PGN - Documento 201603102320138

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL

DESPACHO DEL PROCURADOR DELEGADO

BOGOTA, D.C. 28 DE AGOSTO DE 2001

Se encuentra al Despacho el expediente radicado con el 035-0097 para decidir en segunda instancia el recurso de apelación contra la resolución mediante la cual la Procuraduría Departamental del Vichada sancionó con multa al doctor JORGE SAID VELASCO MURILLO en la condición de Asesor Jurídico de la Gobernación del Vichada, y a ello se precede acreditada la calidad de servidor público del disciplinado y en ausencia de causal que anule la actuación. HECHOS La Procuraduría Departamental del Vichada (hoy Regional) adelantó investigación contra la Gobernadora de ese departamento por cuanto algunos contratos de prestación de servicios se habían celebrado sin que existiera disponibilidad presupuestal que amparara las obligaciones y de tal forma, decidió de oficio adelantar por los mismos hechos investigación disciplinaria contra el asesor jurídico de la época JORGE SAID VELASCO. CARGOS (fls. 73-79) Por auto del 6 de agosto de 1998 la entonces Procuraduría Departamental del Vichada corrió auto de cargos al funcionario mencionado en la condición de dependiente del departamento jurídico de la gobernación del Vichada por haber refrendado contratos de prestación de servicios profesionales en la UDECO del departamento, identificados con los 0194 a 0197, los que al momento de su perfeccionamiento, el 10 de octubre de 1997, no tenían ni disponibilidad ni

registro presupuestal según las constancias expedidas por la tesorería departamental y el jefe de presupuesto, comprometiendo a través de esos contratos el patrimonio de las entidades públicas sin existir la correspondiente partida presupuestal para cubrir las obligaciones generadas en la relación contractual. Le reprochó no haber asesorado en debida forma a la gobernadora del departamento en la suscripción de los contratos en mención, desconociendo las funciones señaladas en el manual de funciones contenidas en el decreto 088 de 1993 para el jefe de la Oficina Jurídica no obstante que no estaba posesionado como tal. Adicionalmente, se le imputó haber firmado los contratos en cita el 10 de octubre de 1997 no obstante, que estipulaba la cláusula segunda de los contratos, que el término de duración sería de tres meses a partir del 1° de octubre de 1997. Le citó como normas violadas con el comportamiento, la Ley 80 de 1993, artículo 41del Decreto 111 de 1996; el artículo 71 del Decreto 115 de 1996; artículo 22, Constitución Política artículos 6, 122 y 123; el Manual de Funciones del Departamento, las disposiciones correspondientes al jefe de la Oficina Jurídica. Como normas disciplinarias le citó el articuló 40 de la Ley 200 de 1995. DESCARGOS (folios 82 a 85) Notificado personalmente el disciplinado (fl. 82) en la oportunidad legal directamente presentó sus descargos, argumentando: Los contratos fueron elaborados en la oficina de la UDECO por el señor VICTOR HUGO MARTINEZ al parecer por orden de la gobernadora (e) de entonces ROSA BEATRIZ ARIAS

DE TORO; llevados los contratos a la Oficina Jurídica careciendo de anexos, por lo cual le hizo saber que debían traer disponibilidad presupuestal como las respectivas hojas de tramite de todos los contratos. Sostiene que no fue requerido para la elaboración de dichos proyectos. Ante su insistencia para que se aportara la disponibilidad presupuestal a fin de poderlos revisar, se le dijo que la misma sería requerida al despacho de la gobernación y que solo verificara el contenido. Su negativa para refrendar los contratos le consta a la secretaria de la oficina jurídica de la época señora MARIA NAYIBE MONIES; cuya declaración solicitó como prueba, además de la versión de VICTOR HUGO MARTINEZ. Por auto del 2 de septiembre de 1998 se decretaron las pruebas en referencia (fl. 87) FALLO DE PRIMERA INSTANCIA (fls. 97 a 110) La Procuraduría Departamental del Vichada sancionó disciplinariamente al acusado con multa equivalente a sesenta días de sueldo devengado para la época de los hechos, al concluir que al firmar y no hacer las observaciones significaba que estaba de acuerdo con los contratos. Encontró que los contratos de marras tenían vigencia a partir de octubre 1 de 1997 y los mismos solo se firmaron en octubre 10, luego se les dio retroactividad, lo cual genera la legalización parcial de un hecho cumplido. RECURSO DE APELACION (fls. 114 a 116) Oportunamente el sancionado sustentó el recurso de apelación, en los siguientes términos: reitera que no fue llamado por la gobernadora a revisar los contratos de

