PGN - Documento 201603102320146

1

Dependencia : Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal Radicación :052-06841/1998

Investigado : Luis Aurelio Arciniegas Erazo Cargo y entidad :Gerente del Hospital José María Hernández de Mocoa Quejoso :Luis Alberto Pilonieta Rueda Fecha Queja :julio 6 de 1998

Fecha Hechos : diciembre 3, 11, 18, 21, 22, 29, 30 y 31 de 1998

Asunto : Fallo condenatorio de segunda instancia

Bogotá D. C., 25 noviembre 2003 Procede la Delegada a resolver el recurso de APELACION interpuesto a través de su apoderado por el implicado LUIS ARCINIEGAS ERAZO, identificado con la C.C. No. 18’123.011 de Mocoa, en su condición de Gerente del Hospital José María Hernández de la ciudad de Mocoa - Putumayo, para la época de los hechos; recurso propuesto contra el fallo condenatorio de primera instancia dictado por la Procuradora Regional del Putumayo, contenido en la Resolución No. 02 de febrero 24 de 2003, en el cual se le impuso al implicado sanción de multa equivalente a treinta (30) días del salario devengado por él para la época de los hechos.

1. INDIVIDUALIZACION DEL AUTOR Se trata del Señor LUIS AURELIO ARCINIEGAS ERAZO, identificado con la C.C.

No. 18’123.011 de Bogotá, en su condición de Gerente del Hospital José María Hernández de la ciudad de Mocoa para la época de los hechos (fl. 456 del cuaderno

N° 2 -c.2-).

2. CARGOS Mediante auto del 16 de octubre de 2002 se formularon al implicado los siguientes cargos: “En su condición de Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital José María Hernández de Mocoa, en el año de 1998 adquirió compromisos por valor de $310.483.707, sin que existiera el certificado de disponibilidad presupuestal, entre los cuales se encuentran como muestra del total de los compromisos los siguientes:

Resolució FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO VALOR FOLI n $ O Orden, contrato 13402 31-XIIPrestación servicios María 133.186 414 98 sep/ Hernández 98 13042 31-XIIPrestación servicios Nidia 339.588 415 98 sep/ Carlosama 98 07087 3-XII-98 Prestación servicios Eliana Vargas 339.588 420 dic/ 98 2 08002 3-XII-98 Prestación servicios Amparo 339.588 422 dic/ Montezuma 98 09003 3-XII-98 Prestación servicios Marlene 1.403.658 424 dic/ Quisphe 98 10095 18-XIIPrestación servicios Giovanny 842.195 421 98 dic/ Villota 98 594 11-XIISuministro Promedental 3.048.000 427 98 materiales laboratorio 639 31-XIISuministro víveres Alba Cerón 1.079.428 423 98 378 XII-98 Servicio fotocopias Fotocopias el 839.450 438 anillados Progreso 340 18-IX-98 Mantenimiento C.H.S. 1.160.000 442 computadoras computadores 613 29-XIISuministro llantas Multirepuestos 1.348.500 447

98 629 30-XIICompra board C.H.S. 2.960.000 451 98 computadores 628 30-XIISuministro C.H.S. 2.170.000 455 98 elementos computadores computadores 630 30-XIICompra monitor C.H.S. 3.550.000 459 98 DTK computadores 610 22-XIISuministro papelería Belgraficas 1.070.000 463 98 607 21-XIISuministro papelería Belgraficas 1.513.000 473 98 570 16-XIISuministro llantas Multirepuestos 1.075.000 483 98 386 XII-98 Instalaciones Electrónica 2.730.000 488 telefónicas Carvajal Con estas conductas transgredió posiblemente el artículo 71 del decreto 111 de 1.996, numerales 3 y 10 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, por lo que se encuentra incurso en responsabilidad disciplinaria al tenor del artículo 6 de la Constitución Nacional”

