Director Tohnny Palencia, informando lo siguiente: “De acuerdo con lo revisado y con base en las pruebas recabadas y el ordenamiento jurídico aplicable para las actuaciones fiscales de la Contraloría General de la República, existen los elementos de juicio suficientes para declarar que no hay mérito para iniciar un proceso de Responsabilidad Fiscal, por cuanto el daño, elemento sustancial para iniciar una actuación resarcitoria, no se ha materializado.

No es de recibo pensar en reclamar para el Estado una Indemnización por cuanto a cambio de unos emolumentos, el Estado, representado por la Corporación Regional Autónoma del Atlántico, recibió como contraprestación, la revista a que se comprometió el contratista mediante contrato No. 000213. Si bien no se entregaron los 5000 ejemplares, tal como lo hemos analizado, no es atribuible a negligencia del contratista. Además, existe la posibilidad de que lo contratado, sea entregado en la

medida en que los recursos dejados de girar, sean puestos a disposición de la causa administrativa para lo cual fueron destinados” (folio 585). Así las cosas, teniendo en cuenta las pruebas anteriormente mencionadas, puede concluirse que el contrato no se cumplió en su totalidad debido a la suspensión del mismo, originada en una directiva presidencial, pero sin embargo, la falta de ejecución total del contrato no causo detrimento del patrimonio público, como quiera que el contratista elaboró una revista, invirtiendo una suma superior a la entregada 9 como anticipo, la cual no pudo ser impresa y distribuida debido a la suspensión del contrato y la falta de acuerdo con el nuevo Director de la Corporación de continuar con su ejecución. Se advierte entonces, que de acuerdo con la decisión adoptada por la Gerencia Departamental del Atlántico de la Contraloría General de la República el daño no se materializó, de tal manera que no existió detrimento del patrimonio público, como se había señalado en el cargo primero. Por lo anterior, este Despacho considera que han quedado desvirtuadas las razones por las cuales se investiga la conducta de RAÚL TARUD JAAR, en cuanto a la no exigencia del cumplimiento y ejecución idónea y oportuna del contrato 00213 de 2002, causando un detrimento patrimonial del contrato y por lo tanto se

ABSOLVERA DEL CARGO PRIMERO, FORMULADO EN EL PLIEGO DE CARGOS

DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

Finalmente, teniendo en cuenta que esta investigación se inició por informe oficial, no hay lugar a comunicar el fallo absolutorio de acuerdo con lo previsto en le artículo

109 de la Ley 734 de 2002. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública en uso de sus facultades legales,

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DEL CARGO SEGUNDO FORMULADO EN AUTO DE CARGOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: ABSOLVER a RAÚL TARUD JAAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.553.961 de Santa Marta, en su condición de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C. R. A., para la época de los hechos, del CARGO PRIMERO FORMULADO EN EL PLIEGO DE CARGOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión al señor RAÚL TARUD JAAR, a través de su apoderado JAVIER ENRIQUE MÚNERA OVIEDO, a

la carrera 55 No. 79-145 apto 2, teléfono 378 60 71 de la ciudad de Barranquilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 22 numeral 1° del Decreto 262 de 2000 en los términos establecidos por los artículos 110 y ss. de la Ley 734 de

2002.

QUINTO: Como quiera que el proceso disciplinario se inició por informe oficial, no

hay lugar a remitir la comunicación del fallo absolutorio prevista en el artículo 109 de la ley 734 de 2002.

SEXTO: Por la Unidad Coordinadora, háganse las comunicaciones, anotaciones y constancias de rigor.

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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Delegado para la Moralidad Pública MBLM 11