PGN - Documento 201603102320176

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA

CONTRATACIÓN ESTATAL

Radicación: 086-11087-01

Investigado: FRANCISCO ELIDER VALENCIA Y LUIS FERNADO

COLLAZOS

Cargo: .CONTRALOR Y TESORERO

Entidad: TESORERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA Quejoso: .INFORME DE FUNCIONARIO PÚBLICO fecha Queja: 7 DE MAYO DE 2001

Fecha Hechos: .23 ABRIL DE 1999

Asunto: SEGUNDA INSTANCIA

Bogotá, D.C., 11 AGOSTO 2003 Al Despacho se encuentran las presentes diligencias radicadas bajo el No.08511087, para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No.005 19 de febrero de 2003, por FRANCISCO ELIDER VALENCIA VALENCIA por la cual la Procuraduría Regional de Risaralda, lo sancionó con multa de 15 días de sueldo devengado para la época de los hechos. ANTECEDENTES Las presentes diligencias tuvieron su origen en oficio sin número de 3 de mayo de 2001, suscrito por la Contralora General de Risaralda y dirigido a la Procuraduría Regional de esa entidad territorial, donde pone de presente presuntas irregularidades en materia contractual acontecidas en la Contraloría Municipal de Pereira. CARGOS Por pliego de cargos de 22 de agosto de 2002, (folios 118 a 123 C.O.) se les hicieron las siguientes imputaciones a:

I. FRANCISCO ELIDER VALENCIA VALENCIA, por:

ÚNICO CARGO. 1 “Porque en su condición de Contralor Municipal de Pereira, suscribió el Contrato de

Suministro No. 040 de abril 23 de 1999, cuyo objeto era elaborar la prensa e impresión del libro del medio ambiente, por valor de $14.000.000, OMITIENDO solicitar el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, documento que debe ser expedido previamente a todo acto que afecte el presupuesto de le entidad.”

II. LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA, por: ÚNICO CARGO: “En su calidad de Tesorero General de le Contraloría Municipal de Pereira, OMITIÓ un acto propio de sus funciones, por cuanto mediante orden de pago No. 00400 de abril 29 /99, ordena cancelar a la firma Postegrafh la suma de $7.000.000 por concepto de anticipo del Contrato No. 040-99, sin que se contara con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal” DESCARGOS Dentro del término legal los acusados VALENCIA VALENCIA y COLLAZOS QUINTANA, presentaron sus exculpaciones de la siguiente manera:

I. FRANCISCO ELIDER VALENCIA VALENCIA. (folios 140 a 144 C.O.) Comienza planteando que la conducta endilgada no puede calificarse de omisiva ya que al observarse lo establecido en la cláusula séptima del contrato No.040 de 23 de abril de 1999, se cumple con los efectos propios del certificado de disponibilidad presupuestal y con ello se demuestra que a la fecha de la suscripción se cumplió con el fin o principio que conlleva dicho el certificado.

Para reforzar lo anteriormente expresado, manifiesta que existe dentro de acervo

probatorio el registro presupuestal 041 de 1999 donde el técnico administrativo certifica que el 28 de abril de 1999, existía disponibilidad presupuestal para la 2 cancelación del negocio jurídico así: como anticipo el 50% y 50% a la entrega del objeto contratado. Sostiene, que la orden de pago 400 de 29 de abril de 1999, así mismo prueba lo anteriormente expuesto, ya que realiza la operación del pago del 50 % del anticipo. Allega fotocopia de las funciones del técnico administrativo, para concluir que si se predica omisión en la elaboración del certificado de disponibilidad presupuestal, sería en cabeza del referido funcionario

II. LUIS FERNADO COLLAZOS QUINTANA. (folios 127 a 139 C.O.) Comienza sus exculpaciones haciendo algunas observaciones al informe rendido por la Contraloría General Municipal de Pereira en sentido de que carece de claridad sobre las supuestas irregularidades, máxime que ya la interventora del contrato había señalado que no existía ninguna anomalía.