3. DESCARGOS El inculpado presentó personalmente escrito de descargos el 8 de noviembre de 2002 (fls. 481 y 482 c.2); escrito en el cual se argumenta como defensa lo siguiente: 3.1. Que se habría producido el fenómeno de la cosa juzgada frente a los hechos ventilados puesto que en la Unidad de Control Interno Disciplinario del Hospital José María Hernández se adelanto ya una investigación disciplinaria sobre los mismos hechos, solicitando por tanto la nulidad de lo actuado dentro del presente radicado. 3 3.2. Que mediante resolución N° 00150 del 10 de agosto del año 1998 se realizó una

adición presupuestal por la suma de $500.000.000, que fue girada por el Ministerio de Salud para financiar gastos del hospital que en ese momento no tenían disponibilidad presupuestal. 3.3. Que en la resolución N° 0130701 del 31 de diciembre de 1998 se fija que los gastos sin disponibilidad presupuestal están financiados en su totalidad con las cuentas por cobrar quedando además un superávit de $436.261.396.17, compromisos que fueron adquiridos en su totalidad en el año 1.999. 3.4. Que la ordenación del gasto sin contar con la debida disponibilidad se hizo por el buen funcionamiento del Hospital cuyo objetivo principal es el de preservar la vida de los pacientes, alegando como ejemplos que muchas vidas se pondrían en peligro si no se produce una orden de trabajo para el anestesiólogo, ó si no se adquiere una droga esencial. 3.5. Que si se cometió alguna irregularidad durante el procedimiento de las ordenes y contratos cuestionados, esto se debió al estricto cumplimiento de un deber legal cual es el de preservar la vida como derecho fundamental e inalienable del ser humano.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuradora Regional del Putumayo, mediante resolución No. 02 del 24 de febrero de 2003 dictó el fallo condenatorio de primera instancia contra el entonces Gerente del Hospital José María Hernández de la ciudad de Mocoa LUIS AURELIO ARCINIEGAS ERAZO; decisión esta en el cual se encontraron fundados los cargos propuestos contra el implicado, imponiéndosele por tanto al procesado la sanción de

multa de TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTITRÉS

PESOS ($3’519.123.oo), equivalente a TREINTA DIAS del salario devengado por aquel para la época de los hechos (año de 1998) -fls. 536 a 545 c.2-. Ello por que se considero que no procedía ninguna de las exculpaciones dadas por el implicado en su escrito de descargos frente a la inobservancia del requisito de la obtención de la disponibilidad presupuestal de manera previa al desarrollo de cualquier proceso contractual; como por ejemplo la excusa de que se buscaba evitar la paralización en la prestación del servicio de salud en la institución médica que aquel dirigía y evitar de esta manera acciones de tutela y demandas contencioso administrativas en contra de la entidad que dirigía; ó la excusa de que la disponibilidad presupuestal es apenas un requisito de forma y que de todas formas los compromisos adquiridos sin tener las debidas disponibilidades presupuestales fueron canceladas posteriormente. De tal forma que el cargo propuesto, ligado a la violación del artículo 71 del Decreto N° 111 de 1996, se mantiene firme y por eso procede el fallo condenatorio en contra del implicado.

5. EL RECURSO DE APELACION Contra el fallo de primera instancia el apoderado del implicado presentó oportunamente recurso de apelación el 18 de marzo de 2003 (fls. 551 a 557 c.2), mediante el cual solicita la absolución de su defendido ó en su defecto una rebaja en 4 la condena impuesta (a multa equivalente a once –11días de salario), sustentándose el recurso en los siguientes argumentos: 5.1. Que el actuar de su defendido “jamás existió la más mínima intención de causar