prestación de servicios, los cuales fueron elaborados en la oficina de la UDECO. La única persona que podía solicitar la disponibilidad y hacer el registro es la ordenadora del gasto y habiéndole hecho la salvedad al señor VICTOR HUGO MARTINEZ, expresó que ella los solicitaría y así fue como refrendó con su firma tales documentos. Los contratos fueron revisados con fecha anterior al 1 de octubre de 1997, pero la radicación se hizo con fecha en la que los recibió la secretaria, persona que en últimas recibía los contratos provenientes del despacho los radicaba e impartía instrucciones a los contratistas para la instrucción de los mismos, por esa razón estima que no legalizó ningún hecho cumplido. Añade que el FIS giró los recursos y se encontraba para ejecutarlos mediante la celebración de los respectivos contratos por eso la UDECO procedió en tal sentido a fin de fortalecerse y fue el encargado de ello el señor VICTOR HUGO MARTINEZ cuya declaración solicitó para ejercer su defensa y sin embargo no se practicó. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Se precisa señalar la conducta imputada al sancionado consistente en la de haber refrendado los contratos 0194, 0195, 0196 y 0197 celebrados entre el departamento del Vichada y los señores HERNANDO VIDAL GAITAN y JORGE ALBERTO CARDONA, estos por valor de $4.800.000; JANETH FERREIRA COLMENARES y LUIS EMILIO AYAZO por la suma de $3.750.000, todos para la prestación de servicios, sin contar con la respectiva disponibilidad presupuestal y sin registro presupuestal. Consta en los documentos visibles de folios 3 a 26 del expediente que dichos contratos se

celebraron sin contar con los tramites precontractuales aludidos en la pieza acusatoria, y que ciertamente estos contratos figuran con el visto bueno en la pro forma del Jefe de la Oficina Jurídica y/o Asesor Jurídico cuya firma si bien es ilegible corresponde al sancionado señor JORGE SAID VELASCO quien según consta en la declaración de la Gobernadora (e) ROSA BEATRIZ ARIAS DE TORO se desempeñaba en esa dependencia y a propósito firmó los contratos (folios 33 y 34); entonces ello así, eventualmente habría, un principio de responsabilidad del acusado, al igual que de su jefe. Obra al folio 19 del expediente la certificación del jefe de presupuesto en el sentido de que los contratos cuestionados no tenían la disponibilidad presupuestal. También esta probado que los contratos son signados el 10 de octubre de 1997, y el tenor de la duración reza que es a partir del 1 de octubre de 1997. Al punto expresó la gobernadora de la época que los documentos se firmaron en esas condiciones porque las personas ya estaban trabajando en ese proyecto de UDECO desde tiempo atrás y que las minutas tenían origen en la misma jefatura de la citada Unidad. Se acreditó que existían los recursos para el programa de fortalecimiento de la UDECO, con el certificado de disponibilidad presupuestal 932 del 2 de octubre de 1997, para el mismo proyecto 40035 Convenio 7332 de 1996, al cual se sujetaban las sumas que se pagarían a los contratistas, obligados en los compromisos de marras. Todo esto frente a los hechos. De otra parte y con relación a las normas que se citaron como violadas al sancionado y que

determinan el elemento de la tipicidad se tiene que el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 se refiere en los cargos como norma violada y ese estatuto se aplica a la entidades territoriales, que reciban dineros del presupuesto. En lo que tiene que ver con la función propiamente tal, nótese que la refrendación de los contratos el disciplinado la efectuó en ejercicio de la función de jefe de la oficina jurídica, transgrediéndolas, y al reprocharle haber desconocido las funciones para el cargo contenidas en el manual de funciones del departamento del Vichada contenido en el Decreto 0088 de 1993, el servidor público estaba obligado a dicho deber (fl. 78 del expediente). Es relevante para la presente investigación (fl. 40), señalar que obra en el sistema de información disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación GEDIS, que por los mismos hechos fue sancionada con Amonestación escrita la Gobernadora de la época licenciada ROSA BEATRIZ ARIAS DE TORO, decisión de la sala disciplinaria del 20 de abril de 2001. Puntualizada la realidad procesal, precede confirmar la resolución sanción del 21 de septiembre de 1998 dictada por la entonces Procuraduría Departamental del Vichada mediante la cual se sancionó al doctor JORGE SAYD VELASCO MURILLO, por las razones que se expusieron, amen de que por su falta de diligencia en la aplicación de las normas citadas como violadas en la pieza acusatoria se permitió que los contratos de autos fueran terminados y liquidados precisamente por sus informalidades considerables en noviembre 1 de 1997, reiterando la calificación de grave de su conducta.

En mérito de lo expuesto el Procurador Primero Delegado para la Contratación Administrativa, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, RESUELVE: PRIMERO: Confirmar la Resolución del 21 de septiembre de 1998 dictada por el Procurador Departamental del Vichada y en consecuencia sancionar disciplinariamente al doctor JORGE SAYD VELAZCO MURILLO con C.C 17.319.061 en su condición de Asesor Jurídico de la Gobernación del Vichada, con multa de un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000,oo), equivalente a sesenta (60) días de salario devengado para la época de los hechos; suma que deberá ser cancelada en los términos del artículo 31 del C.D.U. y a la cual se le aplicará la indexación a la fecha de ejecutoria atendiendo el porcentaje de índice de precios al consumidor.

SEGUNDO: Por la Procuraduría Regional del Vichada, notificarle esta decisión al disciplinado advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno, entendiéndose agotada la vía gubernativa.

TERCERO: Remitir copia de esta providencia, con la constancia de ejecutoria a la División de registro y control de la Viceprocuraduría General de la Nación para lo de su cargo.

CUARTO: Por secretaría de esta Delegada hacer las anotaciones de rigor y devolver el expediente a la oficina de origen.

NOTIFIQUESE Y COMPLASE

El Procurador Primero Delegado,

BENJAMIN HERRERA BARBOSA

GICB/Rosy