Observa que con el mencionado contrato no se causó perjuicio al Estado, ni a la comunidad, ni a los particulares. Respecto al acta de inspección física se lee “No tiene el C.D.P.” lo que podría traducirse en que al hacerse la revisión no se encontró dicho certificado prueba que no produce certeza sobre la verdadera ausencia del mismo. Sostiene que el testimonio bajo la gravedad del juramento rendido por la interventora es prueba suficiente que contrato fue realizado con apego a lo determinado en la ley. Respecto al cargo atribuido, hace un recuento sobre la forma en que el ordenador del gasto solicita al jefe de Presupuesto que certifique sobre la disponibilidad y hecho lo

anterior se procede a la licitación previa obtención del registro presupuestal que expide el mencionado funcionario, para luego elaborar el contrato por parte de la oficina jurídica. Surtido el trámite legal de publicidad y constitución de pólizas se procede a dar la orden de pago expedida por el Jefe de Presupuesto y a la revisión y 3 visto bueno del Contralor, pasando por último a la Tesorería que es el despacho donde se elabora el cheque. Concluye en consecuencia que el Tesorero al elaborar el cheque cumple específica que no es cusa sino efecto y que alocución “verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos para efectuar el pago” que figura el manual de funciones no se puede entender como una orden específica y singular referida a la disponibilidad presupuestal, por que esta corresponde a la Contraloría Municipal. Aduce que en todo caso de que omisión no se dio porque si existió el registro presupuestal es porque necesariamente se determinó la disponibilidad presupuestal y tan será esto cierto que le contrato se llevó a cabo sin ningún contratiempo. Posteriormente el encartado hace algunos planteamientos fundamentado en la doctrina sobre la culpabilidad y la responsabilidad para solicitar se acojan sus descargos y se archive las diligencias. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de Risaralda, emitió la decisión de rigor, mediante providencia que es materia de impugnación, en donde se aceptaron las explicaciones de LUIS FERNADO COLLAZOS QUINTANA, y no se admitieron las dadas por FRANCISCO ELIDER VALENCIA VALENCIA. Consecuentemente con ello, absolvió

al primero y sancionó a este último con multa equivalente a 15 días de sueldo que devengaba para la época de los hechos, en su condición de Contralor Municipal de Pereira, al encontrar debidamente probado el cargo calificado como grave a titulo de culpa. LA APELACIÓN El implicado FRANCISCO ELIDER VALENCIA VALENCIA, recurrió en apelación la providencia que es materia de estudio, sustentándolo con memorial de 11 de marzo de 2003. (folios 187 a 189 C.O.) 4 En tal escrito reitera los planteamientos expuesto en sus descargos y agrega que en párrafo segundo del aparte quinto quien debía elaborar el certificado de disponibilidad presupuestal era le jefe de Presupuesto lo cual ratifica la tesis de que quien tiene la responsabilidad de esta omisión es la persona que para la fecha desempeñaba el cargo de técnico con funciones de manejar el presupuesto y la contabilidad de la Contraloría Municipal. Cuestiona lo expuesto en el párrafo sexto del aparte quinto de la providencia recurrida, cuando se le endilga la responsabilidad sobre el argumento único de la declaración de Álvaro Mena Bedoya donde se manifiesta que nunca solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal, cuando la responsabilidad de esta función estaba en cabeza del mencionado técnico administrativo. De otra parte, insiste en que si existe la orden de pago 400 de 209 de abril de1999 del anticipo del 50% del contrato 040 de la misma anualidad firmada por el técnico administrativo donde avala la operación desde el punto de vista presupuestal. CONSIDERACIONES El cargo por el cual fue llamado a responder disciplinariamente el Contralor Municipal

de Pereira en síntesis consistió en celebrar el contrato No 040 de 1999, omitiendo solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal. En efecto a folios 30 a 32 y 45 a 48 del C.O. reposa el contrato No.040 de 23 de abril de 1999, suscrito por el Contralor Municipal de Pereira, FRANCISCO ELIDER VALENCIA VALENCIA, firma POSTERGRAFH, cuyo objeto era elaborar la prensa e impresión del libro del medio ambiente, basado en los informes realizados por la Contraloría, por valor de $14.000.000,oo. Si bien es cierto en la cláusula séptima del negocio jurídico, se señaló que el pago que se ocasione se imputará al grupo 2-200-204 “impresos – avisos –publicaciones”, no es lo menos que a folio 33 del C.O., se observa el acta de inspección fiscal de 8 de septiembre de de 2000, realizada en la Contraloría Municipal de Pereira, suscrita 5 por funcionarios de la Unidad de Control Fiscal Integrado de la Contraloría General de Risaralda, donde se constató que el acto bilateral objeto de estudio, no tenía el certificado de disponibilidad presupuestal. Es del caso anotar que la disponibilidad presupuestal constituye un instrumento mediante el cual se garantiza que los recursos incorporados en el presupuesto de una entidad pública, son suficientes para garantizar los gastos y obligaciones contraídas contractualmente. Respecto a este tema la Corte Constitucional en sentencia C-018 de 1996, Magistrado Ponente HERNANDO HERRERA VERGARA, sostuvo: “En relación con la exigencia de disponibilidad presupuestal, ella hace parte del