daño al erario público, ni el más mínimo ánimo de enriquecerse ilícitamente, puesto que en su actuar y pensamiento (aspecto subjetivo), tan solo estaba el de querer brindar una EXCELENTE prestación del servicio de salud,...”. 5.2. Que se sanciona a su representado por no haber cumplido con un requisito de forma como lo es el certificado de disponibilidad presupuestal, sin considerar que con su accionar se estaba evitando que se paralizara la prestación del servicio de salud que resultaba vital para muchas personas, evitándose además por este camino múltiples demandas en contra del estado por falla en el servicio. Debiéndose considerar en este punto que las cuentas debidas fueron finalmente canceladas sin ninguna novedad. 5.3. Que no se puede aplicar de manera exegética el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 dado que para todos es conocida la crítica situación por la que están atravesando las instituciones de salud, actuando con falta de presupuesto y no pudiéndose negar a prestar el servicio de salud que les es afín, so pena de que incluso el personal del hospital se viera comprometido en conductas de homicidio culposo. Debiéndose por el contrario rescatar que la labor altruista del investigado puesto que lo único que buscaba era la prestación in interrumpida del servicio de salud y anotándose también que fue subsanado el requisito (de forma) de la obtención de las disponibilidades presupuestales con la adición presupuestal antedicha. 5.4. Que la prestación del servicio de salud requiere de una atención inmediata y no puede esperar a la llegada de los dineros correspondientes para soportar los gastos, “y no puede estar supeditada a la existencia o no de una simple formalidad como lo

es la disponibilidad presupuestal, máxime aún cuando no había dinero para cancelar” (fl. 552 c.2). 5.5. Que en el auto de cargos se absolvió al implicado de toda responsabilidad en lo relacionado con el presunto aumento de la nómina, puesto que se estableció que la contratación estuvo justificada. 5.6. Que de acuerdo al concepto dado sobre la pertinencia de la vinculación de los trabajadores en el Hospital José María Hernández durante el año de 1998, dado por el Subdirector de Aseguramiento del Departamento de Salud del Putumayo, tal vinculación fue pertinente debido a que el Hospital prestaba los servicios de primer y segundo nivel, lo que justificaba la contratación. 5.7. Que de la muestra de contratos tenida en cuenta para justificar la acusación contra su defendido, seis de esos contratos son de prestación de servicios, los mismos que según el concepto eran necesarios para la entidad. Y que el resto de la muestra corresponde a contratos de materiales y suministros, de arreglo y adquisición de equipo de oficina, de suministro de llantas y combustible para los vehículos; todo lo cual hace parte de la contratación global que desarrolla el hospital, para prestar un óptimo servicio de salud. 5 5.8. Que la contratación cuestionada, tal como se demostró, no fue injustificada y no respondía a su libre capricho, estando por el contraria precedida por un espíritu altruista y por el deber legal de preservar la vida de los usuarios del hospital, lo mismo que por el deber de realizar una óptima gerencia del hospital a su cargo. 5.9. Que con la actuación del implicado no se le causó ningún perjuicio económico a

la E.S.E., ni a su buen nombre, sino que por el contrario con la actuación de su defendido se amplio la cobertura, se mejoraron los ingresos y el good will del hospital. Resaltando que durante la gestión de su defendido el hospital no tuvo ninguna demanda administrativa, ni laboral, ni ejecutiva, pues todas las obligaciones adquiridas fueron pagadas, a pesar de no contarse en su momento con la respectiva disponibilidad presupuestal. 5.10. Que se debe considerar que la Ley 100 de 1993 supuso que la prestación de los servicios de salud debía darse de forma competitiva, en un esquema de libre mercado en el que el cliente es lo más importante, y que la E.S.E. Hospital José María Hernández no escapaba a ello, de forma tal que el actuar de su defendido respondía al cumplimiento de los objetivos competitivos empresariales “máxime cuando los gastos que estaban sin disponibilidad presupuestal estaban financiados en su totalidad con las cuentas por cobrar, como efectivamente se hizo, quedando un superávit de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TESCEINTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($436.261.396.00) M/C, lo cual nos da a entender que la gestión realizada por mi patrocinado dios sus frutos y (sic) de excelente calidad” (fl. 554 c.2.). 5.11. Que no se debe sancionar a su defendido “por una gestión fructífera para la E.S.E, por no cumplir con unos simples formalismos y requisitos de forma, los mismos que serían reprochables en el evento que a pesar de haber ejecutado los

mismos no hubieran dado los frutos obtenidos y el Hospital José María Hernández tuviera que responder administrativa y civilmente por perjuicios ocasionados a sus clientes nula, deficiente y/o mala prestación de los servicios de salud, lo cual no ha ocurrido en este evento sino todo lo contrario y es que el H.J.M.H., goza de una buena competitividad que le permite competir con E.P.Ss., y seguir siendo competitiva en el mercado de la salud, nótese que el comportamiento del Hospital para 1998 en cuanto a demanda por servicios de salud fue altísimo, puesto que era el único hospital den segundo nivel en el medio y bajo Putumayo que tenía todos los requerimientos técnicos y por ende al aumentar la demanda hace que la oferta crezca y viceversa, por esta razón hubo necesidad de incrementar la contratación para prestar un servicio con calidad y eficiencia, máxime cuando del H.J.M.H., dependía la prestación del servicio médico de Villagarzón y Puerto Guzmán, tres municipios del Putumayo.” (fl. 554 c.2). 5.12. Que el juzgador de primera instancia de manera subjetiva toma como fundamento normativo para sancionar al artículo 71 del Decreto 111 de 1996 sin considerar que si no se adquirían los compromisos criticados sin contar con la disponibilidad presupuestal, hubiera corrido peligro la vida de muchos pacientes del hospital. Además el disciplinado no se habría beneficiado de ninguna manera con la contratación y se insiste que con su actuación simplemente se favoreció la óptima prestación del servicio de salud por parte del Hospital, evitando así que se presentaran acciones de tutela en su contra por parte de los pacientes, para que se les garantice el derecho a la salud.

6 5.13. Que dentro del sistema legal colombiano se consagra la posibilidad de que los funcionarios apliquen la excepción de inconstitucionalidad, y que la misma cabía con relación a la aplicación del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 en que se exige el certificado de disponibilidad presupuestal, puesto que tal mandato, en los casos reprochados, reñía con el deber constitucional que tenía el implicado de proteger la vida y la salud de los pacientes del hospital. 5.14. Que por hechos similares, de haberse contratado sin contar con la previa disponibilidad presupuestal, ya se adelantó otra investigación disciplinaria en contra del investigado, y que la misma habría sido decidida con archivo; encontrándose copias de dicha actuación dentro del presente trámite investigativo. 5.15. Que se calificó erradamente la conducta como grave y a título de dolo, puesto que la actuación de su defendido se dio bajo la “convicción errada e invencible de que con su actuar no vulneraba norma alguna, máxime aún cuando existe por parte de mi patrocinado la OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR el derecho fundamental a la vida, a la salud y una responsabilidad por la omisión en el ejercicio de sus funciones “. (fl. 555 c.2). Sin que además se hubiera demostrado que el implicado tenía una clara intencionalidad de transgredir la normatividad, sino que como se dijo actuó bajo la convicción errada e invencible de que actuaba conforme a la Ley. 5.16. Que para poder sancionar con certeza a un disciplinado debe existir un análisis exhaustivo de la prueba y se deben haber resuelto las dudas que se hubieran planteado. No obstante para el recurrente esas dudas planteadas por la defensa aún

no se han resuelto. 5.17. Que “las circunstancias de tiempo, modo y lugar son determinantes para poder responsabilizar a alguien en su actuar y proceder a un fallo condenatorio, las mismas que dado el tiempo apremiante en la prestación de un servicio de salud no permitía detenerse a perder el mismo, y por tanto actuar de conformidad con los antecedentes anteriores, y luego y cuando las circunstancias lo permitieron, legalizar los mismos, ....” (fl. 555 c.2). 5.18. Que si se observa el proceso “no existe la más mínima y absoluta prueba de que en el actuar de mi representado exista un desvío moral intencional u objetivamente torcido, si se quiere, que le lleve a actuar con conocimiento del hecho en forma manifiestamente contraria a la ley, por el contrario como se ha venido alegando y tal como ha resaltado su actuar corresponde única y exclusivamente a un fin altruista y en cumplimiento de un deber constitucional y legal de salvaguardar la vida, la salud y el bienestar de los pacientes de la E.S.E. y por tanto considero que esa era la forma más expedita para actuar.” (fls. 555 y 556 c.2). 5.19. Que si se hace una analogía del caso ventilado con el delito del prevaricato por acción, de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia “en el prevaricato entonces además de la necesaria demostración de la decisión contraria al derecho se hace evidente y manifiesta la intención de hacerlo así en la búsqueda personal de un fin individual, y como ella misma lo dijo nadie infringe la ley por el sólo placer de la violación. Y es efectivamente esto lo que se presenta en el actuar de mi patrocinado