principio de legalidad del gasto público, establecido en los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política, anteriormente transcritos, la disponibilidad se concibe como un instrumento mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado por encima del monto máximo autorizado por la correspondiente ley anual de presupuesto durante su ejecución. Así entonces, habrá disponibilidad cuando exista una diferencia entre el gasto presupuestado y el realizado, produciéndose un saldo que equivale a una suma disponible que puede ser utilizada para la adquisición de nuevos compromisos. “……….. “De conformidad con lo anterior, la disponibilidad presupuestal constituye un elemento que permite que el principio de legalidad dentro de un análisis sistemático, consagrado dentro del sistema presupuesta colombiano, pueda cumplirse y hacerse efectivo” En consecuencia está demostrado que el Contralor Municipal de Pereira, VALENCIA VALENCIA, no obtuvo, previamente a suscribir el contrato No 040 de 1999, el certificado de disponibilidad presupuestal tal como lo exige los numerales 6 y 13 del 6 artículo 25 de la Ley 80 de 1993, contrayendo obligaciones sin contar con los recursos para amparar las obligaciones adquiridas. No son de recibo los argumentos exculpatorios que expone en sus descargos y en el memorial de apelación, el recurrente cuando pretende desplazar la responsabilidad de obtener el certificado en el Técnico Administrativo MENA BEDOYA, fundamentándose en el manual de funciones, por cuanto en su condición de Contralor Municipal y ordenador del gasto, estaba obligado a velar por el manejo y

cuidado de los dineros públicos puestos a su custodia y a verificar los requisitos previos de la contratación como lo es obtener antes de la suscripción del negocio jurídico No. 040 de 1999, el certificado de disponibilidad presupuestal, previa solicitud a la oficina correspondiente de ese órgano de control fiscal territorial, de conformidad con el artículo 83 del Acuerdo 118 de 19 de diciembre de 1996 visible a folio 115 del C.O. Así lo exige perentoriamente el artículo 85 del Acuerdo 118 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal. Por otro lado, no hay que perder de vista que el artículo 26 del estatuto contractual, radicada en cabeza del jefe de la entidad estatal la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual desde su etapa precontractual hasta la liquidación del mismo. Así las cosas no son aceptables los argumentos presentados por el recurrente en el memorial sustentatorio de la apelación, por lo que se deberá conformar la providencia materia de alzada. Respecto a la absolución decretada a favor de LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA el Despacho no se pronunciará en razón a que no procedía ningún recurso, ni el grado de jurisdicción de consulta. Por lo anteriormente expuesto, EL PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA

LA CONTRATACIÓN ESTATAL:

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RESUELVE PRIMERO: Confirmar en todas sus partes, la Resolución No. 005 de 19 de febrero de 2003, por la cual la Procuraduría Regional de Risaralda sancionó disciplinariamente, a FRANCISCO ELIDER VALENCIA VALENCIA, con cédula de ciudadanía No. 10.112.995 de Pereira, con multa de 15 días del sueldo que

devengaba para la época de los hechos como Contralor Departamental de Risaralda, equivalente a $2.364.600,oo SEGUNDO: Por la Secretaría de la Procuraduría Regional de Risaralda, se efectuará la notificación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002, informándole al acusado que contra la presente decisión no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

TERCERO: Por la oficina de origen, remitir copia de los fallos de primera y segunda instancia, a la División de Registro y Control de la Viceprocuraduría General de la Nación, con las constancias de notificación y ejecutoria, para los fines pertinentes.

CUARTO: Por la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, háganse las correspondientes constancias y anotaciones del caso.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ

Procurador Delegado Exp. No.086-11087

MRML/CCMM. FALLO DE SGUNDA INSTANCIA

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