quien no quiso violar la ley por el solo hecho de violarla o de obtener provecho para sí o para otro.” (fl. 556 c.2). 7 5.20. Que a la hora de juzgar se debe considerar la situación de los pacientes o usuarios del servicio de salud, al igual que los casos dramáticos en los que se requería una atención inmediata, que no podía ponerse a esperar al cumplimiento de los formalismos como el de la disponibilidad presupuestal para proceder a contratar

6. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Agotados todos los trámites inherentes a este asunto, sin que se observe ninguna irregularidad que vicie la presente actuación de nulidad, procede esta Delegada a emitir el fallo de segunda instancia que en derecho corresponde, conforme a las siguientes consideraciones: 6.1. En primer lugar se debe decir que la obligación de tramitar la correspondiente disponibilidad presupuestal de manera previa a la suscripción de todos los contratos estatales, establecida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, no es un mero trámite de forma dentro del proceso de la contratación, sino que la obtención de dicho certificado de disponibilidad presupuestal se convierte en un requisito de fondo, necesario y previo a la suscripción de los contratos; puesto que con el mismo lo que se busca es precisamente prever que las entidades estatales se comprometan contractualmente teniendo antes la respectiva reserva de caja y/o disponibilidad financiera para atender los compromisos financieros adquiridos en los contratos.

Entendiéndose todo ello a su vez dentro del marco de acción fijado por los principios de economía y planeación en la contratación estatal que establecen el numeral 6°

del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 71 del Decreto 111 de 1996. Y considerando además que todas las actividades del estado se encuentran regladas, que los funcionarios públicos de acuerdo a lo consignado en el artículo 6° de la Constitución Política se hayan atados al cumplimiento de la Ley, ó que como se ha dicho, al contratar sin contarse con la previa disponibilidad presupuestal se atenta directamente contra la planeación en la contratación estatal y de paso se pone en peligro el propio patrimonio del Estado. 6.2. Ahora bien, con relación al alegato hecho en el sentido de que no se presentó un ánimo doloso en el disciplinado para causar daño al erario público, y enriquecerse ilícitamente de esta manera, y de que su actuación estaba motivada únicamente en el ánimo de prestar un óptimo servicio de salud; advierte este Despacho que la falta disciplinaria por la que se castiga al doctor ARCINIEGAS ERAZO tiene que ver más con el desconocimiento de un mandato legal (el cual busca evitar la contratación sin los debidos soportes financieros), que con una supuesta contratación amañada y sin justificación por parte del entonces Gerente del Hospital José María Hernández de Mocoa. Vale decir, la sanción que se le impone en su contra se da únicamente por haber incumplido un deber legalmente propuesto, planteado en interés del estado, que aquél tenía como funcionario público, como es el de no comprometerse financieramente sino hasta cuando se tengan asegurados los recursos ó la certeza de su existencia. 6.3. En el mismo sentido y respecto de lo dicho por la defensa acerca de la

eventualidad de múltiples demandas que se podían venir en contra de la administración, por las fallas presentadas en la prestación del servicio de salud, de 8 forma tal que al contratarse sin las disponibilidades presupuestales se evitaban posibles demandas contra la administración; a juicio de esta Delegada lo que argumenta como defensa el apoderado del sancionado sencillamente denota una falta de planeación en la ejecución presupuestal y contractual de la E.S.E. que tenía a su cargo el implicado. Lo anterior puesto que tal como se acepta por parte de la defensa, la contratación sin soporte se dio para atender muchos gastos contingentes, es decir no esperados; pero si observamos el objeto de los contratos por los cuales se les sanciona en este asunto, que son para la prestación de servicios, para el suministro de equipos, de insumos o medicamentos y para el mantenimiento de computadores (fls. 390 y 391 c.2), lo que resulta es que la aludida contratación de emergencia corresponde al giro normal de la operación de un ente hospitalario, de tal forma que si esos gastos no se encontraban soportados financieramente esto se debe a que sencillamente no fueron contemplados en el presupuesto de la entidad lo que condujo a contratar 6.4. Frente al alegato de que las cuentas se pagaron sin novedad y de que no se puede aplicar exegéticamente el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 respecto de los contratos cuestionados, puesto que es notoriamente conocida la crítica situación financiera por la que atraviesan las instituciones de salud del país sin que al mismo tiempo estas se puedan negar a prestar el servicio de salud que les es afín, so pena

de vulnerar los derechos a la salud y a la vida de los pacientes, y frente a lo alegado en el sentido de que la prestación del servicio de salud requiere de una atención inmediata y no puede por tanto esperar a la llegada de los dineros correspondientes que soporten sus gastos; se advierte una vez más que la falta de planeación en el gasto corriente de una entidad hospitalaria como lo es el Hospital José María Hernández de la ciudad de Mocoa, no puede servir como excusa para que se desarrolle una contratación sin el correspondiente respaldo presupuestal y obviando trámites necesarios. En tal sentido y como bien lo advierte el A-quo “de aceptar la tesis expuesta por el disciplinado se abriría una puerta que nos conduciría al caos en el manejo de los recursos del Estado, al legitimar practicas violatorias del estatuto orgánico general de la nación a que se refiere la carta política en su artículo 352.” (fl. 543 c.2). Nótese que el propio disciplinado se encarga de advertir que no había disponibilidad de recursos, pues como se anota por el A-quo este: “... hace alusión a que el Ministerio de Salud giró $500.000.000 para financiar gastos del hospital que en ese momento no tenían disponibilidad presupuestal, realizándose la respectiva adición presupuestal mediante la resolución N° 00150 del 10 de agosto del año 1.998, la cual no fue aprobada por el Gobernador y el Secretario de Salud de esa época, por negligencia y persecución política” (fl. 542 c.2). Además en el propio escrito de descargos se sugiere que en efecto se contrató sin

tenerse certeza de la existencia de recursos financieros para cubrir los compromisos adquiridos cuando se plantea que: “Se le endilga responsabilidad a mi representado por NO HABER OBTENIDO LA CORRESPONDIENTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, un requisito de forma para poder contratar, pero si nos atenemos al cumplimiento de este requisito es PONER EN ESTADO COMATOSO a la salud, entonces cabe preguntarse y resaltar que hubiese pasado si mi patrocinado no hubiera contratado con las diferentes personas que brindaron sus servicios médicos y de suministros? Cuantas vidas se salvaron al haber hecho esta clase de contratación y en las circunstancias resaltadas tanto por la comisión que realizó la 9 visita, como por la Procuraduría, Si no se contrataba de esta manera cuantas vidas se hubieran perdido?, y cuantas demandas por FALLA EN EL SERVICIO? No tuviera que afrontar en estos momentos tanto el Ministerio de Salud , el mismo Departamento de Salud del Putumayo y el Hospital José María Hernández al igual que el Director, hoy disciplinado?.”. De igual manera cuando propone que: “No se puede ser tan exegético y aplicar el decreto 111 de 1996, en su Art. 71, por cuanto para nadie es un secreto que las instituciones de salud en general están atravesando las inclemencias de falta de presupuesto y por tanto el justificar la negación de la prestación del servicio en que no hay dinero y dejar a la deriva a la comunidad beneficiaria de una institución de salud sin dicho servicio equivale a cometer un HOMICIDIO CULPOSO, y en este evento antes que sancionar a mi representado debemos RESCATAR SU LABOR ALTRUISTA, MAGNANIME, por

cuanto se contrató así fue con el único fin de PRESTAR CONTINUA E ININTERRUMPIDAMENTE el servicio de salud a fin de evitar causarle graves y serios perjuicios al Estado,...”. Y cuando se alega que: “Si mi patrocinado esperaba a la llegada de unos rubros económicos para que se puede (sic) expedir la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, entonces estaba infartando la salud y ahí si que la cura sería más grave que la enfermedad, por cuanto no nos olvidemos que estamos frente al área de la salud, la cual REQUIERE DE ATENCIÓN INMEDIATA, y no puede estar supeditada a la existencia o no de una simple formalidad como lo es la disponibilidad presupuestal, máxime aún cuando no había dinero para cancelar.” (fl. 552 del c.2). 6.6. Por su parte resulta irrelevante el hecho de que en el auto de cargos se hubiere absuelto al implicado de toda responsabilidad en lo relacionado con el presunto aumento de la nómina y como quiera que la contratación estuvo justificada. Ello por que se insiste, se sanciona a ARCINIEGAS ERAZO por haber contratado sin contar con las disponibilidades presupuestales, y no por desarrollar una contratación injustificada ó por otra razón parecida. 6.7. Tampoco cambia el juicio de este despacho, en el sentido que se debe mantener el fallo condenatorio, el hecho de exista un concepto dado por el Subdirector de Aseguramiento del Departamento de Salud del Putumayo en el que se avala la contratación, puesto que de acuerdo al principio de responsabilidad establecido en el numeral 5° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 el Director del

Hospital y rector de los procesos contractuales en los que no se obtuvieron las disponibilidades presupuestales de manera previa a contratar, de ninguna manera puede eludir su responsabilidad por el óptimo curso de todos los procesos de contratación en el argumento de que la misma le corresponde a unos terceros o subalternos, quienes habrían cometido ó inducido la acción castigada. 6.8. Ahora bien respecto de lo dicho en el sentido de que la muestra de contratos sobre la que se sustenta la acusación corresponde principalmente a contratos de prestación de servicios, de suministro de materiales, lo mismo que para el arreglo y adquisición de equipos de oficina, y de que todo eso hace parte de la contratación global que debe desarrollar el hospital para prestar un óptimo servicio de salud; se reclama una vez más el planteamiento ya hecho en el sentido de que la necesidad y pertinencia de los contratos cuestionados no es lo que se reprocha, sino el haber adquirido esos gastos (con la suscripción de los contratos) sin tener el adecuado soporte presupuestal, en contravía de una clara norma que proscribe ese tipo de 10 actuaciones y como se ha dicho, fruto de la falta de planeación de los gastos de la E.S.E. 6.9. En cuanto a lo alegado en el sentido de que la contratación cuestionada estaba justificada y que la misma no respondía al libre capricho del Gerente del Hospital, se insiste en lo propuesto en literales precedentes respecto del sentido claro de la sanción impuesta al implicado se da por haber contratado sin las correspondientes disponibilidades presupuestales y de ninguna manera por otra razón. Por su parte el hecho de que la actuación del sancionado se hallare precedida por

un espíritu altruista y coaccionado por su deber legal de preservar la vida de los usuarios del hospital, al mismo tiempo que por su deber de realizar una óptima gerencia del hospital, simplemente se dirá que deberá ser tenida en cuenta para disponer una disminución de la pena inicialmente impuesta por el A-quo. 6.10. Además frente a lo dicho por la defensa en el sentido de que se debe tener en cuenta que la Ley 100 de 1993 supuso que la prestación de los servicios de salud debía darse en un esquema de libre mercado en el que el cliente es lo más importante, y que la E.S.E. Hospital José María Hernández no escapaba a ello, de forma tal que el actuar de su defendido respondía al cumplimiento de los objetivos competitivos empresariales, se dirá que el esquema competitivo en el negocio de la seguridad social implantado por la Ley 100 de 1993, no supone, ni mucho menos que las entidades estatales del sector hospitalario funcionen como entes ajenos a la programación presupuestal que rige para toda entidad estatal, a los que no les caben los mandatos generales que afectan la contratación del estado, puesto que como se ha dicho insistentemente, si bien estas entidades no se rigen por todo el estatuto de la contratación estatal, sí están atadas cuando menos al cumplimiento de los principios generales de la contratación, entre ellos el deber de abstenerse de contratar sin tener previamente asegurado el financiamiento de los objetos contratados, tal como se dispone en el numeral 6º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 6.11. Ahora, en cuanto que el juzgador de primera instancia habría aplicado objetivamente el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, sin tomar en cuenta que si no

se adquirían los compromisos criticado